Los profármacos son sustancias que sólo pueden causar efecto tras ser descompuestas por enzimas del sistema digestivo u otras reacciones químicas del organismo.

Aunque tienen usos farmacológicos legítimos (entre el 5% y el 7% de los medicamentos aprobados entran en esta categoría), su uso como drogas recreativas es un fenómeno relativamente nuevo.

La mayoría de las drogas ilícitas actúan interactuando con receptores específicos de las células cerebrales, estimulando o bloqueando la liberación de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Duran poco tiempo antes de transformarse en sustancias químicas inactivas o menos activas, que luego se eliminan del organismo, normalmente por la orina.

Sin embargo, en el caso de los profármacos, es necesario eliminar o sustituir una pequeña parte de la molécula antes de que pueda actuar sobre esos receptores. Esto se hace en el interior del organismo mediante procesos naturales. El ALD-52 (1-acetil-LSD), por ejemplo, es un profármaco que el organismo convierte en LSD tras eliminar dos átomos de carbono y uno de oxígeno.

Una novedad no tan novedosa

Aunque algunos informes indican que el ALD-52 existe desde la década de 1960, las autoridades francesas lo detectaron oficialmente por primera vez en 2016.

El gobierno de Reino Unido se apresuró a incluir este profármaco en la lista de sustancias controladas en 2014, a pesar de que no había informes sobre incautaciones de drogas o daños conocidos. Desde entonces, se han identificado muchos profármacos más.

La incautación de profármacos de LSD, como el ALD-52, aumentó en el momento álgido de la pandemia de covid-19 en Italia. Las autoridades japonesas se han hecho de un número creciente de compuestos similares de profármacos de LSD. Y en Brasil, los primeros informes sobre estos profármacos de LSD se realizaron en 2022.

La droga recreativa GHB también tiene un equivalente en forma de profármaco. Se llama GBL (gamma-butirolactona).

Reino Unido introdujo controles más estrictos para la GBL -que suele venderse como producto de limpieza- en 2022. Siguiendo las firmes recomendaciones del Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas, la GBL se clasifica ahora como droga de clase B, junto con el cannabis y la ketamina.

En cuanto a los estimulantes, se sabe que algunas drogas comercializadas pueden convertirse en anfetaminas en el organismo y pueden ser objeto de abuso por sus efectos potencialmente psicoactivos, lo que justifica el estricto control en su prescripción.

Los narcotraficantes también han desarrollado formas de enmascarar el MDMA ilegal (éxtasis) añadiendo una pequeña molécula que puede eliminarse mediante reacciones químicas o en el estómago por contacto con el ácido gástrico.

Difíciles de detectar

Uno de los principales problemas de los profármacos es que son difíciles de detectar. Las fuerzas policiales necesitan muestras de referencia con las que comparar la droga, o equipos avanzados para descubrir su estructura molecular.

Dado que no se conoce la lista de estos compuestos y que mínimos cambios químicos pueden dar lugar a diferentes patrones de análisis, estas nuevas drogas son fáciles de contrabandear. Y ello explica por qué muchas sólo han aparecido en informes policiales en la última década.

En el caso de las muestras biológicas (como sangre, orina o saliva), existe otra dificultad. Dado que los profármacos deben transformarse en el interior del organismo antes de activarse, están, de hecho, ausentes en los casos de sobredosis letales, ya que la sustancia que causa daño y muerte es el producto de esa transformación.

Así pues, distinguir los profármacos de los componentes más clásicos en los que se transforman es un obstáculo. Aunque los efectos globales que provocan la muerte serían los mismos, identificar adecuadamente qué droga se utilizó originalmente puede ayudar a indicar las tendencias de venta, consumo y disponibilidad ilegales.

En el caso de los profármacos del GHB -es decir, la GBL y la 1,4-butanediona-, los legisladores han ido incluyéndolos progresivamente en normas jurídicas más estrictas y específicas. Pero los profármacos del LSD, en muchos países están en una zona gris.

Mientras que Francia, Japón y Reino Unido han incluido nominalmente el ALD-52 y el 1p-LSD en sus leyes sobre sustancias controladas, en Estados Unidos y Canadá hay que demostrar que son análogos -es decir, que poseen una estructura molecular similar y pueden causar los mismos efectos- o no están contemplados en las listas negras.

En Reino Unido, las nuevas sustancias psicoactivas se definen como un compuesto controlado por la Ley de Sustancias Psicoactivas de 2016 o un compuesto controlado por la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas (posterior a 2008).

Sin embargo, para que el instrumento abarque a un nuevo profármaco es necesario que haya pruebas de que causan psicoactividad, definida como aquellos compuestos que pueden afectar a las funciones mentales, como la cognición, el estado de ánimo y las emociones.

Los obstáculos a superar

La psicoactividad también puede determinarse mediante pruebas de laboratorio. Los fármacos se incuban con un pequeño número de células y los investigadores miden si se unen a las proteínas de la superficie, que se denominan receptores.

No obstante, muchos profármacos no se unen a los receptores antes de ser convertidos. Cuando una sustancia no figura en la legislación como controlada y se exigen pruebas de laboratorio (de similitud molecular o de unión a receptores), hay más margen para la discrepancia en los tribunales.

Aunque estas incautaciones sean infrecuentes y no alcancen las cifras de drogas de consumo más común, como la cocaína, el cannabis o la heroína, su aparición en el mercado ilegal debería servir como señal de advertencia de posibles cambios de tendencia en el mercado de drogas ilícitas.

Existen efectos potencialmente desconocidos -en intensidad y duración-, pero también dificultades para perseguir a las personas que suministran estos profármacos.

Con la llegada de una nueva sustancia psicoactiva al mercado ilegal aproximadamente cada semana en 2021, la enorme diversidad de drogas en el mercado se ha señalado como uno de los principales retos para toxicólogos y químicos forenses.

*Julio de Carvalho Ponce es profesor invitado de Ciencias Forenses de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y trabajó durante 13 años como toxicólgo forenese en Brasil.

*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia creative commons. Haz clic aquí para leer la versión original.

Un cóctel de medicamentos suministrado en un hospital de Florida a pacientes de COVID-19, que, según sus creadores, brinda un resultado positivo en más de un 95% de los casos si se aplica al inicio de la enfermedad, es objeto de un ensayo clínico con voluntarios para comprobar su eficacia.

El ICAM, como ha sido denominada esta terapia desarrollada en el hospital del grupo AdventHealth en Ocala (centro-oeste de Florida), está compuesto por vitaminas y zinc, cortiesteroides, anticoagulantes y antibióticos, según informó la entidad de salud.

TrialSite News, una web con información de ensayos clínicos, indicó que cien personas que han dado positivo en pruebas de coronavirus se han ofrecido como voluntarios para ser tratadas con ICAM fuera del hospital como parte de un ensayo clínico que cuenta con el respaldo del Departamento de Salud de Florida y el centro de salud Heart of Florida.

El ensayo fue aprobado por la Junta de AdventHealth y comenzó, según ese medio, el pasado lunes en el condado Marion, al que pertenece Ocala.

El ICAM ha sido desarrollado por la directora de farmacia y un equipo de médicos del hospital de Ocala y suministrado a personas hospitalizadas por COVID-19 desde hace meses.

No se ha probado con casos suaves de COVID-19, sino en personas que necesitan hospitalización.

“Durante 76 días nuestros pacientes han tenido cero traslados a la unidad de cuidados intensivos, cero necesidad de respiradores mecánicos y cero muertes gracias a tratamientos como ICAM o similares”, dijo Carlette Norwood-Williams, directora de farmacia del hospital AdventHealth Ocala.

La especialista indicó que la investigación muestra que, con una “medicación correcta” aplicada nada más recibir el diagnóstico, un enfermo de COVID-19 puede tener una mejor respuesta ante la inflamación, “con independencia de la edad u otras enfermedades que pueda padecer”, y eso aumenta sus probabilidades de supervivencia.

En pacientes que reciben la terapia ICAM inmediatamente después  del diagnóstico la tasa de éxito es del 96.4%, según Norwood-Williams y sus colegas.

Joe Johnson, presidente y director ejecutivo de AdventHealth Ocala, señaló en un comunicado que confía en que el ICAM sea “un poderoso aliado en manos de los proveedores de salud para combatir el virus” más allá de la comunidad donde se creó.

El objetivo del ensayo clínico es determinar si el trabajo del equipo de especialistas del hospital de Ocala puede ser usado en otros lugares para tratar de reducir la mortalidad por la COVID-19.

Según el Departamento de Salud de Florida, los casos de COVID-19 acumulados desde el 1 de marzo en el estado son a fecha de hoy 700 mil 564 y las muertes, 14 mil 202.

En las últimas 24 horas se contabilizaron 1.882 casos nuevos y 12 muertes, y el índice de positivos se situó en 4.08%.

Por casos acumulados de COVID-19 Florida está en el puesto número tres, detrás de California y Texas.

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Forbes Staff.

La farmacéutica Johnson & Johnson fue sentenciada a pagar US$8.000 millones en concepto de daños a un hombre que la acusó de no advertir que uno de sus fármacos antipsicóticos podía provocar un aumento en el tamaño de los pechos en hombres.

El jurado de una corte de Filadelfia, en Estados Unidos, falló a favor de Nicholas Murray, de 26 años, cuyo caso es uno de miles de ese tipo aún pendientes en dicho estado.

Los abogados del joven argumentaron que Janssen Pharmaceuticals, una subsidiaria de J&J, había priorizado sus ganancias por encima de la salud de los pacientes en la promoción de su medicamento Risperdal, cuyo compuesto activo es al risperidona.

J&J dijo que apelará el fallo, que considera “extremadamente desproporcionado”.

La farmacéutica también ha sido llevada ante la justicia por sus implantes de mallas vaginales y por su talco para bebés, que de acuerdo a miles de demandas contendría asbestos, algo que la empresa niega.

• Qué son los polémicos implantes de mallas vaginales por los que cientos de mujeres han acudido a los tribunales en Reino Unido

Esto se suma a la batalla legal que también enfrenta por su rol en la crisis de adicción a los opioides en el país.

A principios de este año, la multinacional fue ordenada a pagar US$572 por su participación en la intensificación de la crisis de adicción a los opioides en Oklahoma.

Y, recientemente, la empresa llegó a un acuerdo por el que se comprometió a pagar US$20,4 millones en dos condados en el estado de Ohio por el mismo tema.

• La “histórica” condena a Johnson & Johnson a pagar US$572 millones por su papel en la crisis de los opioides en EE. UU.

Efectos colaterales adversos

De acuerdo a la demanda presentada por Murray, el joven desarrolló pechos después de que sus médicos le recetaran la droga en 2003.

Esta condición se conoce como ginecomastia.

Un psicólogo le prescribió este medicamente tras diagnosticar al niño con un trastorno del espectro autista.

El Risperdal está aprobado para el tratamiento de la esquizofrenia y el desorden bipolar, pero los médicos pueden prescribirlo legalmente para cualquier condición que vean conveniente.

La compañía dice que confía en que el fallo será revocado, y señala que la corte evitó que su equipo legal presentara “evidencia clave” sobre el etiquetado del medicamento.

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J&J está enfrentando una serie de demandas en cortes estatales por no advertir de forma adecuada sobre los efectos colaterales del Risperdal, incluyendo los tribunales de Pensilvania, California y Misuri.

Un jurado le otorgó a Murray US$1,75 millones en compensaciones en 2015 después de determinar que la compañía fue negligente al no advertir a los consumidores sobre los riesgos.

Una corte de apelaciones respaldó el veredicto el año pasado, pero redujo el monto de la indemnización a US$680,000.