Quedaron ligados a proceso: Manuel Lisandro Gálvez Martínez; vocal II, Gilma Marisel Interiano Roso; vocal III,  Ruben Zeceña Betancourt, vocal IV; y Erwin Ardani Barrera Palma, Secretario.  Todos del Consejo de Administración de la Cooperativa.

De la Comisión de Vigilancia se ligó a Freddy Ottoniel Ferros López; Presidente, Tomy Dustin Morales Corado; Secretario. También se ligó a Josias Ismael Ortiz Palma, Director de Créditos y Byron René Archila Orellana trabajador de la cooperativa.

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Todos fueron beneficiados con medidas sustitutivas tales como: obligación de firmar el libro cada 30 días del Juzgado, una caución de Q40 mil,  a excepción de Archila Orellana quien no pudo acreditar arraigo.

Antecedentes

Durante el periodo comprendido del 31 de diciembre de 2009 al 25 de mayo de 2011 la Cooperativa el Monolito RL, ubicada el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal, como sede central, fue defraudada en su patrimonio y llevada a la quiebra por una suma aproximada de Q50 millones.

De acuerdo con la investigación, se detectó que hubo movimientos financieros anómalos con dinero de cuentahabientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Monolito” R.L.; se realizaron depósitos a empleados y familiares de éstos, otorgados bajo la figura de “prestamos” sin que llenaran los formularios, ni realizaran las acciones previas correspondientes para asegurar la capacidad de pago o la liquidez económica personal.

De igual forma, hubo irregularidades en la alteración de la contabilidad.

Según las pesquisas estarían involucrados en la estafa de unos Q50 millones a sus cuentahabientes. Los allanamientos forman parte de la tercera fase de la investigación en el presente caso.

La Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevaron a cabo 10 allanamientos en el departamento de Zacapa y en el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal.

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Durante el periodo comprendido del 31 de diciembre de 2009 al 25 de mayo de 2011 la Cooperativa el Monolito RL, ubicada el municipio de Los Amates, en el departamento de Izabal, como sede central, fue defraudada en su patrimonio y llevada a la quiebra por una suma aproximada de Q50 millones.

Q50 millones a sus cuentahabientes

De acuerdo con la investigación, se detectó que hubo movimientos financieros anómalos con dinero de cuentahabientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Monolito” R.L.; se realizaron depósitos a empleados y familiares de éstos, otorgados bajo la figura de “prestamos” sin que llenarán los formularios, ni realizaran las acciones previas correspondientes para asegurar la capacidad de pago o la liquidez económica personal.

De igual forma, hubo irregularidades en la alteración de la contabilidad.

Los cuentahabientes se percataron que la cooperativa ya no estaba autorizada para prestar el servicio de remesas que les enviaban desde los Estados Unidos. Por esa situación fueron afectadas más de nueve mil personas.

Las órdenes de captura son por los delitos de lavado de dinero, hurto agravado, estafa mediante informaciones contables y conspiración para  cometer el delito de lavado de dinero.

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Los capturados que corresponde a la tercera fase del caso fueron:

• Erwin Ardani Barrera Palma, Secretario del Consejo de Administración
• Freddy Ottoniel Ferros López, Presidente de la Comisión de Vigilancia
• Josias Ismael Ortiz Palma, Director de Créditos
• Manuel Lisandro Gálvez Martínez, Vocal II del Consejo de Administración
• Ruben Zeceña Betancourt, Vocal IV, Consejo de Administración
• Tomy Dustin Morales Corado, Secretario de la Comisión de Vigilancia

Por este caso ya hay sentenciados

La Fiscalía logró la primera sentencia condenatoria por este caso el 4 de mayo del 2012. Se trata de Oliver Ludwin Castro, quien recibió 46 años de cárcel por los delitos hurto agravado, estafa mediante informes contables, conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y por lavado de dinero. Él era el contador general de la cooperativa.

Mientras que Auder Alexander Orellana Alonzo y Carlos Eduardo Aldana Sosa, recibieron la sentencia condenatoria de 15 años de prisión para cada uno, por los delitos de apropiación y retención indebida, caso especial de estafa y conspiración para el lavado de dinero.

Aldana Sosa se desempeñó como jefe de agencia y Orellana Alonzo, laboró como Gerente General en funciones. En la segunda fase del proceso penal, hay 17 personas que enfrentarán juicio; está programado para que inicie en febrero del 2019 por lavado de dinero.