El fiscal Rafael Curruchiche informó este jueves 29 de septiembre que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) fue notificada de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones que declaró con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D, lo cual deja sin efecto dicha resolución y anula todo lo actuado dentro del proceso denominado Asesoría Legal y Red de Lavado de Activos, conocido también como la Multicausa.

Lo anterior se deriva   porque según la resolución de la Sala, se advierte que se violentó el debido proceso y hay falta de competencia y de autorización de la Cámara Penal para conocer el caso.

Además, de incidencias anómalas de cómo se llevó a cabo dicha investigación.

“Según lo establece la resolución de la Sala,  el actuar de la antigua Feci se convirtió en un atentado jurídico al retorcer el debido proceso, ya que existen fases e incidencias que se desarrollan en el proceso penal, los cuales no se pueden alterar, tal y como sucedió en este caso en el que se mezclan un proceso con personas diferentes, hechos, actos y fechas a otro proceso de investigación, avalando en ese entonces la jueza Erika Aifán las ilegalidades del actuar de Juan francisco Sandoval Alfaro y Sara Leticia Sandoval Guerra”, aseguró Curruchiche.

Indicó que en la resolución la Sala afirmó de “manera fehaciente” que dicho actuar “convirtió la justicia en un atentado judicial al avalar actos ilegales y arbitrarios, los cuales quedaron plenamente evidenciados y es procedente certificar lo conducente en contra de las personas que pudieran resultar responsables”.

Enfatizó que la resolución deja sin efecto y anula todo lo actuado dentro del proceso “al admitir un sinnúmero de irregularidades”.

Para leer más: La Feci acepta existencia de audio que menciona a Giammattei y pide investigar filtración

Añadió que por lo anterior, la Feci en “cumplimiento de su mandato” presentará las denuncias correspondientes, ya que nuevamente están ante este “patrón sistematizado en donde los jueces advierten múltiples anomalías e ilegalidades en las investigaciones desarrolladas por la antigua Feci”.

Según el fiscal Curruchiche, este jueves 29 de septiembre presentarán la denuncia en contra de Erika Aifán.

El caso al que se refiere Curruchiche es un expediente que dio origen a varios casos y estaban en el Juzgado de Mayor Riesgo D. Entre los casos están Construcción-Comisiones-Odebrecht y Red de Poder.

Exfiscal Sandoval se pronuncia 

El exfiscal Juan Francisco Sandoval por medio de un video se pronunció por lo informado por la Feci. Dijo que “la intención del Ministerio no es hacer justicia, sino dañar mi nombre, mi trabajo y sobre todo complacer intereses de actores corruptos”.

Añadió que la resolución tiene problemas en su integración porque al inicio de la misma solo comparece un magistrado y que la referida Sala no tiene competencia para conocer asuntos de mayor riesgo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero,  se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

Integrantes de varias organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para mostrarle su apoyo al juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, debido a que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad a solicitud de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la nómina de jueces que se postularon para ocupar el cargo que dejó vacante Erika Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según la información oficial, solo los tres juzgadores mostraron interés en dirigir el juzgado que dejó Aifán luego de su renuncia el 21 de marzo de 2021, según ella a la persecución que sufría por su labor y las amenazas a su integridad y exiliarse en Estados Unidos.

Los aspirantes son Mario Efraín Najarro Quinteros, Abelina Cruz Tozcano y Juan José Jiménez Texaj, este último es hermano del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj.

La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informó en julio de 2010 que había interpuesto ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de Mario Efraín Najaro Quinteros, mientras era juez Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y obstrucción de justicia.

Esto, según afirmaba la Cicig, por haber decretado la libertad de Napoleón Rojas Méndez, cuando le debió dictar prisión preventiva pues esta persona estuvo prófuga de la justicia por más de un año, favoreciéndolo con la medida improcedente de arresto domiciliario.

Rojas era señalado por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional de un desfalco millonario al Ministerio de la Defensa cuando era presidente Alfonso Portillo.

Entretanto, Abelina Cruz Tozcano, como juez suplente, habría beneficiado a la magistrada Blanca Stalling con arresto domiciliario, pese a que había intentado escapar de las autoridades usando un disfraz y una peluca.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó este miércoles 23 de marzo la renuncia de Erika Aifán como jueza de Mayor Riesgo. 

Al comienzo de la semana, Aifán hizo oficial su dimisión y denunció “amenazas” en su contra. 

La renuncia de Erika Aifán fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales.

La jueza publicó entonces un video en el que afirmaba que la persecución que sufría amenazaba su integridad.

La carta de renuncia de Aifán, que ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años, estaba dirigida al pleno de magistrados de la CSJ. 

“Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo, porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, dijo Aifán en su video.

Casos de alto impacto

La juzgadora tenía a su cargo varios casos de impacto en Guatemala, como el caso Corrupción y Construcción, Comisiones Paralelas, caso Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht y también en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Además, en el juzgado a cargo de Aifán también se conocía la denuncia del Testigo A, que revela que en el 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto.

En una entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que  Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

La noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, habría salido de Guatemala y cruzado la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

Después de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde se encuentra actualmente exiliada.

La Unión Europea advirtió recientemente que los procesos judiciales contra jueces, fiscales y abogados independientes siguen un patrón “profundamente preocupante”.

Erika Aifán, quien presentó este lunes 21 de marzo su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, concedió una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro, en la que aseguró que está exiliada en Estados Unidos por el hostigamiento y las amenazas que sufría las cuales asegura provienen del Estado de Guatemala.

En la entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán también habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que el presidente Alejandro Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

Según El Faro, la noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, salió de Guatemala y cruzó la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

Luego de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde está exiliada.

Aifán revela que decidió exiliarse porque no vio otra opción para garantizar su integridad física y que la protección que el Estado y el Organismo Judicial debieron darle, tuvo que buscarla en otro país.

Añade que en un principio no había pensado en el exilio sino que en enfrentar el proceso en su contra en Guatemala, que incluso se vio en la cárcel y que preparó un plan por si eso sucedía, pero luego se dio cuenta que no se enfrentaría al debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías

“En Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme”, dijo Aifán a El Faro.

Añadió que al momento en que ingresara a la cárcel los esquemas de seguridad que tenía no la iban a poder proteger más y que en ninguna cárcel del país hubiera sido segura para ella, porque durante su trabajo en el juzgado enfrentó a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado y también ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional.

Fue consultada si las amenazas o posibles atentados dentro de una hipotética encarcelación en Guatemala podrían venir del propio presidente Alejandro Giammattei y ella respondió que no quería individualizar y señalar nombres, pero que podrían venir de cualquier persona señaladas dentro de los procesos que conoció y que uno de ellos tenía señalamientos en contra del presidente.

Giammattei y el Testigo A

A Aifán le consultaron si era cierto si el presidente Giammattei le había pedido en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A, que señala que cuando el mandatario era candidato presidencial en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.  Estos fondos habrían sido un aporte de constructoras.

En la entrevista con El Faro, Aifán afirmó que Giammattei había solicitado una copia de la grabación de la declaración del Testigo A, pues tenía conocimiento que hacía referencia a su persona.

“Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella”, se lee en la entrevista.

Procesos de antejuicio contra Aifán

La exjueza también fue consultada sobre la forma en la que defendió su postura frente al juez pesquisidor que tenía que decidir si procedía quitarle la inmunidad.

En este caso señaló que se le acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, pero en la audiencia nunca presentaron alguna resolución que ella haya firmado en ese sentido.

Refirió que el juez, en la segunda audiencia quiso cambiar lo que se había consignado en el acta de la audiencia anterior, y por eso Aifán pidió que esta fuera abierta al público, pero no se realizó así y aparentemente eso se hizo para tratar de alterar actas.

“Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción”, dijo Aifán en la entrevista con El Faro.

También afirmó que el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y ella preguntó, porque le interesa escuchar esos testimonios para poder defenderse, pero el juez pesquisidor fue enfático en señalar que no le iba a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas.

“Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío”, señala Aifán.

Dijo que ella ya había decidido salir al exilio, pero como se programó la segunda audiencia decidió esperar y dar sus argumentos, y si le hubieran programado otra, también la hubiera realizado en este país.

La CSJ tiene tomada su decisión

Según la exjueza Aifán, desde la CSJ también hay una decisión en su contra, ella respondió que sí.

“Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo” afirmó Aifán en la entrevista.

El caso Comisiones Paralelas

“La gente conoce esa investigación como Comisiones Paralelas 2020, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso” señaló.

Aseguró que hay otros conflictos con la Corte, puesto que la CSJ, que debía resolver a favor o en contra de retirarle la inmunidad ha tenido conversaciones con el Instituto de Magistrados, que es quien la denuncia.

“Han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de Q20 mil al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme”, dijo Aifán.

Juan Francisco Sandoval probablemente estaría muerto

También fue consultada que habría pasado si el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP no hubiera salido exiliado del país y ella respondió que probablemente este estaría muerto, pues hay un componente de odio muy fuerte hacia Sandoval y hacia ella.

“El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida”.

Estado cooptado

Según Aifán, Guatemala llegó hasta este punto expresó: “El Estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado”.

La exjueza también afirma que tiene la esperanza de que Guatemala pueda algún día recuperar el estado de Derecho y fortalecer el sistema de justicia.

Señaló que una oportunidad importante para eso habría sido la elección de fiscal general, pero considera que también allí ve algunos vicios.

“No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución”, citó Aifán.

Finalmente, al consultarle sobre cuál será su futuro, señaló que en este momento solo puede partir de la decisión que ya tomó, que fue dejar de ser jueza en Guatemala y que va buscar otros espacios para defender la justicia y el estado de derecho, pues es algo en lo que sigue creyendo.

Erika Aifán, jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D” presentó su renuncia irrevocable a ese cargo debido a “presiones, amenazas y hostigamientos” en su contra.

La renuncia fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales, la hasta entonces jueza publicó un video en el que afirma que seguirá luchando por sus ideales desde otros espacios.

Aifán ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años.

La carta de renuncia está dirigida al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento la jueza Aifán colocó 3 numerales con los motivos por los cuales renunció al cargo.

“1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia, situaciones que se han agravado en los dos últimos meses por tener a mi cargo entre otros, el único proceso penal en la historia del país en el que se realiza una investigación en contra de funcionarios de los tres poderes del Estado, y se han sumado múltiples violaciones al debido proceso que me obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa”. Se lee en la carta.

“2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega el documento.

“3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo, el que he realizado con independencia judicial en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida”, menciona la carta.

La jueza Aifán, también menciona en el documento, que por esos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares en 2019, pero que el hostigamiento continúa,  “como son las acciones más recientes provenientes del Ministerio Público que atentan contra la independencia de la judicatura”, se lee.

“A pesar de verme en la necesidad de no poder continuar mi carrera como jueza, vocación a la que he dedicado mi vida, me siento satisfecha de haber desempeñado una labor por más de 19 años, habiendo sido evaluada con calificaciones sobresalientes, de haber tenido el honor de ser reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Mujer Destacada del Organismo Judicial, así como el prestigiado reconocimiento “Mujer de Coraje 2021” que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos”.

#AHORA | Erika Aifán renunció al cargo de jueza de Mayor Riesgo "D" en el que conocía casos de corrupción. Aifán argumenta que su dimisión es por "presiones y amenazas" en su contra. pic.twitter.com/uLGawXS38v

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 21, 2022

Sale al exilio

Según el medio digital El Faro, de El Salvador, Aifán salió al exilio la noche del pasado miércoles 9 de marzo sin avisar a su equipo de guardaespaldas.

Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos.

https://twitter.com/aifan_erika/status/1505939275388526592

William W. Popp, embajador de los Estados Unidos en Guatemala, se presentó este miércoles 9 de marzo a la Torre de Tribunales para mostrar apoyo a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, quien enfrenta un nuevo proceso de retiro de antejuicio.

La jueza Aifán llegó a la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez, para entregar pruebas de descargo por la petición de retiro de derecho de antejuicio planteada por el Instituto de Magistrados.

Aifán es señalada por integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial de haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Anteriormente, los magistrados fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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El caso, revelado por la administración anterior del Ministerio Público, señala que existió una red de tráfico de influencias para la designación de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

Por esa razón, la jueza Aifán ha señalado que existe conflicto de intereses. “Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de muto interés”, aseguró.

La jueza ha indicado que la magistrada Silvia Valdés ha otorgado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados, una entidad privada.

La presencia del embajador Popp se da luego de pronunciamientos de diplomáticos estadounidenses que señalan acciones que el Ministerio Público ha tomado contra administradores de justicia e investigadores anticorrupción.

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El martes 8 de marzo, se conoció un comunicado de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

“Estados Unidos está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora -Fiscal- general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”, señaló Price.

El comunicado agrega que “los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración de detalles de casos sellados a entidades en línea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”.

Agrega que, “además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”.

“Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”, enfatiza el comunicado del Departamento de Estado.

El documento concluye que “los esfuerzos de la fiscal general -Consuelo Porras- para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”.

.@WHAAsstSecty:
6 fiscales anticorrupción antiguos y actuales detenidos.
Otros fiscales forzados a huir del país.
Esfuerzos p/retirar inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción.
Cruzada de Fiscal General de #GUA contra jueces y fiscales independientes debe parar. https://t.co/N6cMoP0QVN

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 9, 2022

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Abogadas Santizo y Sosa recuperan libertad

Luego de haber quedado ligadas a proceso por el delito de colusión, en un caso que se encuentra bajo reserva, las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recuperaron su libertad este 9 de marzo.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones en el caso, donde señala a las extrabajadoras de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Fiscalía Especial contra la Impundiad (Feci) de haber efectuado prácticas irregulares durante el desarrollo de sus actividades investigativas.

Minutos antes que culminara el #8M las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa recobraron su libertad. Aunque siguen ligadas a proceso por el delito de colusión el MP sabe que el caso no tiene sustento y se caerá. La justicia prevalecerá a pesar del #PactoDeCorruptos pic.twitter.com/2ab2849BX9

— Ricigt (@Ricigt1) March 9, 2022

La jueza Erika Aifán se presentó este viernes 4 de marzo en la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez para presentar pruebas de descargo ante la petición del retiro de su inmunidad que presentó el Instituto de Magistrados.

Carlos Ruano, juez y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, indicó que no les sorprende que hubiera denuncias e inconformidad con las decisiones judiciales, porque según él, “siempre hay personas que no salen contentas por las decisiones de los jueces”.

Señaló que les preocupa que se busque “venganza” y se “criminalice” y se busque apartar a los jueces de los procesos que conocen con el fin de procurar impunidad.

Dijo que “como lo dicen públicamente ciertos actores” que no descasarán hasta ver a determinados funcionarios judiciales en la cárcel y “entonces dónde está la garantía de inamovilidad del cargo, de protección a la independencia judicial, al funcionario que hace bien su trabajo, ¿quién lo protege ante esas denuncias?”.

Dijo que continuará el respaldo a jueces y juezas que con su trabajo han demostrado ser independientes, que es la principal responsabilidad que tienen los juzgadores.

Afirmó que no deben depender de nadie al momento de hacer su trabajo y eso incomoda a “ciertas personas”, cuando hay un juez independiente que no cede a las presiones, por lo que desde la Asociación les corresponde apoyarse y respaldar a los jueces que demuestran que se puede administrar justicia.

Indicó que los ataque a los jueces son retrocesos en el sistema y se afecta a la democracia al no haber protección para la independencia judicial.

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Manifestó que si el juez que hace bien su trabajo es apartado, criminalizado y perseguido, dónde queda la ciudadanía, ya que no habrá jueces imparciales.

¿Qué dijo Aifán?

La jueza Aifán indicó que tres integrantes de la junta directiva de la entidad que la denuncia son lo que conocen y tendrán que resolver si le retiran o no la inmunidad.

Dijo que han cuestionado también la imparcialidad de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el Ministerio Público los ha señalado como posibles sindicados dentro del proceso que subyace a la denuncia.

Añadió que la CSJ en el acta del pleno 49-2021 señaló que tiene asuntos de mutuo interés con el Instituto de Magistrados.

“Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de mutuo interés”, manifestó.

Según Aifán, la magistrada Silvia Valdés ha entregado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados que es una entidad privada y según una constancia, les ha entregado Q20 mil, “entonces hay una relación económica entre mis denunciantes y quien integra resolver en este caso si me retiran la inmunidad o no”.

Señaló que ve “graves conflictos de interés”; además, ni la Corte ni el magistrado pesquisidor han querido dar trámite a las recusaciones.

En la próxima audiencia del miércoles 9 de marzo espera avanzar en la presentación de sus argumentos y establecer si el magistrado pesquisidor a realizado algún otro elemento de investigación.

Afián dijo que se han incrementado los ataques en su contra, tanto en las redes sociales, las vigilancias, seguimientos y grabaciones.

También mencionó las denuncias y antejuicios que han promovido en su contra y que han notado incremento en “todas estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones  y el incumplimiento de las medidas cautelares que le han sido otorgadas”. Dijo que la CSJ no ha hecho ningún cambio en su esquema de seguridad.

Judge Ericka Aifán is a hero. She is being persecuted in retaliation for her work combating corruption in #Guatemala . 7 of the 13 Supreme Court judges deciding her case have been implicated in corruption cases she judged. I am proud to stand with her. #YoApoyoALaJuezaAifan pic.twitter.com/lir1SzUnwA

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) March 4, 2022

La presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, expresó su apoyo este viernes en Guatemala a la jueza local de alto riesgo Érika Aifán Dávila, quien enfrenta un proceso legal para retirarle su inmunidad, informó EFE.

Indicó que el caso de la jueza Aifán es como representativo de la persecución contra operadores de justicia independientes y que han luchado contra la corrupción.

Dijo que les preocupa “muchísimo” esta persecución contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

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Afirmó que en el caso de Aifán es evidente el conflicto de interés que existe.

Kennedy, abogada y activista, se encuentra en Guatemala y acompañó a Aifán Dávila en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala antes de ingresar a la corte donde se determinará si se le remueve o no su inmunidad como jueza.

“Estamos aquí porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”, explicó a periodistas la presidenta de la organización no gubernamental estadounidense.

Aifán Dávila, ampliamente reconocida a nivel internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco, añadió EFE.

Ratificaron petición

El 25 de febrero recién pasado, integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar una petición de retirar la inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la denunciaron por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El caso Comisiones Paralelas 2020 surgió cuando la Feci reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reapareció este miércoles 16 de febrero en las redes sociales de la Fiscalía para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de “El Faro”, en la que se vincula al presidente Alejandro Giammattei en actos de corrupción supuestamente  orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero.

“El Faro”, un medio digital con sede en El Salvador reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Giammattei y Benito para recibir Q20 millones para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el Gobierno. El supuesto pacto incluía la permanencia de Benito en el puesto durante el primer año del gobierno de Giammattei.

“El Faro” basa su nota en el audio de la declaración del Testigo A, a quien definen como un exhombre de confianza de Giammattei, pero que testificó en su contra al afirmar que el ahora presidente negoció la entrega de US$2.6 millones (unos Q20 millones) para financiar la campaña en 2019.

Por lo anterior, Porras señaló que el caso de Benito, quien está ligado a proceso y en prisión preventiva, está bajo reserva total y dijo que la filtración de información es preocupante, pues pone en riesgo el avance de las pesquisas.

“Este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, señaló Porras.

Además, la fiscal dijo que el Testigo A del cual hace mención la nota de “El Faro” interpuso una denuncia por supuestamente haber sido obligado a declarar información inexistente.

“En dicho caso también es importante mencionar que la persona a quien se menciona en la publicación como Testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban”, refirió Porras.

Niega criminalización

Además, la fiscal general negó que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.

En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.

También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.

“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.

Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.

“De conformidad con las múltiples denuncias recibidas en el Ministerio Público por posibles ilegalidades y violaciones de Derechos Humanos de las personas a través de una transgresión de la ley por parte de algunos trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se iniciaron diversas investigaciones, entre ellas por coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas por coacción a personas para que renunciaran a sus derechos básicos fundamentales como el derecho a la defensa y el acceso al expediente”, refirió.

Envía mensaje a EE. UU.

Las capturas y denuncias en contra de operadores de justicia ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien han emitido pronunciamientos solicitando el respeto del debido proceso y mantener la democracia en el país; sin embargo, Porras pidió a varios funcionario que han sido críticos del actuar de la Fiscalía a que se acerquen a conocer el trabajo que desempañan.

“Hago pública la invitación al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados señor Diego García-Sayán, a la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos señor Brian Nichols a que se acerquen al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando”, señaló Porras.

Agregó: “No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tiene interés particular de desestabilizar al país. No es correcto emitir comunicados ni declaraciones sin conocimiento de la totalidad de los hechos y menos aún dejarse influenciar por un grupo de personas que desean que exista impunidad para su grupo de personas a quienes señalan sus aliados que es justicia selectiva para sus opositores políticos enfocada a sus intereses”.