El presidente electo, Bernardo Arévalo, anunció a través de sus redes sociales una marcha ciudadana para el jueves 7 de diciembre de 2023. En sus palabras, la movilización es “en la defensa de la verdad, de la justicia y la democracia”.

En la grabación, Arévalo expresó que ha llegado el momento de ponerle un alto a los “corruptos de siempre que han herido las fibras más sensibles de la sociedad, negando la libertad de elegir […]”.

El presidente electo hizo hincapié en su mensaje en que este evento no solo busca denunciar lo que considera injerencias corruptas, sino hacer partícipe a la sociedad guatemalteca.

“Estamos atravesando un momento que exige claridad y decisión de nuestra parte. Un momento sin lugar para tibiezas, para silencios cómplices o para ambigüedades”, afirmó en su declaración.

Arévalo explicó que la movilización será pacífica y convocó así a “todas las fuerzas democráticas”, incluyendo a alcaldes, diputados, y convocando también a líderes de distintos sectores como religioso, político, empresarial y estudiantil.

“Será no solo una manifestación de protesta sino una afirmación de nuestra identidad como pueblo”, dijo casi al final de su mensaje.

Los 48 cantones de Totonicapán respaldaron la convocatoria para el 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, concentrándose en la Corte Suprema de Justicia. Durante la marcha se dirigirán posteriormente a la Corte de Constitucionalidad y, luego, hacia la sede del Ministerio Público.

Este lunes 4 de diciembre, autoridades ancestrales también participaron en una marcha para rechazar el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República y pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.

Contexto político

El llamado de Arévalo a una marcha para el próximo jueves se anunció en el contexto del anuncio de que Estados Unidos está promoviendo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intensifique su respuesta ante lo que consideran “ataques” a la democracia en Guatemala, específicamente refiriéndose a las acciones de la Fiscalía contra el presidente electo.

El embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, anunció que su país está en conversaciones para crear un “proyecto de resolución más serio” ante un creciente ataque a la democracia en Guatemala.

En la sesión extraordinaria de la OEA de este lunes 4 de diciembre, Mora advirtió que, si el organismo no actúa ahora, el impacto se extenderá “más allá de Guatemala”.

En la solicitud de la reunión hecha por representantes de cinco países, se menciona que el Congreso guatemalteco votó a favor de retirar la inmunidad a cuatro funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Guatemala no está de acuerdo”, dijo el canciller Mario Búcaro, a la vez que aseguró que el proceso de transición de Alejandro Giammattei a Arévalo “continúa desarrollándose de manera pacífica, contrario a lo afirmado por los ponentes”.

Este 7 de diciembre marchemos por el derecho a vivir en una Guatemala justa y próspera.

El futuro y bienestar de las familias guatemaltecas está en juego. pic.twitter.com/q6SHazaisE

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 4, 2023

-INFORMACIÓN IMPORTANTE-

Movilización por la democracia en la lucha contra la corrupción en Guatemala. #48Cantones#LuchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/7eSwHNsNai

— 48 Cantones Oficial (@48_CantonesToto) December 4, 2023

El investigador de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) Juan Pappier considera que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con Efe.

El investigador de la organización humanitaria añadió que en el país centroamericano “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

Al menos 24 de los funcionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.

“Esto no es normal en una democracia del siglo XXI, en una democracia funcional”, expuso el abogado argentino sobre los 24 exfuncionarios guatemaltecos exiliados.

Precisamente el ultimo informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B del mismo por violaciones a los derechos humanos, en un listado donde le acompañan Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Similitudes con Nicaragua

Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, considera que Guatemala podría estar siguiendo los pasos del Gobierno de Nicaragua en cuanto a justicia, cooptación del Estado y derechos humanos, pero con otros matices.

“Hay diferencias por supuesto con Nicaragua, donde estamos hablando de un dictador o una familia de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todo el poder”, recordó.

Por el contrario, en Guatemala “estamos hablando de un modelo oligopólico de poder” en el sentido económico, donde “hay un conjunto de actores que controlan y han cooptado las instituciones”, puntualizó el abogado.

De cualquier manera, Pappier sí considera que “el ejemplo de Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que pasa en Guatemala y la primera es este tema de la destrucción del Estado de Derecho, y Nicaragua es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se cooptan las instituciones democráticas”.

La segunda similitud donde el investigador de HRW cree que “la comparación es valiosa” es en referencia a la comunidad internacional.

“Yo creo que la comunidad internacional cometió un error en Nicaragua, porque dejó pasar el tiempo y no reaccionó cuando las instituciones democráticas se estaban destruyendo. Y las reacciones más fuertes recién vinieron cuando habían muertos en las calles de Managua, cuando había sangre en las calles”, subrayó.

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Por eso, Pappier piensa que “es un error de la comunidad internacional esperar tanto” y esa “lección” hay que “aplicarla” en Guatemala si se quiere evitar que “termine en una situación como la de Nicaragua o Venezuela”.

De igual forma, el investigador de Human Rights Watch ve como trascendental que “los guatemaltecos entiendan que sin Estado de Derecho no hay” derechos humanos.

“Y esto es importante que lo entiendan todos los guatemaltecos, incluyendo los empresarios que promueven y apoyan el desmantelamiento de las instituciones del país, porque el día de mañana puede haber un Gobierno distinto y si este Gobierno por ejemplo no respeta la propiedad privada, ¿a quién van a acudir estos empresarios?”, concluyó Pappier.

Guatemala vivió entre 2014 y 2019 una cruzada anticorrupción que dejó más de 200 políticos y empresarios de élite acusados por el Ministerio Público de la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada actualmente en Estados Unidos, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, recientemente nombrado ministro de Defensa en su país. EFE

Foto principal: Pixabay

Velásquez, quien hace un tiempo se ganó la imagen de magistrado implacable en su Colombia natal al combatir al paramilitarismo, habló con BBC Mundo sobre su lucha actual como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad”, afirma Velásquez durante una entrevista en Nueva York.

Sostiene que, aunque el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, haya exigido el cierre prematuro de la Cicig este mes, la Comisión mantiene su vigencia por una orden de la Corte de Constitucionalidad.

Morales acusa a la Cicig de violar leyes internas y convenios internacionales.

Pero Velásquez rechaza las acusaciones y sostiene que la Comisión, instalada en 2007 por un acuerdo inédito en las Naciones Unidas, tuvo éxito al identificar 60 estructuras criminales y obtener más de 300 sentencias condenatorias. Entre quienes ha enviado a la cárcel figuran el expresidente Otto Pérez Molina, siete ministros y varios diputados.

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Aunque se define como optimista por naturaleza, Velásquez también se muestra inquieto por las elecciones generales que Guatemala tiene previsto realizar en junio y señala que la comunidad internacional debe exigir transparencia.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Velásquez, quien desde septiembre tiene impedida la entrada a Guatemala y fue declarado “persona non grata” por Morales.

¿Cuál es la situación actual de la Cicig tras la orden del presidente Morales para que su personal saliera de Guatemala y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de que la comisión permanezca en el país?

Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad es la que tiene que regir en un Estado de derecho. Es el máximo órgano constitucional que dice el Derecho.

El secretario general de Naciones Unidas ha dicho igualmente que el acuerdo de constitución de la Cicig no se puede terminar de la forma como el presidente Morales ha pretendido terminarlo, que tiene un plazo que se vence el 3 de septiembre. Eso ha sido ratificado por la Corte de Constitucionalidad. De manera que la situación actual es que la Cicig permanece y tiene una vigencia hasta el 3 de septiembre.

Pero el gobierno no la reconoce. Entonces, ¿para usted hay una ruptura del Estado de derecho?

Indudablemente. Yo creo que hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, a las decisiones de los jueces. Se puede estar en desacuerdo con esas decisiones, pero tienen que respetarse.

Ninguna autoridad puede juzgar cuál decisión de la Corte acepta para cumplirla, o cuál rechaza para no cumplirla. Incluido el presidente de la República. De manera que decir que hay órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad, me parece que afecta sensiblemente el orden institucional, el Estado de derecho en Guatemala.

¿La Comisión sigue trabajando de alguna forma?

Tenemos una situación de cancelación de algunas visas. No obstante, que un funcionario que había retornado a Guatemala y le habían prohibido su ingreso, finalmente pudo entrar por decisión también de la Corte de Constitucionalidad.

Después de la cancelación unilateral del convenio de constitución de la Cicig, la situación sobre todo de seguridad del personal extranjero por lo menos generaba preocupación. Eso determinó que transitoriamente hubiera un retiro de estos funcionarios y algunos funcionarios guatemaltecos que también salieron del país.

Pero ahora ha venido un proceso de retorno gradual para llegar nuevamente al cabal cumplimiento del mandato. La premisa es: si el acuerdo está vigente según la autoridad judicial guatemalteca y el secretario general de las Naciones Unidas, pues entonces la Cicig debe cumplir con la función para la que está establecida.

Usted mismo había señalado su voluntad de regresar a Guatemala. ¿Mantiene esa determinación?

Sí, yo mantengo la decisión. Hay que ver las condiciones específicas. No se puede generar un caos en el país. Hay que tratar en lo posible que exista una convivencia. Que sobre todo sectores que han expresado su rechazo a la Comisión y sectores que en ocasiones han sido por lo menos de una violencia verbal elevada, no permitir que se produzca una confrontación. Es lo necesario y mucho más en el momento de ahora.

Ya fue abierto el proceso electoral, empieza la campaña en marzo, las elecciones son en junio… Tiene que existir un ambiente pacífico para ese debate electoral que es tan importante para el país.

¿Es decir, que si bien usted ve una ruptura del Estado de derecho en Guatemala y tiene la voluntad de volver, le preocupa que esto no derive en una crisis mayor, con violencia en las calles?

Claro, aquí la importancia no es la figura del comisionado; ni siquiera de la Cicig. La importancia es de la preservación del débil Estado de derecho existente en Guatemala. De manera que hay que tratar de conservar los mínimos elementos democráticos que Guatemala ha logrado recuperar a lo largo de estos 32 años.

Es lo que mencionaba cuando hablaba de la ruptura del Estado de derecho: de qué manera por decisiones gubernamentales del presidente, de algunos ministros, esa frágil democracia puede estar en peligro.

Usted ha indicado que aceptaría renunciar a cambio de que el gobierno de Guatemala garantice que la Cicig pueda cumplir cabalmente su mandato. ¿Hay alguna negociación en ese sentido?

Yo no intervengo en ninguna negociación. Algunos plantean que detrás de mi permanencia al frente de la Comisión hay un interés personal. No tengo ninguna aspiración personal en Guatemala, que no es mi país, ni en Colombia.

Han planteado que un grave problema es la manera como se ha conducido la Comisión… Yo digo: si ese es el pretexto, les quito el pretexto. El problema no soy yo. Pero tengo la convicción de que tampoco el problema es la Cicig. El problema es cómo ese frente pro-impunidad requiere mantener el monopolio de la impunidad para garantizar que no va a tener ninguna consecuencia por los delitos que han cometido.

¿Le preocupa el desarrollo de las elecciones de junio en este contexto?

Claro. Creo que una exigencia válida de la comunidad internacional es que el proceso electoral en Guatemala sea absolutamente transparente. Que no haya una exigencia indebida para tratar de prolongar el control de sectores que tienen necesidad de que ese poder continúe en manos de ellos.

Tienen temor que unas elecciones libres, democráticas, transparentes permitan la llegada de fuerzas diferentes al ejercicio del gobierno.

¿Qué riesgo concreto ve para estas elecciones?

Creo que el financiamiento electoral ilícito continúa. Y retirar a la Cicig precisamente en este momento puede estar muy vinculado con eso.

Aparte de eso, ¿le preocupa que pueda haber un desconocimiento del resultado, o que las elecciones no se celebren limpiamente?

Todo eso me preocupa.

¿Cuán comprometido está el presidente de Guatemala en las investigaciones que ha desarrollado la Comisión?

Para hablar solo de un tema: el financiamiento electoral ilícito recibido en 2015 de parte de importantes empresarios de Guatemala, que públicamente reconocieron haber actuado indebidamente. Creo que está plenamente acreditado ese hecho.

Y está demostrado que el entonces candidato presidencial estuvo reunido con los empresarios para determinar de qué manera se podía producir esa entrega de dinero sin que pasara por las cuentas del partido.

Y la decisión de expulsar a la Cicig, ¿a su juicio puede configurar un delito específico?

Habría que asociarlo a las decisiones judiciales. Si la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esto no es procedente y se insiste en mantener esa decisión contraria, ahí hay un fraude a una resolución judicial, hay un desacato.

La calificación de delito habrá que examinarla de cara a la legislación guatemalteca para ubicar ese comportamiento, que en todo caso sí es ilícito.

En una carta al secretario general de la ONU, usted ha rechazado de plano las acusaciones que ha recibido la Cicig por parte del gobierno de Guatemala. Pero, ¿hace alguna autocrítica sobre la forma en que condujo la Comisión?

Hay muchos señalamientos que se hacen desde sectores afectados por las investigaciones. Por ejemplo, relacionados a los testigos y supuestas presiones o compras a testigos. Como decía en la carta al secretario general, niego enfáticamente que se hubiera realizado una práctica de esas en la Comisión.

Hay algunas acusaciones que habría que examinar con detenimiento. Por ejemplo, se plantea que la comisión se hubiera ocupado de un caso tan pequeño como el del hijo y el hermano del presidente de la República, que era por varios contratos de un poco más de 10.000 dólares cada uno.

¿Qué está detrás de una crítica de esa naturaleza? ¿Que se diga: respecto de estas personas no se puede adelantar investigación porque son familia del presidente de la República y por lo tanto se puede afectar la gestión de la Comisión?

No me resisto a discutir sobre errores en la conducción. Pero que la discusión sea realmente seria, objetiva, desapasionada.

Desde su época de procurador y magistrado en Colombia, usted ha llevado adelante investigaciones devastadoras para políticos y grupos poderosos. ¿Es una cuestión de estilo personal o puro azar?

Hay una combinación. Por ejemplo, en la investigación de la parapolítica en Colombia, yo estaba muy tranquilo como magistrado auxiliar, cuando llegó al despacho del magistrado en el que me desempeñaba la denuncia sobre la amistad que declaraban los comandantes paramilitares con cerca de 35% de los miembros del Congreso de la República. Por pura casualidad me correspondió a mí. Ahí podríamos decir que hay azar.

Lo otro es la convicción. Me atacan en todas partes porque me falta tacto, porque no tengo intuición política, porque no mido consecuencias. Me parece que esas consideraciones no son válidas en la administración de justicia.

Hay que actuar de acuerdo con los elementos que se encuentran en una investigación. Tal vez ahí está un poco el problema de mi estilo. Pero no es un estilo particular mío: hay mucha gente con convicción de justicia que ha luchado por eso.

Entre los aspectos que más llaman su atención están las medidas para impedir la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los señalamientos negativos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y las medidas del Ejecutivo que ignoran las decisiones del máximo tribunal.

“Consideramos que tales hechos socavan la separación de poderes y ponen en entredicho los avances hechos en el combate a la impunidad y la corrupción en el país”, reiteran.

También les preocupan los señalamientos a entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, las cuales podrían traducirse en intimidaciones y ataques directos a la seguridad de estas personas, puesto que en 2018 se produjeron 26 asesinatos contra defensores de derechos humanos.

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“Lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por finalizada la labor de la Cicig. Lamentamos igualmente la orden de expulsión contra sus empleados y el llamado por parte del presidente Jimmy Morales a denunciar a personas de la sociedad civil que, según él cometieron actos violatorios por oponerse a las medidas tomadas por el Ejecutivo”.

“Estos hechos constituyen un preocupante ataque al legítimo derecho de la libertad de expresión y fundamental derecho y obligación de toda persona de defender los derechos humanos”, afirman.

Por ello hacen un llamado a todos los poderes del Estado guatemalteco a hacer lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático.

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“Instamos particularmente al presidente de la República, la ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Gobernación a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y otros juzgados que han ordenado el respeto al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, así como a resguardar la integridad física y psicológica de todas las personas empleadas por la Cicig”.

Concluyen reafirmando su compromiso con la lucha contra la impunidad y corrupción.

Hubo una comunicación que se debió a cuentas pendientes en sus países, pero se aportaron a la Cancillería las pruebas para demostrar que no es cierto y que se revoque la decisión, explicó.

Velásquez considera que las decisiones del Gobierno violan el acuerdo de crear la Cicig y en esa medida “son contrarias a la ley, son decisiones ilegales”.

A consideración del comisionado, la amenaza de expulsar a los trabajadores podría haberse generado por:

• Una afectación indirecta que se pretende hacer. Demás compañeros se sienten intimidados.
• Un intento del presidente Morales a forzar a la ONU a declarar el acuerdo nulo por incumplimiento de una de las partes.
• Las investigaciones en las que han participado los miembros de la comisión.

También concuerda con el entrevistador, Fernando del Rincón, en que pareciera que se está desmantelando poco a poco a la Cicig.

Estado de Derecho Peligra

“Hay una amenaza a la preservación del Estado de Derecho… Es indispensable la acción de la Corte de Constitucionalidad para salvar el Estado de Derecho”, explica el comisionado.

“Yo confío en que la Corte de Constitucionalidad reconducirá al país por los causes de la democracia”, agregó.

Velásquez indicó que se produjo una intimidación generalizada cuando Morales anunció que la Cicig no iba a continuar más allá del 2019.

“Esa intimidación ha llegado aún a esferas del propio Estado”.

El comisionado concluyó la entrevista indicando que no se toma las acciones de forma personal, pero “lo que hay detrás de todo esto es una pretención de impunidad”.

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