La Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) le solicitó información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la contratación del programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023.

Según el MP, esto es en seguimiento a una denuncia sobre posible abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude en el proceso de contratación de ese servicio a la entidad mercantil Itzdata Internacional S.A.

La petición de información fue fechada el 23 de octubres pasado y se identifica con el número de expediente MP001-2023-37344 de la agencia 1 de la mencionada fiscalía.

La petición de información va dirigida al secretario general del TSE y está firmada por José Roberto Medina Sigui, auxiliar fiscal 1, de la citada fiscalía.

En la petición se le pide al TSE que envíe el expediente completo en copia simple de la contratación del mencionado programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023.

También que se pide a qué documentos se refiere en la resolución No. 136-2023, EXP. No. 2089-2023, en la cual se identificó la necesidad de adquirir el programa informático y se mencionaba el resguardo y certeza de documentos que se utilizarán en el evento electoral 2023.

El MP solicita además que se envíe copia simple del dictamen técnico por parte de la autoridad designada por el TSE para la contratación del mencionado programa informático.

También pide al TSE que se indique quién ha fungido como director informático de esa institución de enero de 2023 a la fecha o quién ha cumplido con esas funciones.

La fiscalía, además, pide que el TSE remita el fundamento legal para la contratación de un director informático en el TSE y así también que se informe cuál es el tiempo estipulado en qué puede estar sin cubrir dicho puesto.

La información debía ser enviada en un plazo de 24 horas a 15 av. 15-16, zona 1, Edificio Gerona, Segundo Nivel, Fiscalía de Delitos Electorales.

El @MPguatemala pidió al TSE información por la adquisición del programa informático y servicio de respaldo perpetuo inalterable de documentos del proceso electoral 2023, mismo que fue adquirido a la entidad mercantil ITZDATA INTERNACIONAL S. A.@prensa_libre@Guatevision_tv pic.twitter.com/cXUbrbQMGr

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) October 24, 2023

Edmond Mulet, quien fue candidato presidencial del Partido Cabal fue citado a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) para que declare en el caso que se le sigue a ese partido político.

Según confirmó el MP, Mulet fue citado a declarar en esa fiscalía el viernes 8 de noviembre a las 10 horas.

Cabal había informado recientemente que fueron avisados sobre un procedimiento de investigación en el Ministerio Público por la realización de la asamblea de formación del partido.

En u comunicado de prensa que difundieron el 31 de agosto, señalan que: “el Ministerio Público tiene la obligación de investigar cualquier denuncia que le presenten por lo que está invitando a declarar, como testigos, a personas que participaron en dicha asamblea”.

Añadía que el partido Cabal colaborará con el MP para dilucidar cualquier duda y que tienen seguridad que se cumplieron todos los requisitos legales en la constitución del partido.

Ahora, se conoce que el MP ha citado a Mulet para que declare en ese caso.

La Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), le envió un escrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que les remita copia certificada del contrato suscrito por la Junta Electoral Departamental de Guatemala, la Junta Electoral del Distrito Central y la entidad Sega, Sociedad Anónima, relacionado con la adquisición de software para las elecciones generales en Guatemala.

El oficio MP001-2023-34285 está fechado el 4 de julio de 2023 y va dirigido al secretario general del TSE.

“De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar que se sirva girar sus instrucciones a donde corresponda a efecto que se remita copia certificada del Contrato suscrito por la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la entidad SEGA, Sociedad Anónima, relacionado con la adquisición de software”, se lee en la carta.

Agrega que la información solicitada deberá ser enviada a la mencionada fiscalía ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, 2do. Nivel, de esta Ciudad, en un plazo no mayor de 48 horas.

La carta está firmada por Luis Alberto Chávez Fuentes, auxiliar fiscal 1 del MP.

La denuncia

El Departamento de Comunicación Social del MP fue consultado al respecto y mencionó que el documento, que fue difundido en redes sociales, deviene de una denuncia presentada por un candidato a diputado del Partido Republicano y era respecto a la adquisición del software que compró la Junta Electoral de Guatemala.

Añaden que cuando se recibe una denuncia, el MP tiene la obligación de investigar pues esa es su función según lo establece la ley. Es un requerimiento de información en seguimiento a la denuncia siendo este un trámite normal como en cualquier investigación.

Según el MP la persona que presentó la denuncia por la compra del software fue Carlos Velásquez Monge, secretario general del Partido Republicano.

La denuncia que presentó Velásquez Monge, tiene número MP001-2023-34285 y fue presentada de forma verbal el 19 de junio de 2023 a las 12:42 horas.

Va dirigida a la jefa del MP María Consuelo Porras Argueta y va contra integrantes de la JEDC y la JE de Guatemala por la compra de software.

Quieren que se investigue

Velásquez Monge fue consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la denuncia que presentó ante el MP y comentó que esta fue presentada en su calidad de secretario general del Partido Republicano.

Recordó que el 19 de junio fue él el que informó que había presentado la denuncia en contra de la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala por la adquisición de un software a la empresa Sega.

“Esto no es nuevo, lo vengo diciendo desde hace tiempo y pues bueno nos dimos cuenta el 25 de junio que dicho sistema no funcionó, la misma Junta Electoral del Distrito Central informó que después de haber hecho la primera recepción de información el 25 de junio en la noche definieron de que ya no lo iban a utilizar, porque no daba los servicios. “Qué quiere decir con esto? Que en este sentido hay un incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, usurpación de funciones, malversación de fondos que la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala realizaron”, dijo Velásquez Monge.

Añadió que estas juntas adquirieron un programa similar al sistema TREP que costó Q160 millones para el Tribunal Supremo Electoral y con eso ellos mismos le restaban la veracidad o la credibilidad al sistema.

Puntualizó que el TSE avaló esta compra y que no puede ser que aceptara que las juntas electorales erogaran dinero y porque eso no está regulado en la ley.

“Si bien es cierto el Tribunal Supremo Electoral de manera ilegal sacó un reglamento en el cual cede la función a la Junta Electoral del Distrito Central para que compre este sistema, la Ley del Organismo Judicial es clara también y la Contraloría General de Cuentas que la responsabilidad no es delegable”.

Afirmó que será el MP el que lleve a cabo todos los procesos que la ley en materia que estipule y si encuentran la comisión de un delito, como el partido político considera que existe, van a tener que iniciar con las acciones legales penales correspondientes.

José Miguel Quintanilla y Roberto Cáceres Estrada fueron condenados a 3 años de prisión por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral en el Caso Política y Falsedad, luego que aceptaron los cargos frente a un juez.  

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, el juez Sexto Penal A, Israel Zelada, condenó a los dos hombres a tres años de prisión conmutables por lo pero fue suspendida.  

Además, ordenó que Quintanilla y Cáceres deberán realizar el pago de Q10 mil en equipo de cómputo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

Ambas personas aceptaron que hubo irregularidades en la formación del Partido Ambientalista Guatemalteco (Agua).  

El caso  

La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), indicó el 19 de mayo de 2021 que el 1 de marzo del 2020 se elaboró un acta notarial para la constitución de un grupo político. 

El acta fue elaborada por el notario Carlos Ramiro Moino Cárdenas, donde fue requerido por 553 personas y se hizo constar que estuvo presente Luis Fernando Agustín Osorio, quien firmó el acta, pero esta persona falleció el 9 de octubre de 2018, por lo que no pudo haber comparecido a esa reunión indicó el MP.  

“A la Fiscalía le llamó la atención que 553 personas estuvieran reunidas en un salón, en plena pandemia. Se determinó, por parte de la Fiscalía, que hay personas que no saben leer y otras que no les corresponde el Documento Personal de Identificación”, agregó José Curruchiche, quien en esa fecha era jefe interino de dicha fiscalía.  

Curruchiche añadió que supuestamente Juan Francisco Solórzano Foppa y otra docena de personas “de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos” para la creación de un partido político en 2020. 

Enfatizó que se inscribió dentro de la agrupación política, denominada Partido Ambientalista Guatemalteco, a una persona fallecida. 

Añadió que el 1 de marzo del 2020, entre las 9 y 15.30 horas, en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla, en residenciales Las Victorias, compareció el notario Moino Cárdenas y manifestó en el acta notarial e indicó que fue requerido por las 553 personas a afecto de hacer constar la integración del partido político.  

Añadió que personeros de la residencial informaron que el 1 de marzo 2020 no se llevó a cabo ninguna reunión en el lugar. 

Capturas 

Ese 3 de junio de 2021 el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, secretario general provisional del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco, fue detenido por el caso y luego fue ligado a proceso. 

El 11 de junio  de 2021 el juez Sexto Penal, Israel Zelada, resolvió otorgar arresto domiciliario a Solórzano Foppa y al exanalista de la inhabilitada Cicig, Aníbal Argüelllo, y otros tres procesados en el caso Política y Falsedad. 

Condenados en el mismo caso 

El 14 de enero de 2022, en ese mismo caso Política y Falsedad, fueron condenados a tres años de prisión conmutables Ingry Leja, Octavio Cáceres,  Lidia Girón Muñoz, Matilde Baján Balán por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral. 

En esa ocasión se les suspendió la pena y solo hay una apelación de la PGN porque no se dictó reparación digna, en esa audiencia de procedimiento abreviado la PGN se ausentó. 

En total hay seis condenados por procedimiento abreviado en el caso y están pendientes de ir a juicio Aníbal Argüello y Juan Francisco Solórzano Foppa, quienes también podrían, en la siguiente audiencia, pedir procedimiento abreviado, y de no hacerlo así, irían a juicio.

El exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, saldrá de prisión bajo arresto domiciliario.

Esto luego de que el Juzgado de Mixco le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El exfuncionario es señalado por el Ministerio Público (MP) de crear una organización delictiva para sustraer dinero de la comuna y patrocinar su campaña electoral y al Partido Patriota (PP).

El 13 d agosto recién pasado, el exalcalde y otros tres exfuncionarios de esa comuna fueron ligados a proceso dentro del Caso Muni de Mixco en una audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

El viernes 6 de agosto, la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP y Policía Nacional Civil efectuaron operativos por este caso de supuesta corrupción durante la campaña municipal del PP.

La fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Mixco pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral 2015.

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La cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de Q624 mil 654.18, dinero que fue erogado del erario municipal para pagar anuncios publicitarios en mupis de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del referido partido político.

Traslado de fiscal

El 10 de septiembre, Carlos López Aquino quien laboraba en la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP, fue trasladado hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla, según trascendió, por orden de la fiscal general María Consuelo Porras.

López Aquino tuvo a su cargo la investigación del caso Muni Mixco, en la cual se reveló una estructura que operó desde la comuna de Mixco para beneficiar al extinto PP, en el 2015.

Comunicación Social del MP informó que el traslado del fiscal López Aquino fue por necesidades del servicio y según lo establecido en los artículos 11 numeral 5 y 71 de la Ley Orgánica del MP, un agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales fue trasladado a la Agencia Fiscal de Sipacate, Escuintla, el 3 de septiembre.