El documento de 49 páginas incluye 31 cargos separados de retención intencional de información de defensa nacional bajo la Ley de Espionaje.

Estos cargos tienen su origen en los cientos de documentos que Trump guardó en su casa de Florida después de dejar la presidencia.

Los archivos incluyen información sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos y sus aliados.

Los fiscales dicen que Trump llevó alrededor de 300 archivos clasificados a su propiedad en Florida, Mar-a-Lago, después de dejar la Casa Blanca.

Alrededor de 100 de ellos, algunos etiquetados como ultrasecretos, fueron incautados cuando el FBI registró esa mansión ubicada en Palm Beach en agosto pasado.

La acusación señala que Mar-a-Lago, un club de golf en Palm Beach, organizó eventos para decenas de miles de miembros e invitados.

El texto señala: “Los documentos clasificados que Trump almacenó en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; programas nucleares de Estados Unidos; vulnerabilidades potencialesa ataques militares de Estados Unidos y de sus aliados; y planes de posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”.

El club Mar-a-Lago de Trump “no era un lugar autorizado” para el “almacenamiento, posesión, revisión, exhibición o discusión” de documentos clasificados, dice la acusación.

Sin embargo, continúa, las cajas de documentos de Trump se almacenaron en lugares del club que incluyen “un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un depósito”.

Acceso a personas no autorizadas

En dos ocasiones en 2021, el expresidente mostró documentos clasificados a otras personas que no tenían autorización oficial para revisar este tipo de material, incluido un escritor y dos miembros del personal.

En su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, mostró y describió un “plan de ataque” que, según dijo, había sido preparado para él por el Departamento de Defensa.

“Como presidente, podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, supuestamente dijo Trump, según una grabación de audio.

La segunda vez que la acusación establece que Trump mostró documentos clasificados a otros fue “en agosto o septiembre de 2021”, en el club Bedminster.

El expresidente estadounidense “mostró un mapa clasificado a un representante de su comité de acción política que no poseía una autorización de seguridad para ello”.

Este mapa “se relacionaba con una operación militar” y Trump le dijo al representante que “no debería mostrárselo” y que “no deberían acercarse demasiado”.

La acusación dice que Trump trató de obstruir la investigación del FBI al sugerir que su abogado “ocultara o destruyera” los documentos o les dijera falsamente a los investigadores que no los tenía.

El asistente personal de Trump en Mar-a-Lago, Waltine Nauta, también está acusado. La acusación dice que el ex ayuda de cámara militar de la Casa Blanca trasladó los archivos para ocultarlos del FBI.

La reina Isabel II enfrentó una posible amenaza de asesinato durante una visita a Estados Unidos en 1983, según muestran unos documentos del FBI recientemente publicados.

La Oficina Federal de Investigaciones sacó a la luz una serie de archivos relacionados con los viajes de la difunta reina a los Estados Unidos, luego de su muerte el año pasado.

Muestran cómo el FBI, que ayudó a garantizar la seguridad de la monarca durante sus visitas, tenía como preocupación las amenazas del IRA (Ejército Republicano Irlandés) a la monarca.

Por ejemplo, los papeles revelan que hubo una amenaza de asesinato que se conoció a través de un agente de policía en San Francisco.

Según el expediente, un policía que frecuentaba un pub irlandés en San Francisco advirtió a los agentes federales sobre el reclamo hecho por un hombre que había conocido en el lugar.

El agente contó que este hombre, a su vez, le dijo que buscaba venganza por su hija que “fue asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma”.

Esta amenaza se registró el 4 de febrero de 1983, aproximadamente un mes antes de la visita de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, a California.

“El hombre iba a intentar dañar a la reina Isabel. Lo haría arrojando algún objeto al yate real, el Britannia, desde el puente Golden Gate justo cuando navegara por debajo. O la intentaría matar cuando visitara el Parque Nacional Yosemite”, describe el documento como testimonio de esta fuente.

Como respuesta a la amenaza, el servicio secreto planeó “cerrar las pasarelas del Golden Gate a medida que se acerca el yate”.

No está claro qué medidas se tomaron en Yosemite, pero la visita real se llevó a cabo.

El FBI no publicó detalles sobre arrestos por estos incidentes.

El documento, de unas 102 páginas, se subió el pasado lunes en Vault, el sitio web informativo del FBI, después de una solicitud hecha por medios de comunicación estadounidenses bajo el amparo de la ley de Libertad de Información.

Tensiones con Irlanda del Norte

Muchas de las visitas de Estado de la difunta reina a los EE.UU., incluida la de 1983 a la costa oeste, se produjeron durante el aumento de las tensiones en Reino Unido en medio de los disturbios en Irlanda del Norte .

En 1976, Isabel II estuvo en la ciudad de Nueva York para las celebraciones del Bicentenario de Estados Unidos.

De esa época, los documentos revelan cómo se emitió una citación a un piloto por volar un avión pequeño sobre Battery Park, en Nueva York, con un cartel que decía “Inglaterra, sal de Irlanda”.

Los archivos muestran cómo el FBI se mantuvo vigilante ante lo que consideraba las posiblidades reales de las amenazas a Isabel II.

No en vano, el primo segundo de la reina, Lord Mountbatten, quien fue político, diplomático y el último virrey de India, murió en un atentado con bomba perpretado por el IRA frente a la costa del condado de Sligo, en la República de Irlanda, en 1979.

En otra ocasión, en este caso antes de una visita de la reina por motivos personales a Kentucky en 1989, un memorando interno del FBI registraba que “la posibilidad de amenazas contra la monarquía británica siempre está presente por parte del Ejército Republicano Irlandés (IRA)”.

El memo continúa solicitando “a Boston y Nueva York que permanezcan alerta ante cualquier amenaza contra la reina Isabel II por parte de los miembros del IRA e inmediatamente proporcionen la alertas que haya a (la ciudad de) Louisville”, en Kentucky.

Se sabe que Isabel II, aficionada y propietaria de caballos de carreras, visitó el estado varias veces durante su vida para disfrutar de los aspectos ecuestres más destacados del lugar, incluido el famoso Derby de Kentucky.

En una visita de Estado en 1991, la reina tenía previsto ver un partido de béisbol de los Orioles de Baltimore con el entonces presidente George H. Bush.

Para esa ocasión, el FBI advirtió al servicio secreto que “grupos irlandeses” estaban planeando protestas en el estadio y que “un grupo irlandés había reservado una gran cantidad de entradas en la tribuna” para el juego.

La oficina del FBI informó al medio estadounidense NBC News que podría haber “documentos adicionales” además de los divulgados esta semana, pero no estableció un cronograma para su publicación.

El rapto de María del Carmen López, de 63 años, se conoce luego del reciente secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, (noreste), dos de los cuales murieron en cautiverio.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) reportó en su sitio web que López “fue secuestrada de su residencia en Pueblo Nuevo, Colima, México, el 9 de febrero de 2023” y ofreció una recompensa de US$20 mil a quien proporcione información que ayude a dar con su paradero.

La fiscalía de Colima informó la noche del jueves 17 de marzo en un comunicado que ha compartido información con autoridades federales, que asumieron las averiguaciones desde el 27 de febrero, y “con instituciones estadounidenses buscando el esclarecimiento de los hechos y salvaguardar la integridad” de López.

Hasta el momento la fiscalía general no ha respondido a las solicitudes de información de la AFP.

El pasado 3 de marzo, cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros por presuntos narcotraficantes.

Dos de los rehenes murieron en manos de sus captores al parecer por las heridas de bala que sufrieron al intentar fugarse poco después del rapto, mientras que otro sufrió una herida en la pierna. Los sobrevivientes fueron rescatados tras un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Según las autoridades mexicanas, las víctimas cruzaron a Matamoros porque una de ellas planeaba realizarse una cirugía estética.

A ese caso se sumó el de tres mujeres estadounidenses que fueron a vender ropa a un mercado en México y están desaparecidas, luego de cruzar la frontera el 24 de febrero, según una autoridad de Texas, Estados Unidos.

Estas mujeres, que residen en Texas, pretendían ir a Montemorelos, ciudad del estado de Nuevo León, noreste de México, a vender ropa en un mercado.

México sufre una ola de violencia recrudecida desde 2006, cuando el gobierno militarizó más su estrategia contra los narcotraficantes, que según expertos, optaron por diversificar sus fuentes de ingresos con secuestros y extorsiones.

Desde entonces México acumula unos 350 mil homicidios y decenas de miles de desaparecidos, mayoritariamente atribuidos al crimen organizado.

La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) incautó documentos en la residencia del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump el pasado 6 de septiembre, informó el medio The Washington Post.

Dichos documentos, afirma el medio, describían las “capacidades nucleares” y “fuerza militar” de una “potencia extranjera”.

The Washington Post citó fuentes anónimas cercanas al caso, y aseguraron que los documentos, que fueron encontrados en la residencia del exmandatario en Mar-a-Largo, Florida tenían un nivel de confidencialidad “alta”.

Afirmaron que únicamente el exmandatario y otros miembros de su gabinete tenían la potestad de autorizar a otros miembros de su gobierno el acceso a dichos documentos.

Los informes no detallaban el país que se hacía mención acerca de su “capacidad nuclear”.

El FBI afirma que esos expedientes tuvieron una “alta probabilidad de ser ocultos” en un intento de obstruir su investigación hacia el exmandatario y su presunto mal manejo del material “clasificado”.

FBI seized material at Mar-a-Lago on a foreign nation’s military defenses, including its nuclear capabilities, people familiar say https://t.co/KTzh4ywflU

— The Washington Post (@washingtonpost) September 6, 2022

Incluso un expediente judicial del gobierno estadounidense afirmó que los documentos eran de un carácter “tan delicado” que “el personal de contraespionaje del FBI y los abogados del Departamento de Justicia que realizaban la revisión requirieron autorizaciones adicionales antes de que se les permitiera revisar ciertos documentos“.

El FBI allanó la casa de Donald Trump luego de realizar una revisión de registros “altamente clasificados” que el expresidente entregó a las autoridades en enero.

El abogado de Donald Trump también hizo entrega de otros 38 documentos clasificados, además de una declaración jurada sobre lo que representaban esos expedientes.

Además de los expedientes, se encontraron  15 cajas requisadas con otros 184 documentos clasificados como “confidenciales”, “secretos” y “ultra secretos”.

El registro que realizó el pasado 8 de agosto el FBI en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, ha abierto no solamente una batalla política -en la que el exmandatario se presenta a si mismo como víctima de una persecución- sino que además ha puesto al descubierto un caso judicial de importantes dimensiones.

Durante el registro en Mar-a-Lago, los agentes federales recolectaron más de 20 cajas que incluían más de un centenar de documentos marcados con distintos grados de clasificación: desde confidencial hasta top secret.

La mayor parte de estos documentos fueron hallados en el cuarto de almacenaje y otros estaban en la oficina de Trump.

El registro de Mar-a-Lago se produjo luego de meses de negociaciones entre los Archivos Nacionales de Estados Unidos, dependencia a la que por ley pertenecen todos los documentos producidos durante cada presidencia, y los abogados de Trump.

En enero de este año, Trump entregó a los Archivos Nacionales 15 cajas con documentos y otros objetos. Tras su revisión, se encontró que entre ellos había 184 documentos clasificados, 25 de los cuales contenían información marcada como “alto secreto”.

Esto encendió las alarmas y derivó en una solicitud al departamento de Justicia para que investigara el posible manejo inadecuado de archivos confidenciales, lo que luego de numerosas gestiones derivó en la orden emitida por un juez que autorizó al FBI a realizar el reciente registro en Mar-a-Lago.

Según explicó Asha Rangappa, abogada y exagente del FBI, el hallazgo de más material de este tipo en la residencia de Trump, después de que supuestamente ya hubiera entregado todo el material que estaba en su poder, coloca al exmandatario en una situación compleja.

“Él está en un gran riesgo legal. Este es un caso bastante sencillo para el Departamento de Justicia en relación con las otras cosas por las que han investigado a Trump, porque es esencialmente una cuestión de posesión no autorizada de documentos gubernamentales e información sobre defensa nacional, y la prueba es simplemente su presencia en Mar-a-Lago“, explicó Rangappa a la BBC.

El miércoles, los abogados de Trump afirmaron en un documento enviado a los tribunales que el hecho de que Trump haya guardado archivos sensibles en su residencia en Florida “nunca debió haber sido causa de alarma”.

Además señalaron que el registro en Mar-a-Lago había sido “sin precedentes, innecesario y carente de soporte legal”.

Un elemento curioso que ha surgido recientemente en medio de esta investigación fue una fotografía contenida en un documento enviado a los tribunales por el Departamento de Justicia en la que se aprecian algunos de los materiales encontrados en Mar-a-Lago y que arrojan algunas pistas sobre este caso.

BBC Mundo te cuenta 3 cosas que muestra esta imagen.

1. ¿Dónde se hizo la fotografía?

La imagen muestra una alfombra negra con patrones florales dorados encima de la cual hay una serie documentos, algunos de los cuales tienen escrito en rojo “SECRET/SCI)” y otros “TOP SECRET/SCI”.

En la esquina inferior derecha se puede apreciar una caja en la que aparecen varios cuadros enmarcados del mismo tamaño, pero solo puede apreciarse el primero que muestra una portada de la revista TIME y que se corresponde con la portada de la edición de esa revista del 4 de marzo de 2019, en la que se muestran los rostros de los dirigentes del Partido Demócrata que en esa época aspiraban a competir con Trump en las elecciones de 2020.

El exmandatario es conocido por su gusto por tener portadas de TIME enmarcadas.

A la izquierda de la imagen se ve una suerte de persiana de color crema y lo que parece ser una cortina azul.

Ninguno de estos elementos, sin embargo, permite determinar a simple vista dónde se hizo la foto.

Sin embargo, el propio Trump confirmó que se trata de Mar-a-Lago, cuando este 31 de agosto se quejó en un mensaje publicado en su red social Truth Social acerca de la manera como estaban los documentos tirados sobre la alfombra.

“Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por el suelo (¡quizás aparentando que fui yo quien lo hizo!) y luego comenzó a tomarles fotografías para que el público los viera. ¿Pensaron que querían mantenerlos en secreto? ¡Suerte que los desclasifiqué!”, escribió.

2. ¿Cómo se hizo el registro?

Pese a las insinuaciones del exmandatario, esta manera de desplegar y fotografiar evidencias del material recuperado es una práctica usual del FBI que permite asegurar que cada objeto es tomado en consideración y catalogado de forma correcta.

Así, aunque a primera vista parezca que los documentos están esparcidos de forma azarosa, lo usual es que sean colocados de forma que puedan ser reconocidos por sus rótulos.

Un elemento que parece confirmar esto es el hecho de que en la parte inferior y central de la foto se aprecia una especie de regla en forma de L que permite dar a los investigadores una referencia acerca de cuál es el tamaño real de los objetos fotografiados.

Otro indicador es un pequeño cartel en papel colocado junto a los documentos que dice 2A. Esto sirve para señalar donde están siendo incluidos esos elementos en el inventario que se realiza con los objetos recabados durante el registro.

3. ¿Qué tipo de documentos encontraron?

Muchos de los documentos que se ven en la imagen tienen escrito en letras rojas “Secret”, pero en esto hay una gran variedad de posibilidades.

Según explica The Washington Post, el gobierno dispone de distintas portadas de colores que indican el nivel de clasificación de un documento que van desde azul (confidencial) hasta naranja (alto secreto).

En la fotografía se aprecian varios documentos con rótulos que dicen “SECRET/SCI” Y “TOP SECRET/SCI”

SCI es un código que indica que la distribución de ese material está controlado y que está restringido a un subgrupo dentro de las personas que tienen autorización para ver información de ese nivel (secreto, alto secreto, etc).

Algunos de los documentos fotografiados incluyen una inscripción que dice “UP TO HCS-P/SI/TK”. Esto quiere decir que incluye material que corresponde a estas categorías distintas.

HCS-P es un código que indica que la información fue obtenida a través de fuentes humanas de inteligencia. El Manual de Clasificación de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia señala que se usa para proteger las operaciones de inteligencia humana más sensibles, la información obtenida de fuentes clandestinas y/o a través de fuentes o métodos de inteligencia humana especialmente sensibles, y ciertas capacidades o tecnologías vinculadas o que se usan como apoyo a las operaciones de inteligencia humana.

SI es un código que quiere decir Inteligencia Especial y, concretamente se refiere a la información de inteligencia obtenida a través del monitoreo de las señales de comunicaciones extranjeras.

TK, por su parte, es un código que se usa para designar a la información que es obtenida a través de satélites espías.

Al menos uno de los documentos que se ve en la fotografía tiene inscrito el código “SECRET/ORCON-USGOV-NOFORN”. Eso indica que quien elaboró ese material controla su distribución (ORCON) y que este no puede ser compartido con gobiernos aliados (NOFORN).

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La Fiscalía de EE.UU. divulgó este viernes una versión editada del documento en el que se exponen las razones que justificaron el registro a comienzos de este mes en la casa del expresidente Donald Trump en Florida por agentes del FBI.

La llamada “declaración jurada” se hizo pública con gran parte del texto oculto y con muchos tramos cubiertos luego de que el juez federal Bruce E. Reinhart, con tribunal en Florida, autorizará el jueves la difusión de una versión reducida.

El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) presentó al juez esta versión reducida del llamado “Affidavit” (en inglés) tras advertir en una audiencia del pasado 18 de agosto los riesgos a la “seguridad nacional” de la divulgación completa del texto.

Entre esos riesgos, la Fiscalía alude este viernes a la necesidad de no difundir las identidades de los testigos, dado que “podrían sufrir daños, como represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física”.

El expresidente Trump reaccionó a la divulgación de la versión editada, asegurando que no hizo “nada malo” y que lo sucedido es “un ataque político“.

“No hice nada malo. Básicamente hemos sido atacados, fuimos allanados. Abrieron las cajas fuertes, llevaron a muchos, muchos agentes del FBI, todo justo antes de las elecciones de medio mandato” de noviembre, publicó en su red, Truth Social.

Trump subrayó que la declaración jurada hecha pública está “muy editada” y sin ninguna mención sobre armamento “nuclear” y tachó por ello lo sucedido de “subterfugio total de relaciones públicas por parte del FBI y del Departamento de Justicia“.

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) incautó archivos “ultrasecretos” durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales divulgados este viernes 12 de agosto.

Los investigadores sospechan que el exmandatario, al estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados, violó una ley de espionaje estadounidense.

Varios documentos judiciales fueron publicados el viernes por un juez de Florida: la orden que autorizaba el allanamiento y un largo inventario de documentos incautados el lunes por agentes del FBI.

Algunos estaban marcados como “ultrasecretos” y debían “estar disponibles solo en instalaciones especiales del gobierno”, indica la orden judicial federal de siete páginas.

El documento judicial contiene una lista de elementos requisados de Mar-a-Lago, incluyendo información sobre el “presidente de Francia”.

El Departamento de Justicia pidió a un juez de Florida que revelara la orden de allanamiento el viernes a pesar de las objeciones de Trump, quien sopesa postularse nuevamente a la Casa Blanca en 2024.

El expresidente dijo que no bloquearía la difusión de la orden, al tiempo que se quejó de haber sido víctima de una operación política “sin precedentes” que atribuyó a “demócratas radicales de izquierda”.

Trump y sus abogados tenían una copia de la orden de allanamiento y el recibo que enumeraba lo incautado por los agentes del FBI.

El diario The Wall Street Journal informó que en las 20 cajas con documentación que se llevaron los agentes del FBI había carpetas con fotos, una nota escrita a mano y el indulto dado por Trump a Roger Stone, un aliado suyo.

The Washington Post reportó el jueves que algunos de los documentos buscados podrían estar relacionados con el arsenal nuclear estadounidense. Pero temprano el viernes Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría haber estado “colocando información” en su residencia.

“El tema de las armas nucleares es un engaño”, comentó.

La muy inusual disposición del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento, anunciada el jueves por el fiscal general Merrick Garland, fue bien recibida por el expresidente.

“No solo no me opondré a la divulgación de los documentos relacionados con el allanamiento (…) sino que voy un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos”, escribió en Truth Social el magnate, quien sin embargo se abstuvo de hacer pública la copia de la orden judicial que recibió.

Los dirigentes republicanos salieron unánimemente en defensa de Trump y algunos miembros del partido acusaron al Departamento de Justicia y al FBI de operar políticamente para atacar al exmandatario.

“Ataques infundados”

En un hecho que parecía ser una respuesta directa a la acción del FBI en Mar-a-Lago, un hombre armado intentó asaltar una oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, el jueves.

El agresor, que fue muerto a tiros por la policía tras un enfrentamiento de una hora, habría publicado en la plataforma de Trump que esperaba que sus acciones sirvieran como un “llamado a las armas”.

Garland denunció, durante su breve intervención televisada, “ataques infundados” de los republicanos contra su cartera y contra el FBI, mientras que el director de la policía federal, Christopher Wray, designado por Trump, habló de hechos de “violencia y amenazas contra las fuerzas del orden”.

El Departamento de Justicia normalmente no confirma ni niega si está investigando a alguien, y Garland se esforzó por enfatizar que la ley se estaba aplicando de manera justa a Trump.

En un comunicado, el magnate republicano sostuvo el jueves que sus abogados habían estado “cooperando plenamente” con la justicia y que “el gobierno podría haber obtenido lo que quisiera” de su parte si “hubiera estado” en su poder.

Trump enfrenta además investigaciones judiciales sobre sus iniciativas para desconocer el resultado de las elecciones de 2020, incluido su papel en el mortal ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por sus partidarios.

El FBI aseguró este domingo que “ningún actor” ha accedido o comprometido algún dato de su red, después de que piratas informáticos usaran un servidor externo operado por esa agencia de investigación de EE.UU. para enviar correos electrónicos con advertencias falsas de un posible ciberataque.

“Ningún actor pudo acceder o comprometer ningún dato o PII (información de identificación personal) de la red del FBI”, indicó el Buró Federal de Investigaciones en un comunicado difundido este domingo.

Puntualizó, sin embargo, que está al tanto de que una “configuración incorrecta del software” permitió temporalmente a un “actor” que no identificó aprovechar un portal utilizado por esa agencia para comunicarse con sus “socios policiales y estatales locales”.

En concreto, según la nota, los correos fueron enviados desde el Portal Empresarial de Aplicación de la Ley (LEEP, en inglés).

Según el FBI, aunque “el correo electrónico ilegítimo se originó de un servidor operado” por esa agencia, el mismo “estaba dedicado a enviar notificaciones para el LEEP” y no formaba parte de su servicio de correo electrónico corporativo.

La agencia agregó que, una vez conoció del incidente, remedió “rápidamente la vulnerabilidad del software” y advirtió a sus socios para que ignoraran los correos electrónicos falsos.

Además, dijo haber confirmado la “integridad” de sus redes.

La organización internacional sin fines de lucro Proyecto Spamhaus señaló el sábado en su cuenta de Twitter que había sido informada sobre correos electrónicos “aterradores” enviados en las últimas horas que pretendían provenir del FIB y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Spamhaus, dedicada rastrear correos no deseados y ciberamenazas, aclaró que, pese a que los correos fueron enviados desde el portal LEEP, su investigación determinó que eran “falsos”.

El FBI puntualizó que los mensajes fueron enviados desde una cuenta que identificó como @ic.fbi.gov.

Medios locales citaron informaciones según las cuales los ataques comenzaron la medianoche del sábado en Nueva York.

El presunto pirata, identificado como Pompompurin, indicó al blog especializado KrebsonSecurity que el ataque permitió señalar una vulnerabilidad que dijo haber “varias veces”, pero nunca “en un sitio web del Gobierno, y mucho menos en uno administrado por el FBI”.

Sin embargo, Spamhaus no descartó que la acción estuviese dirigida a atacar a Vinny Troia, autor del libro “Caza de delincuentes cibernéticos” y fundador las compañías de inteligencia NightLion y Shadowbyte, quien es mencionado en los correos.

Agentes del FBI informaron este miércoles que los hallazgos se dieron en un parque natural del noreste de Florida en el que presuntamente Laundrie se internó tras conocerse la desaparición de Petito.

Laundrie es considerado una “persona de interés” en la muerte de su prometida, pero hasta ahora no ha sido acusado de su muerte. Ha estado desaparecido durante más de un mes.

Los restos de Petito fueron encontrados el pasado 19 de septiembre en el estado de Wyoming, en el noroeste de Estados Unidos.

¿Qué encontraron?

En una conferencia de prensa, el agente especial del FBI Michael McPherson dijo que “los investigadores encontraron lo que parecen ser restos humanos junto a artículos personales como una mochila y un cuaderno de Brian Laundrie”.

“Estos elementos se encontraron en un área que hasta hace poco había estado bajo el agua”, dijo McPherson.

En una rueda de prensa aparte, el abogado de la familia Laundrie, Brian Bertolino, confirmó que “algunos artículos” del joven fueron encontrados en un sendero frecuentado por el joven en el parque Myakkahatchee Creek.

El hallazgo se da una semana después de que un forense de Wyoming dictaminara que Petito, de 22 años, había sido estrangulada hasta la muerte y su cuerpo abandonado durante semanas.

El viaje en furgoneta

Petito y Laundrie, de 23 años, emprendieron este año un viaje por carretera a través de parques nacionales en el oeste de Estados Unidos.

Compartían su “vida en furgoneta” en las redes sociales.

Los padres de Laundrie dicen que vieron a Brian por última vez el 13 de septiembre, dos semanas después de que regresara a Florida sin Petito.

Tras su regreso a casa, el joven se fue de excursión sin compañía y nunca regresó.

En el mismo parque Myakkahatchee Creek también se encontró el automóvil conducido por Laundrie después de su desaparición.

Laundrie

Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.

15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos sauditas.

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Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.

Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son “falsas y maliciosas”.

¿Qué dice el documento?

El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar.

Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.

El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante.

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Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía “un estatus muy alto” en el consulado.

“La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación”, dice el documento.

Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como “de creencias extremistas”.

Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP.

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La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado “valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre”.

El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento.

Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump,se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional.

Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre vínculos oficiales sauditas con el atentado, dado el número de ciudadanos de ese país involucrados y los antecedentes del líder de al Qaeda, Osama bin Laden.

Estados Unidos y Arabia Saudita han sido aliados durante mucho tiempo, aunque a veces la relación ha sido compleja.

El anterior presidente estadounidense, Donald Trump, fortaleció los lazos entre su país y la monarquía absoluta.

Pero Biden calificó a Arabia Saudita de “paria” después de que en febrero de este año un informe de inteligencia de Estados Unidos implica al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018. Bin Salman niega haber ordenado el asesinato, que tuvo lugar en el consulado saudita en Estambul.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, afirma que desde entonces Biden ha suavizado su postura hacia el que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, reflejando la importancia de la alianza entre ambos países.