El excantante y exactor mexicano Eduardo Verástegui acudió este jueves 7 de septiembre al Instituto Nacional Electoral (INE) de México para manifestar sus intenciones de ser candidato independiente a la presidencia del país en las elecciones presidenciales de 2024.

“Quiero cambiar a México, esta es una lucha por la libertad de México y estoy convencido que no va a ser por la vía de siempre, la brecha de siempre, los mismos partidos de siempre, los mismos políticos de siempre, las mismas promesas de siempre”, dijo Verástegui en declaraciones a medios.

En redes sociales circuló la fotografía del también productor cinematográfico donde se ve su llegada a las instalaciones del INE, ya que este jueves vence el plazo para quienes aspiren a una candidatura independiente y que manifiesten su intención ante la autoridad electoral.

Verástegui, quien está identificado con políticos de ultraderecha, entregó la documentación necesaria para realizar su registro para candidato a la presidencia de México, sin ningún partido político que le respalde.

Desde junio pasado, el exactor expuso en un video en sus redes sociales su deseo de participar en la contienda electoral para 2024, donde pidió a sus seguidores “construir juntos el sueño mexicano”.

“Seamos grandes soñadores. Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra Nación. Yo sí sueño en el día que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Sueño con un México seguro y sin violencia donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos”, señaló en auqel video.

No obstante, el INE ahora tendrá que evaluar si Verástegui cumple con los requisitos para postularse y, de ser así, recibirá una constancia de aspirante el 8 de septiembre. Después tendrá que juntar al menos 1 % de las firmas de la Lista Nominal de Electores en al menos 17 estados para ser candidato oficial, es decir, unas 300 mil firmas.

Verástegui ha estado inmiscuido desde hace varios años en la política y se ha posicionado siempre en la extrema derecha.

Es el actual dirigente del movimiento católico Viva México y ha sido relacionado con partidos ultraconservadores como el español VOX.

Además, ha sido crítico de la decisión del conservador Partido Acción Nacional (PAN) de apoyar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien abiertamente ha expresado su apoyo al aborto.

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Apenas la semana pasada, Verástegui presentó en México su película “Sounds of Freedom”, donde descartó hacer campaña por la presidencia para las elecciones de 2024 pese a sus ataques al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora dos mujeres contienden oficialmente por la presidencia de México, pues la oficialista Claudia Sheinbaum enfrentará a Xóchitl Gálvez, la candidata del opositor Frente Amplio por México, aunque aún el opositor Movimiento Ciudadano (MC) falta por definir su candidatura. EFE

Es un hecho. Ya es hora. Después de un período de discernimiento, tomé la decisión más importante de mi vida: acabo de registrar ante el INE mi intención como aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana, para las elecciones del 2 de junio de… pic.twitter.com/yEUWSJdc2Q

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 8, 2023

Los españoles dejaron en suspenso el futuro de su país tras las elecciones generales de este domingo, en las que ni el bloque de derechas ni el de izquierdas obtuvo una mayoría suficiente para gobernar, por lo que los pactos jugarán un papel fundamental en ambos casos.

El conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo fue el vencedor con 136 diputados, escrutado más del 99% de los votos, mientras que los socialistas del PSOE del ahora presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sumaron 122 escaños.

La formación de ultraderecha Vox de Santiago Abascal perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso, mientras Sumar, la coalición de izquierdas encabezada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se situó como cuarta fuerza con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvieron sus antecesores, Unidas Podemos, en los anteriores comicios.

Con estos resultados, ninguno de los dos bloques de izquierda y derecha sumaría la mayoría absoluta que en España está fijada en 176 escaños.

Entre las fuerzas independentistas catalanas, ERC sufrió un duro revés, al caer de 13 a 7 representantes, Junts per Catalunya perdió uno y se quedó con seis, mientras que los independentistas vascos de EH-Bildu superaron por vez primera al Partido Nacionalista Vasco (PNV), con seis diputados frente a cinco.

A pesar de este descenso, estas formaciones pueden seguir teniendo la llave para la formación del Gobierno.

La participación en estas elecciones fue del 70,18 por ciento, casi 4 puntos más que las cifras registradas en las generales del 10 de noviembre de 2019, cuando fue del 66,23 por ciento, según datos oficiales.

Un aumento en el que incidió el voto por correo de 2,4 millones de electores, una cifra histórica en la democracia española propiciada por el periodo vacacional en el que fueron convocadas estas elecciones.

El PP avanza y el PSOE resiste

El PP logró este domingo 47 escaños más que en las elecciones de 2019 y confirmó la tendencia al alza de los conservadores desde las elecciones municipales y regionales del pasado 28 de mayo, cuando la formación de Núñez Feijóo se hizo con feudos tradicionales socialistas y consiguió además mayorías absolutas en el Ayuntamiento madrileño y el gobierno regional.

Ese fue el detonante del adelanto de los comicios generales, previstos para finales de año, anunciado por Sánchez al día siguiente de los comicios de mayo.

“Me hago cargo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles y pido que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España”, dijo Núñez Feijóo al reivindicar que le “corresponde intentar” formar Gobierno mientras era jaleado por sus simpatizantes. “Todos los candidatos más votados han gobernado”, recalcó.

Mientras tanto, el PSOE, contra todo pronóstico, resistió la embestida de la derecha y sumó dos diputados más que en las elecciones generales de 2019.

La derecha había planteado estas elecciones como una disputa entre “el Sanchismo” o el cambio de timón en España, algo que finalmente continúa en el aire.

“Somos más, muchos más los que queremos que España avance, y así seguirá siendo”, afirmó Pedro Sánchez ante los seguidores congregados en las puertas de la sede del PSOE en Madrid, a los que dijo que su intención es seguir gobernando en España.

Regreso del bipartidismo

El bipartidismo, encarnado por el PP y PSOE, ganó fuerza en estas elecciones y obtuvo su mejor resultado en una década después de varios comicios en los que la irrupción de nuevos partidos como Podemos (izquierda), Ciudadanos (liberales) y Vox lo había llevado a sus peores números desde el inicio de la democracia.

De esas fuerzas, Ciudadanos desapareció del mapa electoral, lo que modificó radicalmente el escenario político y empujó a ese reforzamiento del bipartidismo, junto a la fuerte caída de Vox, que se dejó 19 diputados este domingo.

Los cambios no se produjeron solo en la derecha, sino también en la izquierda.

El espacio político de Unidas Podemos, ahora dentro de la plataforma Sumar, perdió más de la mitad de sus escaños desde 2016, momento en el que el partido, entonces liderado por Pablo Iglesias, llegó a obtener 71 diputados en el Congreso español.

Además, en estas elecciones desaparecieron del panorama político la formación independentista de izquierda radical CUP y el partido Teruel Existe, único representante de la conocida como España vaciada.

Sandra Torres y Bernardo Arévalo, candidatos presidenciales por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla, llamaron este domingo 9 de julio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que oficialicen los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio, puesto que eso no les permite comenzar la campaña electoral.

Los candidatos fueron los que más votos recibieron en la primera vuelta, pero los resultados no han sido oficializados por una serie de recursos legales presentados por partidos que siguen inconformes con los números que obtuvieron.

No obstante, los presidenciables mantuvieron distintas actividades durante este domingo y comparecieron ante los medios de comunicación.

“Que se respete la voluntad popular”

Torres, quien obtuvo el primer lugar al obtener el 15.86% de los sufragios, dijo estar preocupada por la coyuntura judicial, que no les permite tener certeza del proceso. Eso “nos pone en alerta de que nos quieren sacar de la contienda electoral”, manifestó en una conferencia de prensa en la cabecera de Huehuetenango, a donde llegó para sostener algunas reuniones de trabajo.

Según Torres, la judicialización de los resultados solo retrasa el inicio de la segunda vuelta, cuando solo faltan 40 días. “Ya pasaron dos fines de semana hay muchas acciones jurídicas y judiciales pendientes de ser resueltas —y— el TSE que no ha dado conferencia para fijar una postura”, lamentó.

“Nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad popular, queremos que todos los sectores respeten esos resultados del 25 de junio”, añadió la presidenciable, quien subrayó que le preocupa la inestabilidad jurídica del proceso electoral.

Torres agregó que, a su juicio, hay intereses internacionales y nacionales por lo que se quiere cambiar los resultados. “La CSJ hace tres días ordenó al TSE otra vez a cotejar las actas y los resultados, les da 15 días más antes de tener certeza de iniciar a segunda vuelta, es un atraso de casi un mes y los plazos de la ley son claros, la segunda vuelta es el 20 de agosto y no debe pasar de esa fecha”, aseveró.

“Yo le solicité al TSE que declare a los dos partidos políticos que vamos a segunda vuelta, eso es lo que sigo pidiendo”, concluyó.

“Son artimañas”

Arévalo, por su parte, explicó que el ocurso presentado ante la CC tiene como objetivo hacer ver “la ilegalidad de ese decreto que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —Silvia Patricia Valdés— emitió en contra de toda formalidad legal”.

A su consideración, la acción presenta ante la CSJ y la resolución posterior, “es una más de las artimañas que se están dando para tratar de entrampar el proceso electoral”. “Pero no lo van a lograr”, expuso, al llegar a la Feria del Libro, donde firmó varios ejemplares de su autoría.

Asimismo, aseguró que “tendremos elecciones este 20 de agosto y el pueblo podrá manifestar su opinión libre y soberanamente”.

El presidenciable, quién en la primera vuelta obtuvo el 11.78% de los votos— reconoció que el retardo del inicio de campaña puede afectarles, por lo que dijo: “esperamos que a la brevedad  el TSE certifique los resultados y al ya hacerlo nos permita comenzar con la campaña”.

Arévalo manifestó que necesitan hablar con la población “y no es sano para la democracia seguir entrampando este proceso con acciones turbias y de dudoso fondo legal”.

“Tenemos que llevar el mensaje, tener la oportunidad de dialogar con una enorme cantidad de ciudadanos que necesitan ver cuáles son las opciones y conocer nuestra propuesta para que vean que es la que se necesita”, puntualizó.

“Estamos esperando que —el TSE— certifique los resultados tal y como salió del proceso de cotejo de actas por las juntas electorales”, concluyó Arévalo.

Este viernes 28 de abril, los Bomberos Voluntarios de la 23 Compañía fueron alertados sobre una persona herida de bala dentro de un vehículo en el kilómetro 150 de la ruta CA-10 Interamericana, en la aldea Santa Rosalía, Zacapa.

Socorristas atendieron la emergencia y al revisar signos vitales constataron que la persona había fallecido. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Villeda García, de 65 años, quien participaba como candidato a concejal suplente uno por Zacapa.

Familiares informaron que el político, quien participaba por el partido Viva, salió con dirección a la escuela de Santa Rosalía a dejar a uno de sus hijo; sin embargo, a escasos metros de la entrada a la aldea fue atacado a balazos por sujetos desconocidos que se conducían en motocicleta.

En el hecho, uno de los hijos de la víctima resultó herido de bala y fue trasladado en vehículo particular hacia un centro asistencial.

Integrantes de la referida agrupación política indicaron que Villeda García nunca informó sobre alguna amenaza o intimidación debido a su participación en política, por lo que no deducen que se trate de un crimen referente a este tema.

Sin embargo, a través de su asesor esperan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tome el hecho como violencia electoral.

Armando Castillo, candidato presidencial del partido Viva, lamentó la muerte de Villeda García.

“Lamentamos que se esté dando esto en plena campaña, ya que tenemos conocimiento que ayer apenas tuvo una discusión con el patrocinador de un comité cívico que obviamente está molesto por la participación de gente decente, de gente honrada, de gente que tiene fe en que Guatemala puede salir adelante”, manifestó el candidato.

Rechazan este crimen que afecta a la “familia Viva” e hizo un llamado a las autoridades a que investiguen para que el hecho no quede en la impunidad.

El magistrado del TSE, Ranulfo Rojas, se refirió al sucedo ocurrido con el candidato a concejal del partido Viva. El funcionario dijo que están enterados de lo sucedido y que se han dado algunas circunstancias en Jutiapa y Zacapa.

Añadió que compartió la información a la persona que coordina la mesa de seguridad y también van a tener comunicación con las autoridades locales. Dijo que por ser un hecho de violencia ya trascienden al Ministerio Público para saber qué sucedió.

Agregó que se tomarán las medidas que correspondan y que en lo local las personas deben acceder a las autoridades dependiendo de las circunstancias.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó cuatro circunscripciones electorales en las que se podrá votar en el extranjero. Estas abarcan 15 ciudades de los Estados Unidos, donde los guatemaltecos podrán emitir su sufragio para las Elecciones Generales de junio de 2023.

La presidenta del Tribunal, Irma Palencia, explicó que se definió que será en esas ciudad donde se instalarán los centros de votación porque es donde se registra el mayor número de guatemaltecos empadronados.

Palencia, acompañada del pleno de magistrados, presentaron así el protocolo para el voto en el extranjero y ampliaron detalles sobre la logística de los centros que se estarán habilitando y la ejecución presupuestaria para el ejercicio.

La magistrada Blanca Alfaro dijo que este año se aprobaron Q21 millones para cubrir el proceso de Elecciones Generales; es decir, Q4 millones menos que en 2019, cuando se implementó por primera vez el voto en el extranjero.

“Recordemos que la elección en Estados Unidos es en dólares, por lo que habrá que hacer algunos ajustes presupuestarios con ahorros del TSE, para facilitar algunos centros”, manifestó Alfaro.

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Consulados que serán centros de votación en los Estados Unidos

La funcionaria recordó que en 2019 se alquilaron espacios en hoteles, pero los precios eran altos, por lo cual ahora se buscaría adecuar los centros de votación en escuelas u otro tipo de infraestructura.

La presidenta del TSE, dijo que hay consulados que han ofrecido sus instalaciones, pero estos no cumplen las condiciones porque el espacio que es muy reducido o no cumplen las condiciones.

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Provisionalmente, el TSE ha establecido que se podrían habilitar centros de votación en los consulados de Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; y Chicago, Illinois.

En el resto de ciudades, según Palencia, han tenido acercamientos con alcaldes quienes han ofrecido centros educativos, pero también se han considerado iglesias u hoteles.

DPI será único documento

Un punto importante que el TSE resaltó, es que el Documento Personal de Identificación (DPI) será el único respaldo que los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos puedan empadronarse, actualizar sus datos y emitir su voto.

Las cuatro circunscripciones electorales que se definieron son las siguientes:

Circunscripción Noreste

1. Arlington, Virginia
2. Nueva York, Nueva York
3. Trenton, Nueva Jersey

Circunscripción Sureste

4. Miami, Florida
5. Raleigh, Carolina del Norte
6. Charlote, Carolina del Sur
7. Orlando Florida
8. Atlanta, Georgia

Circunscripción Centro

9. Houston, Texas
10. Dallas, Texas
11. Chicago, Illinois

Circunscripción Oeste

12. Los Ángeles, California
13. San Francisco, California
14. San Diego, California
15. Henderson, Nevada

Luis Antonio Lam Padilla y Otto René Marroquín Ochoa fueron proclamados como el binomio presidencial del Partido de Integración Nacional (PIN), para las Elecciones Generales de 2023. En asamblea celebrada este domingo 8 de enero, también fueron juramentados los candidatos a diputados por los diferentes distritos electorales. 

Lam Padilla, candidato a la presidencia del partido PIN, fundado por los hermanos Henry y Luis Castillo, es reconocido por haber fungido como abogado del expresidente Jimmy Morales y como asesor legal de la exministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, en la estrategia para expulsar al entonces embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompas y a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG). 

El abogado ha sido asesor en distintas entidades del Estado como el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Cuando era asesor de la exministra Jovel y asesor del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal al mismo tiempo, fungía como director del bufete IurisLex desde donde defendió personalmente a Morales cuando este interpuso una denuncia contra un ciudadano que lo increpó en abril de 2018 por sus gastos en onerosos anteojos y comida desde la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). 

“Yo he ejercido mi profesión como abogado, asesorando, dando buenas iniciativas al Gobierno, pero jamás he participado en política nacional, nunca antes estuve ni siquiera afiliado a un partido político, nunca he participado yo en elección de cargos popular, va a ser mi primera vez y lo hare bien”, dijo Lam Padilla. 

“Y así como en cada uno de mis trabajos que lo he hecho con determinación, voy a ejercer toda mi experiencia nacional e internacional para rescatar Guatemala y rescatar este país de una oligarquía política corrupta”, agregó el candidato presidencial. 

Lo que ofrece

Por su parte, Otto Marroquín, candidato a la vicepresidencia, señaló que no se necesita ser estadista ni “demasiado científico” para descubrir que Guatemala tiene problemas de seguridad, económicos, de salud, entre otras necesidades. “Tenemos la determinación de ganar y de llevar gente valiosa a cargos públicos”, indicó. 

“Guatemala merece algo mejor de lo que ha tenido hasta ahora. Este país está cundido de corrupción hasta los huesos, y todos somos víctimas… Parece que cada cuatro años escogemos de mal en peor. Aquí les presentamos una oferta política con un movimiento verdaderamente nuevo”, dijo Lam Padilla tras ser proclamado candidato presidencial. 

“Crecí en una fe cristiana. Mis papás me enseñaron a no desearle el mal a nadie, pero cuando veo que los corruptos y la oligarquía política no le importa enriquecerse, no les puedo desear otra cosa más que la muerte, y no la física, pero sí la muerte política a los que solo se han aprovechado del país”, agregó. 

De acuerdo con los fundadores del partido, en el partido PIN creen en Dios y le tienen temor. Creen en la libertad, la transparencia y la familia. Esos son los pilares de este partido que cree en la libertad económica. 

Candidatos a diputados 

“Es un día muy especial para nosotros. Estamos felices de culminar un trabajo de más de dos años. El reto era poner gente distinta en la palestra política de Guatemala y hoy lo hemos alcanzado al elegir candidatos jóvenes que aman al país”, dijo Luis Castillo, fundador del PIN. 

El PIN presentó entres sus candidatos, para la Lista Nacional, en la primera casilla al fundador del partido Henry Rodolfo Castillo Montiel, en segundo lugar a César Obed Palacios Delgado y en la tercera casilla a Nimrod Daniel García Garrido. 

Por el Distrito Central fueron juramentados, para la primera casilla a Henry Rodolfo Castillo González, y en la segunda a Gustavo Adolfo Guerra Véliz. 

Para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el listado de candidatos a diputados lo encabeza Víctor Manuel García, le sigue Luz Marina Montiel Mancilla, y en tercer lugar, Ludwin Rolando Soto López. 

Estar afiliado a un partido político significa estar afín y respaldar la línea de una organización, según los principios en materia electoral.

Pero cerca de las Elecciones General de 2023 en Guatemala, el tema cobra relevancia para los partidos, debido a que contar con un número mínimo de afiliados es uno de los requisitos para que existan y funcionen legalmente.

La cantidad de personas afiliadas debe ser, por lo menos, equivalente al 0.30 % del total de ciudadanos inscritos en el último padrón electoral, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), es decir, unos 24 mil afiliados.

Y aunque no es legal, existen casos en que los guatemaltecos aptos para votar aparecen si haber dado su consentimiento como afiliados de un partido político.

Consulta de afiliación a un partido político

Dada esa posibilidad o por simple verificación, a través del portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es posible consultar si se está afiliado a un partido político. A continuación se describen los pasos a seguir:

• Ingresar al sitio www.tse.org.gt.
• Ingresar a “Estadísticas y Consultas”
• Dar clic en “Consulta de Empadronamiento”
• También se puede ingresar en este acceso directo tse.org.gt/index.php/sistema-de-estadisticas/consulta-de-afiliacion
• Ingresar número de Documento Personal de Identificación (DPI), fecha de nacimiento y reescribir un código de verificación
• Unos segundos después el sistema despliega los datos

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¿Qué hacer si estoy empadronaron sin mi consentimiento?

Para solicitar la desafiliación hay que presentarse al Departamento de Organizaciones Políticas, ya sea en la sede central en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala o en las subdelegaciones a nivel departamental. Se deberá presentar DPI y hacer la petición para anular el registro.

Una vez hecho ese requerimiento, el TSE tardara unos tres días para completar el proceso de desafiliación.

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“Debe ser personal porque eso garantiza que verdaderamente la persona desea renunciar a la organización”, indicó el TSE.

Actualmente, existe un registro de 866 mil 914 personas afiliadas a los distintos partidos políticos, según las cifras oficiales.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó crear 14 mil 071 puestos temporales con miras a las Elecciones Generales 2023, de la misma manera en que se ha hecho en procesos anteriores.

Según el acuerdo 688-2022, el personal será cargado al renglón presupuestario 021, “personal supernumerario”, y 14 mil 69 plazas tendrán tareas relacionadas con actividades del Plan Operativo Electoral 2023. Tres más apoyarán en el Plan Operativo Anual 2023.

En un mes, estas plazas representarán para el TSE Q61 millones 751 mil 500, según los cálculos hechos a partir de los puestos y salarios estimados que van desde los Q3 mil 200 hasta los Q13 mil.

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En el listado destacaron puestos de asesor electoral, asistente electoral, coordinador, técnico, analista, oficinista, contador, auxiliar administrativo, auxiliar operativo, digitador, verificador, mensajero y piloto electoral.

Sobre el tema se hicieron algunas consultas al Departamento de Comunicación Social del TSE, relacionadas con la duración de las plazas, monto total que se erogaría, proceso de selección y avance de contratación, y se respondió que se trasladaría la consulta, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La intención del TSE es contratar a 8 mil 692 oficinistas-digitadores electorales, 2 mil 40 oficinistas electorales, así como mil 74 auxiliares de circunscripción electoral municipal, como las plazas con mayor número de puestos.

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Asignación para el proceso electoral

El TSE recibió una asignación de Q1 mil 100 millones por parte del Congreso, de los cuales Q800 millones son gastos extraordinarios, y el resto son rubros como deuda política, voto en el extranjero, desarrollo de capacidades y aporte institucional, y es el presupuesto más alto que ha recibido la institución en los últimos años.

El proceso electoral iniciará el 20 de enero, cuando el TSE haga la convocatoria a los comicios generales, en los que se espera la participación de hasta 30 partidos políticos.

Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de EE.UU., la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800.000 encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.

El líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva ganó la jefatura de Estado en Brasil este domingo pero la mayoría de los gobiernos regionales quedaron en manos de candidatos apoyados por el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Los aliados del líder ultraderechista gobernarán 13 de los 27 estados de Brasil, entre ellos Sao Paulo, el más poblado y rico del país, mientras que los apoyados por el ahora presidente electo regirán solo 10 regiones.

Cuatro regiones más fueron vencidas por candidatos que no eran apoyados por ninguno de los dos aspirantes presidenciales.

Tarcicio Gomes de Freitas, del partido Republicanos y un amigo cercano de Bolsonaro que lo acompañó casi durante todo su mandato como ministro de Infraestructura se impuso con el 55,31 % de los votos en Sao Paulo, frente al 44,69 % obtenido por Fernando Haddad, candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera Lula.

En la primera vuelta fueron elegidos 15 de los 27 gobernadores del país, de los cuales 9 candidatos apoyados por el líder ultraderechista resultaron vencedores, frente a 6 que tenían el respaldo del exsindicalista.

Ya en el balotaje de este domingo fueron electos los 12 mandatarios regionales que faltaban y, de los cuales 4 aspirantes contaban con el respaldo de Bolsonaro y otros 4, con el del exsindicalista.

Los principales estados del país y también los más poblados -Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro- serán gobernados por aliados del líder ultraderechista.

Por otro lado, Pernambuco (noreste), Sergipe (noreste), Mato Grosso do Sul (oeste) y Rio Grande do Sul (sur), serán los únicos estados gobernados por candidatos que no apoyaban a ninguno de los dos.

Este domingo el exsindicalista fue elegido presidente de Brasil con el 50.8% de los votos, frente al 49.1% de Bolsonaro, en las elecciones más polarizadas de la historia del país.

Lula asumirá por tercera vez el cargo más importante del gigante suramericano tras gobernar a Brasil en dos oportunidades entre 2003 y 2010.

Felicitaciones de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó esta noche a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales en Brasil, que han sido, dijo, “libres, justas y fiables”.

“Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años”, añadió.

(Foto principal: AFP)