El papa Francisco se reunió con el presidente de la conferencia episcopal estadounidense, en tanto sus partidarios cerraban filas en torno a la forma en que el pontífice gestionó un presunto caso de abuso sexual por un cardenal norteamericano.

Francisco conversó este lunes con el cardenal Daniel DiNardo y otros altos cargos de la conferencia episcopal en el Vaticano, 48 horas después de haber ordenado una investigación de los archivos del Vaticano sobre el exarzobispo de Washington, Theodore McCarrick, quien renunció a su cargo en julio.

DiNardo “saludó” el domingo las “medidas adicionales tomadas por el papa Francisco para garantizar que los fieles estén protegidos del demonio de las agresiones sexuales”.

El caso de McCarrick desencadenó una tormenta en agosto, cuando el arzobispo Maria Vigano, un exnuncio del Vaticano en Washington, culpó al papa de ignorar las acusaciones de que McCarrick había abusado de un adolescente hace décadas.

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Al Sumo pontífice se le reprochó también haber retirado las sanciones que había impuesto su antecesor, Benedicto XVI, al arzobispo McCarrick, algo que desmintió el domingo el prefecto del Vaticano para la Congregación de los Obispos.

El cardenal canadiense Marc Ouellet dijo el domingo que este “ataque injustificado” era un “montaje político privado de fundamento real para incriminar al papa”.

Y añadió que él mismo le dijo en persona a Vigano que McCarrick “debía obedecer ciertas condiciones y restricciones debido a los rumores sobre su comportamiento pasado”.

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Tras dejar su cargo de arzobispo de Washington en 2006, McCarrick “fue exhortado” por los embajadores del Vaticano “a no viajar y a no hacer apariciones públicas para no provocar otros rumores que circulaban sobre su persona”, explicó.

“Es falso presentar las medidas tomadas respecto a él como ‘sanciones’ decretadas por el papa Benedicto XVI y anuladas por el papa Francisco”, dijo Ouellet en su carta abierta a Vigano.

Si en aquel momento no se impusieron sanciones fue porque “entonces no se disponía, como ahora, de pruebas suficientes sobre su presunta culpabilidad”, señaló.

No obstante, Ouellet admitió que en su opinión “deberían haberse investigado más en profundidad algunas sospechas proporcionadas por testigos”, aunque “el prelado en cuestión sabía cómo defenderse con destreza respecto a las dudas generadas sobre su persona”.

Francisco no ha comentado hasta ahora las acusaciones de Vigano.

El resultado de un proceso canónico contra el cura César Cordero ha sido “su dimisión del estado clerical de manera permanente y perpetua en el tiempo”, señaló en un comunicado la Arquidiócesis de la andina Cuenca, al sur y la tercera ciudad más importante de Ecuador.

Agregó que “esta es la máxima pena que la Iglesia puede infligir en estos casos”.

Cordero, fundador de centros de enseñanza (desde educación básica hasta la Universidad Católica de Cuenca), es acusado de cometer hace más de 50 años abusos sexuales contra niños de escuelas que él dirigía, casos que no han sido juzgados.

“Valoramos la resolución del Arzobispado de Cuenca: dimisión permanente del estado clerical de César Cordero, acusado de abusos sexuales”, expresó el ministro de Educación, Fander Falconí a través de Twitter.

Añadió que “todas las responsabilidades deben ser evidenciadas. Ahora toca actuar a la justicia penal y pronunciarse a los testigos. Estaremos atentos”.

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Varias personas mayores que sostienen haber sido abusados presentaron seis denuncias ante la Fiscalía, que lo indaga desde abril pasado.

La Iglesia católica resolvió la expulsión de Cordero luego de que el Vaticano enviara al vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Jaime Ortiz de Lazcano, a investigar las denuncias.

El entonces sacerdote ecuatoriano Luis Fernando Intriago también fue expulsado en julio último por pederastia y tortura a menores de edad.

La Iglesia católica viene enfrentando meses de escándalo, con revelaciones de abusos encubiertos por la jerarquía en todo el mundo, principalmente en Australia, Chile y Estados Unidos.

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El papa Francisco lo considera una “atrocidad”, un “crimen”.

En una carta sin precedentes, el Papa se dirige directamente a la comunidad católica romana y condena duramente los abusos sexuales de menores por sacerdotes de la Iglesia católica desvelados por la justicia estadounidense.

La semana pasada, un gran jurado de Estados Unidos presentó un informe en el que documentó siete décadas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en el estado de Pensilvania.

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El documento, de más de 1.300 páginas, identifica a más de 1.000 menores que fueron abusados o violados por parte de 300 supuestos “sacerdotes depredadores” desde 1940, si bien se cree que el número real de víctimas puede ser mucho mayor.

El informe detalla cómo la iglesia “encubrió sistemáticamente” lo ocurrido durante más de 70 años. Muchos de los casos ya han prescrito.

Dos días después de su publicación, la Santa Sede aseguró que el papa Francisco estaba del lado de las víctimas y este lunes el Vaticano publicó la carta del pontífice en su página web.

Pese a la firmeza de la misiva de Francisco, el Papa no especifica las medidas que la iglesia está emprendiendo o emprenderá para erradicar el problema, si bien insta a apoyar “todas las mediaciones judiciales” que sean necesarias.

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“Cultura de muerte”

En la misiva dirigida al “pueblo de Dios”, el Papa pide unidad “para erradicar esta cultura de muerte”.

“Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos”, señala.

Francisco, que durante su pontificado ha creado una comisión para la protección de los menores, admite que la iglesia no estuvo a la altura.

“Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas”, reconoce el Papa.

“Hemos descuidado y abandonado a los pequeños”.

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Refiriéndose directamente al informe estadounidense, el pontífice señala que la “mayoría de los casos corresponden al pasado”.

Sin embargo, apunta que “con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades (…) las heridas “nunca prescriben”.

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En ese sentido, el Papa menciona el trabajo que la iglesia realiza “en distintas partes del mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad y protejan la integridad de niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como de la implementación de la ‘tolerancia cero’ y de los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o encubran estos delitos”.

No obstante, admite: “Nos hemos demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias”.

“Pero confío en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro”, señala Francisco sin entrar en más detalles.

En la carta, el Papa insta a todos los miembros de la iglesia a “denunciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona”, les invita a la “oración y el ayuno” y pide “solidaridad”.

“Solidaridad que reclama luchar contra todo tipo de corrupción, especialmente la espiritual, «porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que “el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz (2 Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 165)”, escribe en la misiva.

El caso de Estados Unidos se produce después del escándalo destapado este mismo año en Chile, por el caso del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales.

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En un principio, el pontífice defendió al obispo Barros pero, tras encargar una investigación, reconoció que había cometido un error y aceptó la renuncia de éste y otros tres obispos del país latinoamericano.

Tras casi 48 horas de silencio, el Vaticano se pronunció este jueves sobre el reporte realizado por un gran jurado de Estados Unidos en el que denuncia el abuso sexual y violación de más de 1.000 menores por unos 300 “sacerdotes depredadores” en Pensilvania.

“Ante el informe que se ha hecho público (…) esta semana, hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a estos horribles crímenes: vergüenza y dolor“, señala un comunicado.

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La Santa Sede consideró que los hechos denunciados eran “criminales y moralmente reprobables” y condenó “inequívocamente” el abuso sexual de menores.

“La Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado y debería haber asunción de responsabilidad tanto por parte de los abusadores como por parte de los que los permitieron“, añade el texto.

El documento consideró que estos hechos “han traicionado la confianza” y “han robado a las víctimas su dignidad y su fe”.

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El comunicado no se refirió, sin embargo, a la denuncia del gran jurado de que el Vaticano, al igual que altos cargos de la Iglesia de Pensilvania, participaron en “un encubrimiento sistemático” de los abusos durante las casi 70 años que cubre la investigación.

Pese a los duros cuestionamientos al inicio del texto, la Santa Sede agregó que “la mayor parte del informe se refiere a abusos cometidos antes de los primeros años 2000” y que no se han encontrado “apenas casos después de 2002”.

En criterio del Vaticano, esto demuestra “cómo las reformas hechas por la Iglesia católica en Estados Unidos han reducido drásticamente la incidencia de los abusos cometidos por el clero“.

El gran jurado anunció el martes que emitió acusaciones formales contra dos sacerdotes, quienes presuntamente abusaron de menores en la última década y resaltó, también, que el número de abusos puede ser mayor, ya que muchas víctimas han optado por el silencio.

Pero ¿qué dice el informe que llevó a este pronunciamiento del Vaticano?

“Era abuso sexual”

El documento de más de 1.300 páginas revela que durante más de 70 años, más de 1.000 menores en Pensilvania fueron abusados o violados por sacerdotes católicos.

Muchos de los menores, según la investigación, fueron “manipulados con alcohol o pornografía” y “a algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos”.

“Algunos fueron violados oralmente, algunas vaginalmente, algunos analmente”, agrega el informe de más de 1.300 páginas que documenta los presuntos abusos.

De acuerdo con el texto, las víctimas fueron mayormente varones, aunque también hubo menores de sexo femenino, adolescentes y preadolescentes.

El informe detalla diferentes tipos de agresiones sexuales, como el de un sacerdote que violó a una niña en el hospital después de que le extirparon las amígdalas u otro al que se le permitió continuar ejerciendo después de haber dejado embarazada a una menor de 17 años, con la que se casó y de la que luego se divorció.

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Muchas de las víctimas, de acuerdo con la investigación, fueron drogadas por los sacerdotes y otras alegaron que fueron maltratadas o golpeadas por miembros de sus familias que no creyeron sus historias sobre los abusos.

Mientras, los funcionarios de la Iglesia describieron de manera “rutinaria y deliberada” las denuncias de abusos como “juegos bruscos”, “peleas y “conductas inapropiadas”, según el documento.

“No era ninguna de esas cosas. Era abuso sexual infantil, incluida la violación”, aseguró el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro.

La Iglesia en Estados Unidos se vio estremecida el pasado mes con la renuncia del entonces arzobispo de Washington, el cardenal Theodore McCarrick, que dejó el cargo tras denuncias de que había abusado sexualmente de niños y adultos durante décadas.

El documento se inicia con la siguiente declaración: “Nosotros, los miembros de este gran jurado, necesitamos que ustedes escuchen esto”.

“Quizás algunos de ustedes han escuchado algo similar antes… Pero nunca en esta escala”.

“Para muchos de nosotros este tipo de historias ocurrieron en otro lugar, en algún lugar lejano. Ahora sabemos la verdad: ocurrieron en todas partes”.

Estas “historias” se refieren a los más de 1.000 niños -posiblemente más- que fueron abusados sexualmente durante 70 años por unos 300 curas católicos “depredadores” en seis diócesis de Pensilvania, Estados Unidos.

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Esos abusos ocurrieron, según detalla el informe dado a conocer el martes por la Corte Suprema de Pensilvania, “mientras altos funcionarios eclesiásticos tomaban medidas para encubrir lo ocurrido“.

Estos son 6 de los casos más duros del informe de 1.300 páginas del gran jurado de Pensilvania.

1. Revisiones a los niños

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Un cura en Erie, el padre Chester Gawronski, acariciaba sexualmente a niños y les decía que lo hacía para “hacer una revisión de cáncer”.

En 1997, después de que se plantearon quejas en su contram Gawronski presentó a la diócesis una lista de 41 posibles víctimas y confirmó que en al menos 12 niños de la lista había realizado “la revisión de cáncer”.

El cura confesó voluntariamente haber llevado a cabo abusos sexuales en múltiples instancias y, sin embargo, de 1997 a 2002 Gawronski permaneció activo en el clero y repetidamente fue reasignado a otras parroquias.

2. “Por favor ayúdeme, abusé sexualmente de un niño”

Uno de estos sacerdotes, Michael Lawrence, le dijo al monseñor Anthony Muntone: “Por favor ayúdeme, abusé sexualmente de un niño”.

Muntone anotó la confesión en un memorándum confidencial escrito a mano. Y aún después de la admisión del sacerdote la diócesis dictaminó: “Esta experiencia no será necesariamente un trauma terrible para la víctima. Todo lo que la familia necesitaba es una oportunidad para ventilarlo”.

Y el cura abusador, el padre Lawrence, permaneció activo en la iglesia durante años bajo tres obispos distintos.

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3. Un sacerdote engendró un hijo, se casó y se divorció

Un sacerdote, el padre Raymond Lukac, embarazó a una joven de 17 años, falsificó la firma de un pastor en un acta de matrimonio y posteriormente se divorció de la chica poco después de que ésta diera a luz.

A pesar de haber tenido relaciones sexuales con una menor, de haber engendrado un hijo y de haberse casado y divorciado, se le permitió al padre Lukac permanecer en la iglesia mientras la diócesis buscaba “un obispo benévolo en otro estado dispuesto a aceptar al depredador y esconderlo de la justicia”.

4. Un niño desnudo en la rectoría

El padre Joe Pease repetidamente abusó sexualmente de un niño cuando éste tenía entre 13 y 15 años.

Pease admitió a funcionarios de la diócesis que en una ocasión había encontrado al niño desnudo en la rectoría, pero dijo que se trataba de “un jugueteo” y que “no había ocurrido nada sexual”.

Entonces la diócesis escribió en uno de sus memorándums confidenciales: “Por ahora estamos en un impasse: son alegatos y no admisiones“.

Se envió al cura abusador a terapias dirigidas por la iglesia y se le permitió regresar a la iglesia durante siete años más.

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5. Cuatro curas depredadores

Un grupo de al menos “cuatro curas depredadores” estableció vínculos emocionales y abusó sexual y violentamente de menores.

Uno de los niños fue forzado a pararse en una cama en una rectoría, desnudo, y a posar como Cristo en la cruz para los curas.

Éstos tomaron fotografías de la víctima y las añadieron a una colección de pornografía infantil que habían producido y compartido en propiedades de la iglesia.

Para facilitar la búsqueda de víctimas, los curas daban regalos a sus niños favoritos: cruces de oro para que usaran en el cuello.

Estas cruces eran las señales de los niños que estaban siendo preparados para ser abusados sexualmente.

6. En la diócesis de Scranton el gran jurado nombró a 59 curas que abusaron sexualmente de niños.

El cura Thomas Skotek, violó a una joven y la embarazó. Él mismo arregló un aborto para la chica.

El obispo James Timlin expresó lo que sentía en una carta: “Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo amargo que es esto. Yo también comparto tu dolor”.

Pero esa carta no estaba dirigida a la víctima. El obispo dirigió esas palabras al cura violador.

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Estos son sólo unos cuantos ejemplos incluidos en el informe del gran jurado de Pensilvania.

Y tal como señaló el procurador general del estado, Josh Shapiro, al presentar el informe, los casos “demuestran claramente que hubo un abuso corrupto y desmedido”.

“El patrón fue de abuso, negación y encubrimiento”.

Y lo peor, señaló el funcionario, es que aunque la lista de curas que abusaron es larga, “no creemos que el informe haya incluido a todos”.

“Estamos seguros que muchas más víctimas nunca se presentaron a declarar”, indicó el procurador.

ADVERTENCIA: Este artículo contiene imágenes que pueden ser consideradascomo perturbadoras.

En el café de la plaza central de San Vicente de Tagua Tagua suena “Like a Virgin” de Madonna.

El local es el centro neurálgico de esta ciudad de 47.000 habitantes, ubicada en el centro sur de Chile. Acá la mayoría se conoce y durante los últimos días uno de los temas recurrentes entre sándwiches que van y vienen es la suspensión del párroco del pueblo, acusado de participar en una red de sacerdotes ligada a la prostitución y abuso sexual de menores conocida como “La Familia”.

San Vicente es una metrópolis comparada con los pueblos aledaños.

Rodeados por la Cordillera de la Costa chilena, las nubes de un invierno adelantado cubren pueblos esparcidos entre viñas y plantaciones.

Son lugares remotos, unidos por una modesta carretera conocida como “de la fruta” en honor a su principal uso: transportar los camiones de fruta hacia sus puertos de exportación. Con pocos miles -a veces solo cientos- de habitantes, en estos pueblos los curas son autoridades casi tan o más importantes que los alcaldes.

Pero tras la denuncia de una testigo, Elisa Fernández, en un reportaje de la estación de televisión chilena Canal 13, la apacible zona se convirtió en el epicentro de un nuevo escándalo en la Iglesia católica chilena.

14 sacerdotes fueron suspendidos de sus funciones mientras se realiza una investigación canónica sobre “La Familia” (también conocida como “La Cofradía”) y el histórico obispo de la diócesis, Alejandro Goic, fue el cuarto al que el papa Francisco le aceptó la renuncia luego de que todos los obispos chilenos se la presentaran en mayo pasado por los reiterados y expandidos escándalos de abuso sexual.

La justicia penal, por su parte, también investiga los hechos y tiene actualmente 17 imputados investigados por la eventual comisión de delitos y por encubrimiento.

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“He llorado mucho”

“He llorado mucho”, le dice una feligresa de San Vicente a BBC Mundo justo antes de entrar a su misa diaria. Ha sido catequista de primera comunión por 30 años y ha conocido varios curas que han pasado por el pueblo. Está impactada.

La parroquiana, que pide no se revele su nombre, cuenta que no era muy cercana al religioso suspendido. “Desde que llegó, se dedicó a promover la pastoral juvenil”, quitándole prioridad a otras actividades, asegura.

Tratamos de hablar con la secretaria parroquial para obtener más detalles, pero el silencio es absoluto. “Cualquier cosa vaya al obispado de Rancagua y pregunte allá”, nos dice y aclara que no hay sacerdote a cargo ni misas diarias.

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Sin embargo, 15 minutos después aparece un sacerdote a hacer el servicio de las 12 pm al que asisten unas 10 personas.

Intentamos acerarnos a él al terminar, pero se encierra en la sacristía. “Se fue el padre”, nos dice una mujer recién salida de misa, insistiendo en que nos vayamos.

Sin embargo, otra nos aclara que la sala no tiene otra salida más que en la que estamos. “Tengo que cerrar”, dice el mayordomo invitándonos a salir.

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“Podemos estar apesadumbrados, tristes, pero nunca derrotados”, comenta la catequista del principio y dice que espera que los tribunales hagan justicia.

Tras la denuncia de Elisa Fernández, la fiscalía abrió una causa que incluyó una medida inédita: la incautación de documentos de los tribunales eclesiásticosante la negativa del representante del Vaticano de entregar información.

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“La razón de la incautación de todas las investigaciones canónicas previas fue la existencia de un sistema de investigación paralelo llevado por y ante la Iglesia católica relativo a delitos cometidos contra menores de edad”, le explica a BBC Mundo Emiliano Arias, el fiscal regional a cargo del caso.

Este sistema “aumenta el riesgo de que los imputados destruyan los medios probatorios y de que estos mismos influyan en otras víctimas o testigos“. Este sistema paralelo, al no compartir los antecedentes con la justicia penal, “genera impunidad”.

Ni rastro de los curas

Los viñedos decoran el camino entre San Vicente y Peumo, la segunda localidad que visitamos.

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La parroquia de este pueblo es una de las más antiguas de Chile. Con más de 350 años, por ella han pasado distinguidos personajes de la historia local. Pero ahora está cerrada. No hay cura, ni secretaria, nadie, excepto la persona de la limpieza que amablemente nos contesta que volvamos después.

Al lado de la casa parroquial se ubica “la parcela del cura” como la denominan los locales, un terreno patronal muy superior en tamaño a la vivienda de un peumino promedio. Pero del líder espiritual ni rastro desde que explotó el caso.

El párroco de Peumo también está en el grupo de los imputados.

Hasta el alcalde está sorprendido. “El más interesado en saber [de la supuesta red] soy yo”, le comenta a BBC Mundo desde la Municipalidad, ubicada frente a la iglesia. Su preocupación no es menor; el religioso se desempeñaba como profesor de filosofía de uno de los liceos locales.

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Siguiendo la ruta 37 kilómetros hacia el norte llegamos a la ciudad de Las Cabras.

Aquí la parroquia es relativamente moderna, reconstruida luego de un terremoto que afectó la zona en 2010.

Esta pequeña ciudad, probablemente desconocida para muchos chilenos, saltó al ojo público luego del testimonio de una víctima de violación. El hecho pasó hace años y no está relacionado con la cofradía de “La Familia”, pero muestra la reacción de la Iglesia ante las denuncias de abusos contra sacerdotes.

Daniel tenía 7 años cuando comenzó a ser abusado por el sacerdote del pueblo. De eso hace más de 30 años, pero las secuelas son evidentes.

“Yo tuve que hacer sexo oral debajo de una sotana”, cuenta.

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Tratando de lidiar con sus fantasmas y sin querer perder la fe, decidió ir a hablar con el obispo Goic, quien accedió a recibirlo. “Yo no buscaba justicia. Después de 30 años y con el cura muerto, buscaba perdonar y poder seguir adelante”, le cuenta Daniel a BBC Mundo.

Sin embargo, la reacción del obispo, según el actual peluquero, lo dejó perplejo.

“Se puso a llorar. Después me empezó a preguntar, con morbo, que qué me hacía y al final me preguntó si tenía pruebas. ¿Qué quería? Que le trajera la camioneta, el confesionario, la loma [lugares donde asegura que el sacerdote lo violaba]… ¡pasaron 30 años!”, continúa Daniel, con lágrimas en los ojos.

“Yo no pedía nada, sólo necesitaba que me escucharan y perdonar. Pero nada. Él solo quería ‘pruebas'”.

El cura que ayudó a Daniel a acercarse al obispo era, a su vez, párroco de un pequeño poblado cercano a Las Cabras que pasaría desapercibido del mapa si no fuera por su cercanía con Rapel, un centro de veraneo habitual de gente acomodada de misa dominical.

Por eso la sorpresa cuando se anunció que el párroco estaba también en la lista de los suspendidos e investigados por la justicia. Daniel lo defiende y asegura que no tiene nada que ver con la denuncia.

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La capital del surf y del silencio

Conocido internacionalmente por sus olas perfectas para el surf, la vida en Pichilemu más allá de la primavera y el verano es tranquila. Tal como en los pueblos anteriores, sus habitantes se conocen y su párroco, el padre P, está en la lista de la red investigada.

Esta vez la parroquia no está en la plaza central, sino en la parte alta de la ciudad y su estructura se asemeja más a una galería comercial que a los templos de los pueblos anteriores.

“A mí ya no me gusta la Iglesia. El cura es como patrón de fundo [hacienda].Anda siempre hablando que tiene plata y conoce a pura gente influyente”, asegura una oriunda de la ciudad que encontramos en la calle. No quiere ser nombrada en este reportaje precisamente por miedo a que el religioso tome medidas en su contra.

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Preguntando por el padre P, nos dicen que visitemos Ciruelos, una localidad “muy querida” por el sacerdote.

A Ciruelos se llega por un camino rural y sus casas están esparcidas a través de esta ruta. No hay plaza ni centro social. Tampoco encontramos al padre P, pero sí nos topamos con algo que llama la atención: una moderna iglesia en medio del bosque.

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En el templo de San Andrés caben alrededor de 200 personas, el doble de la población de Ciruelos, según datos de la Municipalidad.

Con forma de casa patronal, también fue reconstruido tras el terremoto, con un costo de $100 millones de pesos (unos US$153.500). Fue financiado por el ministerio de Cultura, la municipalidad de Pichilemu y donaciones. A su inauguración en 2012 fueron ministros, senadores y líderes locales ¿El anfitrión? El padre P.

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Pero lejos de la parafernalia, en un día de semana de otoño, los únicos que se ven alrededor de la iglesia son una pareja que para su auto para sacarse fotos en el inmenso parque ubicado frente a la casa patronal; y el equipo de BBC Mundo.

Sin donde caerse muerto

Para tanta pomposidad, resulta curioso que los parroquianos de Pichilemu no tengan dónde enterrar a sus muertos. “Te cobran. El cementerio es de la Iglesia y si no tienes cómo pagar te dicen que no lo entierran”, cuenta una mujer en las cercanías del templo quien, una vez más, pide no ser identificada por temor a las represalias.

Una práctica común dentro de los lugares visitados.

“Una vez hubo un indigente sin familia y el cura nos dijo que había que conseguirse la plata, si no, no lo enterraba”, comentan en otro pueblo.

Hay gente que incluso ha tenido que pedir créditos y endeudarse. Es un secreto a voces, pero nadie se queja por miedo a las represalias.

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Miedo que carcome

Ni en Pichilemu ni en ningún otro pueblo quieren hablar sobre los religiosos investigados a rostro descubierto.

“¿Me está grabando?”, pregunta reiteradamente una mujer con la que conversamos. “No”. “No les creo”, insiste. Sólo confía una vez que apagamos los teléfonos y le mostramos que en los bolsos no hay grabadoras.

CONSTANZA HOLA

Dice que el padre P es amo y señor en el pueblo, que tiene muchos contactos, que era cercano a un juez histórico del pueblo, pero que ya no está. “No me vayan a nombrar, que después la agarra con mi familia”, insiste la mujer.

No es la excepción sino la regla. De todas las personas con las que conversamos ninguna quiso que su nombre saliera publicado. Algunos ni siquiera nos lo dieron.

Y esa reticencia no es sólo hacia periodistas, también hacia las autoridades.

El fiscal Arias lo confirma: “La dificultad de denuncia o de cooperación con la justicia penal se da en el contexto del abuso de conciencia y de autoridad que ejercen o pudieren ejercer los sacerdotes imputados. Hay casos en que el abusador es incluso confesor de la víctima“.

“Son endiosados, una autoridad más en estos pueblos. Está el alcalde, el teniente de la comisaría y ellos. Son parte de la familia, toman té, almuerzan en tu casa, te casan, bautizan a tus hijos, sepultan a tu gente… ellos juegan con eso”, le dice a BBC mundo Elisa Fernández, la denunciante que destapó el caso de “La Familia”.

Elisa pasó años trabajando para la pastoral juvenil de la región. Conoció de cerca a los sacerdotes investigados, quienes se trataban entre ellos con apelativos femeninos que hacían alusión a relaciones familiares: la abuela, las tías, las hijas y las nietas. De ahí el nombre de la red.

“Ahora te hace ruido, pero en esa época tú lo normalizabas”, le dice a BBC Mundo.

ELISA FERNÁNDEZ

“Su comportamiento era de mucha cercanía y confianza con los jóvenes. Los abrazaban por la espalda, les hacían cariño en el cuello, les pegaban palmadas en el trasero, jugaban al pillarse“, le cuenta Elisa a BBC Mundo.

Pasaron años, pero cuando uno de sus antiguos compañeros de la pastoral juvenil terminó detenido por abuso sexual, muchas cosas le hicieron ruido. “Me empecé a preguntar, ¿y dónde están los otros?” Fue entonces cuando decidió denunciar ante la iglesia la situación.

Cuatro veces se reunió con el renunciado obispo Alejandro Goic, incluso le entregó una lista de sacerdotes a quienes acusó de estar involucrados en la red. “Siempre era lo mismo, me pedía que le trajera pruebas. Que sin pruebas no podía hacer nada”.

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Ante la negativa de la Iglesia a investigar por “no tener pruebas”, Elisa decidió encontrarlas. Creó un perfil falso de Facebook haciéndose pasar por un adolescente de 17 años y agregó a uno de los sacerdotes que acusa pertenece a la red.

No tuvo que esperar mucho. El padre L, párroco de otra comuna rural llamada Paredones, comenzó a mandarle mensajes de texto y audios con contenido sexual. “Suelte un poquito el elástico y le aseguro que le saco los calzoncillos de un puro golpe”, se escucha en uno de ellos.

El sacerdote además le envió fotos desnudo al supuesto menor a las que BBC Mundo tuvo acceso.

La publicación en televisión de estos audios, junto con la confesión del párroco frente a las cámaras fue el principio del fin de la red de sacerdotes denunciada por Elisa.

“Tengo la esperanza que los resultados de la investigación generen confianza en las personas que hayan sido víctimas o testigos de abusos y concurran a la Fiscalía”, le comenta el fiscal Arias a BBC Mundo.

Es precisamente en Paredones donde termina nuestro viaje. Ya oscureció y este poblado de 6.200 habitantes parece una ciudad fantasma. A pesar del golpe del escándalo del padre L, todo sigue como siempre. Todo excepto la horda de periodistas que ha inundado el pueblo tras la denuncia.

CONSTANZA HOLA/BBC MUNDO

BBC Mundo pidió entrevista con el obispo Alejandro Goic cuando todavía era la máxima autoridad eclesiástica de la zona, sin embargo su jefa de prensa aseguró que no podía por “problemas de agenda” y solicitó un cuestionario para recibir por escrito. Tras el envío por correo electrónico, nuevamente se excusó, diciendo que la información estaba siendo entregada a la justicia. Menos de dos semanas después, el fiscal Arias allanaba los archivos eclesiásticos tras la negativa de colaborar de la Iglesia.

También intentamos contactar a los párrocos de los pueblos mencionados sin éxito. El único que contestó el teléfono fue el padre F quien se excusó. “Tenemos prohibido hablar”, aseguró respecto de la orden de sus superiores eclesiásticos.

* Este artículo fue realizado con la colaboración de Daniel Pizarro.

Un tribunal en Australia condenó a un arzobispo católico a un máximo de 12 meses de detención por encubrir abusos sexuales de menores en los años 70.

Philip Wilson, arzobispo de la sureña ciudad de Adelaide, es el más alto clérigo de la Iglesia Católica en el mundo en ser condenado por ese delito.

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La corte concluyó el mes pasado que era culpable de encubrir el abuso de acólitos perpetrado por un colega y sacerdote pedófilo en Nueva Gales del Sur.

El martes, el tribunal ordenó que se evalúe el estado del clérigo para cumplir “arresto domiciliario”, lo que quiere decir que, probablemente, no vaya a la cárcel.

De acuerdo al magistrado Robert Stone, Wilson no mostró “arrepentimiento o remordimiento”.

Proteger la reputación de la Iglesia

Si bien Wilson abandonó sus deberes después de que se confirmaran los cargos en su contra, aún no ha dimitido como arzobispo.

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En mayo, un tribunal lo halló culpable por no informar a la policía de los abusos de su colega James Patrick Fletcher a sus acólitos.

Wilson, quien entonces era cura en la región de Maitland, desestimó el testimonio de las jóvenes víctimas para proteger la reputación de la Iglesia, determinó Stone.

Fletcher fue hallado culpable de nueve abusos sexuales en 2004, y murió en la cárcel dos años más tarde.

Paz para las víctimas

Durante el juicio, Wilson negó haber tenido conocimiento de las acciones de Fletcher.

Su abogado intentó en cuatro ocasiones que se desestimara el caso argumentando que Wilson, de 67 años, sufría de Alzheimer.

Una de las víctimas, Peter Creigh, le dijo al tribunal que él le había descrito el abuso en detalle a Wilson en 1976, cinco años después de que ocurriese.

El magistrado Stone rechazó el argumento de Wilson, que dijo que no recodaba dicha conversación, y consideró a Creigh como un testigo fiable.

Otra víctima, que no puede ser nombrada por razones legales, testificó que Wilson le había dicho que estaba diciendo mentiras y que rezase diez “Ave Marías” como castigo.

La Conferencia de Obispos Católicos de Australia dijo que esperaba que esta sentencia “trajera algo de paz” para las víctimas de Fletcher.

Y añadió que la Iglesia ya había hecho “cambios sustanciales” para evitar los abusos y su encubrimiento”.