El Ministerio Público (MP) modificó este jueves 3 de noviembre el delito por el que acusa a la excandidata a la Presidencia de la República y secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

La modificación del delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral  fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Financiamiento UNE, informaron fuentes judiciales.

La acción de la Fiscalía porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a favor de Torres el 23 de diciembre de 2021, pues con ese fallo se le dio la razón a la expresidenciable para no ser perseguida por un delito que no existía en 2015 cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

Además, el MP corrigió la acusación en la investigación e incorporó modificaciones orales y escritas. Torres también es sindicada por el delito de asociación ilícita.

Las pesquisas revelaron que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.

Se dijo que esas entidades habrían formado una estructura de administración paralela de las finanzas oficiales de campaña para eludir el control sobre los fondos que le fueron aportaos.

Los fondos identificados y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753, según las pesquisas del MP.

El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, quien ha estado vinculado a cinco casos de corrupción en Guatemala, ya podrá movilizarse a cualquier parte del país, luego de una resolución de este miércoles 6 de octubre de la jueza e Mayor Riesgo “A”, Claudette Dominguez.

Alejos recobró su libertad en julio pasado, pero quedó bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declarara la clausura provisional en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”; sin embargo, con la nueva resolución en el caso “Financiamiento UNE” podrá desplazarse a cualquier parte del territorio nacional.

La resolución de la jueza Domínguez determina que Alejos deberá presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.

Alejos también está vinculado en los casos de corrupción “Red de Poder”, “Transurbano”, “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud” y “Comisiones Paralelas 2020”.

El exfuncionario recobró su libertad, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) trata de incorporar al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

También se informó que Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, fue incluido en la Lista Engel que el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el jueves 1 de julio del 2021. Esa lista es uno de los instrumentos que Washington utiliza en su lucha contra la corrupción, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso Financiamiento UNE la jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Dominguez, este miércoles resolvió permitir que Gustavo Alejos pueda movilizarse a cualquier todo el territorio nacional y debe presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.|

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 6, 2021

La Sala Segunda de Mayor Riesgo le otorgó este lunes 30 de agosto un amparo provisional a la excandidata presidencial Sandra Torres y le revocó la prohibición de hacer política y el arresto domiciliario que mantenía desde el 8 de enero de 2020.

Aunque las medias a las que estaba sujetaTorres quedaron sin efecto, aún está pendiente de que la Sala le otorgue en definitiva el amparo que le permite participar en eventos y salir del departamento de Guatemala.

El 23 de julio recién pasado, Torres se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo A para una audiencia en la que solicitó autorización para asistir a reuniones políticas, entre otras peticiones.

Torres expuso en esa ocasión que las medidas de coerción le limitaban su trabajo y su carrera política. Luego de varias horas de audiencia, en esa oportunidad el Juzgado no le concedió ninguna de las peticiones hechas y las medidas seguían igual; sin embargo, este lunes 30 de agosto fue amparada provisionalmente.

Torres está procesada por un caso de Financiamiento electoral Ilícito al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la campaña política de 2015 y es señalada de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones.

El 8 de enero de 2020, el Juzgado de Mayor Riesgo E otorgó arresto domiciliario con fianza de Q800 mil a Torres; además, se le prohibió salir del departamento de Guatemala.

La jueza a cargo de esa audiencia añadió que la prohibición de asistir a reuniones políticas está fundamentada en ley, porque Torres está ligada a proceso penal por delitos electorales.

Agregó que no se causa agravio a la organización política porque hay otra persona que cumple las funciones de forma temporal de la procesada.

También le recordó que está sujeta a un proceso penal y debe cumplir las medidas impuestas.

Advirtió a Torres que, si incumple, le puede revocar las medidas y la envía a prisión.

En la audiencia del 23 de abril, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) no pudo argumentar supuestas comunicaciones de Torres y viajes fuera del departamento de Guatemala.

Cesar Román, fiscal suplente del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que ocultar Q19 millones no se hace fácilmente. Además cuestionó las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, pues señaló que el TSE es el que debe auditar los gastos de los partidos políticos.  Las declaraciones las dio al salir de la reunión de fiscales con magistrados del TSE. Román es el fiscal suplente, el titular es Mario Taracena, quien no acudió a la reunión.

Según el representante de la UNE ante el TSE, el partido se encuentra fortalecido, luego que el Ministerio Público solicitara se le retire la inmunidad a la candidata presidencial, Sandra Torres.

El caso de financiamiento de la UNE

Según la investigación del Ministerio Público, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza recibió aportes que ascienden a Q19,531,753.10 y no lo reportó ante el Tribunal Supremo Electoral. La UNE habría utilizado tres empresas durante la campaña electoral para financiarse ilícitamente. Entre las pruebas están los cheques emitidos, llamadas telefónicas y testimonios.

La solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres es por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Además el MP solicitó el retiro de la inmunidad en contra de cuatro diputados y dos alcaldes.