La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este jueves 16 el trámite de antejuicio contra la jueza Ericka Aifán. 

El pleno de la CC rechazó una acción de amparo que la juzgadora presentó en julio de 2020 contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una reciente sesión, los magistrados le revocaron un amparo provisional a favor de la jueza de mayor riesgo, que había sido otorgado por la anterior Corte de Constitucionalidad.

El 3 de julio de 2020, en un proceso de investigación que señalaba a varios operadores políticos y de justicia por influir en la elección de cortes, la jueza Érika Aifán fue vinculada por supuestamente aprobar diligencias contra magistrados, por lo que la CSJ dio trámite al proceso de antejuicio en su contra.

El procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”, dijo entonces la CSJ.

Un día después, la CC dio trámite al amparo presentado por la jueza para que quedaran sin efecto las diligencias de antejuicio en su contra.

Los procedimientos de investigación autorizados por la jueza Aifán a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fueron para efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un hospital privado de la zona 2 por el caso de poder, corrupción y lavado.

Una serie de acciones que los jueces ha padecido y que incluso han finalizado ante la Junta Disciplinaria Judicial, coloca en alerta el riesgo que podría estar corriendo la independencia judicial.

Debido a que los jueces de mayor riesgo se ha buscado someterlos a sanciones con el fin de obligarlos a favorecer grupos de poder o delitos cómo: corrupción, crimen organizado y conflicto armado.

Auditorias preventivas

Ninguno de los jueces se opone a la auditorias realizadas por la Supervisión General de Tribunales. Consideradas como practicas sanas y de fortalecimiento al sistema de justicia.

Sin embargo, las recientes auditorias ejecutadas entre el 14 y 18 de mayo pasado marcaron una alerta a los órganos jurisdiccionales de la Jueza Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez, debido a que estas son constantes.

El oficio indicaba que los supervisores debían revisar como mínimo 15 expedientes. Además, detectar si existe mora judicial y verificar las causas. Una de las alertas se debe a que la mora existe en la mayoría de los juzgados derivado de la falta de jueces.

El director de la Supervisión General de Tribunales, explicó que la auditorias eran parte de su labor y que también servían para identificar las carencias que los juzgados podrían padecer.

Temor entre jueces por la independencia judicial

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, manifestó su preocupación por las auditorias en el que indicó lo siguiente:

“La eventual instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizando mecanismos de presión e intimidación”. 

En la actualidad la Jueza de Mayor Riesgo “C”, Ericka Aifán se encuentra en un torbellino de acciones en su contra y las visitas por parte de la Supervisión General de Tribunales son constantes, que se ha hecho presente incluso sin que haya pasado un mes.

La quejas interspuestas contra Aifán son por el abogado Moisés Galindo, procesado por el caso de fideicomisos en la Municipalidad de Guatemala, el exmagistrado Eddy Orellana, sindicado en el proceso llamado “Comisiones paralelas” y la última interpuesta por la familia rusa, Bitkov procesada en el caso Migración.

Esté último caso le provocó una denuncia y una multa de Q1,000 a la jueza Aifán por supuestamente no acatar lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de cerrar el proceso penal contra la familia rusa.

La jueza accionó ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que señaló que la sala no le ordenó cerrar el proceso por que no desobedeció. La jueza expuso en el ocurso en queja que razonó cda uno de los argumentos y envió a un nuevo juicio a Igor Bitkov, su hija y esposa. Sin Embargo, la Sala Tercera busca orillar a Aifán a que cierre el caso.

La sala de los favores

La Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal se ha caracterizado por su resoluciones polémicas. Una de ellas y la más evidente fue la resolución de la Magistrada Blanca Stalling, que le otorgó salir de prisión debido a que no existía peligro de fuga, cuando fue capturada tratando de huir con peluca y pistola como quedó evidenciado en vídeos.

Además, se encuentra la resolución del antejuicio contra el entonces alcalde capitalino, Alvaró Arzú, por el caso denominado “Caja de Pandora”. Pero pesa también sobre la Sala que el presidente el magistrado Jaime Amílcar González firmó una resolución de Corte Suprema de Justicia de un pleno que no participo. La resolución negaba levantar el antejuicio a seis diputados entre ellos Luis Rabbé y Aristídes Crespo.

González fue denunciado por la Magistrada María Eugenia Morales. Sin embargo, fue la jueza suprema que debió enfrentar a la Junta Disciplinaria por denunciar el hecho, ya que habría entregado como evidencia el acta firmada por González.  la Magistrada salió librada de los señalamientos.