La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó amparo provisional que requirió la Feci en contra de la resolución que rechazó el antejuicio en contra del diputado Felipe Alejos, del bloque Todos, por su presunta vinculación en el caso denominado Traficantes de Influencias. El pleno que conoció de la acción legal estuvo presidido por Dina Ochoa e integrado por suplentes.

En la parte resolutiva del fallo se lee: A juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable, y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”.

Luego de esta resolución, el proceso seguirá su trámite normal hasta que los magistrados del máximo ente en materia constitucional resuelva en forma definitiva.

Antecedentes

En 2018, el Ministerio Público en conjunto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron de una supuesta participación del congresista Felipe Alejos en el caso denominado Traficante de Influencias.

Dicha carpeta judicial detalla sobre una estructura integrada por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y particulares que se beneficiaron con el cobro de comisiones ilegales por unos Q 19 millones a cambio de agilizar el trámite de expedientes de devolución de crédito fiscal.

Por los referidos señalamientos la FECI presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de Alejos, el cual ha sido rechazado en 4 oportunidades por la CSJ, argumentando que de acuerdo con el análisis de las interceptaciones telefónicas que vinculan al Parlamentario, el número le pertenecía a otra persona.

EE.UU. lo incluyó en la Lista Engel

En julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyo a Felipe Alejos y a su familia en la Lista Engel, la cual señala a personas que participan en actos de corrupción, y les niega el ingreso a EE.UU. y pueden recibir otras sanciones.

El 26 de abril de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Felipe Alejos, diputado al Congreso de la República, a quien señalan de ser colaborador cercano de Gustavo Adolfo Alejos.

Felipe Alejos, diputado de Todos, reaccionó este 27 de abril a las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente interferir en el proceso de elección de cortes judiciales de Guatemala.

Alejos dijo en rueda de prensa que no hará comentarios porque no ha sido notificado por Estados Unidos respecto a la sanción. “Me enteré por los medios”, apuntó el legislador, pero agregó que no ha sido notificado oficialmente. “Básicamente la información que tienen ustedes, los medios de comunicación, es la que yo tengo”, sostuvo.

Para Estados Unidos, Alejos, así como el exfuncionario Gustavo Alejos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

El Tesoro estadounidense dijo que Alejos y Alejos son designados de conformidad con la Ley Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

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“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Recalca además que estas sanciones se enmarcan en los esfuerzos liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para abordar las causas de la pobreza y migración irregular desde Guatemala, El Salvador y Honduras.

Añade que los compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de Derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido -que sancionó a Alejos- y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

Este lunes 26 de abril el Gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana por el papel que han jugado para promover la corrupción en Guatemala.

Estados Unidos sancionó tanto a Gustavo Alejos como a Felipe Alejos, mientras que el Reino Unido, solamente a Felipe Alejos.

Según un comunicado de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken., Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones de Guatemala.

Gustavo Alejos se desempeñó como jefe de gabinete de la administración presidencial de Álvaro Colom 2008-2012, y Felipe Alejos es un delegado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.

El documento agrega que ambos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

Ley Magnitsky

El comunicado detalla que Gustavo Alejos y Felipe Alejos son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Según se lee en el comunicado, estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción, como parte del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar mejoras en la gobernabilidad en Guatemala.

Hace referencia a que estos esfuerzos son liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Añade que estos compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

La sanción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que detalla la sanción que se aplicará a Gustavo y Felipe Alejos.

La información da cuenta que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos o bienes.

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el autoenriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, según cita el comunicado.

Agregó que:  “Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial”.

Reino Unido sanciona a Felipe Alejos

El Reino Unido publicó este lunes 26 de abril su Reglamento Global anticorrupción, con el que sanciona a varios individuos alrededor del mundo, y en el listado incluye a Felipe Alejos Lorenzana.

Según un comunicado de la Embajada Británica en Guatemala, en su capacidad oficial, “Felipe Alejos Lorenzana se desempeñó como intermediario de funcionarios corruptos en un escándalo de corrupción a gran escala que involucró a la Administración Tributaria de Guatemala. Su conducta socavó la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza en Guatemala. Las sanciones incluyen la congelación de activos y prohibición de viajar”.

Esta designación se realiza en virtud del Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 del Reino Unido, lanzado este día y puesto en marcha para prevenir y combatir la corrupción grave. El Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 es legislación secundaria establecida en virtud de la Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 y estos reglamentos han reemplazado el sistema de sanciones de la UE.

La Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 establece que, en los casos en que el Secretario de Relaciones Exteriores “tenga información fidedigna que funcionarios de gobiernos extranjeros hayan estado involucrados en actos de corrupción significativa, se prevenga a los involucrados en hechos graves de corrupción, como Felipe Alejos Lorenzana, de entrar en el Reino Unido, así como impedir que sus activos puedan negociarse en el Reino Unido”.

El documento agrega que las acciones del Reino Unido apoyan los intereses de seguridad pública del Reino Unido y envían un fuerte mensaje político de que el Reino Unido considera que esta conducta es inaceptable.

Aclara que estas sanciones globales anticorrupción van dirigidas a personas, no a países y que actualmente el Reino Unido no tiene otras sanciones contra ciudadanos guatemaltecos.

“Estas medidas se han tomado en parte conjuntamente con los Estados Unidos, que hoy también anuncian nuevas sanciones por corrupción. Actuar juntos envía la señal más clara posible de que la corrupción tiene un alto precio”, cita el comunicado.

Agrega que el Reino Unido sigue apoyando iniciativas que se alinean con sus propios valores de democracia, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho y que continuarán trabajando con Guatemala para fortalecer la relación económica bilateral y abordar otros temas de máxima prioridad, como enfrentar el cambio climático y seguir promoviendo la buena gobernanza.

Hace algunos días, el alcalde de Mixco, Neto Bran, solicitó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en lo que calificó como un caso de persecución política de parte del diputado Felipe Alejos Lorenzana, del partido Todos, agrupación de la que el jefe edil fue expulsado.

Este viernes 26 de marzo, Alejos respondió a una solicitud de la PDH sobre la supuesta persecución política hacia Bran, y en la carta el parlamentario expone las supuestas circunstancias que motivaron la expulsión del alcalde del partido Todos.

En el documento, Alejos expone que Bran contrató como asesor administrativo a su pareja sentimental con un salario de Q11 mil 450 mensuales; además, dice que dos hermanos de esta también laboran en la comuna mixqueña, algo que califica de inapropiado.

“Me comentó que esa situación le preocupaba porque por ser Guatemala un país conservador y mayormente cristiano, le afectaría en una virtual candidatura a un puesto de elección popular”, señala la carta.

Además, agrega que Bran le solicitó apoyo para defenderse de los antejuicios en su contra y que como respuesta le sugirió que “que buscara abogados”.

Resalta que Bran se incrementó al cien por cien el cobro por dietas junto a su Concejo. “Le mencioné que ganar un salario mensual en la municipalidad de más de Q60 mil, arriba de Q1 millón anual, contrasta con la realidad de su municipio, en donde faltan servicios básicos, como por ejemplo agua potable”, refiere.

El diputado @FelipeAlejos respondió a una solicitud de la @PDHgt sobre la supuesta persecución política hacia el alcalde @netobran. En la carta, Alejos expone las supuestas circunstancias que provocaron la expulsión del alcalde de @TODOSXGT pic.twitter.com/E8waW4opl5

— Alex Rojas (@alexr_pl) March 26, 2021

Sin argumentos

Luego de la publicación de la respuesta de Alejos a la solicitud de Neto Bran, el alcalde de Mixco respondió de forma escueta en sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación de Bran en Facebook, la respuesta y señalamientos de Alejos carecen de argumentos.

“Creí que tendrías mejores argumentos para responderle a la PDH, no no Felipe, le hubieras pedido a alguno de tus abogados que paga el congreso a responder mejor y usar buenos argumentos jurídicos!!”, posteó el jefe edil.

Un día después de que Estados Unidos incluyera al diputado Felipe Alejos Lorenzana en la lista negra de funcionarios señalados de corrupción, el parlamentario dijo que respeta las leyes de ese país, aunque asegura que no se le ha notificado del retiro de la visa.

“Soy respetuoso de las leyes y del Gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano, ellos están en su derecho de tomar cualquier decisión de esa naturaleza”, dijo Alejos.

“No puedo entrar en especulaciones, porque no tengo más información que la ustedes tienen”, respondió a la pregunta de periodistas sobre si le ha dado motivos a Estados Unidos para que se tomara eso decisión.

Agregó que lamenta que en esa medida se haya incluido a su exesposa, de quien se divorció “hace mucho tiempo.

Refirió que en el momento oportuno aclarará esa situación, pero no profundizó al respecto.

“No puedo opinar de algo que no se de qué están hablando”, agregó.

Alejos, primer secretario del Congreso, y la exdiputada Delia Bac fueron sancionados por el Gobierno de Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio. Así lo anunció el 28 de octubre Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en un tuit.

“Los actos de corrupción de Delia Bac y Felipe Alejos socavaron el estado de Derecho en Guatemala. Los estoy designando públicamente, junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos, como no elegibles para ingresar a Estados Unidos”, dice el mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense.

La designación publicada en la página web del Departamento de Estado dice que Alejos y Bac están implicados en “importantes actos de corrupción” y amplía: “la corrupción de los señores Alejos y Bac ha socavado el estado de Derecho y la fe de la población guatemalteca en su gobierno, en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país”.

A continuación, sobre Alejos, expresa: “mientras actuaba en su capacidad oficial como diputado en el Congreso de Guatemala, el señor Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses”.

Luego, sobre Bac, señala: “en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, la señora Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia”.

Así, las sanciones de Washington son la prohibición para que ambos, así como sus familias, puedan ingresar a Estados Unidos. Sobre Alejos, la designación alcanza a su esposa María Ximena Morales de Alejos y sus hijos menores de edad.

“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala. Apoyamos al pueblo guatemalteco en esta lucha. El Departamento seguirá utilizando estas autoridades legales para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos que operan con impunidad en la región y en todo el mundo”, resalta la comunicación.

La nota oficial detalla que las designaciones ante la participación directa o indirecta en corrupción significativa contra ambos políticos guatemaltecos se realizan bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94).

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, señalo en su cuenta de Twitter este miércoles 28 de octubre que “los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el estado de derecho en Guatemala”.

“Los estoy designando públicamente junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos como no elegibles para ingresar a los EE. UU.”, agregó.

En un comunicado de prensa, Pompeo manifestó: “Hoy anuncio la designación del primer secretario del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, y la exdiputada Delia Bac, por su implicación en importantes actos de corrupción. La corrupción de los señores Alejos y Bac ha socavado el estado de Derecho y la fe del público guatemalteco en su gobierno y en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su país”.

Añade que mientras actuaba en su capacidad oficial como diputado en el Congreso de Guatemala, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que perjudicó gravemente la actividad económica internacional de las empresas estadounidenses.

Mientras que en su capacidad oficial como diputada de 2008 a 2020, Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el progreso de ella y su familia.

Añade que estas designaciones se realizan bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94).

Según la Sección 7031 (c), una vez que el secretario de estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su participación, directa o indirecta, en corrupción significativa, esas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

La ley también requiere que el secretario de estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y a sus familiares inmediatos.

Además del señor Alejos, el Departamento designa públicamente a su esposa, María Ximena Morales de Alejos, y a sus hijos menores.

Resalta que estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Guatemala.

Apoyamos al pueblo guatemalteco en esta lucha. El Departamento seguirá utilizando estas autoridades legales para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos que operan con impunidad en la región y en todo el mundo, señala el comunicado.

The corrupt acts of Delia Bac and Felipe Alejos Lorenzana undermined the rule of law in Guatemala. I am publicly designating them along with Alejos’ immediate family members as ineligible for entry into the U.S. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Guatemala.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2020

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este 29 de junio a favor del diputado Felipe Alejos y mantuvo su inmunidad por cuarta vez.

Esta es la cuarta vez que la CSJ dice no a la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) para que el diputado de la bancada Todos sea despojado de su inmunidad por el caso Traficantes de influencias.

El fallo de hoy es en acato a un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que, por cuarta vez, le ordenó emitir una resolución en torno a la inmunidad de Alejos.

Así como en las tres anteriores, la CSJ no dio con lugar la solicitud de retiro de inmunidad, en sintonía con lo que el recomendó el juez pesquisidor Jorge Valladares.

Contexto

Pero esta resolución ocurre en momentos de crisis. A las puertas de la elección de magistrados de la Suprema y Apelaciones, magistrados suplentes de la Suprema dieron trámite a un antejuicio contra los magistrados titulares constitucionales Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana, por haber amparado al MP y ordenaron al Congreso que la elección de cortes debe ser mediante requisito constitucional de idoneidad, lo que se tradujo en 20 candidatos finalistas a magistrados que, según el MP, tienen impedimentos por haberse reunido con el operador Gustavo Alejos en febrero último.

Asimismo, la crisis escaló cuando la CC frenó el trámite del antejuicio en su contra al amparar a Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos; Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, y Acción Ciudadano, fallo que ha sido respaldado y cuestionado por abogados y organizaciones.

El señalamiento contra Felipe Alejos

El caso se remonta a enero de 2018. El MP asegura que Alejos fue intermediario entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresarios para agilizar el trámite de crédito fiscal.

El mecanismo era a través de un amparo por el cual un juzgado ordenaba a la SAT devolver los fondos.

Alejos esgrime que el antejuicio es ilegal porque el MP lo investigó sin respetar su derecho de antejuicio.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó, por cuarta ocasión, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emita una nueva resolución en el proceso de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, señalado en el caso Traficantes de Influencias.

La Corte declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (Feci) y le otorgó el amparo provisional solicitado, con lo cual queda en suspenso el fallo de la CSJ.

El 2 de marzo de 2020 durante una sesión extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia resolvió, por tercera vez, mantener la inmunidad de Alejos. Ya en dos ocasiones anteriores la resolución había sido favorable al parlamentario.

El primer fallo fue el 21 de noviembre de 2018, cuando la CSJ rechazó, por unanimidad, retirar el derecho de antejuicio a Alejos, algo que había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Feci señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución del crédito fiscal.

Actualmente, Felipe Alejos es el primer secretario de la junta directiva del Organismo Legislativo.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que “la orden de la CC es que la CSJ, en un plazo de tres días resuelva nuevamente el tema y que tome en consideración los agravios que fueron advertidos por la Fiscalía en esta acción constitucional de amparo”.

La CSJ acató la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que le ordenaba emitir una nueva resolución y llevó a cabo un pleno extraordinario para el efecto.

Alejos fue señalado por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público por ser el intermediario de una supuesta red criminal que operó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para “agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas”.

El legislador fue señalado en enero de 2018 por tráfico de influencias y cohecho activo, y desde esa fecha ha obstaculizado el avance del proceso. Para ello ha esgrimido que el proceso en su contra es político y se han violado sus derechos.

En dos oportunidades, el legislador planteó acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron rechazadas. Además, se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor y fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

Alejos es diputado de la bancada Todos y cuando el caso salió a la luz era el primer vicepresidente del Congreso.

En octubre de 2018 estaba citado a una audiencia, pero no asistió:

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, de nuevo, conozca y resuelva la solicitud de retiro de inmunidad de Felipe Alejos, diputado al Congreso señalado en el caso Traficantes de Influencias.

En un primer fallo, el 21 de noviembre de 2018, la CSJ, por unanimidad, rechazó retirar el antejuicio a Alejos, algo que ya había recomendado el juez pesquisidor Jorge Valladares.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) apeló esa resolución ante la CC, que ordenó a la Suprema conocer de nuevo el expediente y resolver. Así lo hizo la CSJ el 20 de mayo de 2019, y nuevamente favoreció a Alejos con una votación 9-3, con lo cual la nueva orden del tribunal hará que la Suprema conozca por tercera vez la causa contra el diputado de la bancada de Todos.

En la nueva legislatura que se instaló el 14 de enero último, Alejos fue elegido primer secretario de la junta directiva del organismo.

El caso

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se resistió en 15 ocasiones a comparecer ante el juez pesquisidor. Incluso fue multado por recusaciones malintencionadas y frívolas.

El MP señaló al diputado de Todos en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.