La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirma este 2 de enero que en la sesión extraordinario del pleno de magistrados del 28 de diciembre de 2023 conocieron dos amparos los cuales no fueron otorgados a quienes los presentaron.

Bernardo Arévalo de León, presidente electo de Guatemala, se reunirá este lunes 18 de diciembre con el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, durante una visita de un día al país caribeño, informó la Presidencia Nacional.

Acción Ciudadana (AC) presentó este 11 de diciembre una segunda exhibición personal para la fiscal general Consuelo Porras, para que se determine su paradero y si ella está en condiciones de estar al frente del Ministerio Público (MP).

Edie Cux, director jurídico de AC, dijo a periodistas que esta nueva exhibición personal la presentaron en el Juzgado de Paz de Turno de la ciudad de Guatemala, mientras que la del sábado pasado la presentaron en Mixco.

Señaló que la acción obedece a que se ignora si la fiscal general continúa al frente del MP y se cuestiona la legitimidad de las acciones que están realizando los fiscales.

Explicó que hay un procedimiento en el que si la fiscal general no se encuentra en las capacidades, está ausente, salió de viaje o está enferma, ella debe nombrar cada año, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del MP, al fiscal regional, distrital o de sección con más antigüedad que no tenga sanciones y que sea de confianza de ella para que sea su sustituto en caso de ausencia.

Refirió que la fiscal debe nombrar a esta persona en los primeros días de cada año.

“En este caso yo creo que la duda es quién está al mando del Ministerio Público, si es la misma fiscal o está en ausencia o si no está cumpliendo con ese procedimiento”, reveló Cux.

“Si la fiscal no tiene las facultades para poder continuar con el Ministerio Público, eso habilita otro tipo de posibilidades, que ya lo establece la misma ley, nombramiento de un nuevo fiscal, por ejemplo”, puntualizó Cux.

Agregó que por las circunstancias que atraviesa el país, no puede ser que el MP no sea transparente con la situación de la fiscal general.

“El viernes presentaron un caso que, pues, prácticamente cuestiona los resultados electorales. La fiscal no estuvo encabezando la conferencia de prensa y no se sabe si está al mando del Ministerio Público”, afirmó Cux.

Agregó que llama la atención que el presidente Alejandro Giammattei asegure que está enfermo y que por eso no está, y que la fiscal no aparece, pero el MP dice que no está enferma.

“No hay seriedad por parte de los funcionarios públicos, no sabemos quién está gobernando el país ni quién está gobernando el Ministerio Público, tomando en cuenta que está en juego la democracia del país”, señaló Cux.

Cux fue consultado sobre las fotografías que ha presentado el MP sobre supuestas reuniones de trabajo de Consuelo Porras y si eso era suficiente para aclarar la situación por la que planteó la exhibición personal y respondió que no.

#MPfuerteYfirme
La Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, participa en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-. pic.twitter.com/MQl64DFDYR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2023

Yo creería que no, la fiscal tendría que salir personalmente, ya en ocasiones anteriores también ha sacado videos… Nosotros creemos que es necesario determinar fehacientemente y las diligencias de exhibición personal en ese sentido van, es decir, en dónde está, en qué circunstancia está, en dónde está ubicada, si tiene las capacidades para estar dirigiendo el Ministerio Público, porque con unas fotos no se determina ese tipo de circunstancias”, aseguró Cux.

Los periodistas en Guatemala son perseguidos por los mismos actores que han intentado judicializar las elecciones celebradas este año, de acuerdo con un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que debe ser aprobado el domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

El documento señala que la libertad de prensa en Guatemala se ha visto “afectada” en el marco del proceso electoral que se llevó a cabo este año, ganado por el académico Bernardo Arévalo de León, del partido Movimiento Semilla.

“El clima político y social está polarizado como consecuencia de acciones emprendidas por la fiscal general María Consuelo Porras, del Ministerio Público, y el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus magistrados y directores”, puntualizó la entidad regional.

El informe también recordó la muerte de dos periodistas, constantes amenazas para comunicadores y un continuo “clima de restricción informativa por parte de funcionarios que no dan entrevistas ni declaraciones a medios independientes”.

La Sociedad Interamericana de Prensa explicó de igual forma que el fiscal Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana, señalados por Arévalo de León de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura, también formaron parte del procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

El comunicador, uno de los más críticos con el Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso donde tuvo que cambiar de abogado en al menos siete ocasiones.

La condena en contra del periodista, sin embargo, fue anulada este mes y un nuevo debate oral y público en su contra se realizará en febrero próximo.

Zamora Marroquín, ampliamente condecorado en el extranjero por su labor periodística, fue arrestado solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción al gobierno de Giammattei y a su círculo más cercano.

El informe de la SIP también recordó que la persecución penal contra Zamora Marroquín alcanzó a ocho reporteros y columnistas de su medio de comunicación, elPeriódico, quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas.

Los dos periodistas asesinados son Edin Frangely Alonzo López, de 31 años, y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33.

Ambos eran propietarios de un medio en línea en Retalhuleu, unos 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, mismo lugar donde fueron atacados a tiros el 11 de agosto pasado, como recordó el informe.

Exfiscales y exjueces guatemaltecos exiliados expusieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “deterioro” de la Justicia y la democracia en Guatemala, un proceso del que acusan a la fiscal general, Consuelo Porras.

Desde hace semanas se han sucedido protestas en Guatemala que exigen la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos, por los supuestos intentos del Ministerio Público (MP) de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León, quien debe suceder en enero a Alejandro Giammattei.

Durante una audiencia pública de la CIDH, en Washington, la exmagistrada Claudia Escobar Mejía denunció en nombre de una cuarentena de exiliados “el deterioro” del sistema de justicia de Guatemala” y la “persecución” de los funcionarios de justicia que han denunciado la corrupción del poder político.

Acusó a Porras de haber “cooptado” el MP, haber desmantelado la lucha anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y haber utilizado el sistema penal en contra de “operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.

Durante la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista Jose Rubén Zamora, ambos encarcelados en casos que organizaciones de derechos humanos consideran “fabricados” por la Fiscalía.

También denunciaron que el MP ha puesto “en riesgo el proceso electoral” con una “persecución sistemática” de las autoridades electorales y del partido Movimiento Semilla con el objetivo de “impedir a cualquier costo” que Arévalo de León tome posesión en enero próximo.

Por todo ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval solicitó a la CIDH que inste a Guatemala a “cesar de forma inmediata la persecución” de opositores y que la Comisión mantenga al país en el Capítulo IV.B de su informe anual, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

En representación del Estado guatemalteco, Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, abrió la puerta al “diálogo” pero negó que en Guatemala exista “criminalización y hostigamiento” de exfuncionarios de justicia, periodistas ni defensores de derechos humanos.

Contreras descartó que el Estado tenga responsabilidad en la salida de los exfiscales y exjueces del país porque, afirmó, Guatemala respeta los derechos humanos “de todos sus habitantes”.

Asimismo, reivindicó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo “de manera exitosa” y que la transición de poderes se está desarrollando “sin novedad”.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, fue crítica con esa intervención al señalar una “disociación” entre el relato expuesto por el Estado guatemalteco y el “debilitamiento de las instituciones” que la Comisión ha visto en Guatemala.

El presidente electo Arévalo de León, quien ha denunciado un “golpe de Estado” de la Fiscalía, se encuentra en Washington para “analizar la situación” en Guatemala con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos.

Este 8 de octubre varios mercados de Guatemala han tenido una afluencia considerable de personas, que han hecho sus compras de alimentos para la otra semana.

La gran cantidad de personas reportada este domingo se debe a que el pasado 6 de octubre, integrantes de diferentes mercados de la ciudad anunciaban los cierres de sus comercios para el próximo lunes 9 de octubre si la fiscal del Ministerio Público, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana no presentaban su renuncia.

Estas acciones se complementan a los bloqueos que continúan en Guatemala por sexto día consecutivo, en donde más de 70 rutas del país han sido tomadas por diferentes sectores como líderes indígenas, comerciantes, estudiantes universitarios, etc.

Zona 7

El mercado San José Mercantil de la zona 7, se vio abarrotado este domingo luego que se anunciará el cierre de los 23 mercados cantonales y 14 satelitales de la ciudad capital, para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.

Lesbia Lechuga, una de muchas guatemaltecas que fue al mercado, dijo que compró verduras, frutas y carnes para una semana ante el posible cierre del mercado.

Además, afirmó que casi todo los productos de primera necesidad aumentaron de precio. “El tomate y la cebolla han tenido un incremento, no mucho en este mercado”.

Thlema Orellana, otra guatemalteca, indicó que en promedio gasta Q1 mil a la semana en productos de la canasta básica. “Comiendo pobremente se van Q100 al día, ya no digo haciendo una bonita comida se van los Q150 al día” comentó Orellana.

A decir de Flor de María Gómez, comerciante del Mercado José Mercantil, el costo de las frutas y verduras aumentaron por un desabastecimiento que se generó por el cierre de las principales carreteras del país.

“Hoy amaneció la papa, hay de Q10 y Q12, porque esta a Q1 mil 100 y a Q1 mil 50 el quintal, así esta, no es porque nosotros nos aprovechemos” añadió Gómez.

Agregó que este lunes 9 de octubre a partir de las 6 de la mañana se unirá a la protesta junto al resto de comerciantes del mercado para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del MP.

Por su parte, Paola Carrera, otra mujer que llegó al mercado a hacer sus compras, asegura que los diferentes productos han tenido una subida de precio, y que tendrá que gastar una cantidad mayor de dinero a lo que gasta habitualmente.

“Las frutas, el tomate, la papa y algunas verduras. La libra de papa estaba a Q15, la de zanahoria a Q25, es un promedio de Q5 a Q10 más”, dijo Carrera.

También agregó que está de acuerdo con las movilizaciones y cierres que hay en Guatemala, aunque eso signifique que muchas personas tengan mayor dificultad para obtener sus alimentos o los productos que necesiten.

Mercado La Palmita

En el mercado la Palmita, ubicado en la zona 5 capitalina, también se reporta una gran cantidad de personas, que hacen largas filas para obtener sus productos, en específico carne.

Mercado Villa Nueva

En el Mercado Viejo de Villa Nueva también se reporta una gran cantidad de personas que llegaron a hacer sus compras de la semana.

En el video, se observa un cartel que anuncia el cierre del mercado para el próximo lunes 9 de octubre.

“Se les informa que el día lunes 9 de octubre el mercado estará cerrado hasta nuevo aviso”, dice el cartel.

CENMA

En el mercado del CENMA, ubicado en Villa Nueva, también se reporta una gran afluencia de personas que llevan a cabo sus compras antes del cierre previsto para el próximo 9 de octubre.

Mercado Chiantla

La ciudad capital no ha sido el único sector de Guatemala que ha reportado mercados abarrotados.

En el Mercado Municipal de Chiantla, ubicado en Huehuetenango también se reportan varias personas que han llegado este domingo a hacer sus compras.

Acción Ciudadana (AC) presentó este 13 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) y el juez Séptimo, Fredy Orellana, por considerar que estos han vulnerado el sufragio de los guatemaltecos con los allanamientos en donde abrieron cajas electorales.

El pasado 7 de septiembre el juez Orellana autorizó una orden de allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en el primer sitio la Feci procedió a abrir varias cajas electorales.

El TSE señaló que “fue grotesco” el actuar de la Feci y aseguró que el MP vulneró la cadena de custodia del voto al abrir las cajas electorales, varias de las cuales fueron violentadas.

Por esa acción del MP, el TSE  interpuso un amparo en CC en busca de frenar las diligencias que empezó el MP el 12 de septiembre al allanar las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones de junio.

El amparo de AC en la Corte de Constitucionalidad fue presentado por Edie Josué Cux García, director jurídico de esa organización, y va contra el juez Fredy Orellana, juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y contra María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del MP.

Señala que la orden judicial de allanamiento, inspección y registro fue autorizada dentro de la causa 01079-2023-00231, por el juez Orellana y ejecutada por la Feci.

Explica en amparo que el cateo y abrir cajas electorales y su posterior embalaje por parte de personal del MP “vulneran directamente la institucionalidad democrática, especialmente el Decreto 1-2023 y los acuerdos 1328-2023 y 1659-2023 del Tribunal Supremo Electoral, decreto de convocatoria a elecciones y acuerdos que oficializan los resultados electorales de primera y segunda vuelta, y dado que aún no finaliza la convocatoria a elecciones (misma que finaliza el 31 de octubre de 2023) los actos reclamados vulneran los derechos constitucionales de elegir y ser electo, la pureza del proceso electoral y la inviolabilidad del voto”.

Violaciones a derechos constitucionales

En el documento dice que con estos actos se violaron derechos constitucionales como el de defensa, debido proceso, derecho al bien común, derecho a elegir y ser electo, así como el optar a empleos o cargos públicos, entre otros.

Señala que el TSE, en el decreto 1-2023, de fecha 20 de enero 2023 hizo la convocatoria a Elecciones Generales y se señala que la conclusión de estas es el 31 de octubre de 2023.

Agrega que desde que entró en vigencia ese decreto, el MP ha hecho varios requerimientos al TSE relacionados con procesos penales abiertos en distintas fiscalías y que el 12 de septiembre, dentro del cateo ordenado por el juez Orellana se procedió a abrir cajas y las bolsas embaladas que contienen los votos emitidos por los ciudadanos y todo esto se ha llevado a cabo aún cuando el proceso electoral no ha concluido.

Señala que esto ponen en grave riesgo y peligro el proceso electoral y su conclusión.

Detalla que la orden de allanamiento viola la correcta fiscalización del proceso electoral, que según la Ley, únicamente pueden hacerlo los órganos electorales y las organizaciones políticas que participen en el proceso electoral según el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El amparo además establece que las autoridades impugnadas buscan fiscalizar dicho proceso constitucional sin estar legalmente facultados, con el “agravante de que si a su juicio encuentran, según ellos, motivos para cuestionar y poner en duda el proceso electoral, pueden instar y lograr ordenes de juez sin soporte constitucional, para buscar dejar sin efecto el proceso electoral, el cual, como ya se dijo, está firme y no puede ser revisado ni afectado por ninguna otra autoridad que no sean las constitucionalmente establecidas”.

El documento dice que es importante mencionar que la causa que se utiliza para autorizar las diligencias de allanamiento en el Cope es una ya abierta en contra del partido político Movimiento Semilla, y que “las diligencias, según se indica por el Ministerio Público, no se vinculan fácticamente, uno es por la posible falsedad en firmas y el otro por el posible pago por voto que afecta el erario público, sin embargo, el proceso electoral no ha finalizado y no se ha efectuado ni el cálculo y menos el pago de la deuda sobre financiamiento público, es decir, se autorizan diligencias por hechos que no se han suscitado”.

Explica que la orden del juez impugnado “excede de sus facultades, puesto que a través del uso de las facultades y competencias penales, no puede hacer una revisión y fiscalización del proceso electoral, puesto que el proceso electoral se encuentra establecido y normado por una norma de rango constitucional y esto implica que los mecanismos de control, defensa y fiscalización del proceso se encuentra establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Señala que pretender que el derecho penal es una instancia revisora del proceso electoral es una amenaza grave al orden constitucional.

No tenían orden para abrir cajas

En el amparo también se señala que en la orden del juez no señalaba en ninguna parte que el MP tenía autorización para abrir las cajas electorales, ni embalarlas, fotografiarlas y posiblemente secuestrarlas.

Lo que piden

Acción Ciudadana señala que “derivado del inminente e irreparable daño que se advierte dentro del proceso que da origen a la presente Acción de Amparo, es pertinente decretar el Amparo Provisional  y consecuentemente debe:

1. Suspender la orden judicial de allanamiento, inspección y registro, autorizada dentro de la causa 01079-2023-00231, por el Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, ejecutada el día de hoy, mediante oficio de fecha 7 de septiembre de 2023, a manera que cese la vulneración de los derechos fundamentales ya citados.
2. Se conmine al Ministerio Público a abstenerse de continuar con la apertura de cajas electorales y su posterior embalaje del material electoral, puesto que dichos actos ponen en grave riesgo la pureza del proceso electoral y los derechos fundamentales de elegir y ser electo de la población guatemalteca”.

El Tribunal Supremo Electoral anunció el pasado 1 de agosto sobre un simulacro del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el marco de la segunda vuelta electoral en Guatemala.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, anunció el simulacro cuando se llevaba a cabo la entrega de las credenciales a nuevos diputados del Congreso de la República para el periodo 2024-2028.

El simulacro, en palabras de la presidenta, se llevará a cabo en la misma semana que ocurrirá la segunda vuelta electoral.

“La fecha prevista probablemente es el 17 o 18 de agosto, uno de esos dos días“, dijo Palencia en una entrevista dada a los medios el pasado 1 de agosto.

El motivo por el cuál el simulacro serán en esas fechas, en palabras de la presidenta, es porque “el despliegue de los coordinadores, digitadores y todo el equipo para el simulacro no puede hacerse antes, ya que supondría un fuerte gasto“.

“De esa manera, no solo se hace el simulacro, sino que todos los equipos en sus lugares respectivos para que se lleve a cabo la segunda vuelta“, señala Palencia.

El primer simulacro del proceso electoral que se tiene constancia fue el pasado 11 de mayo en el parque de la Industria, en donde dicho proceso buscaba “verificar el funcionamiento del proceso para la transmisión de los resultados preliminares de la primera vuelta el pasado 25 de junio”.

El Ministerio Público (MP) informó que Mario Rojas Espino recibió una sentencia de un año y seis meses de cárcel, el exministro de ambiente reconoció mediante la aceptación de cargos el delito de uso de documentos falsificados.

El juzgado segundo pluripersonal también impuso a Rojas Espino una multa de Q18 mil 998.61 en concepto de reparación digna, según detallaron fuentes del MP.

Rojas Espino abandonó el Ministerio de Ambiente en octubre del año pasado, para que meses después se conocieran sus intenciones de participar en política queriéndose postular como candidato al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Pero una investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales determinó que Rojas Espino utilizó documentación falsa para tratar de ser candidato, por lo que agentes fiscales emprendieron el proceso penal.

El exministro de ambiente es hermano del diputado Aníbal Rojas, quien desde el Congreso se mostraba a favor de una iniciativa de ley que buscaba crear un “súper ministerio de ambiente”, según sus críticos, ya que buscaba aglutinar a todas las instituciones a favor del medio ambiente bajo mandato de la cartera.

La propuesta fue rechazada por grupos de ambientalistas al considerar que con esto quedarían de lado criterios técnicos a favor del cuidado del medio ambiente, al considerar que las decisiones serían tomadas desde un enfoque político.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó la impresión de 9 millones 486 mil papeletas de binomio presidencial para la segunda vuelta de votaciones, que se desarrollará el próximo 20 de agosto.

Las dimensiones de esta boleta serán de 8.5 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de largo, según detalló el departamento de Comunicación Social del TSE, agregando que las papeletas van en formato “full color”.

El costo que tendrá la impresión de dichas papeletas es de Q2 millones 181 mil 780, y su autorización de compra ya había sido planificada desde que el TSE adjudicó el contrato para las papeletas de binomio presidencial de la primera vuelta.

Ahora la papeleta se va centran en los dos partidos políticos que alcanzaron la mayor cantidad de votos en las elecciones del 25 de junio, siendo estos la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.

Sandra Torres representa a la UNE, es su tercer intento por llegar a la presidencia de Guatemala, en 2015 perdió en segunda vuelta contra Jimmy Morales y en 2019, también en segunda vuelta, contra Alejandro Giammattei.

Bernardo Arévalo representa a Movimiento Semilla, es su primer intento por llegar a la presidencia de Guatemala, él ingresó como diputado de la novena legislatura el 14 de enero de 2020.

Torres y Arévalo se encuentran actualmente en giras de campaña previo a las votaciones del 20 de agosto.