A raíz de crisis social y política que atraviesa Guatemala, y que ha ido desde la intensidad hasta la disminución, desde el pasado lunes 2 de octubre, el sector empresarial organizado emitió un comunicado titulado “Todos por la democracia y el estado de Derecho”.

El texto contiene seis puntos y enfatiza que el país se ha visto afectado por bloqueos que atentan contra el derecho de libre locomoción y han impactado, no solo a los sectores productivos, sino a toda la población.

El comunicado, firmado por 19 cámaras empresariales y sectores, da a conocer que:

1. Respetan el derecho de manifestación pacífica, el cual es incompatible con bloqueos que generan caos e incertidumbre. “En consecuencia, es imperativo que liberen los bloqueos que aún persisten en todo el territorio nacional”.
2. Llaman al respeto hacia la voluntad popular, “la cual fue manifestada con claridad por medio de las urnas”.
3. Reafirman el compromiso y defensa incondicional hacia el estado de Derecho y la democracia que rige en el país. “Consideramos que cualquier acto contra estos principios atenta contra el bienestar y progreso de nuestra nación. Para fortalecer nuestro estado de Derecho, cada una de las instituciones debe cumplir con sus funciones y respetar el límite de sus competencias”, se lee en el escrito.
4. Exigen a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional del Estado, a respetar y hacer cumplir la ley, fortalecer y proteger el proceso electoral.
5. Hacen un llamado a proteger a los voluntarios de todas las Juntas Electorales involucrados en este proceso.
6. Reiteran que las autoridades electas, deben tomar posesión de sus respectivos cargos el próximo 14 y 15 de enero de 2024, cumpliendo con la ley vigente en Guatemala.

Todos por la Democracia y el Estado de Derecho como sector empresarial organizado comunicamos: pic.twitter.com/flV0yuniaj

— FUNDESA (@FUNDESA) October 21, 2023

“La estabilidad y prosperidad de Guatemala dependen de que se respete el estado de Derecho, que los guatemaltecos respetemos y protejamos entre nosotros los derechos individuales de cada persona, así como la observancia y respeto a la voluntad popular y a los principios democráticos”, concluye el texto.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) confirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este 16 de octubre a 11 personas vinculadas con los sucesos que ocurrieron por la mañana en un sector de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Malacatán, San Marcos y que cobraron la vida de un hombre de unos 48 años, aun sin identificar.

De acuerdo con el informe oficial de la Subdirección General de Operaciones (SGO) de la PNC, el distrito cuatro de la comisaría 42  de Pajapita, San Marcos, 11 hombres fueron detenidos por supuestamente haber participado en incidentes violentos contra manifestantes apostados en el crucero Orizaba, kilómetro 272.

La captura ocurrió este mismo 16 de octubre a eso de las 13.30 horas, en la comunidad agraria La Montaña, de Malacatán, cerca del destacamento militar del Ejército de Guatemala que está en ese lugar.

El Ministerio de Gobernación a la población informa: pic.twitter.com/d0DjeZ3ZzW

— MinGob (@mingobguate) October 17, 2023

Los capturados fueron identificados como César Gudiel Ramírez Castillo, de 33 años; Eddy Gabriel González López, de 34; Óscar David Tuigüilá Chay, de 41; Elver Jovany Escobar, de 58; Jayro Edilberto Pérez Sánchez, de 25 y Raudel Roelí Miranda Acabal, de 23.

Además, a Eddy Marco Tulio Lima Carlos, de 25; Marlon Alberto Hernández Ochoa, de 29; Gerer Misael Soto Alvarado, de 37; José Ricardo Alfonso Moza Mérida, de 28 y José Allan Pérez Leal, de 61.

De acuerdo con Jorge Aguilar, portavoz del Mingob, el motivo de la detención fue porque son los presuntos responsables dispararle a un grupo de personas que manifestaban y bloqueaban la ruta CA-2 occidente en el kilómetro 272, cruce aldea Orizaba, Malacatán.

En ese lugar, según Aguilar, además del fallecido, resultaron lesionadas tres personas que ingresaron al hospital nacional La Montañita en Malacatán, San Marcos. A los sujetos les incautaron cuatro armas de fuego tipo pistola y dos picops.

Supuestos pilotos de buses extraurbanos que circulan sobre el kilómetro 63 de la ruta Interamericana, CA-1 Occidente, con machetes en mano, arremetieron contra manifestantes que protestaban en el ingreso del municipio de Zaragoza, Chimaltenango, denuncian las personas que protestaban.

Un grupo de pobladores se apostó en este lugar para unirse a las protestas que demandan la renuncia de la fiscal general de la República, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Freddy Orellana.

Sin embargo, el grupo de choque, compuesto por transportistas a quienes les dicen los Quishos, según los pobladores que fueron desalojados, los obligó a retirarse del lugar bajo amenazas de muerte y con machetes y armas de fuego en mano. Las personas que desalojaron el lugar acusaron que no son vecinos del sector.

En el lugar no hubo presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) en el momento del desalojo de las personas que, aseguraron, manifestaban pacíficamente.

De acuerdo con la denuncia que hicieron las personas, este no es el primer incidente que ocurre con este grupo de transportistas, quienes han estado contra de las protestas ciudadanas.

En el vídeo que circula en redes sociales se observa al grupo usar violencia y quitar el bloqueo hacia ese municipio de Chimaltenango.

Como puede observarse en la grabación la mayoría de manifestantes eran mujeres que no pudieron hacer mayor cosa por defenderse contra el grupo de supuestos transportistas.

Este incidente se suma a otros que han ocurrido este 16 de octubre en El Asintla, Retalhuleu; Cuyotenango, Suchitepéquez y Malactán, San Marcos. En todos han habido personas lesionados y hasta ahora se reporta una persona muerte por impactos de bala en el crucero Orizaba, Malacatán, sobre la ruta CA-2 Occidente.

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Pobladores de diversas comunidades de Escuintla mantienen los bloqueos de rutas en la carretera al Pacífico y se han enfrentado a agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los vecinos de municipios como Palín se han apostado en puntos de la autopista Palín – Escuintla, y ha colocado barricadas para evitar el paso de todas personas que intentan llegar a otras localidades de la Costa Sur.

Las autoridades han advertido que dentro de las personas que manifiestan hay integrantes de la pandilla del Barrio 18. Incluso, han revelado que alias la China está dentro de las personas que protagonizan enfrentamientos con elementos de la institución policial.

Los manifestantes se han colocado en el kilómetro 25, en el 37 y en el 38 de esa ruta. Por momentos los antimotines han logrado dejar expedita la vía, sin embargo, los que protestas se vuelven a colocar  y siguen generando enfrentamientos con las fuerzas del orden.

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Según la PNC agentes de la institución fueron agredidos por los manifestantes que tenían bloqueada la vía de sur a norte, luego de haberles notificado la resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad.

Según la policía alias la China es una de las líderes del movimiento, quien se ha negado a dejar expedita la ruta y ha provocado los enfrentamientos. Ella reside en la colonia María Matus de Palín, Escuintla.

Por ahora, y pese a que ya los habían desalojado del área, las personas se reagruparon y volvieron a tomar la carretera internacional. Colocaron neumáticos y les prendieron fuego. Gritan consignas que no se quitarán hasta que renuncien los funcionarios señalados.

De hecho, algunos pobladores, que pertenecen a la comunidad originaria de Palín, denunciaron que la PNC ha utilizado la fuerza bruta aún cuando se les ha indicado que protestas pacíficamente. La autoridad niega esto y dice que no protestan en paz.

Reportan agresiones a pilotos que nada tienen que ver con las manifestaciones y quieren desplazarse hacia sus hogares o lugares de trabajo.

En una carta abierta que publicaron en redes sociales este 13 de octubre de 2023 las autoridades indígenas le dijeron “al pueblo de Guatemala que en los últimos años hemos sido testigos y afectados directos por la corrupción y la impunidad por parte de aquellos cuya obligación es asegurar el bienestar común y la justicia”.

Por esa razón, agregan en la carta, “este año decidimos, como pueblos indígenas, unirnos para rescatar nuestro país, la democracia y exigir el respeto de nuestros derechos”.

Según ellos, “es evidente que quienes ocupan las instituciones están cada vez más alejados del cumplimiento de las leyes y su verdadero propósito, así como del mandato otorgado por el pueblo”.

“Lo que más vemos es la repugnante corrupción y el descaro con que nos miran a los ojos mientras nos pisotean”, aseguran.

Agregan: “Debemos construir un futuro distinto. Y es por ello que aún con esta débil institucionalidad, confiamos y salimos en paz y votamos para elegir concejales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente, con la esperanza de que cada uno de ellos cumpla con la tarea de rescatar el país para el bienestar de nuestras futuras generaciones”.

Las autoridades indígenas reflexionan que “nunca se había visto que desde las instituciones decidieron violentar y atropellar la democracia porque no estuvieron de acuerdo con la voluntad del pueblo, esa voluntad que expresamos cada cuatro años”.

“Así, desde el Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana decidieron intensificar su embestida contra la democracia y la voluntad popular”, aseguran.

Según el comunicado las autoridades de los pueblos originarios han “agotado todos los medios y recursos para detener estos abusos, desde comunicados, recolección de firmas, denuncias, amparos e incluso reuniones, pero nada ha surtido efecto”.

“Nos han cerrado las puertas, llegando al extremo de que el mismo Ministerio Público ha insistido en que seamos reprimidos con violencia”, aseguran.

Según ellos, estas respuestas y actitudes “han llevado a nuestras comunidades a enviarnos, como Autoridades Indígenas, a luchar por la recuperación de la democracia y las libertades del pueblo de Guatemala”.

En esa misiva dejaron claro que el mandato que recibieron fue claro y contundente: “exigir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso y Freddy Orellana,  funcionarios del Ministerio Público y el Organismo Judicial”.

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y representantes de distintos sectores brindaron este  13 de octubre una conferencia de prensa en la avenida Petapa para informar que seguirán los bloqueos para exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y los otros funcionarios.

Estados Unidos no ha invitado a Guatemala, Honduras y El Salvador a la cumbre virtual para la democracia, que ha organizado para los próximos 9 y 10 de diciembre, porque, aunque considera que son países democráticos, ve que afrontan “algunos desafíos”.

Así lo explicó este jueves Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, en una rueda de prensa telemática.

A ese foro asistirán 110 Gobiernos de todo el mundo, así como miembros de la sociedad civil y del sector privado, con una sesión de los jefes de Estado, que será auspiciada por Biden, y otra temática, con la presencia de representantes gubernamentales y no gubernamentales.

En la lista de invitados figuran aliados de todo el mundo que EE. UU. considera democracias, que van desde naciones europeas como España y Francia, pasando por Fiyi, Israel, Pakistán o Papúa Nueva Guinea.

Algunos de los invitados de Latinoamérica son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Paraguay y Uruguay; y no están Bolivia, Venezuela, Cuba o Nicaragua, aparte de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros.

González concedió que algunas de las naciones que no participarán “puede que sean democráticas, pero tienen actividades muy inquietantes”, que han llevado a EE. UU. a excluirlas.

“Obviamente Cuba no está invitada, Nicaragua no está invitada, obviamente Nicolás Maduro no lo está, pero Juan Guaidó sí, aunque al mismo tiempo, saben, hay democracias que creo que afrontan algunos retos en lugares como Guatemala, Honduras y El Salvador”, agregó.

La cumbre de la próxima semana tiene como objetivo fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo, luchar contra la corrupción y promover los derechos humanos.

Sobre la exclusión de El Salvador, González precisó que el país tiene un populismo “confuso con un mandato para cambiar las instituciones democráticas que las ha socavado, incluyendo el uso del Legislativo con el envío de soldados armados a la Asamblea Legislativa”.

De Guatemala, mencionó las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por EE. UU., y las amenazas contra la sociedad civil, así como la corrupción “extendida” en este país.

Respecto a Honduras, pese a que Washington reconoce que “es una democracia y un socio desde hace tiempo”, está preocupado por la manera en que no ha abordado la corrupción, destacó el asesor de Biden.

“Deseamos dar la bienvenida a Xiomara Castro (en la cumbre presencial) el próximo año si vemos algún progreso”, indicó González, en referencia a la virtual presidenta electa de Honduras.

González no quiso adelantarse a Biden a la hora de anticipar posibles compromisos que salgan de esta cumbre, aunque afirmó que la intención es movilizar recursos para, por ejemplo, “defender a los periodistas”, que son objeto frecuente de ataques judiciales única y exclusivamente por informar.

Por lo que, “se va a buscar la forma de expandir el apoyo al trabajo de los periodistas”, reveló González, quien añadió que del encuentro saldrán otras iniciativas para respaldar a la sociedad civil.

Sobre la manera en que esos compromisos se materializarán, el responsable estadounidense adelantó que EE. UU. invitará el próximo año a la cumbre presencial a aquellos que cumplan con las promesas que salgan de la reunión de la próxima semana.

Esta tarde la fiscal general del Ministerio Público(MP), María Consuelo Porras, dio a conocer que en los próximos días se estará presentando una solicitud de cancelación para el Partido Político Encuentro por Guatemala.

"El financiamiento electoral no es delito… el delito es financiar anónimamente", dice comisionado Velásquez. pic.twitter.com/C3e8PTb3oP

— Prensa Libre (@prensa_libre) August 10, 2018

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La funcionaria agregó que la Fiscalía de Delitos Electorales, a cargo del fiscal Oscar Shaad, se encuentra preparando la documentación correspondiente para poder hacer la petición al órgano electoral.

Esto se da derivado de la investigación que se encuentra en curso, por medio de la cual el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala determinaron que este partido supuestamente no presentó en tiempo los estados financieros relacionados con la campaña electoral de 2015.

Nineth Montenegro se defiende por señalamientos

Encuentro por Guatemala señala que el mismo TSE emitió informes en donde se establece que el partido no recibió aportaciones anónimas. pic.twitter.com/cMEn0XtO7m

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) August 21, 2018

Con información de Linda Mejicanos.