Luana Ketelen da Silva tenía 13 años cuando murió y su familia supo que era víctima de abusos sexuales por parte de su propio padre hasta que se dieron cuenta que tenía cinco meses de embarazo. Pese a las evidencias, su madre no le creyó.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Coari, un municipio del estado de Amazonas, en Brasil.

Ketlen fue ingresada de urgencia al Hospital Regional por fuertes dolores abdominales, los doctores que la atendieron descubrieron que tenía anemia aguda, además de un embarazo de siete meses.

Los doctores indujeron el parto y el bebé sobrevivió, pero la salud de Ketlen empeoró y murió cuando era trasladada al hospital de Manaos, en la capital de Amazonas, mientras el recién nacido permanece internado en el área de neonatología del hospital de Coari.

Los doctores que la atendieron dijeron que la menor de edad también tenía cirrosis hepática, agua en los pulmones y presión arterial baja.

Antes de morir, la niña contó que el bebé era producto de las constantes violaciones de su padre, que aprovechaba las idas de pesca para abusar sexualmente de ella.

En declaraciones a los medios locales, el jefe de la policía de Coari, José Barradas, dijo que la niña vivía en una zona rural y creen que era víctima de violación desde que tenía 9 años.

Su familia sospechó de su embarazo cuando vio que su cuerpo estaba cambiando y se quejaba de dolor abdominal.

Al inicio no quería decir lo que le pasaba, pero tras ser persuadida por una tía contó de los abusos de su padre. Aún así, su madre no le creyó.

Fue hasta que Ketlen murió, que los abusos fueron denunciados a la policía y el padre, identificado como Tomé Silva Faba de 36 años, huyó al enterarse que se había girado una orden de captura en su contra.

Silva permaneció una semana prófugo hasta que el 27 de diciembre pasado fue capturado y llevado a la corte donde se le acusa de abuso infantil y homicidio involuntario.

La menor, de 11 años y cuya identidad quedó en reserva, fue violada por la pareja de su abuela. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, clamó, según el acta judicial de la causa que se abrió tras la denuncia de abuso.

En Argentina, según la ley que rige desde 1921, el aborto es permitido en dos casos: cuando está en peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación, sin precisar las semanas de gestación.

Aunque el embarazo fue detectado el 21 de enero, cuando la niña acudió al centro médico por dolores en el vientre, la autorización del procedimiento se dilató y la menor solo fue intervenida la noche del martes, en la semana 23, más de un mes después.

“No se respetó el derecho a la salud. Se pusieron obstáculos, barreras. Se dilató una práctica lícita y se dejó que se avance en el proceso de gestación y termina en lo que terminó“, denunció la abogada tucumana Soledad Deza, de Católicas por el derecho a decidir.

De su lado, la abogada de la familia Cecilia de Bono recordó que la niña y su madre habían pedido la interrupción del embarazo.

“La voluntad de la niña tenía que ser tenida en cuenta“, expresó. “Había dos de las causales de aborto”, agregó la letrada en declaraciones a un canal local en alusión a los dos supuestos por los cuales el aborto es legal.

Sin embargo, según los médicos ya era demasiado tarde para interrumpir el embarazo.

“La verdad es que no se podía esperar para una vía vaginal”, expresó la ginecóloga Cecilia Ousset, presente durante el procedimiento.

“Su cuerpo no estaba desarrollado para un embarazo de 23 semanas, y aun si lo hubiera estado, no estaban en condiciones psicológicas por los múltiples abusos que había tenido“, detalló la especialista, cuyo esposo estuvo a cargo de la intervención.

La niña recibió una “microcesárea” y el bebé de cinco meses fue entregado al área de neonatología.

Las posibilidades de sobrevivir para el bebé prematuro son “extremadamente difíciles”, de acuerdo con el médico Carlos Schwartz.

Polémica y denuncias

El episodio generó la denuncia de varias organizaciones sociales, entre ellas el movimiento feminista “Ni Una Menos”.

“El estado es responsable por torturar a Lucía”, señaló la organización, que convocó a una movilización en Tucumán, en relación a la dilación en la aprobación del procedimiento, que en este caso está avalado por la ley.

En tanto, la ONG de derechos humanos Andhes señaló que “la práctica (cesárea) no fue la solicitada. Siprosa (el sistema de salud tucumano) es responsable”, agregó.

El gobierno provincial justificó la medida al pedir continuar con “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”.

El año pasado un proyecto de legalización total del aborto hasta la semana 14 de gestación fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso, pero sufrió un revés en el Senado, que rechazó la propuesta por 38 votos a 31.

En Argentina, país natal del papa Francisco y con fuerte influencia de la Iglesia Católica, el tema ha dividido a la ciudadanía.

Al pañuelo verde que simboliza la lucha a favor de la legalización del aborto se enfrentó con fuerza al pañuelo celeste, que fue respaldado por la Iglesia Católica.

El mes pasado, un caso similar ocurrió en la provincia de Jujuy (norte), cuando le fue practicada una cesárea a una niña de 12 años que estaba embarazada de 24 semanas producto de una violación y que también había solicitado el aborto que fue demorado. La bebé murió días después.