Tan solo unas horas después de que el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, ofreciera una conferencia de prensa en la que dio detalles del proceso de compra y fallida instalación de las gradas eléctricas en el Aeropuerto La Aurora, el Ministerio Público (MP) informó que realiza diligencias en la terminal aérea por posibles irregularidades en la mencionada compra.

En horas de la mañana de este 1 de febrero, Francis Argueta, jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ofreció una conferencia de prensa para tratar varios temas de la aviación nacional y entre ellos el proceso de compra e instalación de las mencionadas gradas eléctricas y elevadores para La Aurora.

Horas más tarde, El MP publicó que la Fiscalía contra la Corrupción, como parte de una investigación en curso, realizó diligencia de inspección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en seguimiento a investigación relacionada posibles irregularidades en la adquisición de elevadores y escaleras eléctricas.

Argueta afirmó en su conferencia de prensa que en el proceso de licitación se compraron ocho ascensores y seis gradas eléctricas para el aeropuerto, pero la empresa que ganó la licitación incumplió con las especificaciones técnicas de la licitación y llevó unas de diferente medida.

Prensa Libre publicó el pasado 26 de enero que la DGAC adquirió por más de Q8 millones los elevadores y escaleras eléctricas, pero el tamaño de estas no se ajusta para lo que habían ofrecido.

Además, que el 4 de julio de 2023 el titular de la DGAC firmó el contrato administrativo DS-31-2023 con Hernán Alfonso Ríos Balleza, representante de Tecnologías Smart Home, Sociedad Anónima, acerca de la licitación (DGAC-LIT-05-2023).

La DGAC adquirió 5 elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, con capacidad de carga de 1150; tres elevadores (ascensores) para pasajeros y carga, capacidad 1350. También  seis escaleras mecánicas (escaleras eléctricas), más el servicio de instalaciones de los ocho elevadores y las seis escaleras mecánicas. El 13 de abril de 2023 la DGAC publicó en el Diario de Centro América la licitación.

En la conferencia de este 1 de febrero, Argueta refirió que la Comisión Receptora de DGAC hizo del conocimiento que las gradas incumplían con dichas especificaciones técnicas requeridas desde un inicio.

Dijo que como ejemplo ellos habían pedido unas gradas de un metro de ancho, pero el reporte de la Comisión Receptora detalló que las que llevaron tenían una medida de 80 centímetros.

Señaló que por esa razón, no pueden recibir las mencionadas gradas eléctricas, pues no cubren las necesidades que el aeropuerto necesita, ni cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

Afirmó que ahora hay un procedimiento legal que se está llevando a cabo, y que solicitó el apoyo de la Contraloría General de Cuentas con una auditoría especial para ese evento de compra y también para acompañamiento en el proceso administrativo y jurídico para estar seguros que se cumplieron con todos los requisitos de ley.

“Por el momento ya se hizo un reporte de la Comisión Receptora, ya se hizo también un análisis jurídico por parte de Aeronáutica Civil… en sí, toda la documentación ha sido trasladada al Ministerio de Comunicaciones, ya que es una licitación, por lo tanto, la máxima autoridad en este caso es el Ministerio de Comunicaciones que nos tiene que también dar las instrucciones de cómo proseguir con estas gestiones de cómo proseguir con este evento”, dijo Argueta.

Para el 30 de abril

Argueta también dijo que informaron al Ministerio de Comunicaciones la solicitud por parte de la empresa a la que se le adjudicó la licitación de las gradas eléctricas y ascensores que ellos reconocen el error que cometieron y también que incumplieron en los tiempos de entrega.

Añadió que la empresa también ofrece la importación de nuevas gradas eléctricas con las especificaciones correctas que pidió la Aeronáutica Civil y lo ofrecen para el 30  de abril de 2024.

“Esto obviamente es un proceso legal que en el que ellos incumplen, pues, la institución tiene que ejecutar la fianza, inhabilitarlos incluso en no poder ofertar al Estado por cierto tiempo según la Ley de Compras y Contrataciones del Estado” dijo Argueta.

No se ha pagado nada

Argueta dijo que algunos medios de comunicación han afirmado que se habían  desembolsado los Q8 millones 650 mil, por las escaleras y elevadores, pero aseguró que la DGAC “no ha pagado ni un centavo” de esa licitación.

“El pago va a ser única y exclusivamente en el momento que se entreguen las gradas eléctricas y ascensores con las especificaciones técnicas que Aeronáutica Civil solicitó y recibido por parte de la Comisión Receptora”, afirmó .

“Es un es un pago en contra entrega a entera satisfacción de las necesidades del aeropuerto. Así que quiero aclararles que Aeronáutica Civil no ha desembolsado un solo centavo, no ha dado que ningún anticipo, puesto que es un producto que el Estado está adquiriendo. Es muy diferente como vemos en el caso de las carreteras que se dan ciertos pagos conforme van avanzando la obra en este caso no es así, no funciona de esta forma, porque es un producto que está adquiriendo el estado de Guatemala y esto se va a pagar hasta el momento que se entreguen a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas que desde un momento Aeronáutica Civil solicitó y que el oferente también estableció en su oferta las especificaciones técnicas correctas”, señaló Argueta.

Sin gradas y por una rampa

Argueta también comentó que por el momento no estarán funcionando las gradas eléctricas y se espera que estas funcionen a partir del 30 de abril.

“Sabemos que el aeropuerto no para, es un aeropuerto que no es de seis, ocho horas de ocupación como era antes era, hace cinco o seis años, ahora es un aeropuerto de 24 horas así que hemos hecho un caminamiento a través de diferentes puertas de abordaje en las que hay rampas, en las que los pasajeros no tienen necesidad de utilizar escaleras”, refirió Argueta.

Comentó que el mencionado caminamiento baja por rampas directamente a Migración y eso puede ser utilizado por pasajeros que utilicen sillas de ruedas quienes tengan alguna discapacidad y así no haya problemas por la falta de gradas eléctricas y ascensores.

“Esto sabemos que causa serios problemas, es algo incómodo, pero es la única solución que tenemos con el fin de que no haya necesidad de utilizar gradas eléctricas o asesores para los pasajeros que visitan aeropuerto de Guatemala” puntualizó Argueta.

Iniciativa para ley de aviación

Francis Argueta también se refirió en su conferencia de prensa que este 1 de febrero trasladarían al Congreso de la República una iniciativa para la ley de aviación.

Expresó que esto es importante pues se debe cambiar la Ley de Aviación Civil de Guatemala y en la nueva propuesta se busca que la DGAC ya no dependa del Ministerio de Comunicaciones.

“Es necesario e imperativo que Guatemala logre independizar, darle autonomía a la institución de Aeronáutica Civil como debe de ser. No puede ni debe ni debería de seguir dependiendo del Ministerio de Comunicaciones”, puntualizó Argueta.

Según Argueta, esta iniciativa no es por que haya algún problema con el ministerio, sino que todas las aeronáuticas civiles del mundo se requiere que sean autónomas.

Comentó que la autonomía les beneficiaría para su presupuesto, pues la institución debe tener uno digno.

“Al día de hoy, el aeropuerto puede producir hasta Q300 millones y nuestro presupuesto está muy debajo de los Q300 millones” afirmó Argueta.

También explicó que DGAC que necesita tener de presupuesto lo que genera invertirlo en la aviación.

Argueta también mencionó los US$32 dólares de impuesto de salida del país, los cuales se reparten entre ministerios e instituciones.

Dijo que de ese dinero, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Inab  reciben un porcentaje, pero que eso debería de ser para invertir en aviación.

Señaló que Educación tiene un presupuesto muy alto y  a veces no lo ejecuta completo, pero la aviación si requiere de ese 32% que va a esa cartera.

Agradeció la iniciativa de unos diputados para hacer un cambio en la distribución e esos fondos para que sean estrictamente para aviación.

Aseguró que la aviación no debe suplir las falencias que tienen otras entidades y que debería ser el Ejecutivo quien les proporcione los fondos.

Presupuesto

El director de DGAC recordó que el año pasado pidieron al Congreso un presupuesto de Q360 millones, pero se los negaron y con el dinero que les dieron optaron por invertirlo en seguridad operacional del aeropuerto y no en remodelaciones.

Con ese dinero se pretendía colocar el sistema de aire acondicionado, bandas , renovación de rayos X y otras necesidades, pero se optó por la seguridad operacional que incluyó arreglos en la rampa internacional, la compra de un radar secundario, pues el anterior ya había excedido su tiempo de utilidad. Dijo que ese radar cuenta con tecnología satelital y tiene tecnologías más avanzadas.

El Ministerio Público (MP), informó este 31 de octubre que fue ligado a proceso el exalcalde de San José del Golfo, Guatemala, Elzer Fidelino Palencia Mayén por el delito de nombramientos ilegales.

La información detalla que, con los indicios presentados por la Fiscalía contra la Corrupción, el juez “A” Sexto de Primera Instancia Penal ligó a proceso y dictó auto de procesamiento el exfuncionario edil.

Las pesquisas contra Palencia señalan que cuando este fungió como alcalde de San José del Golfo, Guatemala, durante el periodo 2012-2016, específicamente el 1 de mayo de 2015, nombró a Ruth Carina Pérez Pineda como conserje, pero ella es hermana de su esposa.

La contratación se hizo por medio del contrato número 167-2015 y, según el MP, el exfuncionario sabía de que Pérez Pineda era su pariente en segundo grado de afinidad, por lo cual no la podía contratar.

Casos anteriores

En el 2013, Elzer Fidelino Palencia Mayén estuvo involucrado en un caso de corrupción pues la Intendencia de Verificación Especial (IVE) lo denunció, pues una pesquisa lo señala de haber recibido Q1.3 millones sin aparente fundamento legal.

Unos Q300 mil de esos fondos los recibió en cheques girados por el entonces alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

Palencia Mayén justificó que esos fondos era por un préstamo que le había dado a Medrano.

También negó haber rechazado el resto de dinero que les sindicaban.

En octubre del 2013, una jueza recomendó retirarle la inmunidad a Palencia y a Medrano y en diciembre de ese año se declaró con lugar la petición para quitarles el derecho de antejuicio a ambos.

A Medrano se le sindicaba de lavado de dinero, mientras que a Palencia se le imputaba lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

En el 2015, Palencia ganó su quinta reelección en el municipio, pero debido a que no presentó finiquito, no pudo tomar posesión del cargo y asumió el concejal primero José Rocael Chamalé.

En 2021 el MP señaló a Palencia de fraude porque supuestamente contrató servicios que nunca se llevaron a cabo.

Ese mismo año, Palencia fue condenado a 5 años de prisión por fraude quedó inhabilitado para ejercer en cargos públicos durante ese período.

Palencia es padre de Yesica Palencia, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que ganó la alcaldía de San José del Golfo en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 20 de agosto (las votaciones en ese municipio no se llevaron a cabo el 25 de junio debido a protestas y conflictos que generó el acarreo de votantes).

El Ministerio Público (MP) informó este 11 de octubre que la Fiscalía contra la Corrupción realiza dos diligencias en la Municipalidad de Guatemala que buscan secuestrar información relacionada a investigaciones en curso y la comuna afirma que no fue allanamiento, sino que solo se requirió información.

Según reportó el MP, la primera diligencia es relacionada a una investigación sobre posibles anomalías en el proceso mediante el cual se gestionó un aumento en la tarifa del pasaje del servicio TuBus.

La segunda investigación es relacionada a posibles irregularidades de la administración de los servicios que otorga la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua).

Según la investigación, ciudadanos denuncian que Empagua posiblemente estaría condicionando a los vecinos de la zona 8 a adquirir contadores en una empresa en específico para brindarles el servicio de agua.

#MPenAcción #MPcontraLaCorrupción
La Fiscalía contra la Corrupción realiza dos diligencias en la Municipalidad de Guatemala con el fin de secuestrar información relacionada a investigaciones en curso. pic.twitter.com/ClJ1ehm2jZ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 11, 2023

La segunda relacionada a posibles irregularidades de la administración de los servicios que brinda Empagua. pic.twitter.com/hmWrnyZ4Qg

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 11, 2023

La Municipalidad de Guatemala fue consultada sobre las diligencias del MP en su sede y respondió por medio de un comunicado en el que afirma que no hubo allanamiento ni secuestro de información.

“Personal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público se presentó en el Palacio Municipal a entregar un oficio solicitando información a través del documento M0001-2023-6. Tema: Operación TuBus”, se lee en el documento.

Tarifa de TuBus

La Municipalidad de Guatemala publicó el 4 de septiembre pasado el acuerdo número COM-20-2023 en el que fijó la tarifa que los usuarios de sistema de transporte TuBus deberán pagar por el servicio.

Según el acuerdo, publicado en el Diario de Centro América, al servicio TuBus se le fijó una tasa municipal de Q5 por persona el cual empezó a regir el 8 de septiembre.

TuBus viene a desplazar a los buses rojos, que por su estado físico y técnico dejaron de circular durante la pandemia, a lo que sumo las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19, según publicó Prensa Libre el 27 de febrero de 2023.

Se mencionaba que la Municipalidad de Guatemala adquirió una flota de 69 buses que operarán con el nombre de TuBus, para prestar el servicio de transporte público colectivo en cuatro rutas. Es la fase piloto de un sistema de unidades que trasladarán a los usuarios hacia las paradas del sistema Transmetro.

Se cubrirán ocho zonas de la capital (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 14) y en total se instalarán 145 puntos de abordaje, identificados con los coleres amarillo, azul y celeste.

La línea 801 saldrá de la colonia Bethania, en zona 7, con rumbo a la Terminal, zona 4. Estará operada por 19 buses, con 510 estaciones donde los usuarios podrán abordar.

También de la colonia Bethania partirá la ruta 802 que se dirigirá a la 18 calle en la zona 1. El servicio lo prestarán 18 buses, y en el recorrido se colocarán 31 paradas.

Ambas rutas se identificarán con el color azul.

La línea 104 corresponde a la zona 6, saldrá del barrio San Antonio y llegará al cementerio La Villa en zona 14, con 28 buses y 59 paradas. Su color será el amarillo.

En celeste se identificará la ruta 217, que circulará de Lomas del Norte en zona 17 a Centra Atlántida en la zona 18. Se contará con 4 buses y 7 estaciones.

Por el momento, solamente está activa la línea 104, informó la Municipalidad de Guatemala.

La tarifa de Q5 se puede pagar con el sistema prepago de la Tarjeta Ciudadana o con tarjeta de crédito o débito.

Cada bus tiene capacidad para trasladar a 80 pasajeros – 30 de ellos viajan sentados- y permite el ingreso de personas en sillas de ruedas, pues tienen una rampa desplegable para un mejor acceso. Hay asientos especiales para mujeres embarazadas y adultos mayores.

El viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, Gerardo David Hernández García, está prófugo de la justicia, según el Ministerio Público (MP), debido a que no fue hallado en allanamientos que se hicieron este 15 de marzo en los que se buscaba hacer efectiva una orden de captura por su posible vinculación con un millonario desfalco al Estado en la compra de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango.

El MP informó en un comunicado que en seguimiento a denuncia presentada por posibles anomalías en la adquisición de equipo médico para el Hospital Nacional de Chimaltenango, la Fiscalía contra la Corrupción, en coordinación con la Policía Nacional Civil,  capturaron a dos personas vinculadas al caso.

Se trata de Luisa Fernanda Villagrán Méndez, representante legal de la empresa Voltar Intermedia Sociedad Anónima y de Gerardo Arturo Fuentes Rubio, director del Hospital Nacional de Chimaltenango, ambos sindicados de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude.

Explican que se hicieron tres allanamientos de inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para hacer efectiva la aprehensión de Gerardo David Hernández García, pero no pudo ser localizado.

Según el MP, Hernández se encuentra prófugo de la justicia.

El comunicado agrega que a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, declaró la rebeldía contra Hernández García y ordenó el arraigo correspondiente.

Desfalco de Q67 millones

Según el MP, la investigación de la fiscalía determinó que las tres personas sindicadas “posiblemente se concertaron para defraudar al Estado de Guatemala mediante la adquisición de equipo médico valorado en más de Q67 millones les para el Hospital Nacional de Chimaltenango, inaugurado en febrero de 2023, valiéndose de acciones fraudulentas en detrimento de la administración pública”.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron este lunes 21 de noviembre sobre la captura de varios trabajadores y extrabajadores del Ministerio de Comunicaciones sindicados de estar involucrados en hechos de corrupción en el proyecto de ampliación de la ruta CA-9, en el tramo entre Sanarate y El Rancho, en El Progreso.

Según el MP, los detenidos han sido identificados como:

1. – Edgar Anibal Gómez Escobar, quien es sindicado del delito de Peculado por sustracción. (exviceministro de Comunicaciones)
2. – Eduardo Alberto García Estrada, quien es sindicado del delito de Peculado por sustracción.
3. – Marcia Lorena Barrios Salazar de Morataya, quien es sindicada del delito de Peculado por sustracción.
4. – Óscar David Sunún Mutzus, quien es sindicado del delito de Peculado por sustracción.
5. – Diego Israel Ramos Pérez, quien es sindicado de los delitos de Casos especiales de estafa, lavado de dinero, falsedad material y falsedad ideológica.
6. – Bryan Estrehicy Jiménez Ramírez, quien es sindicado de los delitos de Casos especiales de estafa, lavado de dinero, falsedad material y falsedad ideológica.
7. – Vilma Patricia Duque Estrada, quien es sindicada del delito de abuso de autoridad.
8. – Gloria Esthela Aragón Jerónimo, quien es sindicada de los delitos de Casos especiales de estafa, lavado de dinero, falsedad material y falsedad ideológica.
9. – Amanda Alicia Ruiz Santos, quien es sindicada del delito de Peculado por sustracción.
10. – Nancy Carina García Hernández, quien es sindicada del delito de Peculado por sustracción.
11. – Erick Roberto Donis Sandoval, quien es sindicado del delito de Incumplimiento de deberes.

Agrega la Fiscalía Especial contra la Corrupción le dio seguimiento a presuntas anomalías en el “proyecto millonario” por la construcción de la carretera CA-9 Norte tramo de Sanarate-El Rancho.

Es por ello que se llevaron a cabo 17 allanamientos en la capital, Villa Nueva, Mixco, San Juan Sacatepéquez y San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Habrían comprado terrenos

Según dio a conocer la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos presuntamente compraron terrenos inexistentes para ampliación carretera en ruta al Atlántico.

Raúl Figueroa, de Fiscalía contra la Corrupción, dijo en conferencia de prensa que la investigación de este caso surgió luego de una denuncia del 3 de febrero de 2020 en el que se señalaba varias anomalías en el proceso de construcción de ese tramo.

Añadió que se investigó y luego se pudo documentar que hubo pagos en favor de Gloria Esthela Aragón Gerónimo de Mérida, Brayan Estrehcy Jiménez Ramírez y Diego Israel Ramos Pérez, los cuales carecían de autenticidad, pues lo que se presentó eran copias certificadas de un expediente original que no existe.

Señaló que no aparece registro alguno para la venta de bienes inmuebles que se compraron para el proyecto carretero, pero que personeros del Ministerio de Comunicaciones hicieron desembolso por los terrenos, aún sabiendo que estos no existían.

El fiscal afirmó que en total se desembolsaron Q2 millones 665 mil 682.37, los cuales se pagaron con copias de documentos no originales y sabiendo que los inmuebles no existían físicamente.

La Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió sin lugar el recurso de apelación que había interpuesto Neto Bran, alcalde de Mixco, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que le había retirado la inmunidad por su posible vinculación en un caso de corrupción.

Por esa razón, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), podrá seguir investigando al alcalde Neto Bran, quien es señalado de los delitos de concusión, abuso de autoridad y fraude.

La resolución es de fecha 18 de julio de 2022 y corresponde al expediente 3191-2022.

La Fiscalía solicitó el martes 29 de junio de 2021que se le retirara la inmunidad al alcalde Bran, pues es señalado de incurrir en irregularidades en el arrendamiento de un inmueble para oficinas de la comuna, por un monto de Q176 mil.

Según el MP, existen indicios de los cuales se puede establecer que, en su calidad de alcalde de Mixco, Bran “intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adquisición de servicios mediante contrataciones en arrendamiento de bienes inmuebles en perjuicio de los intereses de la comuna”.

Agrega que se efectuaron erogaciones de fondos públicos de dicha municipalidad por la cantidad de Q176 mil 175.

El jueves 20 de enero de 2022, la Sala Primera de Apelaciones resolvió el retiro de inmunidad del alcalde Neto Bran, por ese caso y el funcionario presentó la apelación en la CC, que finalmente la declaró sin lugar y por eso el MP podrá seguir investigando el caso.

Según el MP, Bran concedió visto bueno en dos escritos emitidos por el director administrativo de la Municipalidad de Mixco, de 8 de mayo de 2016, identificados con los números 30-2016 y 33-2016, los cuales contienen solicitudes dirigidas al director de Compras de la Municipalidad citada sobre la necesidad de iniciar proceso de arrendamiento de nueve apartamentos para utilizarlos como oficinas y 20 parqueos ubicados en 9a. avenida 0-37 de la zona 7 de Mixco.

En la tesis que el MP presentó en el caso en la CC, se detalla que las mencionadas oficinas habrían sido arrendadas para favorecer al director administrativo de la Municipalidad de Mixco, César Augusto Pérez Cáceres, ya que él tiene relación con las entidades Proyectos Viales y Construcciones Habitacionales, Sociedad Anónima y Granos del Pacifico, Sociedad Anónima, propietarias de los inmuebles.

Esto, según el MP, porque los socios accionistas de dichas sociedades son familiares de Pérez Cáceres, quien hasta el 14 de abril de 2016 fungió como representante legal de la segunda entidad mercantil.

Según la apelación presentada por Bran en la CC, “los hechos que se le endilgan son espurios e ilegítimos y que no lo ligan directamente a él en la realización de conductas que, afirma el ente investigador, son delictuosas”.

Agrega que “el mero hecho de haberse realizado un arrendamiento de oficinas y parqueos no es constitutivo de delito y que aquel proceder fue avalado en su momento por la Contraloría General de Cuentas y que, además, tiene su asidero en lograr una mejor atención a los vecinos de la localidad”.

Katherine Amanda Barrios Cardona, auxiliar fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción, fue trasladada de agencia fiscal y apartada de dos expedientes de alto impacto en los que participaba; uno era la construcción de una supuesta carretera para beneficiar a familiares del presidente Alejandro Giammattei y el otro era el caso Clima, Corrupción y Poder, que vincula al diputado Jorge García Silva, su esposa y su hijo.  

Según se conoció, el Ministerio Público (MP) notificó a la fiscal auxiliar Barrios Cardona que iba a ser trasladada de agencia fiscal, siempre dentro de la misma fiscalía, con lo cual fue separada de los expedientes en los que había participado.  

Esa fiscalía tenía los expedientes de investigación de la carretera que supuestamente benefició a unos familiares del presidente Giammattei en entre Santa María de Jesús, Sacatepéquez y Paín, Escuintla y también la supuesta sustracción de Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que vincula al diputado Jorge García Silva, a su esposa, Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García y el hijo de ambos, Jorge Eduardo García Monterroso y otras 23 personas.  

Trasladada a otra agencia fiscal 

El MP confirmó que, a nivel interno, por reestructuración de la Fiscalía contra la Corrupción se dieron algunos movimientos; sin embargo, estos no inciden de ninguna forma en la investigación de los casos. 

Agregó que Katherine Barrios es auxiliar fiscal y continúa en la Fiscalía contra la Corrupción y que únicamente cambió de agencia. 

Según el MP, la agente fiscal que tiene a su cargo la investigación es Aura Marina Tuquer y ella sigue al frente de la misma y que no hubo ningún cambio en ese sentido.  

“Quien tiene a su cargo la investigación es la agente fiscal, según lo establece la Ley Orgánica del MP. En el caso de los auxiliares fiscales, estos asisten a los fiscales y agentes, actuando bajo la supervisión y dirección del fiscal o agente fiscal”, se lee en la comunicación que dio el MP. 

Añade que el caso ya terminó la etapa de investigación en donde tiene participación la auxiliar fiscal y que ahora corresponde la acusación la cual concierne a la agente fiscal a cargo. 

El Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio este jueves 27 de enero a 22 personas implicadas en un caso de corrupción durante la construcción de libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias, informó el MP.

El Ministerio Público informó que “la Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, dictara auto de apertura a juicio oral y público” en contra de los sindicados en el Caso Libramiento de Chimaltenango.

Agrega que “la investigación estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala, por medio del  Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango” en el que se benefició a la Constructora Nacional, S.A. por medio de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento, “misma que carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535.34  por la Junta de Licitación”.

Además, agrega que “se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q15 millones 388 mil 357.35”, dinero que fue dispuesto por los señalados a través de distintas transacciones financieras, “con el fin de ocultar su destino final”.

“También se pagó estimaciones de pago en forma anticipada, con datos falsos, por renglones de trabajo no ejecutados al momento de su emisión, por el monto de Q640 millones”, añade la Fiscalía.

Señalados

1. Jorge Alfredo Tejada Argueta, por el delito de fraude
2. Carlos Enrique Figueroa Ravanales, por el delito de fraude
3. Rosa Isabel Caal, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
4. Herber GeovanniI Cahuec Velásquez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
5. Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
6. Cristian Steven Martínez Yos, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
7. Estiben Alexander Mérida Mayen, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
8. Francisco Monzón Cute, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
9. Joel Olcot Burrión, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
10. Josué Venancio Orellana, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
11. Wilson Ottoniel Puac Joj, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
12. Rafael Sajbochol, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
13. Carlos Alfredo Sicay, por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos
14. Vilma Patricia Duque Estrada, por los delitos de falsedad ideológica
15. Gustavo Alejandro Fong Araujo, por el delito de fraude
16. Mario Alberto Rojas Alvarado, por el delito de fraude
17. Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, por el delito de fraude
18. Yorik Alexander Campos Morales, por los delitos de manipulación de información, falsedad material y fraude
19. Juan José Hanser Pérez, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
20. José Mario Muñoz Estrada, por los delitos de incumplimiento de deberes y fraude
21. Álvaro Castillo Valdez, por los delitos de falsedad ideológica y fraude
22. Boris Abilio Palma Montenegro, por los delitos de falsedad ideológica y fraude

Este jueves 20 de enero, la Sala Primera de Apelaciones resolvió el retiro de inmunidad del alcalde de Mixco, Neto Bran.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público podrá investigar al jefe edil en un caso de arrendamiento de un inmueble para oficinas de la Municipalidad, por un monto de Q176 mil

El jefe edil es señalado por el Ministerio Público de los delitos de concusión, abuso de autoridad y fraude.

El Ministerio Público señala que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de alcalde intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adquisición de servicios mediante contrataciones en arrendamiento de bienes inmuebles en perjuicio de los intereses de la comuna.

“De conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, el Ministerio Público mediante su labor objetiva, imparcial e independiente, presenta la solicitud de retiro de inmunidad ante el órgano jurisdiccional competente, para que determine si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito y poder iniciar así la investigación respectiva”, señaló un comunicado de prensa del MP cuando presentó la solicitud de retiro de inmunidad.

En su cuenta de Facebook, el jefe edil argumentó que ya estaba enterado del retiro de su antejuicio.

“Todo estaba preparado para que el viernes me llevaran jalado. Todo cuadraba para que me llevaran enchachado a los Tribunales. Lo hicieron todo muy rápido”, dijo.

“Buscaron darme orden de captura, pero no les salió la cosa porque no hicieron bien las situaciones. A raíz de mis situaciones de Feci, donde los juzgados resolvieron a mi favor, encontré unos elementos que me permitían recusar a dos jueces de ese caso. Así fue, se recusó y presenté las pruebas y resolvieron el caso, no quitándome el antejuicio”, detalló.

Añadió que, “cada vez que a esa sala te toca conocer un expediente de Neto Bran, como tengo recusados a estos dos jueces, ellos siempre tienen que excusarse de conocer. A finales de noviembre me indicaron que jueces suplentes integrarían la sala”.

“El jueves, cuando me notificaron, sucedieron una serie de errores grotescos. Integran otro tribunal para resolver, pero no me notifican. Ellos vienen, integraron y resolvieron quitarme el antejuicio, pero no me no notifican y todo sujeto procesal debe conocer cómo va su expediente, pero no lo hicieron”, detalló.

Agregó que en lugar de notificar a los abogados competentes, se notificó a otros. “Fue una de errores. Cuando nosotros nos dimos cuenta fuimos a devolver la cédula de notificación. Se vinieron a la Municipalidad para cambiar la mala por la buena. No lo hicimos y metí un recurso de actividad procesal defectuosa”, detalló Bran.

Al menos 36 allanamientos se efectúan este viernes 5 de noviembre en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte de un operativo de la Fiscalía contra la Corrupción.

El Ministerio Público informa que durante los operativos fue aprehendido el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Yeison Broderson Samayoa Velásquez.

Según la información preliminar, la investigación es por un caso de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

Emilio Barillas, vocero del Insivumeh, informó que no se desarrollan allanamientos en instalaciones de la institución y que desconocen detalles del operativo.

“Estamos trabajando de forma normal. Tenemos que esperar a que el ente rector de ese tema, que es el Ministerio Público,  se pronuncie con una declaración respectiva. No podemos decir nada porque no sabemos nada del tema”, dijo Barillas a La Red.

Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dijo en La Red que está sorprendido por la noticia, aunque no puede emitir opinión pues desconoce detalles del proceso.

“Estaremos a disposición del Ministerio Público para apoyar y cooperar en lo que se necesite. Queremos demostrar que estamos apegados en ley en cada proceso y adquisición. Estamos haciendo cambios en lineamientos y procesos, liberando y ampliando las bases de licitación para tener también mayor competencia”, detalló Maldonado.

“Estamos viendo el tema legal con los abogados. El subdirector estaría a cargo del interinato – del Insivumeh –, se tienen varios eventos de equipo. Tenemos que recordar que el Insivumeh a eso se dedica, pues se hacen estudios puntuales de diversos temas como hidrología o sismología”, añadió.

Como parte de las diligencias se reporta la aprehensión de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, Director del Insivumeh.

Ampliaremos. pic.twitter.com/xvSc1jMDNl

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 5, 2021

Otras capturas

• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez
• Manuel de Jesús Hernández Marroquín
• Lesly España Torres
• Adelso Antonio Marroquín Sandoval
• Carlos Manuel Caal de La Cruz
• Elmer Yasid Ramirez Hernández
• Cindy Jerusalem Chicoj Hernández
• Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj
• Pedro Peña Alvarado
• Elmer Jeovany Pinto Ramírez
• Marleny Gessel Diaz
• Toribio Alfonso Sequén Jocop
• Astrid Amanda Montes de León
• Mónica Danirla Tagre Ordóñez
• Tracy Mishael Sánchez Rivera
• Joel Andrés Villagrán Villagrán
• Diego Alejandro García Villagrán