El cadáver estrangulado y torturado de Karla Paola Mérida Alva, de 23 años, fue localizado el pasado 1 de mayo entre unos matorrales ubicados en la calle principal del cantón Las Tejas de la zona 4 de Chiantla, Huehuetenango, lo que ha causado consternación entre la población.

Según se supo, un campesino que pasaba por el área ese día fue el que alertó a las autoridades del hallazgo del cuerpo.

Las autoridades informaron que cuando llegaron al lugar donde hallaron Mérida descubrieron que la víctima, que en ese momento no había sido identificada, descubrieron que tenía señales de haber sido estrangulada y tenía marcas y moretones en las piernas y los brazos, por lo que podría haber sido torturada.

Familiares indicaron que Karla Paola que ese día ella había salido de su casa ubicada en Los Regadillos, Chiantla, a eso del mediodía, pues se dirigía al centro del municipio a hacer unos trámites, pero que luego no se supo nada de ella, hasta que el cadáver fue hallado en el cantón Las Tejas, tan solo unas horas después de su desaparición.

La familia añadió que Karla Paola laboraba como alfabetizadora y que había dejado en la orfandad a un bebé de 4 meses.

Las investigaciones preliminares detallan que la víctima habría sido torturada en otro sitio y luego su cadáver abandonado en los matorrales.

La muerte de Karla Paola generó una ola de indignación en el municipio y familiares y amigos exigen a las autoridades que investiguen el caso y den con los responsables del crimen.

La tarde del 2 de mayo los restos de Karla Paola fueron inhumados en el cementerio general de Chiantla.

El Ministerio Público (MP) informó este 12 de abril, que la Agencia Especial del Caso Siekavizza, de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, realizó allanamientos en San Vicente Pacaya en búsqueda del cadáver de Cristina Siekavizza, desaparecida el 6 de julio de 2011.

El reporte de MP menciona que la búsqueda se llevó a cabo en un pozo ubicado en una finca de San Vicente Pacaya, que en el 2011 fue utilizada por integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Sierra Ovando, para lanzar cuerpos sin vida de sus víctimas.

La diligencia se llevó a cabo con el apoyo de Policía Nacional Civil, Dirección General de Investigación Criminal, Brigada de Rescate del Ejército de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros de la institución castrense.

Según se tuvo conocimiento, una persona habría dado la ubicación del esa fosa que está ubicada cerca de otra finca que ya había sido allanada por el MP en el 2018, siempre con vínculos con esta banda delincuencial.

Más de 100 muertes

El 13 de marzo 2014 se publicó sobre la captura de seis integrantes de una banda sindicada de secuestros y asesinatos denominada “Sierra Ovando”.

La PNC y fiscales del MP acudieron a la finca El Ceibillo, aldea Agua de las Minas, Amatitlán, en busca de siete integrantes de una familia secuestrados el 3 de abril de 2013 en Amatitlán.

El Ministerio de Gobernación, de ese entonces, mencionó que los seis capturados eran parte de una banda de secuestradores y asesinos, a los que se denominó como Sierra Ovando y que a ellos se les sindicaba de al menos 100 muertes.

La banda Sierra Ovando estaba integrada por agentes de la PNC, expolicías y civiles. Según la Fiscalía de Delitos contra la Vida, del MP, se le atribuye la muerte de al menos cien personas en Guatemala, Escuintla, El Progreso y Baja Verapaz.

Esa agrupación criminal era señalada de limpieza social, robo de droga y dinero, y sicariato; existe desde el 2008 y sigue operando, según el MP.

El 16 de septiembre de 2020 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” condenó a 16 integrantes de la organización criminal conocida como Sierra Ovando.

En la audiencia se dictaron penas de hasta 372 años de cárcel por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

En marzo de 2014 las autoridades capturaron a siete integrantes de la estructura Sierra Ovando, señalados de haber secuestrado a personas y haberlas enterrado en sus propios vehículos.

Posteriores allanamientos permitieron otras capturas, por lo que este miércoles fueron 20 los acusados.

La Fiscalía había identificado como cabecillas de la banda, de la que también formaban parte expolicías, a Nelvin Francisco Aguilar Monterroso, alias Sierra, y los supuestos sicarios de la organización Cristian Haroldo Melgar Velásquez, Élfego Rosalío Carías Morales y Héctor Reginaldo Morente.

Las pesquisas apuntan a que la banda, que operó entre los años 2001 y 2013, ubicaba a las víctimas y les hacían creer que tenían orden de captura.

Los miembros de la estructura, que usaban trajes similares a los de la PNC, los secuestraban y luego exigían rescate. En muchos de los casos la personas secuestradas ya no aparecían.

El grupo delictivo llegó al extremo de fingir puestos de registro policiales, desde donde secuestraban a sus víctimas.

Se les atribuyen unas 100 muertes y a algunas de sus víctimas las enterraron con todo y sus vehículos.

“Las penas impuestas van de los 8 a los 374 años de prisión inconmutables por delitos de ejecución extrajudicial, asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y robo agravado”, informó el Ministerio Público.

Lo sentenciados fueron:

1. Manuel de Jesús Ovando Abrego, alias “Ovando”
2. Josué Oswaldo Muñoz Godoy, alias “Pato”
3. Luis Antonio Barrientos Guerra, alias “El Nica”
4. Marvin Wotveli Joy Yax
5. Martin Norman Almanzar González, alias “el Negro y/o el Dominicano”
6. Victor Hugo Ruano Boch, alias “Boch”
7. Adan Alfredo Teyes Gaitan, alias “Pinky”
8. Adolfo Javier Franco Anton, alias “Vaca”
9. Emerson Donaldo Lemus Escobar
10. Isabel Salvador Morales Solis, alias “Salva”
11. Wilson Raudilio Carías Morales
12. Alexander Oswaldo Díaz Martínez
13. Édgar Estuardo Fernández Marroquín
14. Erick Roberto Trigueros Carrillo
15. Cristian Haroldo Melgar Velásquez
16. Héctor Reginaldo Morente Ajualip

Este 8 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de conclusiones del crimen contra Gabriela Barrios, donde el procesado es Emerson Marroquín, exjugador de Xelajú MC.

La Fiscalía de Feminicidio y la Fundación Sobrevivientes piden condenar a Marroquín a 96 años de prisión, 50 años por feminicidio, 40 por tentativa de femicidio y seis por robo agravado.

Marroquín fue detenido en 2017 y sindicado de la muerte de la joven quezalteca Gabriela Barrios, poetisa y estudiante de Arquitectura.

“El Fiscal de Feminicidio realizó las conclusiones en el presente debate, en el cual se han solicitado la imposición de la pena máxima por el delito de femicidio, y la pena máxima por el delito de tentativa de femicidio en agravio de Orva Lili López y de Vilma Gabriela Barros López”, indicó el fiscal contra Feminicidio, Édgar Gómez.

El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2017 y, según el fiscal Gómez, “se señala al señor Emerson Jorge Marroquín Alfonso por la comisión de dichos hechos. Estos se llevaron a cabo en un ámbito público, derivado a que el señor Marroquín puso en arrendamiento una vivienda”.

Recreación de los hechos

Según la abogada de la Fundación Sobrevivientes, Silvia Tecún, el padre de la fallecida, Nery Barrios, se encontraba mal de salud, motivo por el que la joven y su madre “se vieron en la necesitad de obtener un inmueble”, lo que las llevó a comunicarse con el futbolista.

“El hecho fue aproximadamente a las 11 horas con 23 minutos, momento en que la señora Gabriela Barrios vuelve a llamar a Emerson Marroquín para decirle que ella, junto a su madre, se dirigían a la vivienda arrendada“, afirma Tecún.

Agrega que Barrios y su madre llegaron al inmueble de Marroquín, pero que él afirmó que la vivienda estaba ocupada, pero que “no se preocuparan por el servicio de agua, ya que la vivienda tenía su propia fuente”.

Según la reconstrucción de los hechos que expuso Tecún, Barrios grabó mientras Marroquín les mostraba el área verde del inmueble que les iba a rentar y que fueron compartidos por la víctima en un grupo familiar de WhatsApp.

Momentos después de mostrarles el lugar, en una habitación apartada, le propinó un puñetazo a Barrios y la agredió junto a su madre con un arma blanca, hecha con un pedazo de madera y un objeto similar a un clavo, según Tecún.

“La causa de muerte fue la pérdida masiva de sangre debido a las heridas que tuvo Barrios en zonas de su cuerpo, como cráneo, tórax, mamas, cuello, abdomen y el torso”, añadió

La abogada cuenta que la madre de Barrios tuvo que “hacerse la muerta” luego de la agresión de Emerson, y que “solo le pedía a Dios que él no se enterara de que aún seguía viva”.

Agrega que Orva Barrios contó que Emerson se quedó media hora en el lugar donde agredió a las dos mujeres, y que intentó esconder sus cuerpos con ramas, tierra y hojas secas, además de quitarle sus pertenencias.

“Tras varios intentos de despertarla, Orva Lili se dio cuenta que su hija ya no estaba viva. Salió del lugar como pudo, indica que fue al cauce del río y que, poco a poco logró huir del lugar“, narra Tecún.

Defensa

Por su parte, Benito Ajcum, defensor de Marroquín, afirmó que el Ministerio Público no brindó una explicación fiable de lo ocurrido. Además, dijo que, según el peritaje genético de las uñas de la mano izquierda de Vilma Gabriela Barrios, habría tenido contacto defensivo de agresión con dos personas.

Esto generó, afirma el abogado, que se pueden abrir hasta tres líneas de investigación, e indicó que al fragmentar las líneas de hipótesis del caso pueden provocar equívocos y conclusiones erróneas. También advirtió que la diligencia fue “descuidada” y que las conclusiones son “erróneas” por falta de investigación.

“Se enfoca el ejercicio de toda la acción penal en contra de una persona, descuidando y omitiendo otras que tendrían que dar una explicación total. En este caso no se ve ni el intento del MP de ver otras líneas de investigación”, indicó Ajcum.

Por sencillo que pueda parecer superar tal umbral, en siglo XVI no era tan fácil convencer a una muchedumbre de que poseías esa condición si alguien te apuntaba con un dedo tembloroso y gritaba: ¡bruja!, ¡bruja!, ¡bruja!

Tan difícil debía de ser que muchas mujeres cruzaban Europa para llegar al pueblo holandés de Oudewater y probar que pesaban más que el aire. Allí las esperaba la prueba de la Heksenwaag: la balanza de las brujas.

La doctrina decía que las brujas podían volar porque, al carecer de alma, no tenían peso. Si al subir a la plataforma de madera el peso era normal, obtenían un certificado que descartaba su condición sobrenatural. Si no, habrían de enfrentarse a la sentencia de los llamados “juicios de Dios”.

Había otras balanzas, pero esta tenía cierta fama de imparcialidad. “Hay relatos de otros lugares en los que se manipulaba la balanza para que mostrara el ‘0‘ en el cuadrante”, explica Marja Kingma, conservadora de las colecciones germánicas de la British Library, en un informe para dicha institución.

Muchos pesajes debieron de permanecer en este número ingrávido, pues los historiadores cuentan que al menos entre 80.000 y 100.000 personas fueron llevadas a juicio por brujería entre los años 1400 y 1750.

De ellas, alrededor del 80% eran mujeres, según las investigaciones de Geoffrey Scarre, especialista de la Universidad de Durham (Reino Unido). Y al menos la mitad de las personas enjuiciadas sufrieron la agonía de ser consumidas por las llamas y la tortura.

En Europa, balanzas como la de Oudewater hoy son solo una atracción para despreocupados turistas que se pesan y consiguen su certificado de recuerdo. Pero la caza de brujas está lejos de ser algo del pasado.

Para muchas mujeres la pesadilla de ser perseguidas por el supuesto de ser brujas no ha terminado: la ONU advierte de que miles son asesinadas cada año en el mundo bajo esta acusación.

Esta es la historia de la matanza de las brujas, una violencia que, a pesar del ropaje de lo mágico y la superstición, no logra ocultar una distinción esencial para entender el fenómeno: la dimensión de género.

Por encima de esos supuestos poderes sobrenaturales y malvados, muchos investigadores argumentan que las mataban por ser mujeres.

Un “feminicidio” anterior al propio concepto y cuyos hilos llegan hasta nuestros días.

‘El martillo de las brujas’

La mañana del 29 de octubre de 1485, el inquisidor Henry Institoris y otros dignatarios eclesiásticos comenzaron a reunirse en la gran sala de reuniones del Ayuntamiento de Innsbruck (al oeste de Austria).

Estaban allí para presenciar el interrogatorio de Helena Scheuberin, una mujer sospechosa de practicar la brujería que se sentaría en el banquillo de los acusados juntos a otras 13 personas.

Era una mujer atrevida e independiente. No temía decir lo que pensaba e incluso había osado interrumpir un sermón de Institoris para decirle públicamente que era una persona malvada.

Era acusada de tener amantes. Muchos. Y de matarlos con sus poderes, bramó el inquisidor.

La inmoralidad sexual y la brujería son dos conceptos inseparables, arguyó Institoris dirigiéndose a ella. Pero Scheuberin no se amilanó y volvió a despreciarle de manera retadora ante el tribunal.

Institoris prosiguió con su relato, interrogando sobre las prácticas sexuales de la supuesta bruja, aportando detalles escabrosos, poseído por una creciente cólera que comenzó a incomodar al resto de prelados hasta tal punto que el representante del obispo, irritado, le ordenó que detuviera ese espectáculo.

El juicio acabó mal para el inquisidor, pues la comisión liberó a Scheuberin. Había sido humillado.

No debía volver a pasar. Institoris, al que la historia lo conoce también por su nombre en alemán (Heinrich Krämer), se propuso no dejar escapar jamás a una bruja y se encerró en la ciudad de Colonia (Alemania) a escribir, junto al monje dominico Jacob Sprenger, “uno de los textos medievales más conocidos, más citados y, de hecho, más infames: ‘Elmartillo de las Brujas, el Malleus Maleficarum'”, como lo define el historiador Hans Peter Broedel, quien narra esta historia en su libro “El Malleus Maleficarum y la construcción de la brujería”.

Publicado en 1487, se reeditó una quincena de veces y se distribuyeron 30.000 ejemplares por toda Europa en esos años de cacerías supersticiosas, cuenta la escritora Mona Chollet en su obra “Brujas. ¿Estigma o la fuerza invencible de las mujeres?“

“Durante aquella época de fuego, los jueces lo utilizaban en todos los procesos. Planteaban las preguntas del ‘Malleus’ y oían las respuestas del ‘Malleus”, explica.

El momento era propicio. En 1484, el Papa Inocencio VIII había emitido una bula que permitía la violencia contra las brujas y el tratado de los dos monjes aspiraba a dar un método a los inquisidores.

“Entre el año 900 y el 1400, las autoridades cristianas no estaban dispuestas a admitir que las brujas existieran, y mucho menos a juzgar a alguien por el delito de serlo”, relatan los investigadores Peter T. Leeson y Jacob W. Russ.

Pero a partir de ahí, durante aproximadamente tres siglos, las brujas iban a estar en todas partes para la Iglesia.

Especialmente entre los años 1560 y 1630, cuando se produjeron más del 60% de aquellos juicios, según el análisis de 43.000 actas en 21 países europeos recopiladas en su investigación para The Economic Journal.

Geográficamente, más de la mitad se produjeron “en un radio de 500 kilómetros en torno a la ciudad de Estrasburgo (Francia)”, precisan (ver gráfico).

No hay un consenso entre los historiadores sobre los motivos que llevaron a este cambio de postura sobre las brujas.

Se relaciona con un proceso más amplio en que la Iglesia vio en riesgo su poder.

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Eran los tiempos de la Reforma Protestante y la Contrarreforma, de las guerras de religión europeas y del surgimiento de los estados modernos absolutistas, con su intento secularizador y las aspiraciones científicas del Renacimiento.

“Concurren causas históricas, legales, religiosas, económicas, intelectuales y sociales que marcaron a ciertos sectores o grupos vulnerables como ‘chivos expiatorios”, explica Norma Blazquez Graf en su libro “El retorno de las brujas”.

Pero pone el énfasis en “un hecho muy importante: la cacería de brujas fue un fenómeno que afectó en su mayoría a mujeres”.

“La Gran Caza” había comenzado.

¿Por brujas o por mujeres?

“El ‘Malleus Maleficarum’ es uno de los primeros libros en la historia de la humanidad en que se compendia criminología, un código penal y uno procesal.

“Dice qué es un delito (en este caso la brujería), por qué lo es y cómo hay que perseguirlo”, le explica a BBC Mundo Pablo Ernesto Rossi, fiscal de la provincia de Buenos Aires y docente e investigador de la Facultad de Derecho de la UBA.

“Tiene una característica muy importante: está pensado para inquisidores y es sumamente sincero sobre su trasfondo, pues explicita que la persecución está dirigida a las mujeres”, sostiene.

“Aduce con obsesión que la mayor parte de las brujas son mujeres y no hombres. Y dedica todo un capítulo a explicar que las mujeres son seres inferiores y por eso al demonio le es más fácil lidiar con ellas, especialmente si son pobres”, desarrolla Rossi.

“Las notas manuscritas de las sesiones de tortura describen un perfil claro: mujeres, pobres y generalmente solteras o viudas”.

Pero, ¿por qué a las mujeres?

“El libro y la época reflejan una creciente angustia masculina sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción humana: el conocimiento del embarazo, de dirigir el parto, incluso las hierbas abortivas… todo eso era dominio de la mujer”, desvela el profesor de la UBA.

Había una determinación para que “todo el universo del nacimiento dejara de estar en manos de la mujer y pasara a la figura del médico, encarnada por el hombre, que tenía acceso a la educación”.

El salto a lo sobrenatural estaba abonado entonces. Dice el“Malleus”: “Las parteras son las que causan mayores daños […], cuando no matan al niño, entonces, obedeciendo a otro designio lo sacan fuera de la habitación, lo levantan en el aire y lo ofrecen al demonio”.

Con esta línea de análisis coincide Blazquez Graf, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México.

“Las mujeres acusadas de brujería habitualmente tenían un oficio, solían ser cocineras, perfumistas, curanderas, consejeras, campesinas, parteras o nanas, y realizaban sus actividades a través del desarrollo de conocimientos que les eran propios“, cuenta en su libro.

Así, sabían distinguir las plantas, conocían métodos para destilar remedios curativos o eliminar venenos, suministraban anticonceptivos y practicaban abortos…

“No son casuales las frecuentes representaciones de las brujas donde aparecen junto a un caldero, pues la mayor parte de los ingredientes de la hechicería, igual que las comidas, se cocinaban en ese tipo de recipientes”, describe Blazquez.

Daba igual usar el caldero para el bien o para el mal en lo que respecta a estas mujeres. El “Malleus” no hacía distinción de comportamientos, pues “no te juzgaba por tus actos, sino por lo que eras”, asevera por su parte Pablo Ernesto Rossi, de la UBA, en conversación con BBC Mundo.

Sus páginas lo dejaban claro: “Hay brujas que hieren y curan, otras hieren, pero no pueden curar, y otras sólo curan […] A causa del juramento prestado al diablo, todas las obras de las brujas, incluso las buenas en sí mismas, deben ser consideradas como malas”.

La caza de brujas llega a América Latina

En las Américas del colonialismo la quema de brujas “no fue un fenómeno masivo” como lo fue en algunas partes de Europa, en donde la “ilegitimidad del poder de las mujeres era enfrentado a través de la cacería de brujas, en las que se convertían en un blanco principal de la persecución y el exterminio”, relata la investigadora Ana Carolina Palma en una investigación de la Universidad Icesi de Colombia.

Sin embargo, las mujeres del llamado Nuevo Mundo no fueron ajenas al fenómeno, teniendo muchas que sufrir las acusaciones de brujería de los tribunales de la Inquisición que llevaron los españoles a Lima, México y Cartagena de Indias.

Cuando los españoles llegaron a la región, ya existía allí una antiquísima tradición mágica, ligada a sus propias visiones de la religión y la medicina, que acabó mezclándose con las propias supersticiones de los españoles e, incluso, las de los esclavos negros provenientes de África.

“Irónicamente, los conceptos europeos de Satanás y los supuestos poderes de las brujas comenzaron a injertarse en la cosmovisión de los pueblos indígenas“, revela la especialista Irene Silverblatt en sus investigaciones.

Los años se convirtieron entonces en décadas y estas en siglos, acabando los valores ilustrados con los enjuiciamientos sistemáticos y oficiales contra las brujas en Europa y en América Latina. Y, sin embargo, la violencia contra estas mujeres no iba a desaparecer.

Esta confluencia de supersticiones dejó un poso cultural en las poblaciones latinoamericanas, que siguieron creyendo en las brujas y en sus conexiones con el diablo.

Así, tan tardíamente como a mediados del siglo XX, las brujas seguían muriendo en la región.

No ya en tribunales rodeados de sotanas, sino “en linchamientos y torturas” a manos de masas furiosas que las usaban de chivo expiatorio de todos sus males, le explica a BBC Mundo Gema Kloppe-Santamaría, historiadora y docente de la Universidad de Loyola (Chicago).

Y el México posrevolucionario es un ejemplo ilustrativo de ello.

Linchamientos populares

En agosto de 1941, a Lucero Curiel la sacaron a rastras de su casa en el pueblo de San Juan del Mezquital en Zacatecas.

Las piedras y los palos amorataron en seguida el cuerpo de la anciana, que sentía los gritos y golpes de la muchedumbre, de los mismos vecinos que en tantas ocasiones habían acudido a ella en busca de brebajes que curaran sus enfermedades y atrajeran la buena fortuna.

Estaban convencidos de que era la culpable de la muerte de varias personas del pueblo. Antes de que Lucero pudiera explicarse, el fuego subía ya por sus faldas.

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Si alguna vez tuvo poderes sobrenaturales, Clara Fonseca no vaticinó que en julio de 1944 se le moriría en sus brazos aquel niño, enfermo de meningitis, hijo de una influyente familia en La Purísima (Puebla). Palos, piedras y cuchillos de una turba dieron cuenta de que no era una “verdadera curandera”.

Tampoco Micaela Ortega previó años antes en Acajete (Puebla) que aquellos hierros incandescentes y los machetes desfigurarían su cara y su cuerpo cuando un grupo de hombres, incluido el alcalde, la arrastraron a la calle delante de sus hijos en aquel mes de noviembre de 1934.

Si aún vivía, el fuego se encargaría del resto. Se sabe de ella que era espiritista, socialista y que quería convertir la iglesia de la localidad en una biblioteca.

Con multitud de casos similares se topó Kloppe-Santamaría al remover los archivos policiales y la hemeroteca de los años que transcurren entre 1930 y 1950, para la investigación que dio forma a su libro “En el vórtice de la violencia: linchamientos, justicia extralegal y estado en el México posrevolucionario”, un periodo clave para entender el arraigo de la violencia en el país, según sus palabras.

Y algunas de las preguntas que le surgieron fueron: ¿por qué una violencia tan cruel contra estas mujeres? ¿Qué tenían en común?

“Estas mujeres eran vistas como transgresoras, se alejaban del rol que se esperaba de ellas en la época. Desafiaban las nociones de sumisión, domesticidad, pasividad y cuidado maternal que esperaban de las mujeres sus coetáneos”, le explica Kloppe a BBC Mundo.

Hay que tener en cuenta que había “una posición ambivalente” en torno a estas brujas o curanderas:

“Por un lado, eran personas influyentes a las que acudían en busca de ayuda debido a las supersticiones, pero por el otro eran percibidas como subversivas, desafiaban el dominio de los hombres en la esfera pública y privada”.

Y el tipo de violencia, el ensañamiento, estaban cargados de simbolismo.

“A estas mujeres había que ‘sobrematarlas”, precisa la historiadora, que incide en esa doble dimensión.

“La creencia en lo sobrenatural hacía que tuvieran que impedir que el espíritu de la bruja volviera a vengarse, por eso había que quemarlas, pero también se trataba de mandar un mensaje a la mujer: este tipo de conductas no serán toleradas. El que la matanza fuera un acto social y público, en la calle, tenía un objetivo ejemplarizante“.

La caza de brujas hoy en día

En América Latina este tipo de violencia contra las brujas desapareció, por lo general, en la década de los 70 y 80, precisa la investigadora.

Pero las matanzas por brujería están lejos de desaparecer aún hoy en otros lugares del mundo.

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“En demasiadas comunidades, ser catalogada como bruja equivale a recibir una sentencia de muerte”, señalan las conclusiones de un comité de expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el pasado mes de septiembre presentó un informe sobre las cazas de brujas en nuestros días.

El alcance real del fenómeno está lejos de conocerse, advierten, pues muchos de estos crímenes suceden en territorios de difícil acceso y envueltos en una gran opacidad.

Dicho comité ha documentado 22.000 víctimas que fueron acusadas de brujería en los últimos 10 años, pero están seguros de que es solo la punta del iceberg.

Según sus datos, sólo en Tanzania más de mil personas son asesinadas anualmente por este motivo. En India, entre el año 2000 y 2016, la policía registró 2.500 asesinatos por sospechas de brujería (120 el pasado año).

Y el informe de la ONU destaca otros países como República Democrática del Congo, Angola, Nigeria, Ghana y Kenia, donde se detectan estas prácticas y los datos son muy escasos.

También en anteriores informes, localizó persecuciones en Nepal o Papúa Nueva Guinea.

Hasta en 50 países se han registrado casos en la actualidad, siendo la caza de brujas legal en algunos de ellos. En Arabia Saudita, por ejemplo, se creó en el año 2009 una “Unidad Antibrujería” en la policía y sigue vigente la pena de muerte por esta acusación.

Los efectos de las acusaciones de brujería hoy siguen marcados por “una violencia extrema”, recoge el informe, que especifica sacrificios humanos, mutilaciones, torturas y asesinatos.

Las motivaciones son variopintas, no solo influidas por las creencias: “La persecución de supuestas brujas es un negocio lucrativo […], algunas figuras religiosas han alcanzado fortunas inmensas”, advierten.

Se pueden “cobrar exorbitantes honorarios” por exorcismos, por cazar a quien reciba la acusación de brujería o por sanar a alguien que supuestamente ha sido embrujado.

Incluso la covid-19 está provocando un incremento de estos crímenes.

“Las pandemias crean situaciones de miedo incertidumbre y desesperación. Esto abona el terreno para la proliferación de la superstición y lo irracional […]. Ya hay informes que sugieren que la covid-19 ha provocado un aumento de las acusaciones de brujería contra las mujeres [de la casta] dalit en la India”.

Pero, ¿quiénes son las víctimas actualmente? El perfil que describen estos expertos encuentra que sobresalen tres grupos primordialmente: niños (que son acusados de estar poseídos por el diablo), personas con trastornos mentales y discapacidades varias (incluye a los albinos) y mujeres.

Para una mujer, “la situación más peligrosa” en una sociedad con creencias de brujería es ser vista como “transgresora de la norma cultural”, sostienen los investigadores, que destacan como en algunos países, como India, las mujeres que viven solas y se mantienen por sí mismas en sus tierras suelen ser acusadas de brujas para arrebatarles sus posesiones.

“Transgresoras”, de nuevo. La acusación que persiste y se filtra una y otra vez por las rendijas de los siglos para continuar persiguiendo a estas mujeres en pleno siglo XXI. El infatigable martillo de las brujas.

Pobladores de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, Argentina, están conmocionados por el desenlace de un caso de doble feminicidio.

Se trata del caso de Jorge Vidal, de 29 años, capturado por las fuerzas de seguridad y acusado de haber matado a su exnovia y luego a la madre de esta.

Según la investigación de la Fiscalía, el doble crimen ocurrió el domingo 10 del mes en curso, cuando el hombre salió de su trabajo y se dirigió a buscar a su expareja, Jessica Palmas, 23.

La búsqueda terminó en la casa de una amiga de la mujer, cuando utilizó una escopeta para matar a Palmas de varios disparos.

Luego, se dirigió a la casa de la madre de su expareja, a quien también causó la muerte con el arma de fuego.

Las fuerzas de seguridad emprendieron la búsqueda del sujeto y fue interceptado a unos 300 kilómetros de la capital.

Luego de la captura, las autoridades comenzaron a revisar evidencias y encontraron una actividad inusual en su perfil de Facebook, pues resultó un seguidor de la Santa Muerte, un santo pagano no reconocido por cristianos, pero con miles de seguidores.

Las autoridades encontraron que el hombre pertenecía a unos 11 grupos y páginas de Facebook en los que se rendía culto a la Santa Muerte y se compartían imágenes de ritos y magia negra.

En 2008, esta mexicana tuvo que pasar de ser una madre que lloraba la muerte de su hija, Rubí Marisol Frayre, a convertirse en una activista de derechos humanos que buscaba justicia ante la inacción de las autoridades para esclarecer el caso.

La historia de Escobedo se reflejaba ahora, casi 10 años después de su asesinato, en el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, dirigido por Carlos Pérez Osorio, y que se acaba de estrenar en Netflix.

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Búsqueda de justicia

Rubí Marisol Frayre, hija de la activista, fue asesinada en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, en el norteño estado mexicano de Chihuahua. El asesino fue Sergio Rafael Barraza, quien era su pareja.

Barraza se deshizo de los restos de la joven en un tiradero de restos porcinos, donde fueron hallados meses después del crimen.

Ante la pasividad de las autoridades, Marisela Escobedo se convirtió en investigadora y emprendió sola una lucha para ubicar y traer ante la justicia a Barraza.

Lo encontró en el estado de Zacatecas y consiguió que fuera encarcelado en 2009.

Barraza se declaró culpable. Sin embargo, fue liberado meses después porque la fiscalía de Chihuahua no pudo comprobar el delito.

Un tribunal superior cambió la sentencia que permitió la liberación de Barraza, pero el agresor ya había escapado.

Escobedo entonces pasó a ser activista y símbolo de la lucha contra la impunidad en México.

Símbolo

Escobedo inició una serie de protestas para exigir la recaptura del asesino de su hija. Participó en marchas e hizo peticiones a las autoridades. En una ocasión se paseó por las calles de Ciudad Juárez con una foto del asesino de su hija pegado a su cuerpo.

Y tras haberlo intentado casi todo el 8 de diciembre de 2010 inició un plantón frente al palacio de Gobierno de Chihuahua.

Fue allí donde, el 16 de diciembre de 2010, un desconocido se acercó a Escobedo mientras esta colocaba unos carteles de protesta. Tras intercambiar unas palabras, la mujer empezó a correr. El hombre la alcanzó y la mató con un disparo en la cabeza, antes de huir en un auto que le estaba esperando.

Nunca llegó a ver al asesino de su hija entre rejas.

Barraza murió el 16 de noviembre de 2012 en un enfrentamiento con militares en el estado de Zacatecas, donde Escobedo había señalado una y otra vez que se encontraba el asesino de su hija.

Desde el 2010, la fiscalía de Chihuahua estaba en coordinación con la Interpol, y otras organizaciones como el ejército y la Policía Federal mexicana, para capturarlo.

El hombre también había sido señalado como autor intelectual del asesinato de Marisela Escobedo.

Por su parte, José Enrique Jiménez Zavala, presunto autor material de la muerte de Marisela Escobedo, murió en una cárcel, presuntamente estrangulado por su compañero de celda.

10 mujeres asesinadas al día

Para los creadores de Las tres muertes de Marisela Escobedo, el documental resulta un ejemplo de las fallas de la justicia en México, un país donde son asesinadas 10 mujeres al día y en el que la impunidad en este tipo de casos es del 97%.

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“Sin duda, este documental muestra cómo el sistema de justicia en México está completamente podrido y lamentablemente sigue así”, dijo la productora Laura Woldenberg, en una entrevista con la agencia Efe.

“Si el feminicidio (de Rubí se hubiera atendido en ese momento, si se hubiera investigado con perspectiva de género, ahí habría acabado la historia”.

Rubí fue reconocida como una de las “muertas de Juárez”, que engloban a las más de 700 mujeres que fueron asesinadas entre la década de 1990 y la de 2000, pero hoy ya reconocidos como feminicidios, asesinatos por violencia machista o de género.

“Diez años después la situación cambió: ya tenemos el término feminicidio, ya entendemos que esto es un problema nacional, que es un tema de violencia de género pero tenemos 10 asesinatos violentos a mujeres al día”, describió Woldenberg.

La historia de Escobedo es una fotografía de lo que sucede en México, donde muchos cuestionan las fallas del sistema judicial, que a veces lleva a las víctimas de crímenes a buscar justicia por cuenta propia.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 11 de octubre del 2017, Gladys Angélica Rodríguez Gutiérrez llegó a una agencia bancaria para comprar €500 y gestionó la adquisición de dólares americanos, sin pensar que era vigilada por uno de los delincuentes.

Momentos después, Rodríguez Gutiérrez salió de la agencia y aborda su carro, pero los delincuentes le dan seguimiento en varios vehículos y una motocicleta hasta alcanzarla en un sector de la colonia Las Charcas, zona 11, donde fue ultimada, señala la investigación.

Los sindicados del delito de asesinato son Rubén Darío de León González, Antonio Raúl Tocay Yumán, Ricardo Francisco Pérez Pérez, Jorschua Josué Morales Santos.

la Fiscalía contra el Delito de Femicidio señala que Ricardo Francisco Pérez Pérez fue quien disparó contra Rodríguez Gutiérrez y luego la despojó de sus pertenencias. Después huye del lugar a bordo de una motocicleta que era majeada por otro sujeto.

“Con el resultado de la etapa intermedia del caso conocido como “Química Bióloga”, el Ministerio Público por medio de su personal fiscal, reitera su compromiso en dar seguimiento a todos los delitos que se cometen en contra de las mujeres”, señala la Fiscalía.

Era un programa de noticias que informaba del secuestro y asesinato de la niña Fátima, de 7 años de edad, un caso que conmocionó a México y que desencadenó una inédita movilización policial para capturar a los responsables.

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La fotografía que vio Irma era la de quienes, según la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCM), eran sospechosos del crimen.

Se trataba de Gladys Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, sus huéspedes.

La mujer contó en entrevistas a medios locales que miró a la pareja y con voz dura los confrontó.

“¿Qué hicieron?”, preguntó, pero solo hubo silencio como respuesta. Irma, entonces, le pidió a la esposa de su sobrino que ambos se entregaran, pero se negaron.

Irma entonces volvió a encararlos: “Díganme la verdad, ustedes hicieron esa infamia ¿verdad?“. La mujer relató que después de eso, su reacción fue de aceptación.

“¿Quién la mató?”

El gesto sacudió a la mujer, pero se repuso. “Lo estoy viendo en la tele, ¡me van a decir quién mató a la niña!”, insistió. “¿Quién la mató?”.

Mario, entonces, acusó a su esposa. “Fue ella”, pero después confesaron que los dos asesinaron a la niña.

Ese fue el inicio de la captura de quienes en ese momento eran las personas más buscadas de México.

Irma salió de su casa, junto a un cerro en el municipio Isidro Fabela del estado de México, y pidió a un hermano que buscara a la policía. “Voy a entregar a Giovanna y a Mario, ellos son los que están en la tele”, dijo.

La pareja trató de huir, pero en ese momento llegaron varios policías municipales, a quienes Mario ofreció 500 pesos (US$27) para que los dejaran libres.

Fue inútil. La pareja fue detenida por cohecho, y un juez ordenó después su captura por el secuestro y asesinato de Fátima.

La FGJCM anunció que solicitará la pena máxima para la pareja, que de ser encontrada culpable podría recibir una sentencia de entre 80 y 140 años de prisión.

Conmoción

El asesinato de Fátima es uno de los casos que más indignación ha causado en el país en los últimos años.

La niña de 7 años desapareció el 11 de febrero al salir de la escuela, mientras esperaba a que su madre la recogiera.

Una mujer que posteriormente fue identificada como Giovanna, se le acercó, la tomó de la mano y empezaron a caminar.

El momento fue registrado por cámaras de seguridad del Gobierno de Ciudad de México. La pareja caminó por algunas calles y luego abordó un automóvil blanco.

A partir de ese momento nada se supo de la niña hasta el sábado 15 de febrero, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida con huellas de abuso sexual y tortura.

Estaba dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico, a menos de 5 kilómetros de su escuela.

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Las autoridades emprendieron una amplia operación para encontrar a los responsables del crimen.

Las pistas les llevaron al sitio donde vivían Mario y Giovanna, cerca de la casa de Fátima. Allí encontraron la ropa de la niña y restos de sangre, que resultaron ser de ella.

La cacería de la pareja se extendió a las estaciones de autobuses de la capital y estados vecinos, así como el aeropuerto de Ciudad de México. También se emitió una alerta para las fronteras del país.

La operación terminó cuando Irma Reyes entregó a Mario y a Giovanna.

Indignación

En algunas entrevistas, Irma Reyes explicó que la pareja confesó por qué secuestró a la niña, y cómo terminó por matarla.

Giovanna le dijo que su esposo “quería un regalito, una novia joven que le durara para siempre”.

La mujer alegó que tenía miedo porque su pareja había amenazado con abusar de los hijos de ella, por eso dice que decidió llevarle a Fátima.

“Me dijo que iba a verlo con una de mis hijas. Me espanté y fui y se la traje”, le contó a Irma.

La pareja le aseguró que no tenía intención de asesinar a la niña, pero que cuando se dieron cuenta de que su familia la buscaba decidieron terminar con su vida.

Después se fueron con sus hijos a la casa de Irma. Mario tenía varios años de no ver a su tía, después de que su padre se suicidara en ese lugar.

La mujer cuenta que recibió a la familia sin problema por el recuerdo de esa muerte. Pero cuando supo por qué buscaban su ayuda, cambió de opinión.

No está claro si la decisión de entregarlos a la policía municipal de Isidro Fabela fue definitiva en el caso.

Las autoridades ya seguían el rastro de la pareja e incluso ubicaron con drones la casa donde se escondían.

Mario y Giovanna permanecieron 48 horas en una cárcel del vecino municipio de Atizapán acusados de cohecho.

Este viernes fueron trasladados a Ciudad de México donde serán encarcelados en la prisión de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la capital, para ser sometidos a juicio.

En las afueras de la FGJCM se reunieron decenas de personas que los insultaron y exigieron para ellos la mayor pena de cárcel.

El hombre detenido, identificado como Francisco Robledo, de 46 años, fue encontrado con manchas de sangre y ante el cuerpo de Escamilla, quien presentaba múltiples laceraciones de arma blanca.

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El asesinato ocurrió el domingo pasado, pero las fotos de la víctima fueron publicadas en las portadas de tabloides de Ciudad de México, lo que ha aumentado la indignación de muchos en México por este feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que al menos seis personas, policías y fiscales, están siendo investigadas por la filtración de las imágenes.

En redes sociales se ha hecho un llamado a compartir el rostro de Ingrid Escamilla en lugar de las violentas fotos del feminicidio.

El cuerpo violentado de Ingrid Escamilla fue expuesto en los medios y en las redes sociales, el sexismo la revictimizó y justificó al agresor. Las víctimas de violencia machista necesitan justicia y el actuar ético de los medios y la sociedad. #NiUnaMenos #JusticiaParaIngrid pic.twitter.com/M8f0wDVohd

— Museo Memoria y Tolerancia (@MuseoMyT) February 11, 2020

Hice este retrato porque así es como deberías haber sido recordada y no de la manera en que te revictimizaron.
Más de una de nosotras no durmió por pensarte, sin conocerte nos doliste, nosotras seremos tu voz ahora.
Descansa en paz, Ingrid. #IngridEscamilla #ingrid pic.twitter.com/1t9f7TKgVk

— sofia (@sofiaweidner) February 11, 2020

Los asesinatos de mujeres por motivos de género han crecido 137% en los últimos 5 años en México, dijo el fiscal general Alejandro Gertz el lunes, durante una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Aunque ahí no se abordó el caso de Ingrid Escamilla, el hecho de que Gertz sugiriera que hay que cambiar la forma en que se investiga el feminicidio y solo mantener la tipificación de homicidio, y que AMLO declarara que “se ha manipulado mucho sobre este asunto (los feminicidios) en los medios”, también generó más indignación.

La confesión de Francisco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) de la capital mexicana informó que la mañana del domingo recibió la alerta de una “agresión a una mujer” en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al llegar al lugar encontraron al presunto agresor con “visibles manchas” de sangre en su ropa y cuerpo, “por lo que de inmediato fue detenido”, indicó la SSC en un comunicado.

“En el lugar fue encontrado el cuerpo de una mujer de 25 años de edad, sin signos vitales y con visibles huellas de violencia”, añadió.

Un video divulgado en redes sociales muestra al detenido siendo interrogado en una patrulla.

Confiesa que tras una discusión con su pareja la noche anterior, ambos se agredieron con un cuchillo, pero finalmente él la mató y mutiló su cuerpo.

“No quería que nadie se diera cuenta. Con ese mismo cuchillo con el que me golpeó se lo enterré”, dice el presunto asesino, quien además afirma que tiró por el drenaje las partes corporales de la mujer.

Decidió hacerlo para borrar las pruebas, además de que sintió “vergüenza, miedo”, afirma.

Las fotos en la prensa

El tabloide Pásala tituló en su portada del lunes “La culpa la tuvo Cupido”, pues el asesinato ocurrió “a unos días de San Valentín”, y colocó una foto grande y explícita del cuerpo de la víctima.

El diario La Prensa (de ese país) decía “Descarnada”, con tres fotos ocupando toda la portada: una del detenido, otra del cuerpo de la víctima, y una más del edificio de departamentos donde vivían.

Ante estos y otros titulares de los diarios de nota roja, colectivos y mujeres han encabezado las expresiones de repudio en redes sociales por la divulgación de las fotos y la forma de abordar los feminicidios en algunos medios de México.

https://twitter.com/jeremy_renaux/status/1227250740294553600

Nelly Montealegre, subprocuradora de atención a víctimas de la FJG, informó este martes que seis personas -entre ellas policías de la SSC y policías de investigación de la FJG- están siendo investigadas, pues eran quienes “estaban al cuidado de la información que se violentó”.

Podrían enfrentar una sanción penal o administrativa, dependiendo de su nivel de responsabilidad.

Al menos quienes editan medios tienen el poder de decisión sobre si publicar ciertos contenidos (el video, las fotos de Íngrid) tiene un valor informativo o no —creo que no lo tienen—; responsabilizar a quien «los filtró» es de lo más cobarde. #JusticiaParaÍngrid

— Paulina Chavira (ella) (@apchavira) February 11, 2020

Indignación por las terribles fotos

Por Ana Gabriela Rojas, corresponsal de BBC Mundo en México

El caso en México causó gran conmoción. Que las fotos del cuerpo de la víctima fueran filtradas aumentó la ira e indignación.

Las imágenes son terribles, muestran el cuerpo de Ingrid como supuestamente lo dejó su pareja: desollada y con los órganos por fuera.

Algunos medios de comunicación las publicaron y también fueron enviadas por WhatsApp.

Muchos en el país coincidieron que ninguna víctima debe ser exhibida así, que esto revictimiza a la mujer, a su familia y a sus allegados, y que las fotografías no sirven más que para alimentar el morbo.

Además, hacer eco de estas imágenes es una apología de la violencia, una lacra contra la que México va perdiendo la batalla.

Un menor de edad fue puesto bajo “medidas de protección como víctima indirecta de los hechos”, pues fue testigo del asesinato de Ingrid Escamilla, indicó Montealegre. Reportes de la prensa indican que es un niño con autismo, hijo del sospechoso.

“El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante”, dijo en Twitter la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena.

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 11, 2020

El año pasado en la capital mexicana se reportaron 68 casos de feminicidio, una tasa de 1.44 casos por cada cien mil habitantes, la decimocuarta de los 32 estados del país.

A nivel nacional la cifra llegó a los 976 casos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero múltiples organizaciones dicen que los casos que no se reportan elevan el número considerablemente.

También critican el hecho de que la gran mayoría de los casos nunca se resuelven y solo un pequeño porcentaje de los autores son llevados ante la justicia.

“Se ha manipulado mucho”

La noticia del asesinato de Escamilla se conoció el mismo lunes en que, por la mañana, el presidente López Obrador dijo que el tema de los feminicidios “se ha manipulado” por medios críticos de su gobierno.

El mandatario respondía a las preguntas de periodistas sobre los planes del fiscal Gertz para cambiar la forma en que se clasifican los feminicidios.

“Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos desde luego, los que no nos ven con buenos ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa”, dijo.

Gertz explicó que su intención no es eliminar la persecución de feminicidios, pero sí que es preferible cambiar la tipificación de los asesinatos de género contra mujeres para facilitar su investigación.

Señaló que en la ley actual se deben cumplir más condiciones para judicializar un caso como feminicidio que como homicidio, lo que hace más lenta la justicia para las mujeres.

“Deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad”, expuso.

Sin embargo, su planteamiento aún no ha sido abordado en el Congreso que modificaría la ley.

Cada 18 horas una mujer muere asesinada en este país.

En este documental, la periodista de BBC Mundo Patricia Sulbarán viaja a San Salvador para conocer de primera mano el caso, e indagar sobre las razones por las que El Salvador es el país con más feminicidios de América Latina.

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