Por Sergio Morales

El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz, indicó que, debido a lo limitado de los recursos no ofrecen a los migrantes “ir a las cortes en cada caso de migración”, por lo cual se deben apoyar en abogados pro bono, que no cobran a los migrantes, y que son coordinados por los consulados.

Según García Sáenz, los abogados de los 19 consulados ofrecen asesoría legal a todo tipo de migrante, menor, adulto, o menor no acompañado; por ejemplo, para evitar que sean víctimas de estafas de parte de personas que les ofrecen solución a sus casos por cantidades muy elevadas.

El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares consideró que un migrante tiene menos posibilidades de obtener un beneficio migratorio cuando no es representado por un abogado idóneo.  Añadió que el ministerio de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto muy pequeño y que hay un trabajador consular por cada 20 mil guatemaltecos en EE. UU., por lo cual ofrecer asesoría legal por cada caso en estos momentos es “imposible”.

Solares añadió los casos judiciales de migración de guatemaltecos que están pendientes de resolverse pueden ser “miles”.

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“Solamente en menores se acaba de revelar que hay dos mil guatemaltecos pendientes en las cortes, aparte están los adultos que deben ser citados debido a lo saturado del sistema migratorio”, añadió el experto.

Trabajan en reunificación

Las autoridades guatemaltecas desconocen, de momento, la cantidad de menores de edad que fueron separados de sus familias y que están pendientes de ser reunificados, un día después de que venciera el plazo judicial impuesto al gobierno de EE. UU. para que regresara a los padres a los menores de 5 años.

García Sáenz expuso que hoy los embajadores en Washington, D. C.  de Guatemala, El Salvador y Honduras sostendrán una reunión con funcionarios estadounidenses donde cruzarán información con los consulados para verificar el estado de cada uno de los menores.

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De momento la información oficial es que las 11 familias que retornaron al país el pasado martes son las únicas que se han reunificado y que al menos 465 menores de edad que fueron separados durante el tiempo que estuvo vigente la política, serían guatemaltecos.

“La reunión de hoy servirá para ver cuántos son los menores que tiene Estados Unidos con los que nosotros hemos podido corroborar en las visitas a albergues”, añadió el funcionario, quien hizo el llamado a las familias que requieran asistencia en aquel país que se acerquen a alguno de los 19 consulados y si se encuentra en Guatemala que acuda a la Cancillería.

Según García, las familias que están por ser reunificadas no enfrentan un proceso judicial y sus casos no llegan a las cortes judiciales ya que el menor permanece en un albergue del Departamento de Salud a la espera de que se encuentre un familiar idóneo que pueda hacerse cargo de él.

Espera noticias de su hija

En Guatemala Nasario Jacinto, quien fue separada de su hija en EE. UU. espera en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, noticias de su hija, Filomena, de 5 años, quien se encuentra en un albergue de Nueva York. Nasario fue deportado el pasado 21 de junio y su hija se encuentra sola en aquel país.

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Consultado vía telefónica sobre si ha averiguado cómo avanza el caso de su hija, indicó que lo último que le dijeron es que “va a tardar un poco”.  Añadió que cada semana se comunica con Filomena y ella le dice que “está triste y llorando”, pero que él le dice que están preocupados y que luchan por recuperarla.

“La verdad es que seguimos tristes, pero esperamos en Dios que la otra semana o unas dos semanas más se pueda averiguar. Yo quiero que mi niña se venga para Guatemala, no quiero que se quede por allá”, indicó Nasario.

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Pruebas de ADN

Y mientras el proceso de reunificación avanza lento, en EE. UU. un medio de comunicación publicó que autoridades estadounidenses pidieron a cuatro mujeres que fueron separadas de sus familiares que paguen el costo de las pruebas de ADN si quieren volver a ver a sus hijos.

El medio Daily Beast cita declaraciones del abogado Rubén García, director de un refugio para migrantes de El Paso, Texas, quien afirma que ninguna de las mujeres cuenta con recursos para costear ese examen.

El medio informó que se trata de tres madres y una mujer que quiere reunirse con su hermano de 3 años. Iliana Holguín, una abogada de migración en El Paso, también citada por el mismo medio, precisó que el costo de una prueba de ADN puede estar entre los US$700 y US$800.

Por Sergio Morales

Del total de menores, dentro de los cuales figuran 465 guatemaltecos, las autoridades estadounidenses afirman que han reunificado a unas 530 familias; no obstante, decenas de padres ni siquiera saben dónde se encuentran sus hijos.

De acuerdo con declaraciones de autoridades guatemaltecas, los menores que permanecen en refugios reciben buen trato. La canciller Sandra Jovel y una comitiva del Gobierno efectuaron un viaje la semana pasada en la que constataron la situación en algunos albergues de donde había denuncias.

Hasta el momento es incierto cómo se llevará a cabo la reunificación de familias. El martes pasado, un juez federal de San Diego, Texas, ordenó a la administración de Donald Trump reunificar en un plazo no mayor de 15 días a los menores de 5 años o menos, y en 30 días al resto.

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No obstante, la resolución judicial es incierto si el gobierno tendrá la capacidad de efectuar la reunificación en esos lapsos puesto que, en muchos casos, se desconoce dónde está el padre o la madre de los niños separados.

Abogados expertos en migración creen que muchos de estos, principalmente los bebés o aquellos niños que no hablan o tienen alguna discapacidad, podrían estar en riesgo de “perderse” dentro del sistema, por lo cual consideran que los padres de estos niños deben de contar con el acompañamiento legal de un abogado.

Más allá de la furia indisimulada de los legisladores de la oposición demócrata, los propios republicanos no esconden la incomodidad con la creciente controversia y las justificaciones esgrimidas hasta ahora por el gobierno.

En ese cuadro, Trump anunció para este martes una visita al Congreso para reunirse con integrantes de la bancada republicana, con quien debe discutir las opciones que se analizan para hallar una salida a la situación.

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Trump y altos funcionarios ya dejaron claro que el gobierno no pretende retroceder en su política de separar familias arrestadas al ingresar clandestinamente al país, a pesar del ya ensordecedor coro de críticas indignadas por semejante iniciativa.

“Yo no quiero niños siendo retirados de sus padres. Pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo que se debe hacer, hay que separar a los niños”, dijo el mandatario en un discurso ante pequeños empresarios.

En tanto, varios legisladores demócratas visitaron centros de acogida de niños separados de sus familias en la frontera y expresaron su furia al encontrarse con que los menores son mantenidos en instalaciones divididas en “jaulas”.

Rechazo mayoritario

Diversos sondeos ya muestran el rechazo mayoritario de los ciudadanos estadounidenses a esta situación, en un cuadro que podría claramente tener efectos en las elecciones legislativas de medio término.

El gobierno, en tanto, se aferra con firmeza a la teoría de que la separación familiar es resultado de la ley vigente, y que los legisladores demócratas son los responsables por esta situación, al negarse a votar una ley de reforma del sistema migratorio.

Como forma de preparar el terreno para su visita al Congreso, Trump apeló a la red Twitter: “¡Los Demócratas son el problema!”, reiteró.

Según el presidente, a los demócratas “no les importa la criminalidad y quieren inmigrantes ilegales, no importa cuán malos puedan ser, para inundar e infectar nuestro país, como el MS-13”, en referencia a la Mara Salvatrucha.

Los republicanos controlan las dos Cámaras del Congreso, pero Trumpresponsabiliza a los demócratas porque en el Senado precisa de 10 de sus votos para que una ley resulte aprobada.

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En la actualidad, en el Congreso circulan dos proyectos de ley relativos a la cuestión migratoria.

El primer proyecto es claramente de ‘línea dura’, apoyado por los sectores más ultraconservadores, y el segundo es considerado de “compromiso” con los demócratas.

Este último proyecto pone fin a la separación de familias, protege de la deportación a aquellos inmigrantes llegados al país en su infancia (los llamados Dreamers), aumenta el presupuesto de defensa fronteriza y reduce las cuotas de inmigración legal.

Este martes, sin embargo, los gobiernos de Colorado, Nueva York, Maryland y Massachusetts se negaron a enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur.

“No seremos cómplices de esta tragedia humana”, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Críticas de aliados

En medio de la avalancha de críticas, el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, opinó este martes que las comparaciones con acciones de los nazis en Alemania era “una real exageración”.

De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.

En la actualidad, el departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado nada menos que 11.700 niños y menores de edad extranjeros, retenidos en unos 100 albergues distribuidos en 17 estados del país.

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En este escenario, las reacciones se tornan más duras, inclusive por parte de aliados tradicionales que suelen tener cuidado de no irritar a Washington.

En una videoconferencia, el ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que la política de ‘tolerancia cero’ que permite la división de las familias es “cruel e inhumana”.

“Quiero a nombre del gobierno y del pueblo de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana”, expresó.

Sandra Jovel, canciller de Guatemala, por su parte, dijo a la prensa que la separación de familias es “un tema de preocupación para el gobierno”.

En tanto, el gobierno de El Salvador también expresó su “preocupación” por la práctica de la separación familiar, una medida que “implica violación de derechos humanos”.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) afirma que no tiene una política de separar familias, pero los casos se dispararon exponencialmente desde que el gobierno pasó a arrestar a los inmigrantes que cruzan de forma clandestina la frontera sur del país.

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Estos son algunos datos sobre la crisis.

600.000 pedidos de asilo

Entre marzo y mayo de este año, más de 50.000 personas han sido arrestadas mensualmente por ingresar clandestinamente al país mediante la frontera con México. En un 15% de los casos se trata de familias, y un 8% son menores sin compañía de adultos.

Los ciudadanos mexicanos son devueltos a su país, pero se registra un creciente número de personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes resulta más difícil sacar del territorio estadounidense.

Prácticamente todas las familias y los menores sin compañía de adultos solicitan asilo en el país alegando un temor verosímil de sufrir violencia en caso de que retornen a su país.

Hasta ahora, los demandantes de asilo registraban sus casos y eran liberados en Estados Unidos en espera de que estos fueran analizados.

En la actualidad, existe un acumulado de 600.000 pedidos de asilo y muchas familias nunca se presentan para defender sus casos, optando por “diluirse” en la sociedad estadounidense.

Para el gobierno de Donald Trump, esta situación se convirtió en un “imán” para quien quiera ingresar a Estados Unidos.

 Separación familiar como disuasión

Entre octubre de 2017 y abril de este año unos 700 niños fueron separados de sus padres y retenidos por semanas o enviados a centros de acogida antes de poder volver a reunirse con su familias, pero la medida no tuvo impacto en el número de nuevos inmigrantes.

Trump ordenó medidas más rígidas y el 7 de mayo el fiscal general y secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la política de “tolerancia cero”.

Según ella, toda persona que ingrese clandestinamente resulta detenida y se enfrenta a cargos criminales. Cuando se trata de familias, los niños son separados de los padres.

En apenas cinco semanas de aplicación de la “tolerancia cero”, el número de niños separados de sus padres aumentó a más de 2.300.

¿Es una ley o una política?

Trump afirma que una ley que él heredó de gobiernos demócratas lo fuerza a separar familias de inmigrantes. Pero Sessions y otros funcionarios han hecho referencia a una “política” de procesar a los adultos por ingreso clandestino al país.

En realidad, nada obliga al gobierno a procesar inmigrantes que ingresan clandestinamente al país. Pero ello fuerza la separación de las familias.

Esto es así porque cuando los padres son arrestados por cargos criminales, deben ser separados de los niños.

“Si cruzas nuestra frontera de forma ilegal, te vamos a procesar. Si contrabandeas un niño, te vamos a procesar y los niños serán separados tal como lo requiere la ley”, dijo Sessions.

¿Qué pasa con los niños?

Una vez separados de sus padres, los niños son entregados a la Oficina de Instalación de Refugiados (ORR, en inglés), del Departamento de Salud y Servicio Humanos.

Estos menores tienen edades que van desde un año a los 18 y son retenidos en centros de acogida, donde duermen en colchones sobre el concreto en unidades delineadas por cercas metálicas que ofrecen al conjunto la impresión de una enorme jaula.

En la actualidad, el ORR tiene bajo su cuidado nada menos que casi 12.000 niños y menores de edad, siendo que unos 10.000 ingresaron al país sin un adulto.

De acuerdo con el gobierno, el ORR trata de instalar a esos niños que llegaron sin la compañía de adultos junto a familiares que ya vivan en Estados Unidos, en un proceso que puede demorar varios meses.

El ORR afirma que también tratará de ubicar a esos jóvenes recientemente separados de sus padres.

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