La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron este 18 de noviembre, por medio de un comunicado, que “rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas”.

De acuerdo con la CIDH y y la RELE las acciones “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.

De acuerdo en comunicado emitido por CIDH y RELE, “el 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de esa casa de estudios”.

Según la CIDH “el MP indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física”.

Además, señaló que el objeto real de la toma de esa Universidad “fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros”.

La secretaría seneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que “estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos “ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal”.

Asimismo, añaden, “alerta sobre el riesgo de esas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”.

El mismo 16 de noviembre, el MP informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del binomio presidencial electo.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, entre otras.

A estos los sindican de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita.

Hasta el 16 de noviembre, cinco personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el Artículo 3 de la Carta Democrática, citan en el comunicado.

La CIDH recuerda que “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia”.

La CIDH y su RELE reiteran en este informe el llamado a cesar las acciones injerencistas del MP “que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Urgen al Estado “garantizar y respetar el proceso de transición presidencial”.

El partido Movimiento Semilla presentó el miércoles 13 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de las acciones que el Ministerio Público (MP) efectuó en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope), ubicado en el Parque de la Industria.

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, informó aquel día que habían efectuado varias acciones, entre ellas denunciar en los órganos competentes a funcionarios del MP y el juez séptimo penal Fredy Orellana ante “los delitos que están siendo cometidos”.

Añadió que el amparo que plantearon ante la CC es por la acción “absolutamente ilegal” de la sustracción de las cajas con votos, ya que la custodia les corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Arévalo resaltó que es ilegal afectar la custodia del voto, porque hay alteración del orden constitucional y es “una violación grosera a las leyes y una clara evidencia de la instrumentalización de las instituciones públicas que están siendo hechas por las personas que denunciamos”.

El Movimiento Semilla presenta amparo en la CC para que quede sin efecto resolución de juez que permite cateos del MP en el Cope. https://t.co/SmdZaETeng

— Guatevisión (@Guatevision_tv) September 13, 2023

La unidad de información estratégica de la CC informó que respecto del expediente 5592-2023, esa Corte resolvió admitir para su trámite el amparo que promovió Arévalo contra la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez “A” séptimo pluripersonal de primera instancia penal, Fredy Orellana.

La resolución de la CC que por razón de competencia remitieron “copia certificada del escrito inicial de la solicitud del amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constituida en Tribunal de Amparo, para que continúe con el trámite correspondiente.

El amparo que planteó Semilla en la CC es contra la resolución del juez Orellana, que permitió a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) allanar, secuestrar y registrar documentos electorales, específicamente de las cajas con material electoral y de las bolsas con las papeletas de votos.

También presentaron un oficio para adherirse al amparo que presentó el 13 de septiembre el TSE en la CC sobre una cuestión de competencia  en busca de determinar si un juez penal tiene competencia de suspender un partido político como ocurrió con Semilla después de que su binomio pasara a la segunda vuelta electoral.

Semilla cree que las acciones de ellos y el TSE van en el mismo sentido.

El 13 de septiembre el pleno de la CC también resolvió de la misma forma un amparo que presentó Acción Ciudadana, por medio de su director jurídico, Eddy Cux, en contra de Porras y Orellana.

Lo envió, por razón de competencia, a la CSJ, para que “continúe con el trámite correspondiente a la fiscal general y contra el juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia.

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María Consuelo Porras Argueta tomó posesión de su segundo mandato como fiscal general y jefa del Ministerio Público, en un acto que se llevó a cabo este miércoles 18 de mayo, en un acto que se llevó a cabo en la sede de esa institución.

La fiscal general, que ocupará el cargo para el período 2022-2026, dijo durante su discurso de toma de posesión, que el asumir un segundo período al frente del MP representa un gran compromiso, pero una gran oportunidad de contribuir a la justicia del país en beneficio de la ciudadanía guatemalteca.

“Quiero iniciar mi intervención dando gracias a Dios nuestro señor por haber sido la guía durante estos cuatro años de gestión al frente del Ministerio Público… hoy pedimos que continúe siendo nuestra guía, que nos ilumine y nos acompañe con su excelsa sabiduría”, comentó la fiscal Porras.

Agregó que como mujer creyente y de fe podía manifestar con convicción que “así como entregué al Ministerio Público en las manos de Dios nuestro creador hace cuatro años, el día de hoy se lo entregamos nuevamente y no tengo duda que ha sido gracias a su dirección e infinita misericordia que durante estos cuatro años al y los venideros tendremos un Ministerio Público respetuoso de la ley, imparcial, objetivo e independiente, velando siempre por el respeto irrestricto de los derechos humanos de las víctimas y de las partes procesales”.

La fiscal agradeció al personal fiscal técnico y administrativo del MP por su dinamismo, ética, entrega y compromiso para la institución y para el pueblo de Guatemala, pues eso ha permitido un primer período constitucional exitoso y permitirá que se continúe con la misma lógica laboral para obtener resultados sin precedentes, como los alcanzados durante los primeros cuatro años de su gestión, en el que según ella, lograron posicionar a su institución en el primer lugar de eficiencia a nivel del sector justicia desde el 2018.

“Siéntanse orgullosos a compañeros y amigos todos por el deber cumplido, que podemos ver a los ojos y de frente a toda la ciudadanía guatemalteca, porque hemos cumplido con la misión que se nos fue encomendada, con sacrificio, con mucha mística se han realizado todas las acciones día con día por lo que hoy, cuatro años después, puedo afirmar con gran satisfacción hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica, sin ningún tipo de sesgos o ideologías políticas, estrictamente enfocado en el cumplimiento de su mandato legal y constitucional”, expresó Porras.

Dijo que cuando tomó el cargo hace cuatro años manifestó que sería la garante del cumplimiento y del respeto de la ley en el país y que hoy ratifica esa obligación constitucional y legal que tiene como titular de la acción penal pública.

Han actuado con autonomía e imparcialidad

“Con gran satisfacción y humildad puedo afirmar que el haber instituido un Ministerio Público fortalecido, de manera integral, nos ha permitido actuar con total autonomía e imparcialidad, sin compromiso de ningún tipo, respetuoso del régimen de legalidad, garante del acceso a la justicia y obrante del cumplimiento de la ley y los principios de objetividad, transparencia e independencia,  principios estos que serán siempre nuestra ruta para lograr una justicia eficaz para todos los guatemaltecos”, destacó la fiscal general en su discurso.

Añadió que su nueva gestión como fiscal general continuará fundamentada por un modelo de justicia abierta en observancia de los principios rectores de participación, colaboración y transparencia y que también seguirá haciendo una gestión por resultados, optimizando los recursos humanos, financieros y materiales a fin de dar celeridad y efectividad a las investigaciones requeridas.

Instó a los empleados del MP a que sigan siendo respetuosos de los derechos y garantías contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, y demás leyes que rigen el país, y de acuerdo con los convenios y tratados ratificados por el estado de Guatemala.

Porras señaló que en su segundo periodo de gestión, 2022 2026, tienen 10 ejes estratégicos de trabajo con los que “esperamos seguir sirviendo a la ciudadanía guatemalteca contribuir con el sistema de Justicia y aportar significativamente en la búsqueda de la paz y justicia para las víctimas del delito”.

Prioridades del nuevo mandato

Según Porras, las prioridades en este nuevo período constitucional de gestión son el combate al crimen organizado transnacional, la continuidad del combate a la corrupción y la impunidad, el fortalecimiento de la persecución penal y las políticas de atención especializada para la protección jurídica de la familia y de grupos vulnerables.

Dijo que los temas están contemplados en los 10 ejes de trabajo y que es fundamental dar continuidad a dicha priorización para el fortalecimiento institucional que les permitirá superar los resultados obtenidos hasta hoy.

Habló de que continuará fortaleciendo las relaciones y coordinaciones con sus homólogos internacionales a nivel regional para que con ello “sea más contundente el combate a crímenes que se cometen a nivel transnacional”.

También puntualizó que priorizará el fortalecimiento del trabajo fiscal a través de la implementación de más unidades de apoyo técnico y mejorar la especialización y profesionalización del personal, así como seguir con la reducción de la mora fiscal, pues con ello se sustenta la premisa que una justicia tardía no es justicia,

Porras invitó a todos los actores que conforman la sociedad a sumar esfuerzos para lograr el objetivo común de hacer de Guatemala un país con desarrollo, con justicia y con transparencia. También instó a las instituciones del Estado, especialmente a las del sector justicia y seguridad, a continuar trabajando de manera coordinada e impulsar acciones integrales para dar servicios de calidad que satisfaga las necesidades de la sociedad y contribuyan al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho.

“A la comunidad internacional quiero instarle a continuar unificando esfuerzos por el fortalecimiento del régimen democrático en el país, en un marco de buenas relaciones, respetuosas y amistosas, toda vez que su contribución forma parte importante para el cumplimiento de los objetivos trazados”, dijo Porras en su discurso.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil dio trámite este miércoles 11 de mayo al amparo que presentó el aspirante a fiscal general Walter Brenner Vásquez Gómez contra la nómina final y fijó un plazo de 48 horas para que la Postuladora remita un informe circunstanciado.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil constituido en Tribunal de Amparo, dio un plazo de 48 horas a la Comisión de Postulación para elección de fiscal general, a fin de que rinda un informe circunstanciado de todas las actuaciones y rondas de votación realizadas para la integración de la nómina de seis aspirantes a dirigir el Ministerio Público.

Vásquez, quien alcanzó una de las notas más altas, presentó el martes pasado un amparo con el que pretende que se le incluya en la nómina final, aduciendo que la Postuladora implementó dos criterios distintos.

“Para su trámite se admite la acción de amparo interpuesta por el abogado Walter Brenner Vásquez Gómez en contra de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a fiscal general de la república y jefe del Ministerio Público 2022-2026, a quién se le fija el plazo de cuarenta y ocho horas para que remita a este Tribunal los antecedentes respectivos o informe circunstanciado”, refiere la resolución.

La acción anterior no frena el proceso de selección de fiscal general, a menos que el amparo sea declarado con lugar.

El presidente Alejandro Giammattei elegirá en los próximos días al nuevo fiscal general de una nómina de seis candidatos que le fue entregada en abril pasado.

El portavoz del presidente guatemalteco, Kevin López Oliva, explicó que la decisión de Giammattei será a más tardar el 16 de mayo como fecha límite “como establece la ley”.

La designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala para el período 2022-2026 es trascendental para la lucha anticorrupción en el país, según expertos en el tema.

López Oliva dijo que el presidente está “haciendo una evaluación” de los candidatos y con base en ello tomará una decisión sobre quien ocupará el puesto por los próximos cuatro años.

La actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, es una de las seis candidatas al puesto, después de ser inscrita a última hora en la nómina final por parte de la Comisión de Postulación a cargo de la designación.

Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos, que le removió su visa y la posibilidad de ingresar a su territorio al acusarla públicamente de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

El pasado 13 de abril, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró que el mandato de Porras ha sido “una desgracia para el Estado de Derecho” en el país centroamericano.

Los otros cinco abogados elegidos por la Comisión de Postulación que aspiran al puesto son Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual Procurador General de la Nación (PGN).

Los principales requisitos para ser el jefe del Ministerio Público en Guatemala son tener más de 40 años y una “reconocida honorabilidad”, entre otros, de acuerdo a la ley guatemalteca.

La Comisión de Postulación a cargo de la elección del fiscal, compuesta por los decanos de las universidades del país y otras autoridades, empezó a revisar perfiles en enero de este año y eligió inicialmente a 15 candidatos para finalmente quedarse con el listado de seis aspirantes al cargo, oficializado en abril.

La ley guatemalteca establece que es el presidente de la nación el que designa al fiscal general y jefe del Ministerio Público del listado de seis aspirantes finales.

La elección del nuevo fiscal general ha sido criticada por varios sectores sociales y organizaciones guatemaltecas e internacionales por presunta falta de transparencia en los procedimientos efectuados. entre otras razones.

Con información de EFE

La Sala Primera de Apelaciones aceptó este martes 10 de mayo la excusa presentada por los jueces José Eduardo Cojulún y Juan Carlos González, integrantes del Juzgado Undécimo, quienes se negaron a seguir conociendo el Caso Edifico Zona 5, en el cual se señala a la exfiscal general Thelma Aldana por una supuesta sobrevaloración en la compra del inmueble.

Fue la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal la que aceptó la excusa de dichos jueces y ordenó que el expediente del Caso Edificio Zona 5 sea conocido por la juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Virginia de León.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), hay varias irregularidades en la compra del edificio, entre estas una sobrevaloración de Q3.5 millones y el incumplimiento de una modalidad en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por dicho caso Aldana tiene una orden de captura vigente y varios extrabajadores del MP también enfrentan un proceso penal.

El MP confirmó el pasado 9 de mayo que desde hace varias semanas inició el trámite para emitir la orden de aprehensión internacional en contra de la exfiscal general Thelma Aldana.

Han transcurrido 38 meses desde que Aldana abandonó Guatemala y se encuentra asilada en Washington D. C., Estados Unidos, por lo cual, según el portavoz del MP, se hacen los trámites para reclamarla y presentarla ante la justicia del país, por supuestamente haber incurrido en el delito de fraude.

El vocero dio a conocer que el trámite de solicitud internacional es por el caso denominado Gerencial Asunción, una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

La Fiscalía de Asuntos Internos señaló que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

El requerimiento internacional también podría involucrar a tres exfiscales y una exjueza que se encuentran en la misma situación y acumulan varias denuncias, de las cuales se sigue recabando indicios y evidencias. Por tal razón, explicó Pantaleón, todavía no se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de estas personas.

Entre el grupo destaca la exjueza Erika Aifán, que abandonó Guatemala el 21 de marzo de este año y sobre quien pesan 29 denuncias. Además, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien también salió del país el 25 de julio de 2021 y tiene 58 denuncias en su contra.

Por su parte, el exfiscal Rudy Herrera Lemus, quien dejó de laborar en el MP el 3 de febrero del 2022 y días después abandonó el país, tiene seis denuncias en su contra. Otra exfiscal en similar situación es Andreí González Arteaga, quien dejó Guatemala el 15 de octubre del 2019. Contra esta última se presentaron nueve denuncias relacionadas con su trabajo en el MP.

El aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Néctor Guilebaldo de León, fue entrevistado este miércoles 27 de abril por el presidente Alejandro Giammattei y dejó claro que, para combatir las redes criminales dedicadas al lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico buscará el apoyo de Colombia, México, Canadá y EE. UU. para que los capaciten.

Además, dijo que es necesario hacer una evaluación presupuestaria para garantizar que las investigaciones no se detengan por falta de recursos y dijo que los fiscales deben estar capacitados, incluso, para pedir una falta de mérito cuando el caso lo amerite.

Con respecto a la pregunta sobre cómo garantizará el respeto a los derechos humanos durante el proceso penal, De León señaló que velará por la protección a las víctimas y gestionará que se le pague la reparación digna; además, dijo que trabajará de la mano con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para garantizarles tratamiento psicológico, pues “hay casos traumáticos”.

“La Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como los demás convenios y tratados internacionales dejan claro que el MP debe de proteger y respetar los derechos -humanos- de los sujetos que están inmersos en un proceso penal”, refirió el aspirante.

Sobre lo que haría en su primer año de administración, De León contestó a Giammattei que va a “dinamizar” las secretarias de la institución para fortalecer el trabajo del ente investigador.

“Vamos a hacer el estudio correspondiente para dinamizar las secretarías a fin de que la institución se vea fortalecida”, refirió, al tiempo de destacar que podría hacer algún reajuste presupuestario para garantizar que las investigaciones no sean interrumpidas, porque al no haber recursos el Ministerio Público “va a ser un elefante blanco que va a estar parado allí”.

En cuanto a las debilidades que ve en el MP, De León dijo que “es la credibilidad” y destacó que ya no solo queda en la Policía Nacional Civil sino también en la Fiscalía.

“La mayor debilidad de la institución es la falta de credibilidad, la falta de confianza que hay de la ciudadanía para el Ministerio Público. Resulta que hoy ya no solo la Policía Nacional Civil, sino que también el Ministerio público no goza de credibilidad”, refirió.

Respecto a si está dispuesto a trabajar con organismos internacionales, De León enfatizó que es necesario hacerlo y aliarse con países como Colombia, México, Canadá y EE. UU., cuyos gobiernos se han especializado en la lucha contra las redes trasnacionales de lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico.

“Me voy a ver en la necesidad de pedir apoyo a Colombia, México, Canadá y Estados Unidos que son los que están manejando esas redes criminales” indicó.

“Siento que el MP en ese sentido no está capacitado, entonces me voy a ver en la a necesidad de pedir el apoyo a Colombia, México, Canadá y a los Estados Unidos, que son los que están manejando esas redes criminales de lavado de activos, esas redes criminales de trata de personas y esas redes criminales de narcoactividad”, señaló.

También dijo que el MP es una institución auxiliar de la administración de justicia y “tendré que buscar el apoyo con la presidenta de la CSJ”, así como con el Instituto de la Víctima, porque “juegan un papel importante”.

Sobre las mejoras al modelo de gestión de casos, el aspirante señaló que “muchos profesionales dignos han llegado a la institución, pero lamentablemente no conocen de la investigación”.

También dijo que trabajará por mejorar la operatividad del MP mediante la disminución de la mora ministerial.

Además, dijo que solicitará al Ministerio de Gobernación la creación de grupos de investigación especializados en varios delitos, con lo que se fortalecerá el trabajo de la Fiscalía.

Sobre sus primeras acciones en el MP, De León dijo que fortalecerá los procesos de investigación basado en el artículo 290 del Código Procesal Penal que dice que es obligación del Ministerio Público “hacer una investigación de campo y de descargo”, por lo que si es necesario solicitar una falta de mérito lo hará, pues en la actualidad eso no ocurre porque los fiscales “tienen miedo”.

Concluyó diciendo que prestó servicios en el MP durante 18 años y que su objetivo al pretender regresar es porque en la Fiscalía “hay un recurso humano muy valioso, pero que hay que saberlo tratar”; además, dejó claro que es urgente habilitar los turnos de fines de semana para todos los fiscales.

Entrevistas

Giammattei entrevistará esta semana a los seis candidatos a fiscal general y jefe del MP para los próximos cuatro años, previo a tomar su decisión al respecto en mayo próximo.

El Gobierno de Giammattei detalló que las entrevistas tendrán lugar desde el 26 al 28 de abril, con dos candidatos por día.

El mandatario deberá elegir entre los seis abogados al próximo fiscal general y jefe del MP para el período 2022-2026, una designación clave para la lucha anticorrupción en Guatemala, según expertos en el tema.

La decisión final de Giammattei está programada para el próximo 18 de mayo, como establece la Constitución, aunque falta la confirmación final del Gobierno al respecto.

La actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, es una de las seis candidatas al puesto, después de ser inscrita a última hora en la nómina final por parte de la Comisión de Postulación a cargo de la designación.

Dicha decisión de inscribir a Porras llegó después de dos días de votaciones fallidas por parte de la Comisión de Postulación y un dictamen del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, de elegir al candidato con mayor puntuación.

Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos, que le removió su visa y la posibilidad de ingresar a su territorio al acusarla públicamente de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad fue criticada por sectores de oposición, incluido el diputado Aldo Dávila, quien dijo como exista ya “una clara ruptura constitucional” pues el tribunal “violenta las diferentes independencias” estatales.

El pasado 13 de abril, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró que el mandato de Porras ha sido “una desgracia para el Estado de Derecho” en el país.

Porras fue sancionada por el Departamento de Estados de EE. UU. dos meses después de que en julio de 2021 removiera de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en el país norteamericano y quien investigaba un presunto caso de sobornos a Giammattei.

Sandoval llevó a cabo una histórica lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2020 que imputó a más de 200 funcionarios y miembros de la élite empresarial.

Los otros cinco aspirantes

Los otros cinco abogados elegidos por la Comisión de Postulación y quienes se entrevistarán con Giammattei son Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual Procurador General de la Nación (PGN).

Los principales requisitos para ser el jefe del Ministerio Público en Guatemala son tener más de 40 años y una “reconocida honorabilidad”, entre otros, de acuerdo con la ley guatemalteca.

La Comisión de Postulación a cargo de la elección del fiscal, compuesta por los decanos de las universidades del país y otras autoridades, empezó a revisar perfiles en enero de este año y eligió inicialmente a 15 candidatos para finalmente quedarse con el listado de seis aspirantes al cargo, oficializado la semana pasada.

Con información de EFE

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) 2022-2026 recibió 26 expedientes de aspirantes a dirigir el ente investigador. Cabe destacar que durante los primeros 4 de los 7 días habilitados nadie se apersoó a la recepción de documentos, fue el último día con mayor afluencia de interesados a ocupar el cargo.

Entre los expedientes recibidos se destaca el de María Consuelo Porras Argueta, quien busca la reelección para fiscal general, así como el actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar; Óscar Dávila Mejicanos, jefe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y exfiscales y funcionarios.

El secretario de la Postuladora, Luis Aragón Solé, informó que fueron recibidos 26 expedientes y que estos serán sometidos a un “proceso de revisión de requisitos” este martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de febrero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Acciones legales remitidas

Durante el fin de semana fueron promovidas algunas acciones legales en contra de la Comisión de Postulación, las cuales fueron remitidas al Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, por ser el órgano competente. Por su lado, Aragón Solé, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de una nueva acción y el interponerte, indicó que fue remitido un informe circunstanciado al Juzgado Quinto de Primera Instancia y que la sala de trabajo “está a la espera de la resolución” y puntualizó que han sido 3 acciones las que se han presentado.

Con relación al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, en el que señala que  la Comisión de Postulación revise el cumplimiento de los requisitos para los aspirantes, no se pueda contar como años del ejercicio profesional la experiencia ante alguna judicatura, el secretario de la Postuladora indicó que “básicamente esto tendrá efectos a partir del día de mañana, en donde se tendrá que ver la aplicación de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, es el único proceso en donde hay una resolución al respecto con el que hacer” dijo.

De las otras acciones se conoce que una de ellas fue promovida por el abogado Romeo González Barrios, quien presentó un amparo contra la Postuladora, en la que reclama el hecho de que integre la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés, aduciendo que su periodo constitucional ya venció. El expediente se identifica con el número 949-23

Otra de las acciones fue presentada por la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala, por medio de su presidenta Bélgica Deras y vicepresidenta Rosa Carolina González, interpusieron una acción de amparo, al considerar que se podría violar el derecho político de los jueces de primera instancia a postularse para el cargo de Fiscal General y la misma se identifica con el número de expediente 916-22.

¿Quiénes aspiran a dirigir el Ministerio Público?

• Mynor Francisco Hernández Castillo
• Francisco Javier Puac Choz
• Eduviges Manuel Cortez
• Brenda Dery Muñoz Sánchez
• Henry Alejandro Elias Wilson
• Frank Armando Martínez Ruiz
• Mynor Eduardo González Méndez
• Eliseo Quiñónez Villagrán
• Darlene Apolonia Monge Pinelo
• Óscar Dávila
• Néctor Guilebaldo De León Ramírez
• Jorge Luis Donado Vivar
• Walter Brenner Vásquez
• Walter Paulino Jiménez Texaj
• Nidia Arévalo Flores
• Silvia Lucrecia Villalta Martínez
• Fernando Linares Beltranena
• Gabriel Estuardo García Luna
• Miriam Elizabeth Álvarez Illescas
• Silvia Patricia Juárez García
• María Consuelo Porras Argueta
• José Enrique Urrutia Estrada
• Francisco Rolando Durán Méndez
• Gloria Dalila Suchité Barrientos
• Sandra Elizabeth Acán Guerrero
• Edward Rosalío Gómez García

Carlos Antonio Videz Navas, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), del Ministerio Público (MP), informó este domingo que dejaba el Ministerio Público y salía del país.

Videz Navas, que ahora tenía a su cargo Fiscalía contra el Delito de Extorsión, dijo que renunciaba ante la “actual persecución” contra “defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes”.

“Previniendo de que se atente contra mi vida, tomé la difícil decisión de renunciar y salir del país para evitar ser una víctima más de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”, explica el exfiscal.

Videz Navas recuerda que fue uno de los fiscales a cargo de los casos de alto impacto, como el de Construcción y Corrupción, “donde descubrimos maniobras complejas de saqueo al Estado guatemalteco”.

Agrega que el avance de las pesquisas en otros casos también permitió “descubrir una serie de eventos”, como en la fase 2 del caso Construcción y Corrupción, Red de Poder, Corrupción y Lavado, 122 Millones de Quetzales, Asesoría Legal y Operación de Lavado y Activos, entre otros.

El exfiscal resalta que “ha quedado claro que la fiscal General, Consuelo Porras, ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir”. Denuncia que desde el inicio de su mandato, la jefa del MP “complicó la función de de fiscales comprometidos e independientes”.

Recordó que las presentes investigaciones no avanzan “contra ciertas personas”, y enfatiza en la captura de varios de sus excompañeros fiscales “quienes lucharon con la única finalidad de investigar y conocer la verdad en casos de corrupción de país”.

El exfiscal también denuncia que, lejos de apoyar al equipo de trabajo, “las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma en contra de los fiscales”. Además, expone que, a petición de los mismos señalados de corrupción, se usaron perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo efectuado.

“Duele ser perseguido por haber realizado el trabajo de tratar de construir un mejor país. Pero insto a la población guatemalteca a luchar porque exista un verdadero estado de Derecho”, puntualizó Videz.

El MP ha emprendido acciones e investigaciones contra varios exfiscales anticorrupción, lo que analistas y expertos ven como preocupante. Entre las últimas están Leily Santizo y Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafias.

El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.

Rudy Herrera, que investigó a la familia rusa Bitkov, también dejó de laborar en esa Fiscalía desde el 3 de febrero.

MP responde

El Ministerio Público confirmó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que Videz presentó su renuncia el jueves 17 de febrero, al igual que Kevin Montes, quien actualmente estaba en el fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci.

Sin embargo, indicó que el exfiscal Videz no ha podido ser notificado derivado que no se presentó a trabajar el viernes.

Informó que ese mismo 17 de febrero también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.  

Respecto de las investigaciones a exfiscales, el MP explicó que estas derivan de denuncias presentadas que la Fiscalía por mandato legal tiene la obligación de investigar.

“Las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. Esto no implica una criminalización, ni venganza sino implica el estricto cumplimiento de la ley y al debido proceso”, dijo el ente investigador.

“Hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización, la justicia debe ser objetiva. El Ministerio Público debe realizar la investigación para determinar la posible comisión de un acto constitutivo de delito, ya que nadie es superior a la ley”, puntualizó.

El exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rudy Herrera, quien tenía a su cargo el Caso Comisiones Paralelas, salió al exilio y denunció que en Guatemala se ha implementado una campaña de persecución contra operadores de justicia independientes con el objetivo de “garantizar impunidad a las redes criminales” que operan en el país, informó este jueves 17 de febrero en un comunicado.

“La fiscal general Consuelo Porras llegó al cargo con la misión de garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar. Esto hizo las cosas difíciles para los fiscales comprometidos con nuestro trabajo desde el primer día, pero en los últimos meses ha sido cada vez más claro: las investigaciones solo avanzan si son contra actores incómodos”, refiere el documento firmado por Herrera.

Agrega que “yo fui uno de los fiscales a cargo del Caso Comisiones Paralelas, que ilustra los esfuerzos y acuerdos que realizan distintos actores corruptos para mantener doblegadas las instituciones de justicia. Por esto debí tomar la dura decisión de salir del país, junto a mi familia, para evitar ser víctima de una injusta persecución diseñada para castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción y exigir que quienes se benefician de ella rindan cuentas”.

Herrera agregó que emprenderá acciones legales contra Porras y su equipo de trabajo.

Añade que “ante la oleada de persecución injustificada contra colegas que investigaron los casos más emblemáticos de la lucha anticorrupción, hago un llamado a la ciudadanía. Me niego a aceptar que una vida digna y el acceso a la justicia pronta y cumplida solo es posible si nos vamos del país que nos vio nacer. Y solo si fortalecemos esa convicción y trabajamos por que se materialice, podremos poner un alto a tantos abusos. A mis colegas criminalizados, les admiro y me solidarizo. Tenemos la conciencia tranquila que lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo con dignidad y decoro”.

Hasta hace unos días, al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país, según afirmó el exfuncionario del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval.

El abogado, líder de la lucha anticorrupción entre 2014 y 2019 en Guatemala, indicó en una entrevista en medios internacionales que el motivo del exilio se debe a la “persecución” en contra de los fiscales anticorrupción por parte de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.

Sandoval recordó que tuvo que salir al exilio en julio de 2021 tras ser removido de su cargo por la misma Porras, quien lo acusó de supuestos “vejámenes” en su contra.

La mencionada decisión de Porras provocó que Estados Unidos la sancionara en septiembre de 2021 con la remoción de su visa y el impedimento de visitar la nación norteamericana, acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.

Sandoval dijo en julio, antes de salir de Guatemala, que investigaba un presunto caso millonario de corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, con ciudadanos rusos por la licitación de un puerto, cuando fue removido de su cargo.

Además de Sandoval, también se encuentran en Estados Unidos exiliados la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana (2014-2018) y el fiscal Andrei González, entre otros, quienes de igual forma protagonizaron la lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2018.

Dicha lucha anticorrupción comandada por Aldana, Sandoval y el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, desmanteló más de 50 estructuras clandestinas de corrupción y puso tras las rejas a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.

Sin embargo, en la última semana el Ministerio Público bajo el mando de Porras ordenó la captura de seis fiscales anticorrupción en dos casos distintos, uno de ellos “bajo reserva” por lo que no se tiene información pública. En el otro caso, los fiscales están acusados de supuestamente coaccionar a un testigo.

Una de las detenidas, Leily Santizo, declaró el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.

Sandoval añadió el miércoles “hay que investigar” a Porras pues “no es normal que 13 operadores de la justicia estemos en el exilio” y “por lo menos cuatro personas que trabajaron en conjunto con la Cicig estén en prisión”.

Preocupación internacional

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido expresaron el miércoles último su “preocupación” por las detenciones de fiscales ordenadas por el Ministerio Público que lidera Porras.

La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.

Sandoval fue uno de los líderes de la investigación que en 2015 obligó al presidente de Guatemala en aquel momento, Otto Pérez Molina, a renunciar para enfrentar cargos por millonarios sobornos en el ente recaudador de impuestos.

Niega criminalización

Porras negó el miércoles último que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente  orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

Envía mensaje a EE. UU.

Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.