La Fiscalía de Extinción de Dominio y la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo cinco diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, informó Moisés Ortiz del departamento de prensa e información del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con Ortiz, estos inmuebles ya fueron extinguidos y el propietario, un exfuncionario, ya fue sentenciado por actos de corrupción y lavado de dinero.

Las diligencias las practican en inmuebles ubicados en la 3a calle poniente, número 30, 32, 34, 36 del municipio Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Ambas propiedades le fueron extinguidas al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, condenado por corrupción en 2019.

La PNC ha dado detalles de que acompañan a la Fiscalía de Extinción de Dominio para entregar los bienes inmuebles a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Las autoridades inspeccionaron dos locales en donde funciona una boutique que cuenta con dos ambientes, un apartado para venta de ropa y un predio en la parte trasera. Además, también en otro donde funciona una sala de estética canina.

Las diligencias sigue en desarrollo, y el MP ha informado que brindará más detalles al terminar las diligencias de allanamiento en las propiedades.

Bienes de exalcalde

El 17 de octubre de 2019 el exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, fue condenado, junto con otras 17 personas, por actos de corrupción cometidos en la comuna colonial.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) logró en aquella oportunidad que el Tribunal B de Mayor Riesgo lo condenara por actos de corrupción y le impuso una pena de 16 años de cárcel y al pago de Q13 millones como multa.

El exfuncionario fue hallado culpable de lavado de dinero u otros activos, fraude, peculado y concusión.

Según las pesquisas de la Feci, el exfuncionario formó e integró una estructura criminal que se dedicó a desfalcar la comuna y para ello conformaron diversas empresas que fueron contratadas por la misma municipalidad.

Esas entidades comerciales eran dirigidas por amigos y familiares del exfuncionario. Junto con él fueron condenadas otras 17 personas vinculadas a los hechos.

La condena de Vivar, según MP

• Lavado de dinero: 6 Años aumentada tercera parte, prohibición para optar y ejercer cargo público por elección popular, en total 8 años inconmutables.
• Peculado: Responsable
• Fraude: Responsable
• Concusión: Responsable

Penas accesorias: multa de Q.13,327,605.33, 1 día de prisión por cada Q100 dejados de pagar, inhabilitación especial para ejercer cargos, servicios o funciones públicas, por el doble de la pena 16 años, publicación de sentencia en dos medios escritos.

Concurso ideal, 6 años de prisión aumentada en una tercera parte, total 8 años inconmutables.

Pena accesoria: multa Q6 mil aumentada en una tercera parte, total Q8 mil; un día de prisión por cada Q100 no pagados.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), le entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) una casa vinculada a Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar“, la cual está ubicada en Colinas de Andalucía, Fraijanes.

El reporte del MP incluye fotografías del inmueble que pasaron bajo administración de la Senabe, el cual consta de dos pisos y acabados de lujo.

La Fiscalía de Extinción de Dominio hizo entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) de un inmueble vinculado al caso Chico Dólar, ubicado en Colinas de Andalucía, municipio de Fraijanes. pic.twitter.com/IqPmnxY0Es

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 24, 2022

Chico Dólar

Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, es un empresario de Jutiapa dueño de más de 100 casas de cambio. Desde 2013 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) notó las transacciones sospechosas por millones de quetzales.

En ese momento inicia la amistad con el diputado Martínez Lohaiza por ser de oriente. Es señalado de lavado de dinero.

En agosto de 2018  el MP informó acerca de el embargo propiedades de Morales Guerra. “Entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

El cabecilla de la red de lavado de dinero recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

Condenado a 38 años de prisión

Chico Dólar fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de Q119.1 millones en el caso Lavado y Política, según fallo emitido el 11 de febrero de 2019, por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Ese Tribunal dio valor probatorio a la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), así como a las intervenciones telefónicas.

Uno de los testimonios clave en el caso fue la auditoría que realizó Wilson Medrano, quien detalló que el empresario Chico Dólar, “hizo cambios” en las declaraciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y con ello logró engañar al fisco, lo que derivó en defraudación de Q19 millones.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

Chico Dólar fue condenado a los 38 años de cárcel por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (20 años de prisión y multa de Q100 millones); defraudación tributaria (6 años y multa de Q19 millones 939 mil 303.87); cohecho activo (6 años y multa de Q75,000) y por financiamiento electoral ilícito (6 años y multa de Q100 mil).

La Fiscalía de Extinción de Dominio de Ministerio Público (MP) solicitará en audiencia de apertura a juicio la extinción de dominio sobre varios bienes del exministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien está sindicado en el caso denominado Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El MP busca extinción de dominio sobre los siguientes bienes del exministro Archila.

• Depósito por US$1 millón 003 mil 969.77
• Depósito por Q4 millones 565 mil 985.82
• Depósito por US$860
• 2 propiedades en Zona Pradera, Torre Empresarial
• Propiedad en Mansiones de Alta Vista
• Mobiliario de cocina, estufa, extractor de olores, refrigerador, muebles, mesas y sillas.
• 2 esculturas de la Época Republicana

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Erick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión, pero el exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.

Comisiones ilícitas y sobornos

Erick Archila, según la Feci, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

La Feci había explicado en su momento que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

Agregaba que Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

La investigación también estableció que, entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares, la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.