La exgobernadora es condenada por el delito de tráfico de influencias, hecho ocurrido en 2016.

Por medio de la fiscalía comprobaron que Ávila, cuando aún era gobernadora del departamento, llegó al segundo Registro de la Propiedad a intervenir por trabajadores que habían sido despedidos. Entre esos trabajadores se encontraba su padre.

La condena es inconmutable porque se perjudicó a la administración pública. Por ahora la exgobernadora goza de medida sustitutiva y no está en prisión.

También vea: Localizan “la casa del horror para los perros” en Quetzaltenang

Hasta firmar sentencia se sabrá si la exgobernadora estará en prisión

Estado en el que continuará hasta que la sentencia sea firme. La resolución también establece que por cuatro años la funcionara tiene prohibición para asumir cargos públicos.

Uno de los testigos presentados por la fiscalía fue el exregistrador Arodi Sazo, quien relató que Ávila llegó a cuestionar sobre los despidos.

Así mismo pidió que se cumpliera con la orden de reinstalación, acciones que no eran parte de las funciones que tenían en el cargo como gobernadora.

 También vea: VIDEO: Le dan una paliza a un hombre en confuso incidente en Quetzaltenango