El presidente electo Alejandro Giammattei arremetió este 21 de noviembre contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a quien acusó de negarse a entregar información sobre el proceso de transición, y en especial sobre el convenio de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos.

Las declaraciones del próximo gobernante surgieron en Mazatenango, horas después de la llegada del primer hondureño solicitante de asilo a Guatemala.

“Nos acabamos de enterar -de la llegada a Guatemala del migrante-. Hago de nuevo un llamado al señor ministro Degenhart, que se ha negado a iniciar el proceso de transición, a que nos informe. Ya cerraron el convenio y nunca fuimos -el gobierno entrante- enterados“, dijo Giammattei.

Agregó: “Le digo públicamente al señor ministro Degenhart que está jugando con fuego. No ha querido entregar absolutamente ninguna información. Es el único ministro -del Gabinete de Jimmy Morales- que se ha negado, y dentro de esa, es que nos diga cuál es el programa de implementación”.

El próximo gobernante demandó que el funcionario aporte información sobre el cronograma de implementación del acuerdo migratorio. “¿Qué piensan hacer, dónde van a ubicar a la gente -los solicitantes de asilo-, quién va a cubrir los gastos? porque tenemos serias dudas en torno a eso”, resaltó.

Durante la mañana, ante la presencia de Degenhart y la canciller Sandra Jovel, un hondureño llegó a Guatemala procedente de Estados Unidos y se convirtió en el primer solicitante de asilo bajo el Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección (ACA, en inglés, y también conocido como Tercer País Seguro).

Dicha comisión fue disuelta por el presidente Jimmy Morales en junio de 2019.

La fiscalía planteó su petición ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solicita que junto a Degenhart también sea destituido Luis Arévalo, tercer viceministro de Gobernación.

María Consuelo Porras, fiscal general, es a la vez coordinadora y representante legal de la comisión, y quien acciona contra Degenhart a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal.

“Es evidente la notoria desobediencia del amparo provisional cuando en la propia resolución del 28 de octubre se indica puntualmente: ‘esta decisión se pronuncia con los apercibimientos legales correspondientes’, derivado de lo cual corresponde al Tribunal de tomar las medidas necesarias para tal ejecución”, señala la Fiscalía.

En el fallo del 28 de octubre, el tribunal constitucional declaró con lugar dos recursos de apelación: uno para Porras ante un amparo a favor de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, contra Degenhart, y el otro, para la procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el director de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación.

Ambos fallos tenían como efecto la suscripción del convenio para garantizar los fondos del ministerio a la Comisión de de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, los cuales deberían fluir 24 horas después de las firmas.

La comisión existe desde 1998, producto de los Acuerdos de Paz, pero en junio último Morales la liquidó para evitar “dualidad de funciones” con la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Coordinada por el fiscal general, la comisión se integra por dos magistrados de la Suprema, el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos y Landivar, y miembros de la sociedad civil.

.@CC_Guatemala declara con lugar recurso de apelación interpuesto por @PDHgt otorgando amparo provisional y ordenando al @mingobguate realizar transferencia presupuestaria a la Comisión Nacional Para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. pic.twitter.com/4fFFdVhnZ7

— PDH Guatemala (@PDHgt) October 31, 2019

El proceso

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, cuando un funcionario incumple lo dispuesto por un tribunal de amparo puede ser destituido.

Sin embargo, el funcionario tendrá la oportunidad de evacuar una audiencia en la que responderá los motivos por los que no ha cumplido con lo ordenado por el tribunal, cuando se lo demande la autoridad, en este caso la CSJ.

Cuando la Corte reciba la respuesta del funcionario esta analizará las razones argumentadas para determinar si hay o no causa de destitución, la cual no implica una persecución penal ni un planteamiento de antejuicio, pues no se trata de un delito por el que se le persiga.

Es decir, que en todo caso, el funcionario desobedece una orden de rango constitucional.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo que Guatemala aún analiza si el acuerdo migratorio con Estados Unidos debe ser aprobado o no por el Congreso, con lo cual aún no puede recibir a solicitantes de asilo de Estados Unidos.

“Hasta que ese punto -el análisis jurídico- no se alcance no podemos recibir salvadoreños y hondureños bajo la cobertura de ese acuerdo”, dijo el ministro este 30 de octubre en conferencia de prensa.

El funcionario contradijo de esta forma lo publicado por el diario Washington Post, que, citando a tres oficiales familiarizados con el acuerdo de cooperación, Estados Unidos estaría enviando ya esta semana a los primeros salvadoreños y hondureños solicitantes de asilo a Guatemala.

“No hay vuelos planificados como publicó el Washington Post (…) estamos en stand by”, señaló Degenhart, quien agregó que por ahora no hay reuniones programadas con funcionarios estadounidenses para hablar sobre el acuerdo.

De acuerdo con el diario, el primer envío a Guatemala sería de hondureños y salvadoreños adultos, y no familias. Ese procedimiento estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyo jefe interino, Kevin McAleenan, firmante del acuerdo migratorio con Degenhart el 27 de julio, renunció al cargo.

Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, firmó un nuevo acuerdo con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. a poco más de un mes después de haber firmado el controversial acuerdo migratorio que se sigue discutiendo en Guatemala.

Degenhart y McAleenan coincidieron en la ciudad de Panamá en una cumbre que reúne a los responsables de la seguridad pública de Centroamérica y Estados Unidos.

El acuerdo firmado tiene el nombre de Cooperación para Prevenir y Combatir la Delincuencia y otras Amenazas a la Seguridad Pública.

“Entre los temas que se analizan están la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos, delitos transnacionales, tráfico ilegal de personas, pandillas, tráfico ilegal de armas y narcotráfico”, informó el comunicado oficial del Ministerio de Gobernación.

El objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo de seguridad conjunto, para reforzar las fronteras de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

Según las autoridades guatemaltecas, se trabaja también en cómo enfrentar el tráfico ilegal de armas, implementación de mejoras en fronteras, puertos y aeropuertos con el objetivo concreto de fortalecer y reforzar las coordinaciones de seguridad en las aduanas de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

Además, entregó una solicitud de debida ejecución para solicitar la destitución del ministro Degenhart, señalando que no se respetó el amparo otorgado el pasado 14 de julio por la CC.

LEA: Acuerdo migratorio fue firmado “sin amenazas” dice Gobierno, pese a presiones de Trump

Procurador @JordanRodas presentó acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la firma de tercer país seguro y además pide la inmediata destitución del Ministro de Gobernación Enrique Degenhart. @Guatevision_tv pic.twitter.com/fka7EhbLL5

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) July 29, 2019

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó este viernes 26 de julio un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que da asilo a migrantes que viajan a aquel país.

La firma se llevó a cabo en la oficina Oval entre Degenhart y Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., y con la presencia del presidente Donald Trump.

Según Trump, el acuerdo “va a dar seguridad a los demandantes de asilo legítimos y a va detener los fraudes y abusos en el sistema de asilo”

“Hace mucho tiempo que hemos estado trabajando con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la manera correcta”, dijo Trump ante periodistas en su oficina de la Casa Blanca.

• Esta es la transcripción íntegra del acuerdo.

ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
RELATIVO A LA COOPERACIÓN RESPECTO AL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, en lo sucesivo de forma individual una “Parte” o colectivamente “las Partes”,

CONSIDERANDO que Guatemala norma sus relaciones con otros países de conformidad con principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, y al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados; considerando por otro lado, que Guatemala mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, como el derecho de las personas a migrar y su necesidad de protección;

CONSIDERANDO que en la actualidad Guatemala incorpora en su legislación interna leyes migratorias dinámicas que obligan a Guatemala a reconocer el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo que cualquier migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar a su territorio nacional conforme a su legislación nacional; considerando, asimismo, que en situaciones no previstas por la legislación interna se debe aplicar la norma que más favorezca al migrante, siendo que por analogía se le debería dar abrigo y cuidado temporal a las personas que deseen ingresar de manera legal al territorio nacional; considerando que por estos motivos es necesario promover acuerdos de cooperación con otros Estados que respeten los mismos principios descritos en la política migratoria de Guatemala, reglamentada por la Autoridad Migratoria Nacional;

CONSIDERANDO que Guatemala es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 (la “Convención de 1951″) y del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967 (el “Protocolo de 1967′), del cual los Estados Unidos son parte, y reafirmando la obligación de las partes de proporcionar protección a refugiados que cumplen con los requisitos y que se encuentran físicamente en sus respectivos territorios, de conformidad con sus obligaciones según esos instrumentos y sujetos . a las respectivas leyes, tratados y declaraciones de las Partes;

RECONOCIENDO especialmente la obligación de las Partes respecto a cumplir el principio de non-refoulement o de no devolución, tal como se desprende de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmada en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 (la “Convención contra la Tortura”), con sujeción a las respectivas reservas, entendimientos y declaraciones de las Partes y reafirmando sus respectivas obligaciones de fomentar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en consonancia con sus obligaciones en el ámbito internacional;

RECONOCIENDO y respetando las obligaciones de cada Parte de conformidad con sus leyes y políticas nacionales y acuerdos y arreglos internacionales;

DESTACANDO que los Estados Unidos de América y Guatemala ofrecen sistemas de protección de refugiados que son coherentes con sus obligaciones conforme a la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967;

DECIDIDOS a mantener el estatuto de refugio o de protección temporal equivalente, como medida esencial en la protección de los refugiados o asilados, y al mismo tiempo deseando impedir el fraude en el proceso de solicitud de refugio o asilo, acción que socava su legítimo propósito; y decididos a fortalecer la integridad del proceso oficial para solicitar el estatuto de refugio o asilo, así como el respaldo público a dicho proceso;

CONSCIENTES de que la distribución de la responsabilidad relacionada con solicitudes de protección debe garantizar en la práctica que se identifique a las personas que necesitan protección y que se eviten las violaciones del principio básico de no devolución; y, por lo tanto, comprometidos con salvaguardar para cada solicitante del estatuto de refugio o asilo que reúna las condiciones necesarias el acceso a un procedimiento completo e imparcial para determinar la solicitud;

ACUERDAN lo siguiente:

ARTÍCULO 1

A efectos del presente Acuerdo:

1. “Solicitud de protección” significa la solicitud de una persona de cualquier nacionalidad, al gobierno de una de las Partes para recibir protección conforme a sus respectivas obligaciones institucionales derivadas de la Convención de 1951, del Protocolo de 1967 o de la Convención contra la Tortura, y de conformidad con las leyes y políticas respectivas de las Partes que dan cumplimiento a esas obligaciones internacionales, así como para recibir cualquier otro tipo de protección temporal equivalente disponible conforme al derecho migratorio de la parte receptora.

2. “Solicitante de protección” significa cualquier persona que presenta una solicitud de protección en el territorio de una de las partes.

3. “Sistema para determinar la protección” significa el conjunto de políticas, leyes, prácticas administrativas y judiciales que el gobierno de cada parte emplea para decidir respecto de las solicitudes de protección.

4. “Menor no acompañado” significa un solicitante de protección que no ha cumplido los dieciocho (18) años de edad y cuyo padre, madre o tutor legal no está presente ni disponible para proporcionar atención y custodia presencial en los Estados Unidos de América o en Guatemala, donde se encuentre el menor no acompañado.

5. En el caso de la inmigración a Guatemala, las políticas respecto de leyes y migración abordan el derecho de las personas a entrar, permanecer, transitar y salir de su territorio de conformidad con sus leyes internas y los acuerdos y arreglos internacionales, y permanencia migratoria significa permanencia por un plazo de tiempo autorizado de acuerdo al estatuto migratorio otorgado a las personas.

ARTÍCULO 2

El presente Acuerdo no aplica a los solicitantes de protección que son ciudadanos o nacionales de Guatemala; o quienes, siendo apátridas, residen habitualmente en Guatemala.

ARTÍCULO 3

1. Para garantizar que los solicitantes de protección trasladados a Guatemala por los Estados Unidos tengan acceso a un sistema para determinar la protección, Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección en Guatemala, a menos que el solicitante abandone la ‘solicitud o que esta sea denegada a través de una decisión administrativa.

2. Durante el proceso de traslado, las personas sujetas al presente Acuerdo serán responsabilidad de los Estados Unidos hasta que finalice el proceso de traslado.

ARTÍCULO 4

1. La responsabilidad de determinar y concluir en su territorio solicitudes de protección recaerá en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos establezcan que esa persona:

a. es un menor no acompañado; o
b. llegó al territorio de los Estados Unidos:
i con una visa emitida de forma válida u otro documento de admisión válido, que no sea de tránsito, emitido por los Estados Unidos; o
ii sin que los Estados Unidos de América le exigiera obtener una visa.

2. No obstante el párrafo 1 de este artículo, Guatemala evaluará las solicitudes de protección una por una, de acuerdo a lo establecido y autorizado por la autoridad competente en materia migratoria en sus políticas y leyes migratorias y en su territorio, de las personas que cumplen los requisitos necesarios conforme al presente Acuerdo, y que llegan a los Estados Unidos a un puerto de entrada o entre puertos de entrada, en la fecha efectiva del presente Acuerdo o posterior a ella. Guatemala evaluará la solicitud de protección, conforme al plan de implementación inicial y los procedimientos operativos estándar a los que se hace referencia en el artículo 7, apartados 1 y 5.

3. Las Partes aplicarán el presente Acuerdo respecto a menores no acompañados de conformidad con sus respectivas leyes nacionales.

4. Las Partes contarán con procedimientos para garantizar que los traslados de los Estados Unidos a Guatemala de las personas objeto del presente Acuerdo sean compatibles con sus obligaciones, leyes nacionales e internacionales y políticas migratorias respectivas.

5. Los Estados Unidos tomarán la decisión final de que una persona satisface los requisitos para una excepción en virtud de los artículos 4 y 5 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5

No obstante cualquier disposición del presente Acuerdo, cualquier parte podrá, según su propio criterio, examinar cualquier solicitud de protección que se haya presentado a esa Parte cuando decida que es de su interés público hacerlo.

ARTÍCULO 6

Las Partes podrán:

1. Intercambiar información cuando sea necesario para la implementación efectiva del presente Acuerdo con sujeción a las leyes y reglamentación nacionales. Dicha información no será divulgada por el país receptor excepto de conformidad con sus leyes y reglamentación nacionales.

2. Las Partes podrán intercambiar de forma habitual información respecto a leyes, reglamentación y prácticas relacionadas con sus respectivos sistemas para determinar la protección migratoria.

ARTÍCULO 7

1. Las Partes elaborarán procedimientos operativos estándar para asistir en la implementación del presente Acuerdo. Estos procedimientos incorporarán disposiciones para notificar por adelantado, a Guatemala, el traslado de cualquier persona conforme al presente Acuerdo. Los Estados Unidos colaborarán con Guatemala para identificar a las personas idóneas para ser trasladadas al territorio de Guatemala.

2. Los procedimientos operativos incorporarán mecanismos para solucionar controversias que respeten la interpretación e implementación de los términos del presente Acuerdo. Los casos no previstos que no puedan solucionarse a través de estos mecanismos serán resueltos a través de la vía diplomática.

3. Los Estados Unidos prevén cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala.

4. Las Partes acuerdan evaluar regularmente el presente Acuerdo y su implementación, para subsanar las deficiencias encontradas. Las Partes realizarán las evaluaciones conjuntamente, siendo la primera dentro de un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la fecha de entrada en operación del Acuerdo y las siguientes evaluaciones dentro de los mismos plazos. Las Partes podrán invitar, de común acuerdo, a otras organizaciones pertinentes con conocimientos especializados sobre el tema a participar en la evaluación inicial y/o cooperar para el cumplimiento del presente Acuerdo.

5. Las Partes prevén completar un plan de implementación inicial, que incorporará gradualmente, y abordará, entre otros: a) los procedimientos necesarios para llevar a cabo el traslado de personas conforme al presente Acuerdo; b) la cantidad o número de personas a ser trasladadas; y c) las necesidades de capacidad institucional. Las Partes planean hacer operativo el presente Acuerdo al finalizarse un plan de implementación gradual.

ARTÍCULO 8

1. El presente Acuerdo entrará en vigor por medio de un canje de notas entre las partes en el que se indique que cada parte ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para que el Acuerdo entre en vigor. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de dos (2) años y podrá renovarse antes de su vencimiento a través de un canje de notas.

2. Cualquier Parte podrá dar por terminado el presente Acuerdo por medio de una notificación por escrito a la otra Parte con tres (3) meses de antelación.

3. Cualquier parte podrá, inmediatamente después de notificar a la otra parte por escrito, suspender por un periodo inicial de hasta tres (3) meses la implementación del presente Acuerdo. Esta suspensión podrá extenderse por periodos adicionales de hasta tres (3) meses por medio de una notificación por escrito a la otra parte. Cualquier parte podrá, con el consentimiento por escrito de la otra, suspender cualquier parte del presente Acuerdo.

4. Las Partes podrán, por escrito y de mutuo acuerdo, realizar cualquier modificación o adición al presente Acuerdo. Estas entrarán en vigor de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes de cada Parte y la modificación o adición constituirá parte integral del presente Acuerdo.

5. Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las Partes a erogar o comprometer fondos.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Acuerdo.

HECHO en el 26 de julio de 2019, por duplicado en los idiomas inglés y español, siendo ambos textos auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Kevin K. McAleenan Secretario Interino de Seguridad Nacional
POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: Enrique A. Degenhart Asturias Ministro de Gobernación

“Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo del tercer país seguro con Guatemala que eliminará a los traficantes de personas y brindará seguridad a los legítimos solicitantes de asilo”, tuiteó la casa blanca.

"We're sending a clear message to human smugglers and traffickers that your day is over." pic.twitter.com/Yg6fhAsCDS

— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) July 26, 2019

Además, en la cuenta de twitter @WhiteHouse se pueden observar a varios videos donde el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refiere al acuerdo.

“Estamos enviando un mensaje claro a los traficantes de personas de que su día ha llegado”, enfatiza en otra parte del mensaje Trump.

Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz

— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) July 26, 2019

En la reunión estuvo presente el Ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, quien firmó el convenió en representación de Guatemala.

Guatemala y Estados Unidos suscriben importante acuerdo de cooperación pic.twitter.com/ZYzwDlUr2E

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 26, 2019

Durante la VII Reunión de Ministros y Secretarios del Triángulo Norte de Centroamérica, McAleenan se refirió a la situación de identificar a menores migrantes a través de pruebas de ADN.

“Las pruebas de ADN se van a hacer para proteger a los niños”, aseguró el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “Vemos situaciones donde los niños son explotados. Nos preocupa mucho que el número sea más alto, porque hay adultos que están trayendo niños que no son sus hijos con la expectativa de que se les permitirá quedarse en Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Según McAleenan, se han detectado alrededor de 5 mil casos de menores que no tenían relación familiar con el adulto que los acompañaba y que en mayo hubo casi 60 mil niños en centros y albergues.

Al ser cuestionado por las condiciones en las que se encuentran los niños migrantes, aseguró que Estados Unidos ha invertido US$400 mil para proveer alimentación, frazadas e implementos de cuidados básicos.

Anteriormente, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, había anunciado el plan de identificar en Guatemala a menores a través de las pruebas de este tipo para evitar el tráfico de menores que son llevados a Estados Unidos por bandas delincuenciales.

Ante esta situación, grupos promigrantes consideraron el plan como “impráctico e innecesario” pues la cantidad de menores que viajan con sus padres “no es mínima”.

La fecha para comenzar con la identificación de menores a través de pruebas de ADN aún no ha sido establecida.

Con información de Andrea Domínguez

La alerta a la Interpol fue solicitada por el juez Víctor Cruz el pasado 17 de mayo, con el objetivo de capturar a Thelma Aldana, que actualmente se encontraría en Estados Unidos, pero está aún no está en firme por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por sus siglas en ingles.

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Con visa oficial

Degenhart detalló que están a la espera del cumplimiento del proceso administrativo, además de señalar que ahora Aldana suma otro delito por ingresar al país del norte con la visa oficial, cuando esto no es permitido pues ella ya no es una funcionaria, además de señalar que el gobierno pidió la cancelación de la visa.

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“Lo interesante del caso es que ella ya no era funcionaria de gobierno utilizando este tipo de documento” Degenhart además destacó que “a raíz de ese hallazgo pues ese pasaporte oficial se cancela y tengo entendido que el ente migratorio interpone una denuncia”concluyó el ministro de Gobernación. 

Aldana viajó el 15 de mayo a Estados Unidos desde El Salvador, y denunció el 2 de junio que teme por su vida y que los casos en su contra son una venganza del “pacto de corruptos”.

Piden activar alerta a la Interpol

El juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera giró la solicitud a la Policía Nacional Civil para elevar la alerta roja internacional y agilizar la localización, captura y extradición de la exfiscal Thelma Aldana.

La orden está fechada el pasado 17 de mayo y dirigida al jefe de la División de Policía Internacional (Interpol). Se solicita “dar trámite al contenido de la Notificación Roja” para poder capturar y extraditar a la exjefa del Ministerio Público.

El Juzgado Décimo, además, declaró en rebeldía a Aldana, en un proceso donde se le sindica de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y caso especial de defraudación tributaria.

¿Qué delitos persigue Interpol?

Algunos estudiosos del Derecho ya han manifestado sus dudas en relación a la solicitud del juez, ya que los delitos que enfrenta Aldana no estarían incluidos en el convenio de trabajo que se tiene con la Interpol, por lo que todavía hay que esperar a que esta entidad admita la solicitud y active la orden de captura internacional.