Los exrectores de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, fueron beneficiados con arresto domiciliario gracias a una resolución del juez suplente de mayor riesgo D, Edwin Ramírez, informaron este martes 17 mayo fuentes judiciales.

Tanto Paiz como Gálvez podrán salir de prisión preventiva y permanecer en libertad condicional mientras concluye el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, se benefició con libertad condicional a Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La resolución, a la que la Feci no se opuso, se dio a conocer en una audiencia bajo reserva judicial, es decir, sin acceso a particulares ni periodistas.

“El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió otorgar medida sustitutiva a sindicados por razones humanitarias. Asimismo, decretó la reserva total”, señaló el MP.

Murphy Paiz y Estuardo Gálvez son procesados por supuestamente ser parte de una trama que intentó manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, la cual aún está detenida en el Congreso de la República.

Ambos son señalados de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

El caso Comisiones paralelas 2020 celebró este 23 de marzo la audiencia de primera declaración para seis detenidos, entre ellos los sancarlistas Murphy Paiz, actual rector, y Estuardo Gálvez, exrector.

Los otros sindicados en esta fase del caso son los abogados Jennifer Dell’Acqua, Olga del Rosario Alfaro, Luis Fernando Ruiz y Juan Salvador Soto, excomisionados de postulación. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.

Paiz se abstuvo de declarar. Por su parte, Gálvez señaló que ha formado parte de cinco comisiones de postulación durante su trayectoria como decano de Derecho y rector sancarlista, pero negó que en esos procesos haya traficado influencias y en particular la del periodo 2019-2024, como sindica la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En audiencia la Feci presentó un listado de posibles candidatos a cargos que tenían el aval del operador de cortes y exfuncionario Gustavo Alejos, preso por casos de corrupción, el cual fue encontrado en el sanatorio de la zona 2 donde él estuvo internado en 2020, y el mismo listado fue encontrado un año después en un allanamiento a Dell’Acqua.

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Asimismo, la fiscalía mencionó que hubo visitas a Alejos en el sanatario en diferentes días, pero, por ejemplo, en horas cercanas a la medianoche, entre ellos, Dell’Acqua, Alfaro Pineda (llevó el listado de Ruiz), Gálvez Barrios y Luis Fernando Torres (quien según la pesquisa fue intermediario de Paiz para presentar su lista, pero por el momento no está implicado ni detenido).

No obstante, la fiscalía pidió que los sindicados sean ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 11 de marzo que 6 personas fueron citadas a primera declaración por un caso de corrupción en la construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos por un monto de Q64 millones 120 mil 730.37.

Según el MP, esa fiscalía había solicitado la orden de captura contra los seis involucrados, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, resolvió ordenar la citación a primera declaración de los vinculados.

Las personas que fueron citadas son:

1. El exrector Carlos Estuardo Gálvez Barrios, sindicado de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
2. Henry Manuel Arriaga Contreras, por fraude.
3. Rolando Grajeda Tobar, por fraude.
4. Álvaro Amilcar Folgar Portillo, señalado de fraude.
5. Manfredo Chavarría Linares, por fraude.
6. Rafael Ángel Díaz Fión, gerente de proyectos y representante legal de Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (Cocisa), ante su presunta participación en el delito de fraude.

También se le vincula al caso a Mario Alexánder Velásquez Pérez, quien integró la Junta de Licitación Pública Nacional, y que actualmente goza de derecho de antejuicio por ser secretario general del Tribunal Supremo Electoral y según el MP en su momento se promoverán las diligencias correspondientes de conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio.

El caso

Según el MP, las personas sindicadas, intervinieron dentro del evento de licitación pública nacional D.S.G 002-2013 correspondiente al proyecto de construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para las escuelas de Medicina y Odontología del Cunoc en la ciudad de Quetzaltenango, identificado con el Número de Operación Guatecompras (NOG 2990768).

Agrega que los involucrados usaron artificios para defraudar al Estado, al haber “adjudicado de forma fraudulenta” la construcción de la obra a la entidad mercantil denominada Cocisa, por un valor de Q64 millones 120 mil 730.37, que incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior, pese a que la propuesta presentada por dicha constructora “debió ser inmediatamente rechazada sin responsabilidad de parte de la junta de licitación.

El documento del MP detalla que este rechazo debió realizarse en atención a la existencia de evidentes errores aritméticos en la oferta entregada, específicamente en la integración de precios en el programa cronológico de inversión y ejecución”, así como en sus respectivos anexos.

Ilegalidades y fraudes

• La investigación de la fiscalía determinó que no fueron aprobadas las bases de licitación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), ni tampoco por parte del Rector Magnifico.
• Los integrantes de la Junta de Licitación Pública Nacional fueron seleccionados y designados entre personas allegadas al exrector Gálvez
• La Junta de Licitación adjudicó el Evento a Cocisa a pesar que la oferta presentada contenía “errores aritméticos” y las bases de licitación definitivas publicadas en Guatecompras prohibían expresamente la realización de correcciones matemáticas, estableciendo que tal situación constituía motivo de descalificación inmediata.
• La Junta de Licitación favoreció a Cocisa concediéndole la oportunidad de continuar dentro de la Licitación Pública, pese a que en su momento su oferta debió ser descalificada, ante el incumplimiento de requisitos fundamentales.
• A través de las correcciones aritméticas complacientes realizadas por la propia Junta de Licitación a la oferta de Cocisa, dicha constructora alteró sustancialmente su propuesta, mejorándola en relación a la que fue presentada por la otra entidad participante y que fue descalificada.
• El entonces rector Gálvez omitió someter a la consideración del Consejo Superior Universitario, la aprobación de las Bases de la Licitación.
• El requerimiento de la ejecución del proyecto se realizó con fechas posteriores a la materialización de diversas gestiones administrativas relacionadas al evento.
• El Proyecto se adjudicó a pesar de la inexistencia de estudios técnicos y del estudio de impacto ambiental respectivo.
• La Orden de Compra relacionada con el pago del anticipo, se generó meses antes de suscribirse el contrato de obra respectivo.
• El contrato de obra se suscribió y fue aprobado por un funcionario público no autorizado de conformidad con la Ley.
• La Universidad de San Carlos de Guatemala entregó a Cocisa la suma de Q11 millones 450 mil 190.42, sin que la referida entidad mercantil hubiese realizado los trabajos programados mientras estuvo vigente la relación contractual, ocasionándose un grave perjuicio al patrimonio público.
• El Proyecto fue suspendido en definitiva por parte del Consejo Superior Universitario en el 2015, ante recomendación emitida por parte de la Contraloría General de Cuentas, sin que hasta la presente fecha, la USAC haya recuperado el monto del anticipo entregado a la constructora.

Gálvez y el caso Comisiones Paralelas

El exrector Gálvez fue capturado y enfrenta proceso por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, rector y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), comparecieron el 10 de marzo ante Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, en el inicio de la audiencia de primera declaración del caso Comisiones Paralelas 2020 por el cual fueron detenidos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sindicó a los dos detenidos por los delitos de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

Ambos fueron capturados por ser supuestamente parte de una estructura que definió a aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Paiz, desde la comisión de postulación, y Gálvez como un supuesto operador externo, según la investigación del MP.

Estuardo Gálvez, excandidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), podría continuar hospitalizado y sería sometido a más exámenes por padecimientos cardíacos antes de que sea detenido para que responda a los señalamientos del caso Comisiones Paralelas 2020.

Esa fue la recomendación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, para el también exrector de la Universidad de San Carlos que está internado en un sanatorio desde hace cinco días.

Gálvez, que renunció a la segunda vuelta para ser magistrado de la CC por el Colegio de Abogados, es señalado por el Ministerio Público (MP) de ser parte de una estructura que organizó para influir desde las comisiones de postulación en torno a los candidatos a magistrados judiciales.

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De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), es un operador y, en ese contexto, se reunió en un hospital con Gustavo Alejos para, supuestamente, acordar la elección de magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones.

También será señalado ante juez que apoyó el ascenso de grupos ligados a Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, otro operador judicial.

Aparte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó una denuncia antes de su salida del país, por proyectos de construcción sin terminar en el tiempo en el que Gálvez fue rector de la Usac.

El día de que se divulgó la orden de captura en su contra, Gálvez dijo que la Feci violó la Constitución al calificar la forma en que los comisionados votaron por los aspirantes a magistrados. Señaló que en 2020 se puso a disposición de la Feci en torno al caso Comisiones Paralelas 2020, pero criticó que la orden de captura ocurrió coincidentemente cuando se celebraba la elección de magistrado titular y suplente de la CC designados por el Cang, comicios del cual obtuvo el segundo lugar y pasó a segunda vuelta, pero, ante la sindicación en su contra, renunció a la candidatura.

El exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Estuardo Gálvez, quien pasó a segunda vuelta en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), declinó a continuar en el proceso, informó este martes 2 de marzo el Tribunal Electoral de ese gremio.

Gustavo Galindo, presidente del tribunal Electoral del Cang, confirmó la renuncia de Gálvez, quien se encuentra recluido en un hospital bajo custodia policial, luego de que se emitiera una orden de captura en su contra por estar vinculado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Galindo señaló que a más tardar el miércoles próximo estarían informado sobre qué procede con la segunda vuelta que estaba prevista para el 5 de marzo.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Gálvez mantuvo comunicación con Gustavo Alejos, secretario privado del presidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012, y conocido por ser operador de cortes, para convenir como se efectuaría la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.

Gálvez está señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, en donde se revela como operó una red para consensuar la lista de aspirantes a magistrados para que después de ser electos puedan devolver favores.

El viernes 26 de febrero el Cang informó que habrá segunda vuelta para definir a los magistrados designados para la Corte de Constitucionalidad (CC), pues ninguno de los aspirantes pudo ganar en primera ronda al no obtener mayoría absoluta.

Para la magistratura titular, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo 2 mil 307 votos, mientras que el exrector Estuardo Gálvez sumó 1 mil 925, pese a que ya tenía la orden de captura.

Mientras tanto, en la magistratura suplente, Patricia Gámez Barrera consiguió 2 mil 70 votos y Claudia Paniagua 1 mil 940.

el Ministerio Público (MP) señala que una red se configuró para consensuar una lista de aspirantes a magistrados de cortes Suprema y de Apelaciones para luego devolver favores.

En ese caso está implicado Gálvez, que, según el MP, ser un operador al reunirse en un hospital con Gustavo Alejos para, supuestamente, acordar la elección de magistrados de la Suprema y Apelaciones.

Gálvez dijo en Facebook que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) violó la Constitución al calificar la forma en que los comisionados votaron por los aspirantes a magistrados.

Señaló que en 2020 se puso a disposición de la Feci en torno al caso Comisiones Paralelas 2020, pero la orden de captura ocurre coincidentemente hoy , que se celebra la elección de magistrado titular y suplente de la CC designados por el Cang.

La jueza de Mayor Riesgo D Erika Aifán ordenó que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, quede en prisión provisional en la cárcel de Matamoros mientras se aclara su situación legal.

Paiz es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público de ser parte de una estructura que supuestamente se organizaba para definir aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.

El 26 de febrero del año en curso, la Feci reveló más detalles de la investigación y señaló, además del rector de la Usac, a Estuardo Gálvez, exrector de esa casa de estudios, de estar implicado en el caso, por lo que también ordenó su captura.

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Luego de haberse dado a conocer las acciones de la Feci, Paiz acudió a un sanatorio privado, aduciendo problemas de salud, pero el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que se encuentra en condiciones para ser trasladado a otro lugar.

En las redes sociales de Paiz se divulgó una carta donde se defiende de los señalamientos en su contra, pero confía en que serán desvanecidos.

En el caso de Gálvez, la jueza Aifán ordenó que se someta a un examen médico para determinar si puede ser trasladado a prisión preventiva mientras se desarrollan las audiencias de primera declaración por el caso.

Juan José Bolaños Mejía y Henry Giovanni Dubón Ruano, otros dos señalados por la Feci y con orden de captura vigente, no han sido localizados y no se han presentado ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, por lo que la juez Aifán los declaró en rebeldía.

Investigación

Según las autoridades, esta agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios, para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido de copar las cortes.

La Feci indica que el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.

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Según las autoridades, se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” (vender) servicios de impunidad a partir de contactos en el interior de este. Además, se estableció la distorsión del esquema legal de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones.

La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) informa que el Tribunal Electoral del Colegio, mediante oficio el 1 de marzo del año en curso, expone, en relación con el estado en que se encuentra el proceso de elección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que en primera vuelta obtuvieron mayoría de votos.

Los candidatos son Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Néster Mauricio Vásquez Pimentel, por lo que serían quienes pasarían a segunda vuelta.

Manifiesta dicho Tribunal, que el día del evento electoral, en su primera vuelta, en redes sociales y prensa, dieron a conocer que la Fiscalía Especial contra la impunidad procedió a la aprehensión de un profesional del derecho que se encontraba dentro de los inscritos y que además se había girado orden de aprehensión contra Gálvez Barrios e indican que dicho Tribunal durante el evento electoral relacionado, no fue notificado de resolución alguna al respecto.

Expone dicho Tribunal que al efectuar un análisis de la situación del proceso electoral encuentran ausencia de normativa y laguna legal por ausencia de procedimiento que permita de oficio depurar el mismo, por lo que con base en el artículo 28 del Reglamento de Elecciones del Colegio, solicitan que Junta Directiva suspenda la celebración de la segunda vuelta electoral, en tanto se resuelve la situación jurídica del candidato Gálvez Barrios.

Tribunal Electoral debe resolver

En ese sentido, la Junta Directiva manifiesta que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es el órgano superior de los colegios en materia electoral y su función no está supeditada a ningún otro órgano.

Afirma que en esa misma disposición legal, se establece, dentro de sus funciones el declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad de las mismas, lo cual, es coherente con el artículo tres e inciso E del Reglamento de Elecciones del Colegio.

Añade que finalmente, el artículo 28 del citado reglamento, de forma concomitante dispone también que las dudas que surjan en la interpretación del reglamento y los casos no contemplados, serán resueltos por el Tribunal Electoral del Colegio.

Señala que las disposiciones legales y reglamentarias precitadas, denotan que no corresponde a Junta Directiva decidir sobre un asunto eminentemente electoral como el planteado o, sus incidencias, sino que es de absoluta y estricta competencia y responsabilidad del Tribunal Electoral del Colegio, por ser la máxima autoridad en materia electoral y porque nada en esa materia ni el propio Tribunal, están sujetos o supeditados a ninguna otra autoridad.

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Aclara que las disposiciones legales invocadas son muy claras en indicar que los casos no contemplados, serán resueltos por el Tribunal Electoral, de ahí, que deban obligadamente resolver y dar respuesta pronta a la situación que en su oficio han manifestado.

También informa a los agremiados y público en general, que se hizo llegar al Tribunal Electoral del Colegio, el oficio de fecha 1 de marzo 2020, que fuera remitido por la Fiscalía Especial contra la impunidad, donde ponen en conocimiento que dentro de ese proceso de elección al que ha hecho referencia el Tribunal Electoral, se ha generado un proceso penal y la detención de dos candidatos, incluidos Gálvez Barrios quien pasó a segunda vuelta, con lo cual, dicho Tribunal, debe proceder como constitucional, legal y reglamentariamente corresponde.

El tribunal electoral pidió a la junta directiva del Colegio de Abogados (Cang) suspender la segunda vuelta para elegir magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante la captura del candidato Estuardo Gálvez.

Una declaración del tribunal electoral de ese organismo dice que hay “ausencia de normativa y laguna legal” de procedimiento que permita de oficio depurar el proceso electoral, en relación con Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos, quien está bajo custodia policial en un sanatorio para ser detenido dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.

La segunda vuelta quedaría entonces suspendida en tanto se resuelve la situación jurídica de Gálvez. El Cang dice que hizo la solicitud “a efecto de que se lleve un debido proceso electoral, se respete la pureza del evento, el derecho de igualdad de los candidatos y el derecho de los agremiados”.

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Gálvez obtuvo 1 mil 925 votos en las elecciones del 26 de febrero, mismo día que se supo la orden de arresto en su contra. Su contrincante, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo 2 mil 307 votos. Ambos buscan la magistratura titular de la CC. Mientras tanto, en la magistratura suplente, Patricia Gámez Barrera consiguió 2 mil 70 votos y Claudia Paniagua 1 mil 940.

Pero según el Ministerio Público (MP), Gálvez se reunió en un hospital con Gustavo Alejos para, supuestamente, acordar la elección de magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones.

El exrector de la Universidad de San Carlos (Usac) y actual candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), está internado en un hospital de la zona 1 de la capital, en donde el MP le notificó que tiene orden de captura por su supuesta participación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Según informó el Ministerio Público (MP) este sábado 27 de febrero, el exrector Carlos Estuardo Gálvez Barrios se encuentra en centro hospitalario privado de la zona 1.

Agregó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la PNC se procedió a notificarle a Gálvez la orden de aprehensión en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020.

El informe refiere que Gálvez ya está con custodia policial a la espera de evaluaciones médicas.

El viernes 26 de febrero el Colegio de Abogados (Cang) informó que habrá segunda vuelta para definir a los magistrados designados para la Corte de Constitucionalidad (CC), pues ninguno de los aspirantes pudo ganar en primera vuelta al no obtener mayoría absoluta.

Para la magistratura titular, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo 2 mil 307 votos, mientras que el exrector Estuardo Gálvez sumó 1 mil 925, pese a que ya tenía la orden de captura.

Mientras tanto, en la magistratura suplente, Patricia Gámez Barrera consiguió 2 mil 70 votos y Claudia Paniagua 1 mil 940.

el Ministerio Público (MP) señala que una red se configuró para consensuar una lista de aspirantes a magistrados de cortes Suprema y de Apelaciones para luego devolver favores.

En ese caso está implicado Gálvez, que según el MP, ser un operador al reunirse en un hospital con Gustavo Alejos para, supuestamente, acordar la elección de magistrados de la Suprema y Apelaciones.

Gálvez dijo en Facebook, ese mismo viernes,  que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) violó la Constitución al calificar la forma en que los comisionados votaron por los aspirantes a magistrados.

Señaló que en 2020 se puso a disposición de la Feci en torno al caso Comisiones Paralelas 2020, pero la orden de captura ocurre coincidentemente hoy, que se celebra la elección de magistrado titular y suplente de la CC designados por el Cang.

Gustavo Galindo, presidente del tribunal electoral, informó que ese organismo se declara en sesión permanente porque los resultados son preliminares y prevé posibles acciones relacionadas como impugnaciones -Gálvez tiene orden de captura- y la celebración de la segunda vuelta, que se desarrollará el viernes 5 de marzo.

Rector de la Usac capturado

Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos, fue capturado ese mismo 26 de febrero en un sanatorio privado horas después de que se enterara de una orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020 y dijera que se iba a presentar ante la justicia.

Paiz presidía una sesión del Consejo Superior Universitario que conoce los expedientes de aspirante a Corte de Constitucionalidad (CC) cuando se enteró por los medios que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) confirmó una orden de captura contra él.

“En las redes sociales anda información de que hay un allanamiento en mi vivienda y que hay una orden de captura contra mi persona, entonces discúlpenme yo quisiera presentarme ahorita a la justicia para hacer las aclaraciones que correspondan y pedirles el permiso para poder retirarme para hacer la verificación de esa información y poder decirle al decano más antiguo que asuma el rol”, señaló Paiz a los consejeros sancarlistas y salió del salón de un hotel de la zona 11 bajo los reflectores de las cámaras.

No obstante, en ese momento no se desplazó hacia la Torre de Tribunales sino a un sanatorio privado de la zona 11 capitalina, donde fue ubicado por agentes de la Feci y la PNC. Una vez se determine su estado de salud procederá el arresto, según el Ministerio Público (MP).

Según la Feci, Paiz fue parte de una red integrada por personas dentro y fuera del sistema de comisiones de postulación que se organizó para definir aspirantes a magistrados a salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia para que, una vez en los cargos, devolvieran el pago de favores.

Aunque no ha pormenizado los delitos supuestamente cometidos por Paiz, la Feci señala que la red incurrió en violación a la Constitución, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó un amparo y ordenó al Colegio de Abogados (Cang) a celebrar la segunda vuelta de elección de magistrado titular de ese gremio ante el tribunal constitucional para el periodo 2016-2021.

Los magistrados constitucionales revocaron el amparo provisional del Juzgado Sexto Civil del 8 de enero que suspendió las actuaciones del Colegio en este proceso.

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El fallo ordena al Colegio que en un plazo de 24 horas convoque a su gremio para la elección.

En horas previas, una Sala de Apelaciones resolvió una asistencia de debida ejecutoria de un amparo de noviembre que igualmente ordenó al Colegio la celebración de la segunda vuelta de la elección. En este caso, incluso le fijó como fecha el lunes 18 de enero.

La CC dio así respuesta a una apelación promovida por los abogados Helmer Rolando Reyes y Soazig Amanda Santizo contra el amparo del Juzgado Sexto, que a su vez falló por solicitud de un grupo de abogados.

Los dos competidores en la segunda vuelta del Cang hacia la CC son el juez Mynor Moto y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, de quienes el Ministerio Público (MP) cuestiona su idoneidad para el cargo.