El 6 de mayo del 2019 el Ministerio Público (MP) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron solicitudes para retirar la inmunidad de siete diputados por coimas que supuestamente recibieron unos 62 parlamentarios a cambio de su voto para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Los antejuicios no prosperaron; sin embargo, este viernes 22 de julio los nombres cobran nuevamente relevancia luego de que se diera a conocer que el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, se declarara culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, donde se le señala de conspiración para el lavado de dinero.

Dicho dinero se habría utilizado para el supuesto pago de sobornos.

Las solicitudes para el retiro de inmunidad en ese entonces fueron presentadas en contra de:

• Juan José Porras
• Haroldo Quej
• Boris España
• Gustavo Arnoldo Medrano
• Mirma Figueroa de Coro
• Marco Antonio Orozco
• Estuardo Galdámez

Actualmente, solo España es diputado, mientras que el resto son exparlamentarios.

Se escribió a los números telefónicos de Quej, Porras y Orozco, pero ninguno respondió a las comunicaciones para obtener una postura luego de las revelaciones de Valladares Urruela en Estados Unidos. Con el resto no se logró obtener sus contactos actualizados.

Sin embargo, España si se pronunció y aseguró que desconoce a quién en su momento Valladares pudo haber dado las supuestas coimas.

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“No se quién le pagaría, y no sé bajo qué modalidad firmó los convenios que él dice haber participado, porque yo recuerdo que en ese caso no era ministro y no tenía nada que ver con el Congreso, no sé a quién le daría (los supuestos sobornos)”, dijo España.

“Él tendrá que defenderse de las acusaciones que le hacen; sin embargo, habría que ver la declaración del exfuncionario”, agregó el parlamentario.

En la mega sala de audiencias del Organismo Judicial este jueves 14 de julio varios exdiputados que integraron la junta directiva del Legislativo en 2014 y 2015 se mantuvieron sentados en las bancas del salón y presenciaron el comienzo de la etapa intermedia del caso Plazas fantasma en el que son señalados de corrupción.

En las últimas bancas de la sala los exlegisladores se mantuvieron sentados tratando de evadir fotografías y grabaciones y después de esperar por más de 30 minutos a la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, se acomodaron y prestaron atención.

Entre los señalados que asistieron a la audiencia están los exdiputados César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo y Selvin García.

También los exlegisladores Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

En este caso, 10 señalados se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre ellos el exdiputado Edgar Cristiani.

Cristiani desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz y se va por procedimiento ordinario.

Cristiani  no logró ratificar un convenio de colaborador eficaz en este mismo caso, aunque fungió como testigo y en una declaración en anticipo de prueba relató la manera en que se fraguó un plan para crear plazas e incriminó a Luis Rabbé quien fue presidente del Legislativo en 2015.

Luego de ser aceptada su solicitud salió de la sala porque su caso se desarrollará en un proceso distinto en el que aceptará que como legislador y segundo secretario del Legislativo se aprovechó del cargo para crear plazas de secretarias, asesores y ujieres que no llegaron a trabajar.

La jueza Domínguez indicó que a raíz de la reforma al Código Procesal Penal respecto de la aceptación de cargos, esa judicatura ha tenido a bien recibir 10 memoriales.

La juzgadora empezó la sesión anunciando que se trataba del comienzo de la fase intermedia, en la que decidirá si los sindicados van o no a juicio, luego advirtió que los abogados de algunos procesados presentaron memoriales.

La primera acusación que leyó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fue la del exdiputado Alfredo Rabbé.

Explicó que en el 2014 gestionó de manera irregular a 18 personas, en su mayoría asistentes, en ese entonces, él era cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.

A Rabbé el Ministerio Público lo sindica del delito de abuso de autoridad y peculado por sustracción de forma continuada.

La Feci indicó que del periodo del 14 de enero del 2012 al 14 de enero del 2016, Rabbé ostentó la calidad de diputado al Congreso y del 14 de enero del 2014 al 2016 ocupó la cuarta secretaría de la Junta Directiva del Legislativo.

Como miembro de la referida Junta y en forma mancomunada con el presidente y le director general, eran responsables de la administración del patrimonio del Congreso.

La ley del Organismo Legislativo contempla la contratación del personal al que tenía derecho, entre este una asistente, una secretaria y un ujier bajo el renglón 022.

Marta Estela Valdez Soto fue contratada en el puesto de asistente con un salario nominal de Q10 mil, una secretaria con un sueldo mensual de Q7 mil y Héctor Ramón Rodríguez Ruiz en el cargo de ujier con Q4 mil de salario.

Según la Feci, Rabbé aprovechándose del cargo que ostentaba abusó al solicitar la contratación de personal bajo el renglón 022 “sin existir justificación alguna” de que dicho personal era necesario.

En ese sentido, gestionó la contratación de 18 personas, a quienes de forma arbitraria “sin justificación alguna y antojadizamente” decidía el puesto que ocuparían y el salario que devengarían.

Como consecuencia de esta acción, en el 2014 se logró la contratación de Andrea Gabriela Ballesteros Morales en el puesto de asistente con un salario de Q15 mil; además de otras personas que ganaban entre Q5 mil, Q10 y Q15 mil en distintos cargos.

También instruyó de forma arbitraria a partir de qué fecha tenían que tomar posesión con efecto retroactivo los nuevos servidores públicos, lo que perjudicó al Congreso, ya que las personas tenían 62 días de retroactividad.

La investigación de la Feci señala que en 2015 siguió teniendo influencia y aunque no integró la directiva logró la contratación de 10 asesores que se ausentaron durante ese año a sus puestos, a eso la fiscalía le denominó: plaza fantasma.

En el 2015 se registró la contratación de 10 personas y según el fiscal de la Feci, Lázaro de Jesús Pirir, el exdiputado disponía desenfrenadamente de los recursos del Congreso.

Añadió que el exfuncionario aprovechó para la contratación de más personal en puestos de asistentes con salario de Q7 mil, Q10 mil y Q15 mil. Este personal también tomó posesión de forma retroactiva.

Once de los 16 asistentes contratados no cumplían con el requisito de tener mínimo pensum cerrado a nivel de licenciatura, por lo que no eran idóneos para el cargo.

También en la audiencia se presentó acto conclusivo en contra de Héctor René Polanco Argueta por el delito de peculado por sustracción.

En contra de María Lourdes Solórzano Carvallo por el delito de peculado por sustracción y contra  Marta Estela Vaidez Soto por el mismo delito.

En este Caso de Plazas Fantasma son 68 personas las señaladas, según autoridades.

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Enfrentan sindicación

Otros 11 exdiputados no optaron por aceptar hechos, se quedaron en la sala de audiencias y presenciaron el comienzo de la etapa intermedia, ellos aún defienden su inocencia y han advertido hacerlo hasta las últimas instancias.

César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Manuel Marcelino García Chutá son los exlegisladores que insisten en su inocencia.

El caso

Exdiputados que integraban la junta directiva del Congreso desde el 2012 gozaban del derecho de tener de 15 a 20 personas a su servicio entre asistentes y asesores.

La investigación del MP y la Cicig “determinó dos modalidades de contratación irregular en el Legislativo: la primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole”.

“Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Congreso”, dijo la ahora inhabilitada Comisión en su momento.

El abogado añadió que sería una irresponsabilidad de su parte no hacer ver que quién tomó la declaración no se tomó la molestia de cambiar ningún punto, ya que todos indica que el Manolo Castillo les dijo que tiene que hacer una visita al director de la cárcel y que ellos le indican que corre peligro porque es día de visita.

Al parecer, Castillo habría hecho caso omiso y se dirige al centro donde estaba el director, pero este no estaba en su lugar y según dicen, este revisaba el ingreso de las personas al recinto.

Dijo que según el relato, supuestamente en la espera para que regrese el director, los tres custodios supuestamente ven que su patrocinado saca un arma y le dispara a Castillo en la cabeza; además, les apunta con el arma a los agentes, y uno de estos intentó dispararle a Coz Chonay, pero el arma no accionó.

Escuchó detonación

Supuestamente el director estaba a una distancia de 30 metros y escucha una explosión como de una arma de fuego, “entonces para que tiene silenciador esa pistola”, cuestiona el abogado defensor, quien explicó que hay un supresor de sonido y sí se escucha, pero no sabe si fue un arma de fuego.

Agregó que le habrían quitado la pistola a su defendido y según él no sería el proceso para neutralizarlo. “Me llama más aún la atención que de todos estos hechos el propio director en su narración diga que sí hay una cámara de seguridad, pero tiene duda que captaran las imágenes de lo que sucedió porque esto sucedió muy lejos supuestamente.

La defensa de Coz Chonay dice que su cliente fue el “chivo expiatorio” de un caso “armado”.

Ligado a proceso

Coz Chonay quedó ligado a proceso penal por la muerte del exdiputado Manuel Castillo.

La jueza Carol Patricia Flores determinó que Coz Chonay es similar a quien aparece en fotogramas que presentó el Ministerio Público en el ataque al exlegislador.

Abogado defensor pide aislarlo para “proteger su vida”.

El MP planteará el cese de la persecución por la investigación relacionada con ambas muertes.

Según el ente investigador, el exlegislador le quitó la vida a su esposa y luego se habría suicidado.

El 7 de diciembre del 2018, los cadáveres del exdiputado y su esposa Zulma Vyanka Subillaga Dubón, exfuncionaria de la gestión del mismo partido (2012-2015), fueron localizados en una vehículo en la 7 avenida y 15 calle de la zona 10 de la capital.

Ambos estaban desaparecidos y fueron localizados sin vida.

Bracamonte Márquez fue diputado por el PP para la legislatura 2012-2016 y en 2015 se postuló como candidato a alcalde de San Juan Sacatepéquez, por el mismo partido.

En el Congreso integró comisiones de Ambiente, Trabajo, Educación, Energía y Minas, Gobernación, Turismo, Deportes, Seguridad Alimentaria y Salud.

Subillaga era Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, tenía un doctorado en administración pública y políticas públicas.

Con información de Kenneth Monzón

La Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicitó que la exdiputada Mirza Arreaga, (del desaparecido partido Líder) fuera enviada a juicio por el delito de tráfico de influencias. Pero la solicitud no fue aceptada por el Juez Mynor Motto, quien declaró la clausura provisional del caso y dejó un tiempo a la Fiscalía para que presenta más pruebas.

Entre las pruebas que el MP y la CICIG presentaron en contra de la excongresista, está un video que se viralizó en redes sociales y generó indignación de la población. En el audiovisual se aprecia cómo Arreaga presionó al exministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, por unas plazas laborales, pero que además demostró como la exparlamentaria se burló de niños con desnutrición.

El video es la prueba más contundente que evidencia que la exdiputada y dos de sus colegas más habrían cometido tráfico de influencias, pues aprovecharon su cargo para obtener beneficios personales.