El martes 25 de enero se registró un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil (PNC) y manifestantes en Suchitepéquez, donde transportistas bloquearon la ruta en rechazo al pago de un seguro.

Los incidentes fueron en el cruce conocido como El Aguacatal, donde de acuerdo con videos en redes sociales, los descontentos volcaron y dañaron autopatrullas de la PNC.

Estos enfrentamientos entre transportistas y autoridades dejaron agentes heridos, personas capturadas y agentes de policía secuestrados, así como a un comisario.

Supuestos vecinos de la costa de Sololá bajaron a Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y secuestraron primero a la agente de la PNC.

Mientras se desarrollaba el diálogo para la liberación, el grupo de pobladores retuvo a un comisario y a otro agente.

Luis Recinos, Comunicación Social de la PNC, informó que los manifestantes que tenían retenidos a los uniformados, solicitaban que se les entregara a las personas que las autoridades habían capturado preventivamente a cambio de liberar al comisario y a los dos agentes.

“Entonces se vio en la necesidad de hacer el canje, ya que eran las exigencias que tenían los manifestantes”, manifestó.

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En la noche del martes se logró la liberación de los agentes retenidos y luego fueron evaluados en el IGSS de Mazatenango.

El comisario Franco Suchité fue llevado a la Subestación de Santo Tomás La Unión donde fue liberado a las 20 horas.

Mientras que los agentes Ana Paola Argueta Pastor y Edwin Roberto Robles Mejía fueron liberados a las 21.15 en la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

El Ministerio Público informó que trabaja en la identificación de las personas que participaron en el secuestro de los agentes y buscan individualizar a los implicados.

Abogado explica situación

Prensa Libre y Guatevisión consultaron al abogado Deyvin Carrillo, quien explicó la parte legal respecto del caso de los agente de la PNC que fueron retenidos contra su voluntad en Suchitepéquez.

Añadió que los manifestantes tomaron la acción de retener a algunos agentes a efecto de poder exigir que se les cumplan sus exigencias.

Indicó que de inicio se pudiera decir que esta acción o esa conducta por parte del grupo de personas, puede tipificarse en un delito de una detención ilegal.

Explicó que la detención ilegal es cuando a una persona se le retiene y se le restringe su libertad sin ningún motivo. Dijo que en este caso de los uniformados, en primera instancia pudiera considerarse una detención ilegal; sin embargo, de las investigaciones que haga el MP se podrá ir determinado los medios de convicción para presentarle a un juez.

Resaltó que al existir una exigencia o un canje a cambio de entregar a los agentes, sí pudiese en algún momento encuadrarse en un delito como lo es el secuestro.

Añadió que la investigación del MP debe recabar la información que sea necesaria para luego deducir responsabilidad penal, es decir, el inicio de un proceso penal.

Penas por delitos

Dijo que el delito de detención ilegal contempla una pena de uno a tres años conmutables, pero la pena se vuelve agravante y se le agrega una tercera parte cuando el delito es cometido por más de dos personas, con amenaza y violencia en contra de funcionarios.

Agregó que si lo anterior en algún momento encuadra en el delito de secuestro, la pena es mayor con pena máxima de 50 años.

Indicó que en este caso en Suchitepéquez se exigió algo a cambio de la libertad de los agentes, se exige un canje, para resolver alguna petición de las personas.

Carrillo explicó que el cuerpo legal de la PNC tenía que haber interpuesto una exhibición personal para que un juez llegara  a donde estaban las personas retenidas y luego de verificar la retira del lugar la libera inmediatamente.

La agente Paola Argueta, de la Subestación de @PNCdeGuatemala de #SantoTomásLaUnión está retenida por vecinos de la bocacosta de Sololá.@RBCNoticiasGT@AntonioIxcot_PL @prensa_libre

Cortesía pic.twitter.com/qxYaJDEWUe

— Marvin Túnchez (@MTunchez_19) January 26, 2022

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá amanecieron con calma, luego que se tranquilizaran los enfrentamientos por la posesión de tierras que ambos municipios reclaman.

Pobladores de Ixtahuacán velaron los restos de Miguel Esquipulas Ixquiactap Tzep, quien perdió la vida a consecuencia de balas perdidas en un enfrentamiento. Familiares exigen a las autoridades que esclarezcan su muerte.

La directiva del Comité Pro Mantenimiento de Bienes Comunales y Titulo Territorial de Santa Catarina Ixtahuacán, también demandó al gobierno intervenir para frenar la violencia.

Víctima de los enfrentamientos

Esta semana se cumple un mes de la desaparición de Martín Silverio Suy Ajpacajá, de 44 años, vecino de Ixtahuacán. La víctima fue vista por última vez durante el enfrentamiento armado entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina el pasado cuatro de marzo.

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La enemistad entre las comunidades de estos dos departamentos dejó un muerto y más de 30 heridos.

Además, cinco personas fueron retenidas por pobladores, en las últimas dos semanas.

Límites de tierras, proyectos de agua entubada y de energía eléctrica han causado que los enfrentamientos estallen, y generen zozobra en el territorio.

Los enfrentamientos han afectado a miles de personas ajenas al área, como sucedió durante el bloqueo en la carretera Interamericana, en Nahualá, Sololá.

El auxiliar de la procuraduría de los derechos humanos en Quiché dijo que la falta de voluntad en las autoridades ha derivado en enfrentamientos, muchos de esos conflictos llevan años desarrollándose y el Gobierno no ha podido darles solución.

Tres mesas de diálogo se han formado durante esos conflictos, pero hasta la fecha no hay resultados.

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Las fuerzas de seguridad practicaron una diligencia judicial este miércoles para detener a varias personas señaladas de invadir terrenos, pero un grupo de unas tres mil personas mantiene retenidos a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según orden de la jueza de San Benito, en el allanamiento fueron capturadas 11 personas y se decomisó un camión, tres picops, una pistola y ganado.

La Policía constató que estas personas se habían posicionado en áreas donde se encuentra el Centro de Operaciones Interinstitucional El Tigrillo, en donde se encuentran delegaciones de la PNC, Ministerio Público, Conap y del Ejército, que habría sido destruido.

De acuerdo al reporte de la PNC, los detenidos son:

• Jose Emilio Monroy Salvador, de 42 años, por poseer en cautiverio un ave en peligro de extincion,  usurpación de áreas protegidas, entre otros.
• Juan Jose Morales Maldonado, por el delito de usurpación de áreas protegidas.
• Aureliano Garnica López, por usurpación de áreas protegidas.
• Beneran Ramos Mantar, 54.
• Walter Otoniel Lucero Machamé
• Óscar Ovidio Galdámez Sosa
• Román Antonio Aguilar Barrera
• Carlos Enrique Morales Oliva
• Samuel Casasola Salguero
• Fredy Rolando Lima González
• Juan José Morales

Las aprehensiones y decomiso causaron que los campesinos en El Naranjo Frontera retuvieran y desarmaran a varios agentes. La juez se hizo acompañar de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

En la página de Facebook Noti Impacto Petén publicaron los siguientes videos sobre lo que ocurre en el lugar:

Algunos pobladores decidieron liberar a las vacas confiscadas cuando las trasladaban hacia el paso del río San Pedro, lo que causó más tensión en el lugar. Además, esta mañana se suspendió el servicio de transporte de pasajeros de El Naranjo hacia la zona central de Petén.

De manera no oficial se sabe que algunos vehículos bloquean la ruta y que piden la presencia del gobernador departamental, Víctor Sigüenza, y de otras autoridades de gobierno. Además, se presume que para liberar a los agentes exigen que dejen en libertad a los capturados.

Los campesinos exigen que dejen en libertad a los capturados ya que los consideran inocentes. Según una fuente en el lugar, la juez a cargo de la diligencia y otras autoridades que le acompañan llegaron al otro lado del río San Pedro, conocido también como Santa Marta, límite entre La Libertad y San Andrés, donde los campesinos se han unido y les han vedado el paso.

Uno de los campesinos, quien prefiere omitir su nombre, indicó que las personas que las autoridades retuvieron son trabajadoras y que buscan oportunidades de desarrollo.

De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, los campesinos ya liberaron a los agentes retenidos luego de que un juez competente dictó medidas sustitutivas a los campesinos detenidos, para evitar confrontación y mantener el orden. Sin embargo, las autoridades no logran salir del área por la toma del ferry que cruza el río San Pedro y el bloqueo unos metros adelante sobre la ruta.

“Miles de gente vienen diario a hacer trámites para irse a Costa Rica, Honduras o El Salvador, la mayoría con sus hijos, la gente está abandonando el país por miedo”, dice a la AFP una gestora de migración, Nubia Manzanares.

Las filas en las oficinas de Migración son interminables. La mayoría son jóvenes que se alistan para migrar o pedir asilo en Costa Rica, el principal destino de los nicaragüenses desde la última guerra civil que vivió este país en la década de 1980.

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“Me voy más que todo porque están persiguiendo y matando a los jóvenes. Voy a Costa Rica a trabajar en lo que salga”, dice a la AFP Jonathan Peña, de 19 años, quien lleva horas gestionando su documento para ir a pedir visa al consulado costarricense y viajar en avión, porque el paso por la frontera terrestre ha sido bloqueado por los manifestantes.

La afluencia de solicitudes de pasaportes creció hace dos semanas cuando varias ciudades, incluida la capital, comenzaron a ser asediadas por hombres encapuchados que, según la población, pasan disparando con armas de fuego desde sus camionetas o motocicletas.

A juicio del analista y exdiputado opositor Eliseo Núñez, la estrategia de Ortega es causar pánico para empujar la migración, sobre todo de la clase media, uno de los sectores más críticos con su gobierno.

“Prohibido ser joven”

Una noche “estaban jugando unos muchachos afuera y pasaron dos motos, luego una camioneta blanca con encapuchados, después la policía y empezaron a disparar” en el barrio, cuenta agobiada a la AFP Mireya Alegría, quien hace fila con sus dos hijos en una oficina migratoria con la finalidad de viajar a Costa Rica.

Los nicaragüenses dicen que los jóvenes, que encabezan las protestas contra el gobierno, son blanco de estos grupos.

“Ahora está prohibido ser joven”, deplora Xiomara Vargas, ama de casa de 54 años que acompañó a su sobrino, un estudiante de informática, a migración.

La canciller costarricense, Epsy Alejandra Campbell Barr, informó la semana pasada que han detectado un “leve aumento” en el flujo migratorio procedente de Nicaragua, aunque el gobierno está preparado para un ingreso masivo.

Costa Rica anunció asimismo que acogerá con visas de cortesía a los familiares de diplomáticos acreditados en Nicaragua que quieran salir por la violencia política.

Cerca de 500.000 nicaragüenses residen en forma permanente o temporal en Costa Rica, y gran parte de ellos trabajan en agricultura, construcción, seguridad y servicio doméstico.

Huyen de la crisis

El conflicto estalló el 18 de abril contra una reforma al seguro social, pero las protestas se generalizaron debido al malestar que causó la represión de las fuerzas de policía y de choque del gobierno, que dejan 148 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Los manifestantes piden la salida de Ortega, un exguerrillero de 72 años que dirigió la revolución en los años 80, retornó al poder en 2007 y obtuvo dos reelecciones sucesivas en cuestionados procesos electorales, según la oposición.

Pero muchos nicaragüenses como Eime Monge, quien busca migrar a Costa Rica con su esposo y dos hijos, cree que Ortega tratará de mantenerse a toda costa en el poder, como el venezolano Nicolás Maduro.

“Ortega tratará de navegar entre los escombros y llegar hasta el final independientemente del costo humano y económico”, porque “no se visualiza fuera del poder”, advierte Núñez.

Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la crisis ha puesto en peligro entre 20.000 y 150.000 empleos.

Varios, como el administrador de empresas Manuel Pérez, de 40 años, ya perdieron su trabajo y ahora buscan migrar a Panamá porque no cree que la situación mejore y dice que el país vive en “zozobra”.

Unos 800.000 nicaragüenses radican en el exterior, según datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Los obispos nicaragüenses convocaron el miércoles a un diálogo tras recibir una respuesta de Ortega a su propuesta para favorecer una salida negociada de la crisis.

]]> 192190 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/nicaragua-se-alista-para-paro-nacional-convocado-por-alianza-opositora Wed, 13 Jun 2018 16:00:39 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=192015

Nicaragua se alista para un paro convocado por la oposición con el fin de presionar al presidente Daniel Ortega a frenar la represión y terminar con los violentos enfrentamientos que dejan 148 muertos en casi dos meses.

“Este es un paro cívico y pacífico que abarca a todo el país y a todas las actividades económicas”, señaló la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, que agrupa a empresarios, estudiantes y sectores de la sociedad civil.

La convocatoria a paro, que regirá a partir de las 00H00 locales (06h00 GMT) del jueves, se realiza después de que los obispos entregaron la semana pasada a Ortega una propuesta para retomar el diálogo con sus opositores, en la que piden adelantar las elecciones y adoptar reformas democráticas.

Ortega no ha respondido y la represión a las protestas ha recrudecido en todo el país, con ataques de fusilería y de hombres armados encapuchados a bordo de camionetas y motocicletas.

Desde que se iniciaron las manifestaciones el 18 de abril, el balance de fallecidos es de 148 muertos y hay más de 1.000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La crisis ha dejado además pérdidas estimadas en unos 800 millones de dólares, según la ONG Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copade).

“Aplicar sanciones fuertes”

Ortega acusa a los manifestantes de impedir la libre circulación de personas y mercancías, incluido el transporte de carga desde países vecinos. Por lo que las autoridades nicaraguenses intentan levantar los bloqueos de rutas que afectan a 70% de las carreteras del país.

“La población tiene un sentido de urgencia de que Ortega salga del poder. Cada día en el gobierno significa más muertos. Nadie esta exento de la matanza que ha desatado”, denunció el exvicecanciller José Pallais.

Pallais consideró poco factible que haya una solución a la crisis política en la que se contemple que Ortega continúe en el poder.

“La comunidad internacional debe pasar de las condenas y declaraciones a aplicar sanciones fuertes contra el régimen, porque si no Ortega se considera impune y autorizado a continuar matando”, añadió.

Un paro nacional puede tener consecuencias impredecibles tanto para la economía como para la política, advirtió el economista Néstor Avendaño, quien recordó que la última vez que hubo un cese nacional de actividades fue en 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza.

Tras ese paro, Nicaragua vivió una guerra civil en la década de 1980 que golpeó duramente a la economía y demandó más de dos décadas volver a los niveles que tenía a finales de los años 1970, comentó Avendaño.

Las protestas se originaron contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero se extendieron y ahora los manifestantes piden el fin del gobierno de Ortega.

Ortega, de 72 años, está en el poder desde 2007 y enfrenta acusaciones de abuso de poder y corrupción de parte de sus opositores.

Guerra civil

Pero algunos nicaragüenses parecen estar listos para alzarse en armas.

“Yo en lo personal, esto ya lo veía venir, o sea, para mí esto que está sucediendo es una guerra civil escalonada”, dijo un dirigente estudiantil conocido como “El Gato”, uno de cientos que han ocupado los campos universitarios de Managua desde abril.

“La mayoría de los que estamos aquí no lo quiere ver así, pero en lo personal creo que (…) nos vamos a tener que armar para estar al mismo nivel que ellos” en algún momento, agregó, refiriéndose a las fuerzas del orden y las “turbas” progubernamentales.

“No podemos seguir perdiendo vidas”, sostuvo.

La situación es especialmente grave en la ciudad de Masaya, un antiguo bastión sandinsita de unos 100.000 habitantes al sureste de Managua.

El departamento del mismo nombre es la cuna del líder rebelde Augusto Sandino, quien lideró un alzamiento popular contra la ocupación militar estadounidense en los años 1920 y 1930.

Sandino también inspiró a la guerrilla de Ortega y le dio nombre a su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó a Somoza en 1979.

De igual manera, activistas en todo el país se vuelven contra Ortega, en un movimiento masivo que comenzó con la dirigencia estudiantil universitaria.

“El Gato” dice que antes de las protestas, Nicaragua estaba en un punto de quiebre.

“Hace muchos años yo he venido observando, observando y callando, callando todo por temor a represalias”, dice el joven de 25 años.

“Creo que esta lucha es justa, estamos atrincherados acá para provocar presión al gobierno y expresarnos en contra de lo que han estado haciendo contra los nicaragüenses”, expresó.

Consultado sobre cuánto tiempo seguiría protestando, el estudiante con el rostro cubierto dijo: “El tiempo que sea necesario”.