Sandra Torres, Secretaria General y excandidata presidencial de la UNE, en conferencia de prensa anunció que por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ya no tiene persecución por el delito de financiamiento electoral no registrado.

El pasado 20 de diciembre el Pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal.

En su momento el Juzgado de Mayor Riesgo grupo “A” ligó a proceso ala también exprimera dama por el delito de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, lo que le costó varios meses de prisión.

Su argumentó de defensa fue que los hechos por los que era señalada ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.

Se trata del artículo 407 “O” del Código Penal, que fue modificado por buena parte de los diputados, incluida en su momento la bancada de la UNE que se encontraba bajo la dirección del diputado Orlando Blanco.

Por tal motivo el Pleno de la CC resolvió de manera unánime declarar con lugar el recurso a favor de Torres y ordena que en el proceso penal en su contra es “inaplicable” el delito enumerado como 407 “O”.

De momento Torres aun tendría que definir su destino jurídico por el segundo delito por el que enfrenta proceso penal en mayor riesgo, siendo el cargo de asociación ilícita.

Señala persecución

Durante una rueda de prensa convocada en la sede del partido político UNE, Torres señaló que los magistrados constitucionales coincidió con su tesis de defensa, que observó una serie de violaciones a sus derechos.

“Con esto queda claro que este fallo cierra el caso en mi contra, demuestra mi inocencia de la persecución política que he sufrido por más de dos años y cuatro meses. Quiero ser clara y contundente que este fallo emitido por la alta Corte es eminente que se violó el artículo 15 de la Constitución, que una ley no puede ser retroactiva; se violó también el principio de legalidad y varios derechos como la presunción de inocencia y a un debido proceso” , argumentó.

La político uneista también afirmó que durante su proceso legal siempre tuvo fe en Dios y sus personas más cercanas, “yo me defendí de la mano de Dios, con el apoyo de mi familia y con la ley en la mano, siempre dando la cara y sometiéndome a la justicia que hoy me da la razón y se demuestra mi inocencia”.

Tras esta resolución Torres considera que es más que claro como existió una persecución en su contra, “se me hizo una persecución política sin precedentes, tratando de perjudicar mi carrera política. Hoy el caso va a quedar sobreseído a mi favor, terminándose el caso penal que en su momento el MP inició en mi contra”.

Otro de los temas que más destacó fueron las prohibiciones políticas que recibió en el sistema de justicia, que hizo que perdiera la dirección del partido y que quedara en manos del diputado Óscar Argueta.

“No podemos permitir que la carpeta judicial sustituya las urnas para sacar de la arena política a los adversarios que somos incomodos, yo soy incómoda para algunos adversarios y me han querido sacar del juego político (…) hasta me pusieron restricciones políticas para que yo no pudiera trabajar políticamente, una camisa de fuerza por dos años que fue totalmente injusto”, resaltó Torres.

¿Se cierra el proceso contra Sandra Torres?

No, en el documento emitido por la CC se establece que pese a esta resolución favorable a Torres las autoridades aún podrían imputarle otro tipo de cargos penales que hubiesen podido ser cometidos en la campaña electoral del 2015.

“Se hace la salvedad que la presente consideración, no implica que la procesada no pueda ser encausada por otras figuras delictivas vigentes al momento de los hechos y que resulten del respectivo proceso. Asimismo, tampoco tiene alcances sobre las demás incidencias del proceso penal, ni lo suspende como pretende la incidentante, en cuanto no se encuentren fundamentadas em el artículo denunciado”, refiere el documento.

Por su parte la postura del MP ante esta resolución fue la siguiente: “La Fiscalía Especial contra la Impunidad es respetuosa de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad .Se desarrollaron todas las acciones correspondientes, desde la competencia de la Fiscalía y se respeta esta resolución”.

Los magistrados que apoyaron a Torres

Pese a todos los contratiempos legales que enfrentó en su proceso, la política asegura que confía en el sistema de justicia y hasta agradeció a los que le han apoyado, incluidos los magistrados que resolvieron su incidente.

“Este es un fallo final de la alta Corte, y yo quiero demostrar una vez más mi confianza hacia el sistema de justicia, a los que me hicieron justicia, así que quiero hacer un reconocimiento a eso y agradezco a las personas que me estuvieron apoyando siempre”, puntualizó.

El incidente fue resuelto de manera favorable por los cinco magistrados que integraron el Pleno, tres titulares y dos suplentes siendo los siguientes:

• Roberto Molina Barreto; titular designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
• Nester Vásquez; titular electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
• Leyla Lemus; titular designada por el Presidente en Consejo de Ministros.
• Luis Alfonso Rosales; suplente designado por el Pleno del Congreso.
• Rony Eulalio López; suplente electo por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016 por su vinculación al caso Cooptación del Estado, presentó una acción de inconstitucionalidad en caso concreto que busca  no ser juzgada por financiamiento electoral no registrado del desaparecido Partido Patriota.

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes 13 de julio que esa acción legal debe ser analizada por el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien lleva el caso.

“Se ha conferido un plazo para pronunciarse y verificaremos todos los aspectos del planteamiento; entre estos, el hecho de que la persona no está en el país (…). Ella argumenta que al aplicarse la normativa podrían vulnerarse disposiciones de índole constitucional, como el principio de irretroactividad de la ley”, explicó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Lorenzana Cardona es esposa del mexicano Remigio Ángel González y González, conocido como el Fantasma, dueño de 107 empresas en el continente americano, entre las que destacan canales de televisión, estaciones de radio, cadenas de cines y restaurantes.

Lorenzana figuraba como representante legal de las empresas Radio Televisión, S. A., y Televisiete, S. A. —canales 3 y 7, respectivamente—, de Guatemala.

El caso contra Lorenzana

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona es financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno de Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69% de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Lorenzana Cardona tiene vigente una orden de captura internacional desde el 2016 por el delito de financiamiento electoral ilícito. La Feci la vincula con el caso Cooptación del Estado que involucra a exfuncionarios del PP.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo amparó en definitiva a empresarios procesados por supuestamente realizar aportes anónimos al cancelado partido FCN-Nación y ordenó a la jueza Erika Aifán, abstenerse desarrollar audiencia para decidir si deben o no enfrentar juicio.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), informó que recibió la notificación de la Sala Segunda de Mayor Riesgo en donde confirma una resolución a favor de seis empresarios.

Agregó que el viernes último presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de apelación, pues el MP no está de acuerdo con la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo.

Según el fiscal, en declaraciones enviadas por el MP a los medios de comunicación, los empresarios impugnan la resolución que la jueza de Aifán programó una audiencia para conocer y discutir la situación de ellos, pero el MP considera que no pude haber ningún agravio, pues se desconoce qué puede suceder en esa audiencia, y puede ser que se decrete una clausura provisional, un sobreseimiento o puede ser que se abra juicio.

Curruchiche considera que no puede ser objeto de impugnación o actuar por adelantado sobre algo que pueda suceder en esa audiencia.

Es por ello que acudieron a la CC para que ellos resuelvan en definitiva sobre esta situación.

El caso

Una investigación del MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016, el partido FCN Nación incumplió con su obligación de reportar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q8 millones 38 mil 539.66 que recibió de manera anónima.

La investigación fue llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación y tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.

El Registro de Ciudadanos ordenó el martes 5 de noviembre la cancelación del partido FCN-Nación, por la infracción a las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas de sus actividades permanente y de campaña electoral.

El medio día de este miércoles 2 de octubre, la excandidata presidencial, Sandra Torres, salió de la cárcel Mariscal Zavala y fue llevada a un centro hospitalario privado.

Según se informó, la salida de Sandra Torres de Mariscal Zavala se genera porque médicos del Sistema Penitenciario al evaluarle la presión detectaron que era variable y el cardiólogo pidió enviarla a un hospital privado.

La semana pasada el médico del SP había solicitado la presencia de un cardiólogo para que evaluara a Torres, y este la evaluó dio algunas recomendaciones y pidió que se colocara un monitor Holter, un dispositivo que registra los ritmos cardíacos en forma continua.

A eso de las 9 horas, Torres fue llevada a un hospital privado para hacerle exámenes del corazón, se espera que le coloquen el dispositivo y en 48 horas se tendrán los resultados.

Según se informó, Torres podría salir del hospital el jueves.

Más temprano el el Sistema Penitenciario (SP), envió un oficio al Juzgado de Mayor Riesgo A, en que sugería que la excandidata presidencial, Sandra Torres, debía ser trasladada a un centro de atención hospitalaria.

En el oficio, presidios acepta que no está en la capacidad de dar atención a la excandidata de la UNE.

La defensa de Torres ha dicho que ella padece de “serios” problemas cardíacos, específicamente una arritmia, hipertensión arterial y neuralgia y ha tratado de que la trasladen a un hospital, pero no lo ha logrado.

Sandra Torres fue capturada el 2 de septiembre en su vivienda ubicada en carretera a El Salvador, pues está señalada de en un caso de financiamiento no reportado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres es acusada por el Ministerio Público (MP), de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos que habría cometido durante su campaña electoral en 2015 y cuando fungía como secretaria general de la UNE.

Andrei González, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FEC) anunció que pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sea cancelado después de la segunda vuelta electoral.

El motivo de esta petición es por el financiamiento electoral no registrado en la campaña de la UNE en el año 2015.

Andrei explicó que en las investigaciones se determinó que el monto no registrado aumentó de Q19.1 millones, como estuvo en la acusación inicial, a Q27.7 millones.

“La ley electoral y de partidos políticos es clara al establecer que cuando una de las agrupaciones políticas no respete la normativa relacionada al financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral procederá la cancelación de dicha agrupación”, explicó el fiscal.

A decir de Andrei, si el TSE no procede de oficio, el MP será quien pedirá la cancelación del partido que lleva a Sandra Torres como candidata presidencial.

El Ministerio Público (MP) presentó este día la acusación formal contra Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, detenidos en febrero pasado por el caso financiamiento electoral no registrado de la UNE.

Esto sucede a un día de la segunda vuelta electoral donde los candidatos Sandra Torres (UNE) y Alejandro Giammattei (VAMOS), irán a balotaje.

*Con información de Kenneth Monzón

El expediente se debía conocer y resolver el 15 de mayo, según la programación de este órgano, pero los magistrados lo trasladaron para este 16, por cuestión de tiempo. Sin embargo, tampoco lo conocieron y lo programaron para la próxima semana.

En ese contexto el magistrado Francisco de Mata Vela salió de viaje hoy.

Martín Guzmán, vocero y secretario de la Corte, dijo que desconocía el motivo y destino del viaje, pero aclaró que esto no hará que se detenga el caso porque se llamará a un suplente.

Se trata de un amparo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que vuelva a conocer la solicitud del retiro de inmunidad de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual rechazó el 27 de febrero sin entrar a conocer.

Por tratarse de un caso en materia judicial y no electoral, la resolución de la CC no cambia en nada la inscripción de Torres, por lo cual, hasta ahora, ella sí participará en la papeleta del próximo 16 de junio. Torres es la primera en la encuesta de ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión.

Luego de esa resolución del 27 de febrero se filtró un audio en el que se escucha a Torres conversar con Gustavo Alejos, antiguo operador del partido, sobre un financiamiento de Q40 millones para la campaña electoral del 2015, recursos que no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Torres era señalada por los delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.