Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12 mil 379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72 mil 077 en 2021.

“La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza”, explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.

El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. “En 2018 hubo 5 mil 680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7 mil 365 niñas que se habían convertido en madres”, agrega.

Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. “Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2 mil 400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y el covid-19, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente”, subraya.

“Epidemia” de embarazos forzados

Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una “epidemia” tal y como refleja el “incremento desmedido” que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.

Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103 mil 937 a 114 mil 858, según datos recopilados por la organización.

Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran “tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales”. “Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.

“Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos”, dice el representante de Planned Parenthood Global.

Además, “los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna”, agrega.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.

Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: “Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad”. Con el otro 98 % “es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación”, añade.

El caso de Fátima

La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.

“Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña”, explica a Efe Fátima.

La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.

“Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre”, recuerda.

Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.

“Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz”, afirma.

Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Los sueños se rompen

Los embarazos forzados “rompen los sueños” de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.

“Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida”, confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado “Vidas silenciadas”.

Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el “continuum de violencia” que sufren las mujeres a lo largo de su vida. “La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros”, dice Ramazzini.

No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. “La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo”, agrega la investigadora.

Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar “encerradas sin salida”, ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.

En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.

Un futuro de resistencia

Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, “los antiderechos han encontrado tierra fértil” en Guatemala.

Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como “Capital Iberoamericana Provida” dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada “Para la Protección de la Vida y la Familia”, que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.

Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil “tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar” la iniciativa.

“Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida”, concluye Montenegro.

Paulina, Esmeralda y Emely* comparten la suerte de muchas niñas guatemaltecas. Las tres viven en el Hogar La Alianza y las tres huyen de un pasado que les marcó de por vida, son víctimas de la violencia sexual que se repite en muchos hogares del país.

Cada tres horas, una menor de edad entre 10 y 14 años queda embarazada y el grupo de las adolescentes entre 15 y 19, quedan embarazadas cada quince minutos. Estas son las cifras que presenta el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas.

“Es una tragedia”, dice Jorge Cardona, quien le ha dado seguimiento en el Comité a este asunto. Los embarazos no son un asunto simple, se trata de delitos ocurridos en la mayoría de ocasiones en el seno familiar y dar a luz un bebé en estas condiciones termina siendo la máxima expresión de esta violencia sexual.

Esmeralda tiene 14 años y se percató de su embarazo cuando llegaba ya a los 5 meses de gestación. El padre de su bebé es también su padre. Su niña, y hermana, se llama Angelica, tiene ya 5 meses, pero su salud no es la mejor.

La bebé es cuidada por el personal del Hogar, así como ella que recibe atención psicológica. Mientras que ella se transporta a los años anteriores a dar a luz, las peleítas con sus hermanos y su tiempo familiar. Quizá eso la mantuvo en silencio, quizá fue el miedo, como ella relata. Desde sus 10 años, esta niña era constantemente amenazada por su agresor.

“Ella viene de un hogar ubicado en una zona urbana precaria”, dice Gabriela Monroy, psicóloga que lleva su caso. Además de las agresiones contra Esmeralda, su madre también sufría de la violencia la cual terminó cuando todo se conoció.

“A veces me siento bien, por que ya no me recuerdo de lo que me pasó. A veces me recuerdo todo lo que pasó. A veces me pongo a llorar, entre veces cuando yo no me recuerdo casi, me pongo a reír”, confiesa.

Esmeralda comparte instalaciones con Paulina. Al verla nadie pensaría que hace tan solo dos meses dio a luz a una bebe.

Ella no se siente una víctima. A sus 10 años, Paulina se enamoró del agresor, su padrastro. “Él me comenzó a conquistar, me decía que me quería mucho, me regalaba cosas y me dijo que si quería ser su novia”, cuenta la chica de 12 años.

Esto es una estrategia de agresión, explica la psicóloga que conoce el proceso de Paulina. Tras “enamorarlas” los agresores se sienten con la libertad de hacer con las niñas lo que quieran.

La tercera de las chicas con las que convivimos es Emely. Su caso es especial, una jueza decidió separarla de la bebé que dio a luz, porque identificaron un patrón de agresión hacia el recién nacido.

Primero Emely decidió no darle lactancia al bebé, luego hubo golpes. Este es un patrón regular entre las víctimas de violación. Es más, Esmeralda cuenta que no le gusta estar con “su” bebé.

“Me recuerda mucho a mi papá y se parece a mi papá. Aquel día, me acordé a mi papá, le iba a pegar a la nena. Mejor se lo di a las educadoras”, dice Esmeralda.

La psicóloga explica, que la niña no está en condiciones de atender a la bebé, aún cuando hubiese engendrado con un novio, debido a su edad. Además de la distancia de la madre, la niña tiene problemas en el hígado, su piel es amarilla.

Paulina prefiere “jugar a las muñecas” con su bebé. Se ocupa del menor por unos momentos y cuando se cansa, lo entrega a las cuidadoras.

En todo caso, ninguna de las dos supera este juego, la psicóloga cuenta que ellas no pueden cuidarse a si mismas. Mucho menos a un niño de meses de nacido.

Carolina Escobar Sarti del Hogar La Alianza recuerda que dentro de la casa hay una niñas que en el periodo de embarazo manifestaban un fuerte rechazo a la vida que llevan en su vientre. Pasan días enteros sin el contacto con su “panza”. “Ellas voltean la cabeza como no queriendo ver, mientras dicen: no quiero esto que tengo aquí”.

La Directora de La Alianza, Elizabeth Cancino, explica que cuando una niña “es violentada por un familiar cercano, genera un rechazo profundo”. Por eso, ella ve que un embarazo en este tipo de situaciones puede ser considerado hasta una tortura.

Los sueños perdidos

El estudio realizado por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), identifica que un 60% de las niñas que tuvieron un bebé, antes de los 14 años, dos años después tienen un segundo bebé. Ana Victoria Maldonado consultora de dicha asociación, explica que estas niñas buscan una pareja para poder sobrevivir económicamente.

OSAR reporta que hasta agosto de 2018 hubo 53,913 nacimientos de niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años. Y de estas niñas solo una de cada cinco sigue estudiando. En los departamentos, de cuatro niñas solo una continua con los estudios y en Petén se reduce aún más, solo una de tres. El Fondo de Naciones Unidas, también registra que de cada 10 niñas, nueve dejan el estudio a causa de un matrimonio forzado, que se da en su mayoría de veces a causa de un embarazo.

Maldonado ve con preocupación el tema judicial, resalta que no se llega ni a un 5% de sentencias de los casos denunciados.

Quizá en el caso de Paulina pueda existir una condena. Mientras tanto ella llora, debe comparecer ante una jueza que definirá si puede continuar con la custodia de su pequeña, Mishell. En su caso no se presenta el rechazo que sus otras dos compañeras han mostrado.

“Te amo, mi bida (sic)”, dice el cártel que Paulina escribió y que colgó en el cuarto. Las educadoras preparan la pañalera, pachas y ropa por si Mishell ya no vuelve a la casa. Paulina la abraza fuertemente repitiendo “No quiero, no quiero”. Un sentimiento de tristeza inunda el recinto.

Paulina está feliz, la jueza resolvió que Mishell continuara con ella. Pero la alegría en el Hogar no durará mucho. Angélica, la bebé de Esmeralda, sigue con problemas de salud.

La noche del viernes 9 de noviembre, todo se complica. Angélica fue trasladada por los bomberos a un hospital a las tres de la mañana del sábado por un paro respiratorio, dejó este mundo. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio La Verbena, zona 7.

Otra cifra más para contar en la tragedia de la violencia sexual en el país.

*Nombres ficticios.