La Fiscalía Municipal de Barillas, Huehuetenango, logró sentencia condenatoria de 96 años y 8 meses de prisión inconmutables contra Alonzo Diego Francisco.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 27 de octubre que la condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de Huehuetenango.

La Fiscalía demostró durante el debate oral y público las pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales que responsabilizaron al procesado.

El Tribunal sustentó la condena con las pruebas y además, le impuso al sentenciado el pago de Q36 mil como reparación digna.

Los fiscales demostraron que Diego Francisco violentó la indemnidad de dos adolescentes de 14 años y ambas quedaron en estado de gestación producto del abuso.

Otra sentencia

En otro caso, el MP informó que con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Distrito de Petén, el Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer condenó a José Danilo Aldana García a 62 años de cárcel.

La sentencia se dividió en 30 años por asesinato, 30 por femicidio y 2 por lesiones leves.

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El 11 de enero de 2015, en los cuartos de alquiler Getzemaní, en el barrio Buena Vista, Santa Ana, Petén, junto con un cómplice, Aldana atacó con arma cortante a su exconviviente y a la pareja de ella.

Ambos murieron. Además, hirió al encargado del inmueble, quien lo reconoció por haber vivido ahí.

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que cursan el segundo semestre del técnico en gestión social y atención para la primera infancia llevaron a cabo una actividad en la que previnieron a niñas y adolescentes sobre embarazos a temprana edad.

Los alumnos de esta carrera organizaron la “Feria Intersectorial de Prevención de Embarazos en Niñas/Adolescentes y Salud Sexual: todo a su tiempo. 

La Feria se desarrolló en el parque central de la aldea Santo Tomás Milpas Altas, del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Antonio García, uno de los alumnos organizadores de la actividad, explicó que durante esta jornada “les explicaron a los participantes sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y el VIH”. 

Además, añadió García, “fomentamos denunciar los casos de violencia contra la mujer”. Durante la Feria realizaron actividades interactivas para aprender sobre sexualidad.

“Nuestro objetivo con esta feria es que la población de Santo Tomás Milpas Altas se informe correctamente sobre estos temas y a su vez que pierdan el temor a hablar sobre sexualidad, ya que todavía es un tema tabú en las familias guatemaltecas”, dijo García.

Puntualizó que “a largo plazo esperan que estas actividades ayuden en la reducción de casos de embarazos en niñas y adolescentes ya que notamos el poco acceso a esta información y la incidencia de casos en estos lugares de Sacatepéquez”.

Esta jornada contó con el apoyo de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), la Policía Nacional Civil por medio de su unidad de Prevención del Delito, Alas Guatemala, Observatorio de Salud Reproductiva (Osar) Juvenil, Prudence Guatemala, Quítate la Duda y la Oficina Municipal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ompina) de Santiago Sacatepéquez.

Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses de 2022, 12 mil 379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el país. Una cifra que se elevó hasta 72 mil 077 en 2021.

“La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza”, explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.

El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. “En 2018 hubo 5 mil 680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7 mil 365 niñas que se habían convertido en madres”, agrega.

Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. “Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2 mil 400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y el covid-19, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente”, subraya.

“Epidemia” de embarazos forzados

Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una “epidemia” tal y como refleja el “incremento desmedido” que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.

Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103 mil 937 a 114 mil 858, según datos recopilados por la organización.

Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran “tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales”. “Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.

“Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos”, dice el representante de Planned Parenthood Global.

Además, “los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna”, agrega.

Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.

Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: “Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad”. Con el otro 98 % “es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación”, añade.

El caso de Fátima

La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.

“Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña”, explica a Efe Fátima.

La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.

“Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre”, recuerda.

Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.

“Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz”, afirma.

Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Los sueños se rompen

Los embarazos forzados “rompen los sueños” de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.

“Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida”, confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado “Vidas silenciadas”.

Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el “continuum de violencia” que sufren las mujeres a lo largo de su vida. “La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros”, dice Ramazzini.

No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. “La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo”, agrega la investigadora.

Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar “encerradas sin salida”, ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.

En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.

Un futuro de resistencia

Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, “los antiderechos han encontrado tierra fértil” en Guatemala.

Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como “Capital Iberoamericana Provida” dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada “Para la Protección de la Vida y la Familia”, que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.

Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil “tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar” la iniciativa.

“Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida”, concluye Montenegro.

La organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y reproductiva de Guatemala (Osar) lamentó este miércoles 10 de junio que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registrara 1 mil 962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad.

Además, el Osar subrayó que fueron contabilizados por las autoridades 44 mil 901 embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años de edad, por lo que, en total, el país centroamericano ha reportado este año casi 47 mil embarazos de niñas y adolescentes guatemaltecas.

Departamentos con más casos

Los embarazos, que la entidad enmarcó en un contexto de pobreza, “ruralidad”, machismo y desnutrición, fueron revelados con mayor cantidad en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, yAlta Verapaz y Petén.

“¿Cuáles son las oportunidades de cambio?” para estas niñas, se cuestionó la ONG en un comunicado difundido este miércoles.

El Observatorio agregó que, “a pesar de los marcos legales, los protocolos de atención integral y los programas de prevención, la situación no ha cambiado y tampoco las oportunidades para estas niñas”.

Solo en 2019, el Ministerio de Salud identificó 5 mil 133 embarazos en menores de 14 años, mientas que apuntó 111 mil 216 embarazos en las menores de 19 años y hasta los 15.

Desde agosto de 2018, el matrimonio infantil (con menores de 18 años) está prohibido gracias a una ley que reformó el Código Civil guatemalteco.

Según un informe de ONU Mujeres, la mayor parte de quienes embarazan a las menores de edad son personas “que las conocen”, como familiares o vecinos, por lo que la entidad recomendó necesario tomar conciencia de que ellas, en esta situación, pierden la oportunidad de estudiar y de trabajar, creando una relación de “dependencia” que a tan temprana edad es muy probable que sea “violenta”.

De acuerdo a la misma fuente, pese a que Guatemala prohibió los enlaces con menores de 18 años, es necesario que esta norma contenga sanciones en el Código Penal y que se deje de “negociar con la vida de las niñas” porque a veces el matrimonio es entendido como “una oportunidad de futuro”.

Aura Mendoza, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), afirma que la violencia contra menores es alarmante. “Lamentablemente el Estado no responde, no garantiza los derechos de la niña, no garantiza la salud y vemos que los procesos legales se quedan estancados y en impunidad”, dijo.

Mendoza explicó que cuando un caso de embarazo se detecta en escuelas o servicios de salud se coloca la denuncia y se le da acompañamiento a la menor; sin embargo, al llegar el proceso al Ministerio Público este se estanca, lo que propicia niveles altos de impunidad.

Datos del Osar detallan que en el 2018 en Huehuetenango se registraron 132 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales 14 fueron en La Democracia; 13 en Barillas; 12 en Nentón; y en el resto de los municipios entre uno y cinco casos fueron documentados.

En lo que va de este año se reportan más de 90 embarazos en menores de 14 años, 12 casos en Barillas, ocho en Colotenango, siete en Soloma, siete en La Democracia, siete en Todos Santos, y seis en Nentón. Se informó que 56 niñas tienen pareja.

El Osar informó que en el 2019, a escala nacional se han embarazado dos mil 837 niñas de 10 a 14 años, y Huehuetenango ocupa el primer lugar con ocho mil 856 casos, seguido de Alta Verapaz con siete mil 862; San Marcos, cinco mil 476; Petén, cuatro mil 991; Quiché, cuatro mil 794; y Guatemala, cinco mil 771.

Érick Villatoro, auxiliar de la PDH, dijo que lo más preocupante son los casos no que no se conocen y que quedan en la impunidad, pues los que se denuncian caminan a paso lento y se abriga la esperanza de que en algún momento habrá justicia.

Según el funcionario, no basta solo con denunciar el caso sino debe haber un seguimiento al proceso con los asesores jurídicos del Ministerio de Salud, “lo desafortunado es que los victimarios son familiares por lo que se limita y las funciones de esta cartera es de salud no judicial”, explicó.

Gandy Veláquez, de la Red de Jóvenes, señala que por más denuncias que se interponen no hay reacción de las autoridades, desde el Ministerio Público hasta los jueces.

“Estancan cada uno de los casos y no se ve, somos el primer departamento con niñas madres y a pesar de eso no hay sentencias, en lo administrativo no hay planes para reducir esos indicadores negativos”, afirma.