Una denuncia por violencia contra la mujer fue presentada este lunes 21 de febrero por las abogadas defensoras de Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cigig), y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, contra dos representantes de la Fundación contra El Terrorismo (FCT).

Los señalados son Ricardo Méndez Ruiz, director de esa fundación, y Raúl Falla, abogado de esa entidad, quienes son sindicados de agredir verbalmente a las dos procesadas e intentar agredirlas físicamente el viernes pasado durante una audiencia.

Las dos señaladas, mediante un comunicado, expresaron que durante años, la FCT ha desarrollado campañas y ataques en medios y redes sociales para intimidar a personas con demostrada independencia dentro del sistema de justicia y en la sociedad civil.

Agregan que este tipo de esfuerzos tienen como objetivo “amedrentar, infundir temor, minar la reputación y últimamente silenciar a quienes hemos enfrentado las redes criminales y de poder en el país”.

Explica que la campaña se ha ensañado contra las mujeres, en particular, “utilizando prejuicios y acciones misóginas para atacar a las juezas, magistradas, fiscales y abogadas que hemos contribuido al proceso anticorrupción”.

“Esta semana, denunciamos que los representantes de este grupo radical pasaron de los ataques virtuales a la confrontación directa contra nosotras. En un tribunal, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla insultaron a las firmantes y amenazaron con el uso de la fuerza. Estamos convencidas de que las mujeres y las niñas violentadas a través de redes sociales debemos exigir que se investiguen este tipo de hechos porque tenemos derecho de una vida libre de violencia de cualquier tipo”, se lee en el comunicado.

Recordaron que el sistema judicial debe garantizar que no sean doblemente agredidas las mujeres que están siendo limitadas en su libertad y mientras se dilucida su situación.

“A ambos les reiteramos que no nos intimidan. Pero elevamos la voz porque este tipo de violencia misógina y machista no puede seguir siendo utilizada para preservar la impunidad y garantizar que la corrupción de siempre continúe imperando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y reiteramos al sistema de justicia la exigencia de garantizar la integridad de ambas”, concluye el comunicado, firmado este 21 de febrero de 2022, por Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, a través de su abogada Flor de María Gálvez).

El viernes 18 de febrero pasado, Santizo y Sosa denunciaron que Méndez Ruiz y Falla. Ambos abogados fueron incluidos en un listado de Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 1 de julio de 2021, sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala.

Hoy la defensa de Leily y Siomara presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla quienes agredieron de forma verbal e intentaron agredir físicamente a Leily y Siomara el viernes en la audiencia. ¡La misoginia no puede quedar impune! pic.twitter.com/0yEQBwnEkp

— #JusticiaYa (@justiciayagt) February 21, 2022

Postura de la Fundación contra el Terrorismo

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Prensa Libre y Guatevisión que: “si bien soy enérgico y duro en mi forma de pensar, no soy un patán, ni soy un maleducado, ni soy una persona que levante una mano contra una mujer, eso no lo he hecho y no lo voy a hacer jamás”.

En cuanto a la denuncia que presentaron en su contra y en contra de Raúl Falla, Méndez Ruiz, afirmó que esta es una estrategia que lo que realmente busca es separar a la Fundación contra el Terrorismo del caso.

“Hay una continuación de audiencia prevista para para esta semana, para el día viernes, si no mal recuerdo, a las 8 de la mañana, siempre por el caso Cooptación y Corrupción Judicial y lo que ellas buscan es que se otorgue una medida de restricción para que nosotros no nos podamos acercarnos a ellas, entonces lo que lograrían con eso es que nosotros no podamos asistir a esa a esa audiencia del viernes”, señaló Méndez Ruiz.

Ricardo Méndez Ruiz, añadió que según las abogadas de las procesadas tienen fácil su denuncia, porque cayó en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, que está a cargo del fiscal Carlos de León, que según Méndez Ruiz, es gran amigo del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

También dijo que tienen en su poder un audio en el que consta el cruce de palabras entre Eva Sosa y ellos, y explicó que Sosa dio amplias declaraciones ante la prensa, pero no mencionó nada del incidente que había habido antes de la audiencia.

Él reconoce que él estaba sentado en una esquina de la sala, cuando Sosa se le acerca a unos 20 centímetros y le gritó, porque estaba descontrolada tras un incidente que tuvo él con con el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que no ejerciera presión al juez, y cuando ella se vio sin esa presión, se vieron desesperadas.

Dijo que luego de hablar con Rodas, se sentó en su silla y Eva Sosa le gritó algo que no recuerda y él respondió fue “licenciada usted no solo está presa por los graves delitos que cometió, usted está presa por soberbia”, y eso fue todo lo que pasó.

Audio del incidente al que se refiere Ricardo Méndez Ruiz

La denuncia

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expresó que el pasado domingo 20 de febrero se enteraron que las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor Gálvez y Claudia González se habían reunido en un restaurante de la zona 10 de la capital con un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un miembro de la comunidad internacional en la que estaban planeando presentar este lunes una denuncia contra él y Ricardo Méndez Ruiz.

La denuncia buscaba obtener medidas de seguridad para que no pudieran acercarse a ellas y de esa cuenta no se presentaran a la audiencia señalada para finales de esta semana.

“Si nosotros no vamos, que somos los querellantes adhesivos, el caso podría perder solidez en contra de ellas y de esa cuenta se podrían, en determinado momento, beneficiar al no estar el querellante adhesivo que son los que presentamos la denuncia, conocemos a cabalidad los hechos, porque somos afectados por esta resolución de conexión”.

Denunciaron a las procesadas

Falla añadió que por eso presentaron una denuncia pues claramente descubrieron un plan de concertación por parte de ellos que pretende obstaculizar el caso que está juzgando el juzgado tercero, donde están detenidas. Además, que ellas ya están detenidas por obstaculizar el caso Odebrecht.

Añade que las detenidas están desnaturalizando la Ley de Femicidio o violencia contra la mujer para poderla utilizar como herramienta de persecución y criminalización en contra los representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

@FCTGuatemala presentó denuncia en contra de una ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA integrada por: Leidy Santizo, Eva Sosa, Claudia González, Flor Gálvez, por los delitos de obstrucción a la justicia, denuncia falsa, simulación de delito, asociación ilícita y conspiración. Justicia!! pic.twitter.com/Cvs69EZjAw

— Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) February 21, 2022

Señaló que las procesadas buscan victimizarse y buscan una medida que las proteja y les impida acercarse al juzgado, lo cual pues de un punto de vista no puede ser legal y técnico porque los juzgados son dependencias públicas.

Según Falla, si de alguna manera les notifican las medidas de seguridad, ellos ya tienen preparado también un memorial para presentarlo al órgano jurisdiccional y haciendo ver artículo 82 del Código Procesal Penal, último párrafo, tendría que suspenderse la audiencia hasta que esto se discutiera.

“No sé si en la estrategia las abogadas analizaron a fondo porque nosotros ya tenemos listo nuestro escrito, nuestros argumentos, porque no puede darse una audiencia de primera declaración si se está excluyendo al querellante adhesivo”, expresó.

Falla puntualizó que la Fundación contra el Terrorismo no tiene otro representante legal y si no puede participar en la audiencia, obligadamente debe haber una suspensión del proceso hasta que se resuelvan las medidas de seguridad.

La exfiscal anticorrupción guatemalteca Leily Santizo denunció este viernes 18 de febrero que fue víctima de agresiones verbales y de intento de agresiones físicas por parte de dos abogados, ambos sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio.

Santizo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 10 de febrero por un caso bajo reserva, aseguró a periodistas que las agresiones verbales e intento de agresiones físicas fueron obra de los abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, los dos sancionados en 2021 por EE. UU.

“El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y si no es por los policías del Sistema Penitenciario no sé hasta donde hubiera llegado el señor Méndez Ruiz”, dijo la abogada en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde tuvo lugar el altercado según mencionó.

“No solo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, añadió la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 empleó una histórica batalla contra la corrupción en el país centroamericano.

Santizo enfatizó ante los micrófonos de los medios de comunicación que es “necesario que se conozca” la situación que está viviendo en prisión preventiva.

Un caso “bajo reserva”

La abogada fue detenida junto a otra fiscal extrabajadora de la Cicig, Eva Sosa, por un caso que se encuentra bajo reserva y del que el Ministerio Público no ha brindado mayores detalles.

Tanto Santizo como Sosa han indicado que sus detenciones obedecen a una “persecución” judicial por su labor como fiscales anticorrupción en la Cicig y el Ministerio Público, donde imputaron entre 2014 y 2019 a más de 200 personas por corrupción, incluidos presidentes, expresidentes y miembros de la élite empresarial.

Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de la organización de derecha extrema Fundación Contra el Terrorismo y fue sancionado en 2021 por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio debido a su “demora y obstrucción” de procesos penales de alto impacto de acuerdo con sus intereses, al igual que Falla, también parte de la entidad.

Santizo había declarado el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido han manifestado esta semana su “preocupación” por la persecución de fiscales en Guatemala.

Estados Unidos afirmó el miércoles mediante un comunicado que está “profundamente preocupado” por lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público, bajo el liderazgo de la fiscal general y jefa de la entidad, Consuelo Porras.

La fiscal general guatemalteca también fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos al señalarla de “obstruir” casos de alto impacto.

La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.

Sin embargo, la entidad desapareció en 2019 después de que el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), ordenara su clausura mientras dos de sus familiares eran investigados en un caso por corrupción estatal.

Al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país centroamericano, según afirmó el miércoles uno de ellos, el exlíder de la lucha anticorrupción en Guatemala Juan Francisco Sandoval, radicado en EE. UU. desde 2021.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente  orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

Envía mensaje a EE. UU.

Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.

La abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detenida desde el jueves último bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia reveló este martes 15 de febrero los temores que le genera estar privada de libertad en una prisión en la que cumplen condena muchas de las personas señaladas de corrupción y narcotráfico que en su momento ella procesó.

“Lo que pasa es que yo lo que veo es una sed de venganza y lo que debería de ser categorizado como una acción de defensa ahora ellos lo vinculan como un delito,entonces todos los defensores deberíamos de estar privados de la libertad por hacer acciones a favor de la defensa”, señaló Santizo, luego de que la audiencia de primera declaración fuera suspendida este martes.

“El día de ayer fue golpeada la persona que me lleva a la comida por unas personas que apoyan a estos dentro de Mariscal Zavala y se me ha hecho la amenaza directa de que mi vida corre peligro, yo ya he externado que yo no puedo estar privada de la libertad y existe la mala intención de dejarme privada de la libertad, ya que estos casos de narcotráfico tiene a personas detenida (…) en todos los centros carcelarios donde yo puedo recibir alguna amenaza o mi integridad física puede ser comprometida”, señaló Santizo.

Santizo hizo un llamado a la comunidad internacional para que le pongan atención a su caso, pues asegura que por su trabajo es altamente vulnerable a sufrir algún atentado, principalmente si comparte prisión con personas que la Cicig llevó tras las rejas, principalmente de los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

La defensa de Santizo y de la exfiscal de la Feci Eva Sosa también monstro preocupación por la integridad de las dos profesionales detenidas.

“Responsabilizamos al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario por la vida e integridad de nuestras dos defendidas en virtud de que fueron enviadas al Mariscal Zavala y sabemos que en ese lugar se encuentra con mucha vulnerabilidad y en riesgo”, dijo una de las abogadas defensoras, quien agregó que el lunes pasado hubo un incidente que ya está en manos de las autoridades correspondientes.

Además, personal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (Udefegua) denunció agresiones por parte de parientes de reos de la cárcel Mariscal Zavala durante una verificación del estado de Santizo, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad de la abogada.

Jorge Santos, director de Udefegua, señaló que hacen un llamado a las autoridades del Sistema Penitenciario y al juez “que lleva la causa en la medida en la que muchos de los implicados en casos de corrupción e impunidad se encuentran guardando prisión allí en ese centro de detención, tanto quienes ya han sido sentenciados; por ejemplo, como en el Caso Génesis, donde miembros de la familia Mendoza han sido sentenciados como otras personas que están en prisión preventiva esperando su proceso penal correspondiente, entonces por supuesto que es un riesgo que una persona que haya litigado y que haya sido mandataria de la Cicig en muchos de estos casos de alto impacto estén también guardando prisión en el mismo lugar que la abogada Leyli Santizo”.

Santos también dijo que fueron agredidos por una persona no identificada en el interior de la cárcel, quien lanzó amenazas debido a que se llegaba a visitar a la abogada que “metió a la cárcel a su papá”. Señaló que ante las agresiones ningún agentes o autoridad del Sistema Penitenciario intervino para evitarlo.

“Recordemos que la abogada en particular llevó varios casos de alto impacto en donde habían implicadas estructuras de poder económico, militar, crimen organizado, inclusive, que hy están guardando prisión por las actividades tan importantes que desarrollo la Cicig y la Feci”, agregó Santos, quien solicitó a la PDH que haga visitas permanentes para garantizar la seguridad de Santizo.

De acuerdo con una publicación en Twitter de Ruda, personal de las embajadas de Reino Unido, Canadá, la Unión Europa y las Naciones Unidas acudieron a la Sala de Audiencia “A” donde sería escuchada Santizo.

Sosa también fue acompañada por personal de la Embajada de Canadá y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, horas después, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que exige que a los diplomáticos acreditados en el país que no interfieran en asuntos internos, pero no dejaron claro a qué se referían.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manifiesta: Que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, señala la primera parte del comunicado.

Agrega “que siendo Guatemala Estado parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de Guatemala, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Activistas de derechos humanos manifestaron en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir la libertad de Santizo, por lo que colocaron pancartas en las que exigen el respeto al estado de derecho.

#LasQueLuchan En el Mariscal Zavala corre peligro la vida de Santizo. “Es un riesgo que una persona que haya litigado, que haya sido mandataria de la Cicig en casos de alto impacto” , expresa Jorge Santos de @UDEFEGUA
Angie Ross pic.twitter.com/3koSDAusXB

— Ruda (@ruda_gt) February 15, 2022

#AHORA La audiencia de 1era declaración de Leily Santizo fue suspendida y reprogramada para el viernes. Hace un llamado a organismos internacionales por el peligro que corre su vida en cualquier centro carcelario del país por los casos que litigó en CICIG.
@jovannagarcon pic.twitter.com/cm0RdGVqRn

— No-Ficción (@noficciongt) February 15, 2022

La jurista Eva Sosa, exfiscal de una extinta comisión antimafias auspiciada por la ONU en Guatemala, fue detenida este martes al comparecer a un juzgado que investiga su actuación en ese organismo.

Sosa, quien integró la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel del lugar, observó un fotógrafo de la AFP. En total fueron cuatro veces las que Sosa se puso a disposición de la Justicia.

La exfiscal está bajo investigación por “cooptación y corrupción judicial … el caso está bajo reserva”, dijo el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.

Sosa quedó a la espera de que el juez decida si la manda a prisión o a detención domiciliaria.

El jueves, la abogada Leyli Santizo, quien fue mandataria por 11 años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el ente de la ONU, fue detenida el viernes bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia. Santizo fue llevada este martes al juzgado para su primera declaración.

La detención de Santizo provocó que Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.

A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.

Estados Unidos, dijo entonces que le perdió la “confianza” a Porras.

El nuevo fiscal, Rafael Curruchiche, es señalado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores y está a cargo de la investigación de las juristas detenidas.

La Cicig apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios, considerados intocables y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020).

Morales fue luego acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la Feci.

Ambas organizaciones destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.

Sosa fue acompañada por personal de la Embajada de Canadá acreditada en Guatemala.

Sin embargo, horas después, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que exige que a los diplomáticos acreditados en el país que no interfieran en asuntos internos, pero no dejaron claro a qué se referían.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manifiesta: Que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, señala la primera parte del comunicado.

Agrega “que siendo Guatemala Estado parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de Guatemala, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.