“La reforma propuesta a la Ley de Reconciliación Nacional plantea una amenaza considerable para el Estado de Derecho en Guatemala”, subrayan los eurodiputados en la resolución aprobada en Estrasburgo (Francia).

Para el Parlamento Europeo, de aprobarse, esta reforma “socavaría gravemente el importante progreso logrado mediante el trabajo de los tribunales nacionales en su lucha contra la impunidad”.

La amnistía “alimentaría aún más la violencia” y “podría provocar una desestabilización de la sociedad”, apuntan los eurodiputados, que instan “por tanto al Congreso guatemalteco a no aprobar el proyecto de ley”.

La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra en 1996, otorgó amnistía a militares y guerrilleros, pero dejó fuera los delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pero, de aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

Los eurodiputados aprovecharon la ocasión para reiterar su apoyo a la misión anticorrupción de la ONU, que enfrenta el acoso del presidente guatemalteco Jimmy Morales, que trató de forzar su cierre prematuro.

La Eurocámara pide así “al gobierno guatemalteco que cese todos los ataques ilegales contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su personal nacional e internacional”.

Tras expresar su preocupación por el aumento de los asesinatos y la falta de seguridad para mujeres y defensores de derechos humanos, la resolución adoptada deja planear la amenaza de eventuales medidas contra el país.

La “violación” de los derechos humanos puede conllevar la “suspensión” de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, cuyo capítulo comercial se aplica desde 2013, advierten.

En 2017, los intercambios comerciales entre la UE y Guatemala se elevaron a unos 2.025 millones de euros (unos 2.290 millones de dólares), frente a los 1.585 millones de euros registrados en 2014, según la Comisión Europea.

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“No me van a amedrentar”, dijo a la prensa el líder opositor, de 35 años, con su hija de 20 meses en brazos, a las puertas de su casa en Caracas.

Guaidó aseguró que hombres que se identificaron como miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se acercaron a su casa, en dos motos y una camioneta sin placas, preguntaron por su esposa, Fabiana Rosales, y la familia.

“Buscaban información. El objetivo es evidente (…). A esos funcionarios les digo: no crucen la raya roja”, expresó Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora.

El opositor había denunciado la “intimidación” desde la tarima donde presentaba su “Plan País” para enfrenar el colapso económico venezolano, en el auditorio de la principal universidad del país, en Caracas.

Su esposa estaba a su lado, pero en la residencia se encontraba su hija de 20 meses, de cuya “integridad” hizo “responsable” a Maduro. Del auditorio se trasladó a su casa con diplomáticos y otros asistentes al acto, y un nutrido grupo de periodistas.

Estados Unidos, que reconoció a Guaidó como presidente interino, ha advertido que habrá “serias consecuencias” si el gobierno Maduro toma medidas para “dañar” al opositor, presidente del Parlamento de mayoría opositora.

“Claramente, este fue un intento de intimidación a él y a la oposición”, dijo el senador estadounidense Marco Rubio. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó “enérgicamente” el hecho.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, había dicho temprano que el miércoles fueron abatidos dos hombres que se hacían pasar por efectivos del FAES “para crear falsos positivos, terror y confusión”.

“Emergencia humanitaria”

Guaidó, fortalecido por el reconocimiento de la Eurocámara, presentó su plan que tiene como ejes: atender la emergencia humanitaria (salud, alimentos), “frenar en seco la inflación”, reactivar la industria petrolera y restablecer los servicios públicos.

Washington dijo tener listos 20 millones de dólares para entregar en alimentos y medicinas, pero Maduro, que atribuye la escasez a sanciones estadounidenses, sostiene que la ayuda humanitaria es la puerta a una intervención militar.

El conflicto político ocurre en pleno colapso del país, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para este año. La crisis disparó la migración, cifrada en unos 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU.

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El economista y diputado José Guerra, uno de los gestores del plan de Guaidó, precisó que, además de frenar la hiperinflación y la emisión de dinero sin respaldo, se dictará una nueva política cambiaria y se renegociará la deuda externa, estimada en unos 150 mil millones de dólares.

Otro consejero económico, José Toro Hardy, estimó que Venezuela necesitará en un primer momento unos 30 mil millones de dólares para recuperarse.

Decidido a asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, Estados Unidos aprobó sanciones contra la estatal petrolera PDVSA -fuente del 96% de ingresos del país- y congeló cuentas y activos venezolanos.

La UE sube la presión

El Parlamento Europeo reconoció este jueves a Guaidó como presidente interino en una resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, metiendo presión a la Unión Europea (UE) para que haga lo mismo.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció la creación de un Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos de “90 días” de duración para trabajar hacia una salida a la crisis.

Bajo la presión de España, Alemania y Francia, la Unión Europea lanzó un ultimátum a Maduro para que en “los próximos días” acepte unos comicios “libres” o de lo contrario reconocerá a Guaidó.

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Guaidó llamó a una marcha el sábado en respaldo al plazo europeo, que vencería el domingo. Mientras, el gobierno convocó a sus seguidores a manifestarse también, para festejar los 20 años de la “revolución bolivariana” liderada por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

“Estamos, seguimos y seguiremos en las calles hasta que cese la usupración, es indetenible la fuerza del pueblo en su lucha por la libertad”, manifestó en el auditorio.

Guaidó se autojuramentó luego de que el Congreso declarara a Maduro “usurpador” tras asumir un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que gran parte de la comunidad internacional, por ser resultado de comicios “fraudulentos”.

FFAA, “crucial” para un “cambio”

El miércoles, en manifestaciones en todo el país, Guaidó y sus seguidores urgieron a la Fuerza Armada a permitir que llegue ayuda humanitaria y a desconocer a Maduro, quien a su vez los llamó a mantenerse unidos y leales.

Aunque aclarando que no cubrirá crímenes de lesa humanidad, Guaidó ofrece amnistía a militares que desconozcan a Maduro, considerando “crucial” romper su principal sostén: la Fuerza Armada.

Metiendo presión también en ese sector, el gobierno de Donald Trump admitió que no descarta una acción armada en Venezuela y llamó a los militares a apoyar la transición.

Con cada llamado a marchas resurge el temor a brotes de violencia. Disturbios desde el 21 de enero dejaron unos 40 muertos y más de 850 detenidos, según la ONU. Dos oleadas de protestas en 2014 y 2017 se saldaron con unos 200 muertos.

La tensión ha alcanzado a la prensa: Dos franceses fueron detenidos y luego deportados por, según el gobierno, ejercer la profesión sin permiso, mientras que tres periodistas de la agencia española EFE (dos colombianos y un español) fueron liberados y podrán permanecer en el país.

Tras llamados a su liberación, los franceses fueron deportados y los periodistas de EFE podrán permanecer en el país.