En Estados Unidos fueron separadas más de dos mil familias migrantes y muchos no tienen ayuda de abogados.

En algunos casos ya han sido reunificadas, pero, actualmente, todavía hay 300 niños y niñas guatemaltecos separados de sus padres.

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Abogados de Centro América y Estados Unidos se unen

Esta cifra alarmante alertó a varios abogados de Estados Unidos, El Salvador, Hondúras, Nicaragua y Guatemala, quienes decidieron unirse para brindarles ayuda gratuita.

La Asociación de Protección de Derechos Civiles se ha unido con otras organizaciones como Al Otro Lado y Justice in Motion para que se pueda contactar a los padres que ya fueron deportados y, si no tienen un abogado, poder brindarles asesoría legal gratuita.

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Desde principios de agosto empezaron a apoyar a las familias migrantes, si usted necesita ayuda, puede comunicarse al teléfono 57170390 o enviar un correo electrónico a familiasseparadasguate@justiceinmotion.org.

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Rolando pagó 6.000 dólares a un coyote que lo ayudó a entrar a Estados Unidos con Johan, entonces de diez meses. Pero la Patrulla Fronteriza lo interceptó en McAllen, Texas, el 17 de marzo pasado.

Cinco días después Johan fue trasladado a un albergue en Arizona. Rolando fue deportado el 5 de abril pero su hijo llegó a Honduras recién el 20 de julio.

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Sus primeros pasos y palabras en un albergue

En ese periodo le crecieron casi todos los dientes, dio sus primeros pasos y pronunció su primera palabra.

Entre abril y mayo la “política de tolerancia cero” del presidente estadounidense Donald Trump separó a unos 2.000 niños de sus padres, que intentaban ingresar a Estados Unidos de forma ilegal.

Hasta el 10 de agosto la cancillería hondureña tenía un registro de 146 niños reunificados. Pero aún faltaban 313.

Con un ingreso que como mucho alcanza ocho dólares por día en Honduras, Rolando aspiraba a una vida mejor con sus hermanos, instalados en Maryland.

Pero luego de cuatro intentos sin éxito y la amarga experiencia con su hijo, ha renunciado a seguir buscando el “sueño americano”.

Maricela contó que le daban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin explicarle por qué. Y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía una o dos inyecciones.

Cuando Maricela se quejó sobre recibir demasiada medicación, con el doctor del centro para niños inmigrantes en Texas (EE.UU.), este le dijo no tener control sobre esas dosis.

“Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo…me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas“, dijo.

Este es el testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

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Al menos cuatro menores más dieron testimonios similares a los de Maricela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles (California).

La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos “múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño”, según se lee en la demanda.

Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos “solo en casos de emergencia” cuando los “extremos síntomas psiquiátricos” del niño representaban un peligro.

Pero la jueza Dolly Gee descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de EE.UU. solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia.

HHS

Más de 10.000 migrantes menores de edad están bajo custodia del gobierno estadounidense. La mayoría llegó desde Centroamérica y entró sin acompañantes por la frontera sur del país, aunque también hay cientos que fueron separados de sus padres tras un reciente endurecimiento de las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.

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El escándalo que causó la separación de familias de migrantes indocumentados, práctica que fue revertida, hizo surgir más cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y medios sobre las condiciones en que detienen a los migrantes, especialmente a los niños.

El gobierno, por su parte, insiste en que las instalaciones de albergue o detención temporal para menores de edad y familias cumplen con estrictos controles contra posibles abusos y son monitoreados constantemente.

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Sobre el caso de Shiloh, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que por cuestiones de política interna no comentan “asuntos relacionados con litigios en curso” y que están revisando la reciente orden de la jueza “para determinar los siguientes pasos”.

Ansiedad y depresión

Rosa, cuya edad no está especificada en el documento judicial, cuenta que le daban cuatro o cinco pastillas al día y que creía que una de ellas era para tratar la ansiedad.

“A veces me ponían inyecciones a la fuerza…uno o dos empleados me sujetaban de los brazos y la enfermera me ponía la inyección”, describe.

Entre las drogas registradas en su expediente médico, aparecen antipsicóticos como aripiprazol y clorpromazina, y antidepresivos como escitalopram y trazodona.

GOOGLE

El centro Shiloh, un conjunto de casas rodantes en una zona rural de Texas, tiene capacidad para albergar las 24 horas a poco más de 40 niños, según estimaciones del Centro de Informes de Investigación, que ha reportado sobre el lugar en años anteriores.

Este año recibió fondos por más de US$5 millones por parte del gobierno federal, según detalla un sitio web oficial que hace seguimiento de las subvenciones que otorga el HHS.

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Shiloh está dotado para recibir a niños migrantes que “representan un peligro para sí mismos o para otros” de acuerdo a la valoración de psicólogos y psiquiatras, según detalla el HHS.

Sin embargo, esta designación no es una vía libre para administrar drogas a los menores sin autorización, según lo contempla el acuerdo de Flores de 1997, un documento que fija que los inmigrantes menores de edad sean detenidos “bajo las condiciones menos restrictivas” posibles.

“Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí”

La madre de una de las internas aparece en la demanda diciendo: “Nadie me pidió permiso para darle medicinas a mi hija, aun cuando los empleados de Shiloh siempre tuvieron mi teléfono y mi dirección”.

Otro niño llamado Julio detalló que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. “Me dijeron que si no me tomaba la medicina no me podía ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas”.

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El menor de edad detalla que, después de tomar los fármacos, “estaba más cansado, me sentía triste y mis ojos estaban llorosos… empecé a engordar… en unos dos meses engordé 20 kilos”.

BBC Mundo contactó al centro Shiloh por teléfono pero en un mensaje de operadora indica que sus oficinas están cerradas.

En un comunicado en su sitio web, informa que ha sido sometido a auditorías y visitas por parte de autoridades estatales, la ORR y de representantes de consulados de Guatemala, El Salvador y México.

“Se encontró que todos los alegatos ampliamente difundidos sobre Shiloh carecían de fundamento. Se ha concluido que los niños están bien cuidados y tratados”, dice el escrito.

SHILOH TREATMENT CENTER

El fallo de la jueza Gee del lunes también incluye que todos los menores de edad inmigrantes arropados bajo el acuerdo de Flores sean transferidos del centro Shiloh, a menos que un psicólogo o psiquiatra con licencia determine que el menor de edad representa un peligro para sí mismo o los demás.

“Estaban letárgicos”

Los testimonios de los niños surgieron a partir de unas entrevistas que condujeron abogados de varios centros de inmigración, con el fin de hacer cumplir el acuerdo de Flores sobre las debidas condiciones de detención.

Neha Desai, abogada del National Center for Youth Law en California y representante de la demanda, le cuenta a BBC Mundo que la mayoría de los menores tenían entre 12 y 17 años, y hablaban en español.

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La letrada llegó a Shiloh a partir de una conversación que tuvo con un niño en otro centro de detención en mayo del año pasado.

“Él había estado detenido en Shiloh y compartió conmigo las experiencias que tuvo ahí. Me dijo que lo habían forzado a acostarse en el suelo para inyectarlo”, dice.

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Según Desai, varios de los menores de edad con los que conversó en Shiloh“estaban letárgicos“. “Al punto de que me pareció que tomaban algo que les hacía estar adormecidos”.

Ganar la confianza de los niños no fue fácil, detalla la abogada. “Algunos son huérfanos y ni siquiera tienen un abogado. No hablan de esto con nadie, teníamos que asegurarles que no éramos funcionarios y que protegeríamos sus identidades”.

Tras las entrevistas, los abogados pidieron a los niños que firmaran autorizaciones para pedir sus expedientes médicos al gobierno.

Ahí pudieron ver qué fármacos les recetaron. También notaron que funcionarios del centro firmaron documentos médicos en el apartado de “padre o representante legal” sin serlo.

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En la demanda, los abogados afirman que, aunque los abusos “más graves” en cuanto a medicación supuestamente ocurrieron en Shiloh, a jóvenes en otras instalaciones manejadas por ORR también les dan psicotrópicos.

Algo que han reportado ampliamente medios y que han denunciado activistas, especialmente desde la oleada de críticas causada por la separación de familias indocumentadas en la frontera.

El caso de Shiloh, sin embargo, cobró notoriedad por haber llegado a los tribunales.

Ahora queda la pregunta sobre qué pasará con niños como Maricela, Rosa y Julio.

Miles de niños migrantes se han despedido en días recientes de sus cuidadores en refugios de EE.UU. para volver con sus padres. Pero cientos se quedan, preguntándose cuándo saldrán de ahí.

Para algunos, el riesgo de no volver a ver a sus padres de nuevo es muy alto.

El gobierno de Donald Trump dijo el jueves haber reunido con sus familiares a más de 1.800 niños de entre 5 y 17 años que fueron separados de sus padres en la frontera sur del país entre abril y junio, cuando intentaban cruzarla sin documentos.

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Según sus estimaciones, los padres de los 711 menores de edad restantes no califican para la reunificación.

Entre los motivos, explican, están que los adultos tienen antecedentes penales o son considerados un riesgo para los niños.

Sin embargo, hay más de 430 que el gobierno no devolverá a sus padres simplemente porque estos ya fueron deportados a sus países de origen.

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Estos casos ocupan a abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos que argumentan que los adultos en ocasiones no estaban conscientes de que firmaban su deportación voluntaria o que los convencían de hacerlo como garantía de recuperar a sus hijos.

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Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defienden que aquellos que fueron deportados sin sus hijos tomaron “una decisión informada”.

El destino de esos 430 niños es incierto. De no poder reunirse con sus padres, podrían ser entregados a familiares dentro del país o acabar con familias adoptivas.

BBC Mundo preguntó al Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (HHS, por sus siglas en inglés) por su plan para este grupo específico de menores de edad, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de esta nota.

“Se sienten abandonados”

“Muchos de esos niños se sienten abandonados. En conversaciones con sus padres, preguntan: ¿por qué no vienes a buscarme?”, le dice a BBC Mundo Michelle Brané, directora de la ONG Comisión de las Mujeres Refugiadas (WRC, en inglés).

Algunos tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos que los reclaman como sus responsables legales. Pero otros no tienen a nadie más en el país.

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La abogada de inmigración Cynthia Felix, del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, atendió el caso de una niña de 11 años cuyo padre fue deportado y se quedó sola.

“El juez nos pidió que la pusiéramos en contacto con su padre. Ellos hablaban para decidir si era mejor que ella se quedara aquí. Al principio ella decía que sí, pero luego se arrepintió”.

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Felix cuenta que la menor de edad, que estuvo detenida por más de siete meses, manifestó ante el juez su deseo voluntario de volver a su país de origen, con el consenso de su padre, y fue enviada.

Pero en otros casos, los padres de los niños no quieren que regresen, pues hacerlo implicaría ponerlos en peligro.

Muchas de las familias que migran desde Centroamérica escapan de la violencia de pandillas que, en algunos casos, tienen el control de localidades enteras.

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En EE.UU., los menores de edad se enfrentan a procesos judiciales de solicitud de asilo que demoran meses o años.

Y sus padres, ya deportados, tienen imposible entrar en Estados Unidos por años también.

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Si los niños hubiesen entrado junto a sus padres, advierte Brané, las familias tendrían un solo caso de solicitud de asilo. Pero al ser separados, los menores de edad adelantan un proceso judicial propio y los padres otro, los primeros en cortes de inmigración y los segundos en cortes federales bajo la acusación de ingreso ilegal en el país.

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Esto es consecuencia de la política migratoria de “tolerancia cero” implementada oficialmente por el gobierno de Trump desde mediados de abril.

Pese a que el presidente revirtió la práctica de separar familias, todavía abundan los casos de niños que no se han reunido con sus padres.

“Muchos, muchos padres no tenían idea”

El gobierno de Trump tenía una orden judicial de reunir a los más de 2.500 niños con sus padres para el 26 de julio.

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En la audiencia ante el juez federal Dana Sabraw el pasado viernes, los representantes del gobierno expusieron las cifras y dijeron que las agencias federales habían invertido grandes recursos y esfuerzos para acelerar y completar las reunificaciones.

Sabraw dijo que el gobierno merecía “un gran reconocimiento” por cumplir con la orden antes del plazo límite.

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Pero la parte acusadora, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la forma “unilateral” en que el gobierno diseñó las categorías de elegibilidad.

Además, expuso más de 20 testimonios de padres migrantes que dicen haber firmado, sin entender, formularios de deportación en los que renunciaban a llevarse a sus hijos con ellos.

“Lo que hemos encontrado es que muchos, muchos padres no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y quieren a sus hijos de vuelta”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, citado por el diario The New York Times.

Según datos del gobierno, 120 padres renunciaron a reunirse con sus hijos cuando firmaron los papeles de deportación.

“Quisiéramos saber exactamente qué pasó en esos casos, si los padres tenían pleno conocimiento de lo que hacían o si se violaron sus derechos“, dice Michelle Brané, que desde el WRC está apoyando a ACLU.

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Brané explica que conoce de casos donde el adulto firmaba una carta que designaba a un familiar como cuidador de su hijo.

“Pero eso no significa que no querían reunirse con sus hijos. En algunos casos, ICE consideró que esto era la renuncia de algunos padres a tenerlos de vuelta”, dice.

No saber inglés también fue otra barrera que, según denuncian estas organizaciones, hizo que los migrantes firmaran documentos que no entendían.

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Varias organizaciones, incluidas ACLU y WRC, están recabando datos sobre los padres y sus hijos para localizarlos y asignarles asesoría legal.

“Esto puede significar que el padre vuelva a Estados Unidos o que el niño sea enviado al padre”, dice Brané.

Pero el proceso no es sencillo, involucra retos legales y es difícil saber cómo acabará.

Lo que sí es una posibilidad, advierte Brané, es que haya niños que no vuelvan con sus padres.

La pequeña niña de tan solo 6 años según lo señalado por el medio The Nation, fue separada de su madre por la política denominada “Tolerancia Cero” que Donald Trump, comenzó a implementar meses atrás. Según la denuncia la niña fue forzada a firmar una declaración confirmando que ella con tan solo 6 años entendía que era su responsabilidad mantenerse alejado de su abusador.

El pasado 26 de mayo la menor que se ha identificado con las iniciales DL fue separada de su madre luego de ser detenida en la frontera, según lo indicado por los defensores de los derechos de los inmigrantes, la niña fue abusada sexualmente mientras que en un centro de detención de Arizona a cargo de los programas de Southwest Key.

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Sin embargo después del abuso los encargados del lugar hicieron firmar a la pequeña de 6 años un formulario en el que reconocía que le habían dicho que mantuviera la distancia con respecto a su supuesto abusador, que es otro niño detenido en el mismo centro de detención.

Este viernes venció el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San Diego, para entregar estos menores a sus familias.

El Departamento de Justicia (DOJ) indicó el jueves que esperaba que todos los niños “considerados elegibles para reunificación” fueran entregados a sus familiares.

El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17 años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.

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De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en “otras circunstancias”, como los entregados al padre u otro pariente en libertad.

El gobierno insiste en que cumplieron el plazo, pues 711 fueron considerados “no elegibles” porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.

De hecho, según el DOJ, 431 padres fueron removidos del país sin sus niños, algunos de ellos de forma voluntaria, lo que complica la reunificación.

Con estas cifras, Sabraw “podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O “podría creerle lo que dice (sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo”.

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La audiencia está prevista para las 13h30 locales (21h30 GMT).

Reunificar y deportar

Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de “cero tolerancia” de Donald Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo.

Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.

Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.

Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción.

Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.

“Queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en una conferencia telefónica con periodistas.

Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.

Para los aogados del gobierno este plazo de siete días es injustificado, pues afirman que han tenido tiempo suficiente para considerar sus opciones mientras han estado detenidos.

Manipulación de cifras

En un comunicado emitido posteriormente, Gelernt afirmó que el gobierno está manipulando cifras para ofrecer una falsa impresión.

“La administración Trump está tirándolos debajo de la alfombra al elegir unilateralmente quién es elegible para la reunificación”, dijo.

“Seguiremos responsabilizando al gobierno y reuniremos a esas familias”.

Si el juez decide que el gobierno está en desacato, podría pedirle a la ACLU que recomiende sanciones.

La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario “para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía “la intención de reunir a todas las familias que podamos”.

Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo “detectivesco”.

Para el martes -antes de que las últimas cifras fueran dadas a conocer- el Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía bajo custodia, en refugios por todo el país, a 11.500 niños clasificados como Menores Extranjeros No Acompañados (UACs, en inglés).

Unos 917 casos no son “elegibles” para ser reunidos, o bien no se sabe aún si son “elegibles”, indicó un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. De ellos, 463 padres podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos.

El gobierno considera “inelegibles” las reuniones familiares si no han podido confirmarse los vínculos o si los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o no han sido localizados.

El martes, los abogados del gobierno dijeron al juez federal Dana Sabraw que 1.012 padres ya fueron reunidos con sus hijos y que esperan reunir en total a más de 1.600 familias “elegibles” antes del vencimiento del plazo este jueves.

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Pero “los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo”, dijo Adam Isacson, de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la AFP. “Le tocará al juez Sabraw decidir si aprueba esto o no”.

La política de “cero tolerancia” del presidente Donald Trump provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños hayan sido separados de sus padres o tutores, la mayoría entre abril y junio de este año.

Los niños fueron enviados a refugios del Departamento de Salud (HHS) dispersos en todo el país, mientras los adultos iban a centros de detención en ocasiones a miles de kilómetros de distancia de sus hijos.

Esta práctica provocó tal oleada de condenas nacionales e internacionales que Trump se retractó el 20 de junio, cuando ordenó poner fin a la separación familiar.

“Estamos trabajando mano a mano con HHS y ciertamente tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos”, dijo el martes la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, al canal Fox News.

Pero ubicar a estos padres en México o Centroamérica será un trabajo largo y arduo, advirtió Isacson.

“Hay por delante una tarea monumental. Primero necesitan una lista de los nombres de los padres deportados, que ICE aparentemente no tenía ayer (martes). Luego hay que localizar de alguna manera a personas que fueron desembarcadas en aeropuertos centroamericanos sin expectativas de volverlas a ver”, explicó.

¿Dónde están los padres?

El juez Sabraw ordenó al gobierno que entregue, antes del viernes, detalles sobre los 463 padres posiblemente deportados sin sus hijos.

“La falta de transparencia de la administración de Trump se está acercando a un bloqueo”, denunció Lee Gelernt, abogado de la mayor organización de derechos humanos del país, ACLU, que entabló la demanda contra el gobierno para exigir la reunificación familiar.

“No olvidemos que la aseveración del gobierno de que cumplirá el plazo de reunificación está basada en el hecho de que está excluyendo a los padres que no puede localizar”, dijo en un comunicado.

Hace un mes, el juez Sabraw había emplazado al gobierno a reunir con sus familiares a los niños menores de cinco años antes del 10 de julio; y a los que tienen entre 5 y 17 años antes del 26 de julio.

El primer plazo se cumplió sin que el gobierno pudiera entregar a todos los niños menores de cinco años: 45 de ellos fueron considerados “inelegibles”.

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Hasta este martes, el Departamento de Salud tenía bajo su custodia, en refugios en todo el país, a 11.500 niños clasificados como “menores sin acompañante” (UAC, en inglés), confirmó un portavoz a AFP.

Esto incluye a los niños y adolescentes que en efecto viajaron sin un adulto a Estados Unidos, pero la cifra también comprende a los niños que cruzaron la frontera con sus familias, fueron separados de ellas y reclasificados como “UAC” al ser enviados a los refugios.

Para el 16 de julio, la oficina de migración ICE tenía bajo custodia a 44.210 inmigrantes adultos en todo el país.

“El Salvador es el único país en el Triángulo Norte de Centroamérica que ha visto una reducción en la migración ilegal este año”, aseguró en una breve rueda de prensa el subsecretario de Estado para Asuntos Consulares, Carl Risch.

Reducción podría ser de casi 50%

Risch, quien habló con ayuda de un traductor, no precisó cuántos salvadoreños han ingresado a Estados Unidos en forma indocumentada este año, y únicamente indicó que la reducción es de “casi 50% menos”.

Tampoco mencionó cifras de migrantes indocumentados de Guatemala y Honduras, los otros dos países del Triángulo Norte centroamericano.

Estimaciones del gobierno salvadoreño y de defensores de los derechos de los migrantes señalan que entre 200 y 300 personas emigran a diario por vía terrestre a Estados Unidos.

Para Risch, esa disminución de migrantes salvadoreños “son buenas noticias”, pero consideró que “aún hay trabajo que hacer” en El Salvador para que la cantidad disminuya más.

Según cifras oficiales, entre enero y el 23 de julio fueron deportados desde Estados Unidos 8.296 salvadoreños, cifra menor a los 9.766 expulsados en igual lapso de 2017.

En Estados Unidos viven unos 2,5 millones de salvadoreños.

La embajadora estadounidense en San Salvador, Jean Manes, recordó que su país otorga ayuda financiera al Triángulo Norte mediante el programa Alianza para la Prosperidad, dirigido a mejorar las condiciones de seguridad y crear oportunidades de desarrollo para reducir la migración ilegal.

Risch sostendrá este martes encuentros con funcionarios del gobierno salvadoreño para conocer los esfuerzos que efectúan para reducir la migración ilegal.

Lucía (nombre cambiado porque su caso migratorio todavía está abierto) es una joven madre guatemalteca, migrante, tiene 24 años y 3 hijos pequeños, dos de ellos, nacidos en Estados Unidos.

En enero, le pusieron una multa de US$150 por conducir sin licencia, ella pensó que lo correcto era ir a pagarla y así lo hizo, se presentó voluntariamente a pagar, sin embargo, fue arrestada en el condado de Martin.

De acuerdo a un reporte del Miami New Times, Lucía terminó en prisión por su condición de indocumentada y ahora, pese a que no tiene antecedentes penales, está en proceso de deportación.

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Esta madre migrante pagó US$750 de fianza además de su multa de US$150, fue retenida en el condado hasta que llegaron los agentes de ICE para llevársela.

El Miami News times asegura que ahora está en un Centro de Transición en Broward, Pompano Beach, un lugar que alberga a personas que han cometido delitos menores y están en proceso de deportación.

Dana Sabraw, el juez federal que ordenó la entrega de hasta 3.000 niños a sus familias antes del 26 de julio, respondió a un recurso de amparo de la ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en el que manifestaba preocupación sobre supuestos planes del gobierno para expulsar del país a estas familias sin el debido proceso.

El Departamento de Justicia (DoJ) tiene hasta el 23 de julio para responder a esta demanda.

Se estima que entre 2.500 y 3.000 niños fueron separados del adulto con el cruzaron ilegalmente la frontera, como parte de una política de “tolerancia cero” impulsada por el presidente Donald Trump, quien llegó al poder con un severo discurso anti-inmigrantes.

El gobierno aseguró el jueves pasado que reunió con su familia a todos los menores de cinco años que eran “elegibles” de ser devueltos.

Sabraw ordenó que todos los menores de cinco años debían ser devueltos con sus familias para el 10 de julio. Y dio plazo hasta el 26 del mismo mes para que todos los mayores de esa edad fueran retornados.

El viernes dijo en la corte que sentía que había “buena fe” por parte de las autoridades en cumplir con su decisión.

De los 103 niños menores de cinco años contemplados por la orden judicial, 57 fueron devueltos con sus padres por cumplir con los requisitos establecidos por la ley, en tanto 46 fueron considerados “inelegibles”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre los 46 que aún siguen bajo la égida del gobierno, 22 permanecen bajo su protección por problemas de seguridad de los adultos involucrados – de esos 11 tienen antecedentes penales graves de asesinato, crueldad infantil, tráfico de personas o violencia doméstica- y 24 porque los adultos no reunían las condiciones para recibirlos.

Las autoridades determinaron que siete adultos no eran los padres de los niños y que 12 padres ya habían sido deportados y debían ser contactados. Sabraw consideró esto último una “alarmante realidad”.

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