Alejandro Giammattei participó este miércoles 22 de junio en una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en la que se refirió a la situación que enfrenta Guatemala por los daños que han ocasionado las lluvias y que obligó al Gobierno de decretar estado de Calamidad Pública en ocho departamentos.

El mandatario dijo a los representantes del Conadur que van a tener que estar unidos para trabajar esto que se nos viene, en relación con las emergencias.

“Guatemala es uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, pero somos de los que menos contribuyen a la generación de los gases de efecto invernadero”, comentó el mandatario.

Agregó que han hecho la propuesta a la Organización de Naciones Unidas para que declare a Guatemala y Centroamérica un área de mayor vulnerabilidad, para que los países industrializados ayuden a los países que tienen gastar su presupuesto para la reconstrucción.

“Todos los años tenemos que gastar en levantar puentes, carreteras, quitar aludes y sobretodo, nosotros ponemos los muertos. Quisiera que este Consejo avalara la posición del Gobierno ante los entes internacionales y así podamos llevar una sola voz del país, porque no es lo correcto ni lo justo”, afirmó el mandatario.

Explicó que hasta ayer llevaban contabilizadas 129 carreteras afectadas, 20 puentes caídos, 10 puentes afectados. “Estoy hablando de los puentes nacionales, excluyo los municipales, de hamaca y otros que afectan a los municipios”, refrió.

“No es que los puentes se hagan mal, sino que cada vez es más agua la que pasa. Hoy amanecimos con municipios inundados, tendremos descanso porque hoy lloverá poco, pero luego habrá mucha agua en el país”, afirmó Giammattei.

Estado de calamidad

El Gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centro América, este miércoles 22 de junio, el Decreto Gubernativo 3-2022 en el que decreta estado de Calamidad Pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa, debido a la emergencia generada por las lluvias.

Según el decreto, el estado de Calamidad Pública se decreta considerando que los efectos de la época lluviosa, temporada ciclónica, la Onda del Este, el cición tropical Blas y los efectos del cición tropical Celia han afectado los dos litorales del país, lo que favorece altos acumulados de lluvia y saturación de suelos

Agrega que aunado a esto, las fuertes y constantes lluvias manifestadas en el territorio nacional han tenido graves impactos en varias regiones de la República de Guatemala; obligando al Estado a adoptar las medidas oportunas y necesarias que permitan mitigar los efectos adversos que se reflejan en pérdidas y daños materiales, resultando primordial los mecanismos que permitan garantizar la vida, la seguridad, integridad y dignidad de la población.

El artículo 3 establece que el estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

Las principales emergencias

Debido a la situación de la lluvia que se ha generado en todo el país se han reportado varias emergencias en el país.

Se formó un agujero en el km 15 de la ruta al Pacífico, en Villa Nueva, que limita el paso en el lugar, puesto que en el área hay una grieta que atraviesa todos los carriles de ese tramo.

Además, hubo un gran derrumbe en el km 24 de la ruta Interamericana, Mixco, que bloqueó durante más de 12 horas los cuatro carriles en ese tramo.

Además, se han reportado caída de puentes, daños en carreteras e inundaciones en varios municipios.

Hasta el momento las autoridades contabilizan, 606 incidentes en la temporada de lluvia de este 2022, hay 23 personas fallecidas, tres desaparecidas y 7 heridos.

Hay 1 millón 182 mil 024 personas afectadas, 1 mil 821 en riesgo, 2 mil 089 damnificadas y 4 mil 982 evacuadas.

Se han atendido a 9 mil 880 personas, 672 han sido albergadas.

Hay 548 viviendas en riesgo, 346, tienen daño leve, 1 mil 553 con daño moderado y 190 con daño severo.

Se registran 121 escuelas afectadas, 145 carreteras afectadas, 4 carreteras destruidas, 4 edificios afectados, 7 puentes destruidos y 10 puentes de hamaca destruidos.

El Gobierno de Guatemala publicó en el Diario de Centro América, este miércoles 22 de junio, el Decreto Gubernativo 3-2022 en el que decreta estado de Calamidad Pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa, debido a la emergencia generada por las lluvias.

Según el decreto, el estado de Calamidad Pública se decreta considerando que los efectos de la época lluviosa, temporada ciclónica, la Onda del Este, el cición tropical Blas y los efectos del cición tropical Celia han afectado los dos litorales del país, lo que favorece altos acumulados de lluvia y saturación de suelos

Agrega que aunado a esto, las fuertes y constantes lluvias manifestadas en el territorio nacional han tenido graves impactos en varias regiones de la República de Guatemala; obligando al Estado a adoptar las medidas oportunas y necesarias que permitan mitigar los efectos adversos que se reflejan en pérdidas y daños materiales, resultando primordial los mecanismos que permitan garantizar la vida, la seguridad, integridad y dignidad de la población.

El artículo 3 establece que el estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

Derechos restringidos

En el artículo 4 del Decreto se establece que se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5, 26, 33, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo anterior.

Estos son los derechos limitados:

Artículo 5: Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

Artículo 26.- Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición.

Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.

Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

El artículo 38 habla sobre la tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez competente.

Pero se restringe únicamente el segundo párrafo que dice que “se reconoce el derecho de portación de armas, regulado por la ley”.

En el artículo 116 se regula la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades políticas partidista.

Pero solamente se restringe el párrafo dos que dice: Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la tensión de los ser vicios públicos esenciales.

Medidas durante el estado de Calamidad

El artículo 6 del decreto publicado este 22 de junio establece las medidas que regirán durante el plazo del estado de Calamidad Pública.

• a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados por las condiciones registradas durante el inicio de la actual época lluviosa y los efectos del sistema de baja presión asociado a la Onda del Este, sistema de baja presión asociado al ciclón tropical Blas y los efectos del ciclón tropical Celia, así como prevenir el riesgo que se produzca en toda forma, circunstancias y en los lugares que la situación lo requiera, y que sean declarados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados (Conred).

• b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en las zonas afectadas, en los lugares y circunscripciones, carreteras y caminos que establezca la Conred y las entidades de seguridad nacional. Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala, deberán de articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de la restricción a la libertad de locomoción descrita en el presente artículo. A las personas que incumplan con el decreto gubernativo se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes.

• c) Ordenar la evacuación de los habitantes de las áreas afectadas o de las áreas declaradas de alto riesgo

• d) Exigir a los particulares, así como a las instituciones del Estado, tanto centralizadas, descentralizadas o autónomas, el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas, siguiendo estrictamente el presente decreto gubernativo y el decreto del Congreso de la República de Guatemala que apruebe el Estado de Calamidad Pública.

• e) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la Conred, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares indicados y, así mismo, asegurar la prestación de los servicios básicos y esenciales al tenor del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

• f) Centralizar en la Conred todas las acciones que tienden a prevenir, mitigar y atender los daños derivados de las condiciones climatológicas antes indicadas.

Protección de personas y sus bienes

En el artículo 6 se menciona que el Ministerio de Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público.

Adquisición de bienes

En el artículo 7 se autoriza la adquisición y/o contratación exclusiva de bienes, obras, servicios, suministros, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y supervisión de trabajos para el cumplimiento del presente Decreto Gubernativo, de conformidad con lo dispuesto en la literal f) del articulo 43 y literal a) del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57 92 del Congreso de la República y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes, debiendo observar los parámetros de transparencia y publicidad de las acciones referidas.

Agrega que las adquisiciones y/o contrataciones al amparo del presente artículo, únicamente por daños en infraestructura, deberá efectuarse previa constancia de causa y daño emitida por la Conred.

Las donaciones que se reciban serán consignadas y registradas a nombre del Estado de Guatemala y coordinadas por la Conred  y no se encontrarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del articulo 53 y 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, durante la vigencia del presente Decreto Gubernativo.

Las entidades y dependencias que integran Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado, deben participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinan para garantizar a la población, la prestación de los servicios públicos esenciales.

Se faculta, en el artículo 10, al Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender la calamidad y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto de conformidad con sus mandatos legales; y facilite las gestiones administrativas correspondientes para la oportuna y adecuada recepción de las donaciones.

Según el artículo 11, se menciona que los informes deberán, oportunamente, presentarse al Congreso de la República informe circunstanciado y medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público.

Añade que las entidades descentralizadas y autónomas, de lo actuado conforme lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto Gubernativo, deberán remitir informe al Congreso de la República. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de publicar en sus respectivos portales de información pública, de oficio, los informes remitidos al Congreso de la República de Guatemala.

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá crear la estructura presupuestaria que corresponda, para darle seguimiento al gasto conforme el presente Decreto Gubernativo.

En el artículo 12 dice que se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo.

Garantías

En el artículo 13 se detalla que todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad que so efectúen conforme el presente Decreto Gubernativo deberán realizarse observando el máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas.

En el 14 se ordena a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y se haga del conocimiento público, en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y comunitarias competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares, para su difusión.

El presente Decreto Gubernativo entra en vigor el día de su publicación en el Diario de Centro América.

El Consejo de Ministros, que se reunión este martes 21 de junio, decidió decretar estado de Calamidad en al menos ocho departamentos del país.

La medida obedece a los estragos que han causado en esas localidades las lluvias de los últimos días, que han anegado poblados y dañado la infraestructura.

Los departamentos en lo que regirá dicho estado son Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa.

De acuerdo con los funcionarios, estos los lugares que han sido más afectados por las últimas condiciones climáticas. 

El estado de Calamidad Pública en Guatemala es una disposición legal establecida en la Ley de Orden Público aprobada en 1965.

En esta se considera que es “obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado”.

“No habrá gastos arbitrarios”

Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo en conferencia de prensa que la medida se tomó por el análisis de riesgos de la Conred y el Insivumeh.

Agregó que el presidente Alejandro Giammattei ordenó “garantizar la transparencia en el gasto público”, ya que en este estado se contempla la celeridad para la adquisición de los bienes.

En este sentido, dijo, el mandatario ordenó que el gasto que se haga sea relacionado o acorde a la respuesta de la emergencia y no hayan “gastos arbitrarios”, por lo que también se contempla la creación de un portal en el que se reporte todo lo relacionado a la medida.

Respecto del hundimiento en Villa Nueva, López dijo que la orden de Giammattei en el Consejo de Ministros fue solucionar lo más pronto posible el problema, por lo que aún se desarrolla una reunión con las autoridades respectivas.

Al consultársele sobre el tiempo en que se calcula la reparación del lugar, dijo que eso dependería de las recomendaciones técnicas respectivas.

“Los tiempos dependen siempre de la opinión técnica de los ingenieros, pero la orden fue dar solución de forma inmediata”, agregó.

Foto principal: Conred

La Conred ha reportado varios daños a la infraestructura del país. 

#Guatemala. Flujo de lodo en el kilómetro 26 CA-9 Sur, ingreso a calzada Asiole, Amatitlán, Guatemala; Policía Municipal de Tránsito regula el paso vehicular. pic.twitter.com/FzPisDw9X7

— CONRED (@ConredGuatemala) June 21, 2022

Representantes de la Gremial de Restaurantes de Guatemala Apoya mostraron este viernes 10 de septiembre su inconformidad a la ley seca, establecida por las autoridades para prevenir contagios de coronavirus, pues aseguran que no hay evidencia de que con esa medida se contenga la pandemia.

El presidente de la Gremial, Abraham Az, confirmó que, en la actualidad los más de 7 mil colaboradores de restaurantes a escala nacional ya cuentan con el esquema completo de vacunación y que solo el 0.05 por cierto de ellos se ha contagiado de covid-19, por lo que considera que ese tipo de comercio no es un foco de contagios y hace un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida.

Agregó que la vacunación del personal se logró gracias a las gestiones de los empresarios junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De acuerdo con Nidia Campos, también integrante de la Gremial, refirió que, debido a las restricciones más de 25 mil empleos debieron ser suprimidos en 18 meses de pandemia.

Agregó que no hay evidencia científica que demuestre que la ley seca reduce el índice de contagios y que las medidas les ha representado 35 % de pérdidas para la industria.

“La ley seca es inconstitucional, ya que no hay estadísticas de que a través de esta se den contagios masivos. Los empresarios han perdido más del 35 % en más de 18 meses y eso no ha evitado que los contagios continúen, entonces no es la solución más idónea”, dijo Campos.

Además, dijo que la ley seca debería ser enfocada en todos aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas de seguridad, principalmente los que operan de manera ilegal.

Medidas

Se supo que algunos restaurantes de Mazatenango optaron por exigir el esquema completo de vacunación a sus clientes, a lo que la Gremial dijo que no tenía información clara al respecto, pero que son respetuosos de las medidas que sus agremiados tomen.

Además, señaló que algunos comercios incentivan la vacunación de sus clientes con algún tipo de reconocimiento, pero que eso también es una decisión que toma cada empresa.

Actualmente en Guatemala hay ley seca de las 21 horas a las 4.00 horas del siguiente día.

Casos

Guatemala reportó 62 muertes y 4 mil 800 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La cartera sanitaria indicó en su informe diario de situación de la pandemia que esos decesos reportados son de fechas anteriores y que se realizaron 17 mil 973 hisopados.

Desde que comenzó la pandemia en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha contabilizado 505 mil 640 contagios; además, han sido registrados en el sistema sanitario 12 mil 606 fallecimientos.

Los jefes y subjefes de Bloque del Congreso llevaron a cabo la primera reunión como parte de una mesa técnica para analizar y discutir una iniciativa de ley que permita llevar a cabo compra de insumos y contratación de personal por la pandemia, tras la improbación del estado de Calamidad.

Durante más de tres horas y media, los parlamentarios se centraron en discutir el objeto de la iniciativa de ley y únicamente lograron consensuar el artículo 1, el cual quedó de la siguiente manera:

“Objeto de la Ley. La presente Ley es de carácter temporal y condicionada, tiene por objeto atender a la población guatemalteca expuesta a la pandemia COVID-19,  fijar las disposiciones legales para la adquisición en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico; obras de ampliación y acondicionamiento de los servicios de salud; la contratación de servicios técnicos o profesionales temporales destinados a las acciones para el control de la pandemia y  la atención de pacientes por la enfermedad COVID-19, y sus mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de contratación y ejecución financiera, destinados exclusivamente para atención, la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2, y sus variantes”.

Algunos diputados difirieron sobre que la propuesta inicial solo contemplaba atender a las personas afectadas por la pandemia, pero no abordaba de manera integral la situación, ya que se debía de fortalecer la prevención, el diagnóstico y la vacunación.

La propuesta inicial tiene 27 artículos, los cuales serán analizados a partir de este jueves, posterior a la sesión plenaria donde se continuará con la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

En la reunión de jefes de bloque de este miércoles se acordó que antes de las 20.00 horas los bloques harán llegar a la Dirección Legislativa sus propuestas y se integrarán para la discusión del jueves. La intención es alcanzar consensos y sesionar el viernes para aprobar la iniciativa de Urgencia Nacional.

A la reunión acudieron autoridades de los ministerios de Salud y Finanzas, así como del IGSS para brindar sus aportes sobre la iniciativa.

Contratación de servicios privados

Durante horas, la discusión se centró en por qué el Ministerio de Salud y el IGSS no arrendan hospitales privados para atender a pacientes con coronavirus; sin embargo, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, respondió que la ley no les permita hacer inversiones para la instalación de gases médicos o tanques de oxígeno en propiedad ajena al Ministerio de Salud.

Mientras tanto, Juan Adolfo Flamenco, presidente de la Junta Directiva del IGSS, manifestó que se “necesita mucha infraestructura y personal” para adecuar un espacio en un hotel para pacientes, y además necesitan instalar tanques de oxígeno que son de “uso limitado”, aunque aseguró que esta posibilidad solo se puede analizar con pacientes leves, pero no con moderados ni graves.

Luego de la discusión, algunos diputados plantearon una serie de preocupaciones por la percepción que pueda generar las contrataciones de servicios privados, por lo cual se suprimió.

¿Cuánto necesita Salud?

Coma dio a conocer que el Ministerio de Salud ya hizo una solicitud de ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas por Q2 mil 500 millones para “combatir la pandemia” y aseguró que para la atención hospitalaria necesitan Q870 millones, mientras que para la implementación de un “bono de riesgo” para los médicos, como el que se dio el año pasado, se emplearían unos Q160 millones, pero podría haber “resistencia” de los sindicatos.

Coma solicitó integrar en la iniciativa de ley que se puedan hacer remozamientos en unidades ya operativizadas, para ampliar la cantidad de camas, tomando en cuenta que la propuesta excluye el alquiler de inmuebles y construcción de infraestructura de salud. También reiteró que se deben aplicar medidas para reducir la movilidad, para aplanar la curva.

Ante esto algunos diputados propusieron que sea el Ministerio de Salud quien adopte las medidas como cordones sanitarios, por medio de acuerdos ministeriales.

Durante la reunión, Coma recibió la notificación sobre los 5 mil 171 casos registrados en las últimas 24 horas y aseguró que la positividad subió a un 36 por ciento, lo cual “básicamente nos está orillando a una situación crítica”.

¿Qué cambios proponen los diputados?

Varios bloques legislativos dieron a conocer las propuestas que buscarán integrar a la iniciativa de ley.

UNE

• Liberar la vacunación a partir de los 18 años, y a fin de año comenzar con la inmunización de menores de entre 12 y 17 años.
• Traslado de Q1 mil millones hacia el “subprograma 09” como restitución de los montos disminuidos a las áreas de Salud, hospitales nacionales y hospitales temporales.
• Priorización de la asignación de cuotas financieras requeridas por el Ministerio de Salud y que se trasladen a los hospitales y áreas de Salud.
• Prohibición para que el Ministerio de Salud no disminuya o transfiera recursos asignados a los hospitales y áreas de Salud.
• Liberar de forma temporal el registro sanitario de medicamentos o insumos que estén autorizados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, México, España o la Agencia Europea de Medicamentos para permitir la competencia en eventos de compra.
• Autorizar a las entidades de Salud la compra de forma directa a fabricantes internacionales de distintos insumos necesarios para atender la pandemia.
• Reformular el contrato abierto para medicamentos, insumos y equipos para tratamiento hospitalario del coronavirus para el 2022.
• Facilitar la adquisición de 2.5 millones de kits de pruebas para detección de covid-19 y 1 millón de kits de medicamentos.
• Facilitar la contratación de personal sanitario en renglones que permita gozar de prestaciones laborales así como desarrollar campañas de información y sensibilización de la vacuna utilizando a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Municipalidades para su difusión a nivel nacional.

Movimiento Semilla

• Que se brinden recursos a las áreas de Salud para fortalecer la comunicación, vigilancia epidemiológica, como el rastreo de casos, vacunación y atención de casos leves de covid-19.
• Que las compras se hagan hasta el 31 de diciembre, pero que la contratación de personal tenga vigencia hasta el 2022.
• Que no se creen nuevos mecanismos de compra, sino los ya existentes.
• Que la iniciativa solo favorezca al Ministerio de Salud y no al IGSS, ya que esto afectaría la provisión de insumos a la cartera de Salud.

Los diputados de Movimiento Semilla también presentaron una iniciativa de  ley que contempla aspectos como:

• Diferimiento de pago de instituciones bancarias y crédito para estos sectores de hasta 6 meses y ser pagados en un plazo de 24 meses.
• Diferimiento de pago de energía eléctrica hasta por seis meses para pagar en 24 meses.
• Reactivación del Fondo de Protección del Empleo, con Q500 millones.
• Aplazar el crédito para capital de trabajo.
• Las medidas aplicarían para el sector de mipymes,  restaurantes, turismo, actividades artísticas y otros comercios afectados por las medidas que se puedan adoptar.

Andrea Villagrán, de BIEN

• Abrir al público el Centro Médico Militar
• Bono para el personal de Salud y el IGSS igual a un mes de honorarios, durante la vigencia de la ley.

Karla Martínez, UCN

• Planteó que se brinde un bono de riesgo al personal médico.
• Traslado del personal de los renglones 189 y 182 a los 022 y 021, para que reciban prestaciones de ley.

Mientras Sacapulas se ubica como el tercer municipio de Quiché con mayor número de contagios de coronavirus, pobladores de Parraxtut continúan de fiesta y obviaron durante cuatro días las recomendaciones de las autoridades de Salud y de la municipalidad para que no organizaran bailes multitudinarios. Incluso, incumplieron el toque de quedad que estuvo vigente durante el fin de semana pasado.

Este martes 7 de septiembre, los pobladores de esa comunidad participaron en varias actividades sociales, incluido un baile amenizado por dos grupos musicales, evento en el que los asistentes bailaron sin guardar el distanciamiento social y algunos no portaban mascarilla. Lo hicieron sin preocupación, porque, según el alcalde local, Alberto Lux, a esa comunidad solo pueden llegar los vecinos y sus familiares, porque el paso está restringido.

Lux agregó que en varias oportunidades buscaron dialogar con los organizadores para que los eventos, que concluyen este martes, no se llevaran a cabo, pero no fue posible llegar a un entendido. “Esa gente no entiende”, agregó el jefe edil, quien dijo que ya formalizó una denuncia en contra de los responsables de las actividades.

Actualmente Sacapulas tiene 427 casos de coronavirus acumulados -11 mil 792  en todo el departamento- y a lo largo de la pandemia suma 10 fallecimientos. Esos datos causan preocupación a las autoridades de Salud, quienes lamentaron que ese tipo de eventos sean organizados en momentos en que el país atraviesa por una de las peores etapas de la pandemia.

Francisco Rosal, director de área de Salud de Quiché, señaló que también colocaron una denuncia contra los organizadores del evento, puesto que se puso en riesgo la salud de la población.

Añadió que Sacapulas es uno de los tres municipios con más contagios, junto a Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en este último también ha habido celebraciones.

De acuerdo con la última actualización de semáforo de alertas covid de 4 de septiembre, Sacapulas está en rojo por el nivel de contagios.

Luego de la improbación del estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo, los jefes de bloque del Congreso de la República acordaron instalar a partir del miércoles 8 de septiembre una mesa técnica para consensuar una propuesta de iniciativa de ley para compra de insumos y contratación de personal médico por la pandemia.

La intención es que, de lograrse los acuerdos se convoque al pleno el viernes y se apruebe la iniciativa con 107 votos, según el presidente del Legislativo Allan Rodríguez.

A diferencia de los estados de Calamidad que han llegado en las últimas semanas al Congreso, esta vez la mayoría de jefes de bloque se mostró a favor de trabajar en la mesa técnica y plantear sus propuestas y consensuar la iniciativa.

La base del planteamiento surgió a partir de una iniciativa de ley presentada por la bancada Viva, así como por propuestas de asesores de los bloques Vamos, PAN y Unionista.

“El día de ayer -lunes- fue improbado el estado de Calamidad, hoy como Organismo Legislativo nos corresponde darle la vuelta a la página. Aquí no se trata de batallas políticas, de que haya ganadores y perdedores, es momento de que hagan propuestas”, expuso Rodríguez al iniciar la reunión.

“Nos sentimos molestos por cómo se condujo el pleno de ayer, pero volteemos la página, ya habrá momento para eso, hoy pongámonos a trabajar (…), hemos tenido acceso a la propuesta y pensamos que tiene un buen esfuerzo de síntesis de tratar de integrar los borradores y estamos de acuerdo con que esta sea la base para discutir y busquemos acuerdos”, dijo Carlos Barreda, jefe del bloque de la UNE.

“Nos sumamos a la idea que podamos discutirlo de manera abierta, públicamente como ya se ha hecho con otras iniciativas con relación al covid-19 y estaríamos dispuestos a dar los aportes que consideremos necesarios para que se busque una iniciativa de consenso”, manifestó Walter Félix, jefe del bloque URNG.

Ligia Hernández, subjefa del bloque Semilla, dijo que su bancada está de acuerdo con la propuesta de trabajar miércoles y jueves para llegar al pleno con un consenso articulado de todas las bancadas. “Trasladaremos nuestras propuestas a partir de la instalación de la mesa”, agregó la parlamentaria.

En tanto el diputado Manuel Conde, del PAN, dijo que es la hora de actuar y que “estamos en el momento de generar una sola iniciativa para que no haya banderas partidarias y podamos unificar el criterio político de la mayoría de los diputados”.

Los parlamentarios acordaron reunirse el miércoles a las 11.00 horas para comenzar con la discusión sobre la propuesta.

Mientras tanto, el jueves, debido a la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y para conocer el veto presidencial a las reformas a la Ley de Contrataciones se sesionará a las 10.00 horas y al finalizar se reunirán nuevamente con los Jefes de Bloque para continuar con el análisis de la propuesta.

¿Qué incluye la propuesta actual?

Contempla las disposiciones para la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico y la contratación de servicios médicos o profesionales temporales para la atención de los pacientes afectados por el covid-19, de entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Centro Médico Militar y el Hospital General de la Policía Nacional Civil.

También regula que las compras y contrataciones de insumos deben estar destinados “exclusivamente” para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria e incluye medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal y publicidad en medios de comunicación para la prevención, vacunación e información de la pandemia.

Todas las adquisiciones se deben hacerse dentro de la vigencia de la ley (hasta el 31 de diciembre del 2021) y deben publicarse en el Sistema de Guatecompras bajo el criterio de brindar un plazo no menor a dos días entre la publicación del concurso y la recepción de ofertas, con opción a ampliarse. De no haber ofertas se otorgará un día más y si persiste la inexistencia de ofertas se hará compra directa.

La iniciativa excluye las compras y arrendamiento de bienes inmuebles, así como la construcción de infraestructura sanitaria. Además, se faculta a las entidades sujetas a la ley que pueden importar bienes en forma directa, cuando estos no se produzcan en el país.

Contratación de personal

La propuesta contempla que, debido a la urgencia se pueden contratar al personal temporal como: médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, auxiliares graduados de escuelas privadas, técnicos laboratoristas, técnicos en hemodiálisis, técnicos en terapias respiratorias y estudiantes de medicina con pensum cerrado de estudios cuyo trámite de graduación esté pendiente, así como médicos extranjeros que estén haciendo su especialidad en hospitales nacionales.

Las personas jubiladas o gozando de pensión y aún pueden colaborar serán contratados para la atención de la pandemia, según la propuesta que se contempla hasta el momento.

La propuesta actual también estima que por un año la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) entregue al Ministerio de Salud y al IGSS en uso temporal, previa solicitud, bienes inmuebles que faciliten la atención de la pandemia.

También se declaran exentas de los impuestos de importación y del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios las donaciones vinculadas a la atención de la pandemia en el país.

Con respecto a los contratos abiertos de Salud, la propuesta contempla que se deben reducir y normar los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones; además, entre la presentación y la recepción de ofertas debe haber un intervalo de 15 días.

Asimismo, regula como compra de baja cuantía las adquisiciones por un monto de hasta Q25 mil.

En hospitales privados

Esta tarde se reunió la Comisión de Salud del Congreso para abordar el tema del techo de presupuesto para el Ministerio de Salud para el próximo año, así como la propuesta de iniciativa para la compra de insumos.

Según el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa, analizarán la misma y agregó que recibieron una propuesta de la diputada Evelyn Morataya relacionada al tema.

Morataya publicó en su cuenta de Twitter que la propuesta consiste en que los pacientes con covid-19 que no encuentren espacio en hospitales públicos reciban atención médica en hospitales privados y el Ministerio de Salud asuma los costos; además, que el IGSS admita a los afiliados que dejaron de contribuir en el año de pandemia.

Acción Ciudadana (AC) interpuso este martes 7 de septiembre una denuncia en contra del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, por la presunta compra de votos en la sesión plenaria del lunes último, que fue convocada para aprobar el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Edie Cux, director de AC, señaló que la actitud de Rodríguez durante la sesión del lunes pasado evidenció la forma cómo se negocian las decisiones en el Organismo Legislativo, pues en oportunidades el funcionario hablaba en dos teléfonos celulares al mismo tiempo.

Agregó que los delitos por los cuales se interpuso la denuncia son cohecho activo y abuso de autoridad.

“Ante la situación de ayer en el Congreso de la República, donde vimos una sesión muy accidentada en la que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, de alguna forma manipuló la sesión por momentos, la forma tan burda en que mantuvo abierta la votación para aprobar el estado de Calamidad y cuando se tenía que votar por la improbación cierra la votación haciendo falta un voto, interpusimos una denuncia”, señaló Cux.

Añadió que debido a las llamadas que Rodríguez hacia durante la votación varios diputados señalaron posibles negociaciones y compras de votos, por lo que este martes optaron por interponer por la denuncia

“El Congreso ya no es una entidad democrática, sino una institución en la que se negocia y comercializa con los votos y por eso estamos presentando una denuncia contra Allan Rodriguez, por la forma cómo manipuló la votación”, reiteró Cux.

Se intentó conocer la opinión de Rodríguez acerca de los señalamientos en su contra, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

El Congreso bloqueó nuevamente las medidas del presidente Alejandro Giammattei para contener la expansión del covid-19, al derogar un decreto de estado de Calamidad que restringía la libre circulación y que según la oposición carece de transparencia en la compra de insumos.

“Con 81 votos a favor, 69 en contra y 10 ausentes quedó improbado [derogado] el estado de Calamidad”, dijo el secretario del Legislativo al leer el resultado del tablero electrónico la noche del lunes.

Es el segundo revés en 22 días para las políticas de Giammattei en la lucha contra el virus. Un estado de calamidad decretado el 13 de agosto fue derogado por el Parlamento 11 días después, citando razones similares.

En el nuevo decreto, del 2 de septiembre, el mandatario había ordenado por un mes el estado de Calamidad con el objetivo de frenar el incremento de casos y muertos por la pandemia que se registraban en las últimas semanas.

La medida restringía varios derechos constitucionales como la libre circulación. Además, prohibía todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas y conciertos.

Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían realizarse 100% en modalidad virtual.

También incluía un toque de queda desde las 20.00 horas a las 4.00 horas que había entrado en vigencia el pasado sábado.

Las bancadas de oposición rechazaron la medida del gobernante al considerar que era opaca e carecía de transparencia para la compra de insumos contra el civid-19.

El diputado opositor Álvaro Arzú Escobar afirmó que trabajan en un decreto donde se establecen reglas claras para la adquisición de insumos, contratación de personal médico y enfermeras, entre otros, así como equipamiento de hospitales anti-covid-19.

“Con el estado de Calamidad lo único que buscaban era hacer negocios y el saqueo” de la arcas del Estado, dijo a su vez la parlamentaria opositora Ligia Hernández.

Durante varias horas reunidos en el Congreso de la República y entre acaloradas discusiones con la bancada oficial, los legisladores improbaron un estado de Calamidad, aduciendo de intenciones obscuras e ilegales. Con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso no aprueba el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

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¿Qué opinan los expertos sobre lo sucedido en el Congreso?

Por segunda vez en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición que logró improbar este lunes 6 de septiembres el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei el jueves recién pasado.

Con tres horas de retraso y en medio de señalamientos, el Congreso abrió sesión para conocer en tercer debate el estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo para aplanar la curva de contagios de covid-19, una discusión que se extendió a lo largo de la noche sin que la alianza oficialista lograra los apoyos necesarios para ratificar la medida presidencial.

A eso de las 20.40 horas, la Junta Directiva, encabezada por Allan Rodríguez, abrió votación para aprobar en su tercer debate el estado de Calamidad en busca de pasar a la aprobación por artículos; sin embargo, de 156 diputados presentes, 86 se abstuvieron de votar, con lo que se estancó el proceso.

Los diputados le gritaban a la Junta Directiva que cerrara la votación y le incriminaban que Rodríguez hiciera llamadas telefónicas, pues aseguraban que se hacían negociaciones para conseguir los votos necesarios. La transmisión de los medios sociales del Congreso fue interrumpida durante la votación y por varios minutos y fue el diputado Aldo Dávila quien informaba de lo que ocurría en el hemiciclo.

A eso de las 22.40 horas, con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso improbó el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Diputados de varias bancadas se pronunciaron luego de la improbación de estado de Calamidad y señalaron a la alianza oficialista de alargar la sesión en busca de negociaciones y compra de votos.

Además, criticaron a la Junta Directiva del Congreso porque, según ellos, responden a los intereses del presidente Alejandro Giammattei, quien en menos de un mes ha propuesto dos estados de Calamidad en busca de contrarrestar los efectos de la pandemia.

De acuerdo con la oposición, el oficialismo pretendía acumular 81 votos, por lo que la votación se extendió por varios minutos, generando suspicacias en el hemiciclo, donde los parlamentarios exigían el cierre de esta para proceder a la improbación del estado de Calamidad, como lo establece la ley y para evitar que, como ocurrió con el anterior, la Corte de Constitucionalidad le corrigiera la plana al Legislativo ordenándole que aprobaran, modificaran o improbaran el estado de Calamidad.

El diputado Hugo Rodríguez, de Creo, señaló: “esto no es campaña, no es proselitismo. Está en juego la vida de muchos guatemaltecos.  Lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Veo muchos que critican al Gobierno, pero no dan soluciones. Si procede o no (el estado de Calamidad) va a ser decisión de nosotros”.

En tanto, Orlando Blanco, de la bancada UNE, dijo que el estado de Calamidad es una acción política del Ejecutivo “para lavar cara ante la población ante la ineptitud mostrada en el manejo de la pandemia y nos tiran la pelota a nosotros”.

Agregó que “son 8 millones de vacunas las que han ingresado al país, pero es una vergüenza que 5 millones sean por donaciones. ¿No aprobamos Q1 mil 500 millones?”

En tanto la parlamentaria Sonia Gutiérrez, de Winaq, comentó que so se equivocarán en la votación porque “quienes van a votar a favor no están pensando en la población, piensan en sus intereses. Ojalá no hayan corrido recursos para esos votos”.

“Puede ser que perdamos, pero no siempre la mayoría tiene la razón”, dijo, por su lado el diputado Reyes Lee.

“Lo que estamos haciendo al no aprobarlo es una injusticia en contra del pueblo de Guatemala”, dice Víctor Guerra de la UNE.

Además, Aníbal Rojas, de Viva, comentó que “si tuviéramos buena voluntad por qué no modificarlo, por qué no incluir todas esas preocupaciones que muchos de ustedes han manifestado. La simple oposición, esa no se vale, la realidad en el país es dura, es seria”.

“No voy a dejar que le digan a mi bancada que es condenada por votar por el estado de calamidad”, expuso Napoleón Rojas, de UCN.

“La situación de la pandemia en este momento es extremadamente grave (…) sí es necesario restringir la movilidad, estas medidas son necesarias para reducir los contagios, no es cierto que solo con vacunación vamos a aplanar la curva (…) es una necedad pensar que las compras por excepción van a abastecer los hospitales (…) este estado de Calamidad no va funcionar, porque la mayoría de enmiendas es para quitar las pocas medidas que podrían aplanar la curva, se convertiría en un cascarón, pero solo será para las compras por corrupción”, enfatizó Lucrecia Hernández Mack, de Semilla.

“El día de hoy es trascendental porque vamos a ser los responsables de los 13 mil muertos que habrá entre noviembre y diciembre, ya hice la cuenta de los 155 diputados, nos toca 85 a cada uno para que nos los echemos encima”, dice Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.