Erika Aifán, quien presentó este lunes 21 de marzo su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, concedió una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro, en la que aseguró que está exiliada en Estados Unidos por el hostigamiento y las amenazas que sufría las cuales asegura provienen del Estado de Guatemala.

En la entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán también habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que el presidente Alejandro Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

Según El Faro, la noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, salió de Guatemala y cruzó la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

Luego de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde está exiliada.

Aifán revela que decidió exiliarse porque no vio otra opción para garantizar su integridad física y que la protección que el Estado y el Organismo Judicial debieron darle, tuvo que buscarla en otro país.

Añade que en un principio no había pensado en el exilio sino que en enfrentar el proceso en su contra en Guatemala, que incluso se vio en la cárcel y que preparó un plan por si eso sucedía, pero luego se dio cuenta que no se enfrentaría al debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías

“En Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme”, dijo Aifán a El Faro.

Añadió que al momento en que ingresara a la cárcel los esquemas de seguridad que tenía no la iban a poder proteger más y que en ninguna cárcel del país hubiera sido segura para ella, porque durante su trabajo en el juzgado enfrentó a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado y también ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional.

Fue consultada si las amenazas o posibles atentados dentro de una hipotética encarcelación en Guatemala podrían venir del propio presidente Alejandro Giammattei y ella respondió que no quería individualizar y señalar nombres, pero que podrían venir de cualquier persona señaladas dentro de los procesos que conoció y que uno de ellos tenía señalamientos en contra del presidente.

Giammattei y el Testigo A

A Aifán le consultaron si era cierto si el presidente Giammattei le había pedido en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A, que señala que cuando el mandatario era candidato presidencial en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.  Estos fondos habrían sido un aporte de constructoras.

En la entrevista con El Faro, Aifán afirmó que Giammattei había solicitado una copia de la grabación de la declaración del Testigo A, pues tenía conocimiento que hacía referencia a su persona.

“Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella”, se lee en la entrevista.

Procesos de antejuicio contra Aifán

La exjueza también fue consultada sobre la forma en la que defendió su postura frente al juez pesquisidor que tenía que decidir si procedía quitarle la inmunidad.

En este caso señaló que se le acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, pero en la audiencia nunca presentaron alguna resolución que ella haya firmado en ese sentido.

Refirió que el juez, en la segunda audiencia quiso cambiar lo que se había consignado en el acta de la audiencia anterior, y por eso Aifán pidió que esta fuera abierta al público, pero no se realizó así y aparentemente eso se hizo para tratar de alterar actas.

“Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción”, dijo Aifán en la entrevista con El Faro.

También afirmó que el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y ella preguntó, porque le interesa escuchar esos testimonios para poder defenderse, pero el juez pesquisidor fue enfático en señalar que no le iba a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas.

“Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío”, señala Aifán.

Dijo que ella ya había decidido salir al exilio, pero como se programó la segunda audiencia decidió esperar y dar sus argumentos, y si le hubieran programado otra, también la hubiera realizado en este país.

La CSJ tiene tomada su decisión

Según la exjueza Aifán, desde la CSJ también hay una decisión en su contra, ella respondió que sí.

“Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo” afirmó Aifán en la entrevista.

El caso Comisiones Paralelas

“La gente conoce esa investigación como Comisiones Paralelas 2020, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso” señaló.

Aseguró que hay otros conflictos con la Corte, puesto que la CSJ, que debía resolver a favor o en contra de retirarle la inmunidad ha tenido conversaciones con el Instituto de Magistrados, que es quien la denuncia.

“Han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de Q20 mil al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme”, dijo Aifán.

Juan Francisco Sandoval probablemente estaría muerto

También fue consultada que habría pasado si el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP no hubiera salido exiliado del país y ella respondió que probablemente este estaría muerto, pues hay un componente de odio muy fuerte hacia Sandoval y hacia ella.

“El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida”.

Estado cooptado

Según Aifán, Guatemala llegó hasta este punto expresó: “El Estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado”.

La exjueza también afirma que tiene la esperanza de que Guatemala pueda algún día recuperar el estado de Derecho y fortalecer el sistema de justicia.

Señaló que una oportunidad importante para eso habría sido la elección de fiscal general, pero considera que también allí ve algunos vicios.

“No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución”, citó Aifán.

Finalmente, al consultarle sobre cuál será su futuro, señaló que en este momento solo puede partir de la decisión que ya tomó, que fue dejar de ser jueza en Guatemala y que va buscar otros espacios para defender la justicia y el estado de derecho, pues es algo en lo que sigue creyendo.

Carlos Antonio Videz Navas, quien fue fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y salió del país recientemente por la “persecución” que existe contra personas que luchan contra la corrupción, fue una de las personas que estuvo presente en el interrogatorio del Testigo A, según lo revela el periodista de El Faro, José Luis Sanz, quien reveló que dicho testigo acusó al presidente Alejandro Giammattei de financiar su campaña con sobornos de empresas constructoras.

Según publicó Sanz, autor de la investigación de El Faro, Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos de constructoras, en sus redes sociales, el exfiscal de Feci Carlos Antonio Videz Navas fue quien interrogó al Testigo A e investigaba al presidente Alejandro Giammattei en el caso.

La investigación de El Faro afirma que cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.

Este señalamiento lo hizo el Testigo A, un exhombre de confianza del presidente Giammattei quien en un audio de una declaración en anticipo de prueba testificó que el entonces candidato presidencial y el entonces secretario del partido Vamos, Giorgio Bruni negociaron con Benito la entrega de un aporte a la campaña presidencial a cambio de mantener al funcionario en su cargo.

Según la investigación de El Faro, la declaración del Testigo A se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con cerca de US$16 millones en efectivo en una casa de Antigua Guatemala, Sacatepéquez la cual había sido alquilada por el exministro de comunicaciones José Luis Benito. Por ese caso está acusado de lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Giorgio Bruni, exsecretario Privado de la Presidencia de Giammattei.

Prensa Libre verificó por medio de una segunda fuente que Vides Navas sí estuvo en la declaración testimonial en anticipo de prueba, en donde el denominado “testigo A” habló sobre las supuestas negociaciones. Dicha diligencia fue realizada en la sede del Ministerio Público en la zona 1 capitalina.

La salida del fiscal y los señalamientos contra el MP

Videz Navas anunció el domingo pasado su renuncia al MP y su salida del país previniendo que se atente contra su vida y para evitar ser “una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”.

En un comunicado que publicó es día, se dirige a su familia, amigos y al pueblo de Guatemala, que según él los acompañó en “el esfuerzo histórico de combatir la corrupción e impunidad” y comunica por qué decidió salir del país.

“Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes. Las investigaciones no avanzan contra ciertas personas; y se agilizan en contra de defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, como se vio reflejado en las últimas semanas, con la aprehensión de varios excompañeros, quienes lucharon con la única finalidad de investigar y conocer la verdad en casos de corrupción en el país”, se lee en el comunicado.

“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos como: Construcción y Corrupción, donde descubrimos maniobras complejas de saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron conforme la investigación avanzaba. Fase 2 de Construcción y Corrupción: Red de Poder, Corrupción y Lavado; 122 Millones de Quetzales; Asesoria Legal: Operación de Lavado de Activos, entre otros (en los que, diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados)”, continúa el documento del exfiscal Videz.

Añade que lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación, como un arma en contra de los fiscales, “a petición de los propios señalados de corrupción se utilizó diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar I trabajo realizado”.

Agrego que es tal la coordinación de los operadores de esas cuentas, con la administración del Ministerio Público actual, que la denominación de los casos deviene de enunciaciones en dichos perfiles (Ejemplo: “Multicausa”).

“Previniendo de que se atente contra mi vida, tomé la difícil decisión de renunciar y salir del país para evitar ser una víctima más de la injusta persecución destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”, dice el exfiscal Videz.

Agrega que admira y respeta a cada uno de sus excompañeros que ya han sido criminalizados. “Duele ser perseguido por haber realizado el trabajo de tratar de construir un mejor país, pero insto a la población guatemalteca a luchar porque exista un verdadero Estado de Derecho”, concluye el comunicado que fue publicado el 20 de febrero de 2022.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, ofreció declaraciones este 15 de febrero en relación a la publicación realizada en el medio salvadoreño El Faro y aunque no lo expresó textualmente, reconoció tácitamente que hay una investigación en la que podría vincular al presidente Alejandro Giammattei. 

En la publicación de El Faro, del 14 de febrero, se menciona que un testigo de esa fiscalía, al que se denomina Testigo A, asegura que el presidente Alejandro Giammattei, cuando era candidato presidencial, hizo un acuerdo con el entonces ministro José Luis Benito, para que este siguiera en su puesto a cambio de Q20 millones para la campaña de 2019. 

En sus declaraciones, el jefe de la Feci, dijo que es preocupante la publicación de El Faro, porque se pone en peligro la investigación y a las personas y por tanto hay una obstrucción a la investigación. 

Agregó que se está presentando denuncia a efecto que se establezca cómo es que se filtró este audio, hechos y circunstancias de una investigación que se encuentra bajo reserva. 

Es allí en donde Curruchiche reconoce tácitamente que sí hay una investigación en la que podría figurar el presidente Giammattei. 

Curruchiche explica que el 29 de octubre de 2021 la Feci tuvo conocimiento de que había una investigación y derivado de ello y las incidencias del mismo, en su momento se generó una plica la cual está en poder de la jueza Erika Aifán, del Juzgado D de Mayor Riesgo, y que cuando uno analiza la publicación de El Faro, allí se confirma que el documento está en manos de la jueza.  

La denuncia

Prensa Libre y Guatevisón tuvieron acceso a la denuncia, la cual va dirigida a César Augusto Maldonado Bautista, jefe de la Oficina de Atención Permanente del MP y está firmada por el fiscal Curruchiche.  

En el documento se menciona que el 14 de febrero El Faro publicó una noticia titulada Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos de constructoras y que al analizar el contenido de la información esta refiere a actos de investigación los cuales se encuentran bajo reserva total en la agencia fiscal número 8 de la Feci.  

Añade que los hechos que se describen y mencionan hacen referencia a información sensible y que en un momento determinado pudieran entorpecer las investigaciones y más aún se pone en peligro la vida e integridad física de las personas que se mencionan en la referida publicación.  

El documento añade que, por lo anterior, Curruchiche considera que al filtrarse la información de una investigación se encuentra bajo reserva pudiera haberse cometido un ilícito penal, por lo que se hace de conocimiento de Maldonado Bautista los hechos para pueda analizarse el mismo. 

La denuncia se presenta para que se investigue quién fue la persona responsable de filtrar información del caso y el audio de la declaración a la que se hacer referencia en la nota de El Faro. 

No conocen identidad del Testigo A

En las declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal Curruchiche indicó que en la carpeta judicial no ha tenido acceso a la declaración del denominado Testigo “A” y que desconoce su identidad.  

“Con relación al testigo A, hasta el día de hoy nosotros desconocemos quién es ese testigo A, más sin embargo en esa publicación ya se hace mención a esta persona, por lo tanto, la Fiscalía especial contra la impunidad desconoce quién es ese testigo”, dijo el jefe de la Feci.  

Al ser consultado sobre si la Feci ya tenía indicios de que había una declaración de un testigo en ese caso, Curruchiche respondió que el caso está en reserva y no podría dar más datos.  

El fiscal señaló que cuando él llegó a la Feci pidió informes de los casos en investigación. Es el 29 de octubre que se le informa que existe una investigación denominada La multicausa. 

Habló también de que la denuncia para que se dé con la persona que filtró la información no va dirigida contra ninguna persona en particular, pero que les llama la atención que en su momento, el exfiscal –en alusión a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci- dio a conocer que se había llevado alguna información del caso y podría determinarse si fue ese audio o alguna otra investigación que él pudo haber sustraído de la fiscalía.  

También reconoció que desde la Feci no se ha filtrado ninguna información del caso.  

Solo tres medios de comunicación televisiva fueron convocados para la conferencia de prensa de Curruchiche y tampoco fue transmitida en las redes sociales del MP, como generalmente se hace, pero Prensa Libre y Guatevisión acudieron a esta sin ser invitados.  

Contradicción en el MP

Pero mientras Curruchiche asegura que no conocen la identidad del Testigo A, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón, lo contradijo al asegurar que dicho testigo colocó una denuncia un día antes de la publicación por supuestamente haber sido presionado para declarar en el caso.

“(el Testigo A) Presentó denuncia el 13 de febrero manifestando que fue objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones sobre hechos que no le constaban. Esta investigación está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos”, dijo Pantaleón.

El Gobierno de Guatemala se pronunció este martes 15 de febrero contra la publicación del diario salvadoreño El Faro, en la que se presenta un audio de un supuesto testigo que afirma que Alejandro Giammattei negoció un aporte millonario para su campaña electoral, a cambio de mantener a José Luis Benito al frente del Ministerio de Comunicaciones.

La investigación del medio salvadoreño fue publicada el lunes 14 de febrero y señala que, en 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto.

Según El Faro, el denunciante es nombrado como Testigo A y su identidad y una copia de su declaración están en una caja fuerte en el Tribunal de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán.

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Se trataría de una persona “de confianza” del mandatario, quien afirmó que Giammattei negoció la entrega de Q20 millones (US$2.6 millones) procedentes supuestamente de sobornos de empresas constructoras.

Este martes, el Gobierno de Guatemala indicó que “rechaza categóricamente todo señalamiento o suposición infundada y construida maliciosamente que pretenda vincular al gobernante con exfuncionarios actualmente bajo procesos de investigación”.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, se dirigió a los medios de comunicación y pidió no replicar la información.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación a no replicar este tipo de noticias falsas, maliciosas, construidas, coordinadas. Desde el viernes, que nos pidieron una postura. No lo hizo solo un medio, lo hicieron tres medios extranjeros con sede en Washington”, aseguró.

“Esto responde a una agenda de manipulación y sobre todo de descrédito mediático, específicamente por este tipo de supuestos construidos de investigaciones. Hacemos un llamado a la población a informarse de fuentes fidedignas. Aclaramos desde el Ejecutivo nuestro rechazo a este tipo de prácticas, que son manipulaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas”, indicó.

#EnDirecto | El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia @KLopezOliva brinda conferencia de prensa. https://t.co/d2Ffzx321y

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 15, 2022

El Gobierno añadió que “el presidente Alejandro Giammattei no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza. Consideramos esto un ataque político coordinado, cuya única intención es querer dañar la imagen del señor presidente de la Republica”.

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Respecto a la designación de los titulares de las oficinas gubernamentales, el Gobierno indicó: “Aclaramos que la designación de los ministros que han conformado el Gabinete de Gobierno desde que se inició la administración se ha sujetado a una evaluación de capacidades y profesionalismo. Ningún exministro del Gobierno anterior ha sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de trabajo del presidente Alejandro Giammattei”.

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala informa a la población en general: pic.twitter.com/VVocJRtQin

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) February 15, 2022

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El periódico digital El Faro, de El Salvador, publicó la noche del pasado lunes 14 de febrero una noticia en la que revela el contenido de un testimonio en el que el testigo revela que en el 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto.

La información de El Faro, menciona que el denunciante es nombrado como Testigo A y que su identidad y una copia de su declaración están en una caja fuerte en el Tribunal D de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Erika Aifán.

Se señala que el Testigo A es un exhombre de confianza del presidente Giammattei y testificó en su contra al afirmar que el presidente negoció la entrega de Q20 millones (unos US$2.6 millones) que supuestamente provenían de sobornos de empresas constructoras para financiar la campaña en 2019.

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El testigo afirma que, a cambio de ese dinero, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Jimmy Morales, José Luis Benito, a mantenerlo en el cargo un año para que así que siguiera operando una red de corrupción que se tenía para otorgar contratos de construcción y mantenimiento de carreteras, según El Faro.

El testimonio añade que, en julio de 2019, justo entre la primera y segunda vuelta electoral en Guatemala, acudió a una reunión en la capital en la que Giammattei y Giorgio Bruni, quien en ese entonces era secretario general del partido Vamos y luego fue nombrado secretario privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito y allí confirmaron el aporte de dinero y cómo sería entregado.

La declaración también menciona que el testigo escuchó cuando Bruni le dijo a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa Coamco, para la construcción y mejoramiento de un tramo carretero en San Marcos.

Según el Testigo A, eso se lo dijo Bruni a Giammattei en presencia de Raúl Romero, quien luego fue nombrado como ministro de Desarrollo Social, Miguel Martínez, nombrado como jefe del desaparecido Centro de Gobierno y otro hombre al que solo identifica como Jorge.

Dinero iba ser entregado por agentes de la PNC

En la declaración del testigo, este afirma que los Q20 millones se los harían llegar a través de agentes de la Policía Nacional Civil.

Añade que durante la llamada telefónica, Bruni le dice a Benito que está en alta voz y que lo está escuchando Alejandro Giammattei y le pregunta cómo va el tema y el entonces ministro le responde que “ya todo está listo. Lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación, – que en ese momento era Enrique Degenhart Asturias- para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen”, menciona el testimonio.

Según El Faro, la declaración se grabó el 18 de mayo de 2021 bajo reserva, en presencia de la jueza Aifán, dos fiscales del MP y una abogada defensora durante una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impundiad (Feci) inició en octubre de 2020.

Esta investigación se deriva de la localización de las 22 maletas que contenían Q122 millones que fueron incautadas en una vivienda de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que había sido arrendada a Benito.

José Luis Benito Ruiz fue ligado a proceso penal, por el Juzgado de Mayor Riesgo D, el viernes 11 de febrero de 2021 por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el caso relacionado con el hallazgo de varias maletas repletas de dólares en la residencia de Antigua Guatemala.

Además, el pasado 28 de enero, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal a Benito por el delito de fraude por el Caso Libramiento de Chimaltenango, una “mega obra” habilitada durante el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado muchas deficiencias en construcción e inconsistencias.

Benito se entregó el viernes 21 de enero último a la Justicia que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

El exfuncionario del expresidente Jimmy Morales, de 42 años, tenía una orden de captura desde octubre de 2020.

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12 proyectos ligados al pago a Giammattei

El Testigo A al que hace referencia la investigación de El Faro, enumeró 12 proyectos de construcción de carreteras que estarían vinculadas al pacto entre Giammattei y Benito para el pago de los Q20 millones para su campaña electoral.

Según la declaración, son cuatro contratos con cuatro empresas distintas por más de Q1 mil 471 millones.

Señala El Faro que documentos oficiales muestran que 11 de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución y otro está en licitación abierta.

Según los investigadores del MP, Benito y Giammattei se comprometieron a darle a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del dinero para financiar las campañas.

Corrobora el acuerdo Giammattei Benito

Según El Faro, una segunda fuente de ellos, que estaba en el equipo de campaña de Giammattei, corrobora el acuerdo que existía con Benito y afirma que, a finales de agosto de 2019, cuando Alejandro Giammattei ya era presidente electo, participó en una reunión privada con él, Giorgio Bruni y Miguel Martínez en la que dijeron que habían trabajado con empresas constructoras, a través del Miniterio de Comunicaciones, para financiar la campaña.

Esta fuente de El Faro también relata que en 2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno y dijo que en una oportunidad oyó al mismo Giammattei decir que iba a mantener la oferta de que Benito continuara en su puesto.

Además, la fuente asegura que presenció cómo Bruni y Giammattei tenían discusiones, porque a medida de que se acercaba el cambio de Gobierno, el presidente electo no quería cumplir el compromiso adquirido con Benito.

Benito no fue nombrado pero los proyectos siguieron

El Faro añade que aunque Benito no fue nombrado en el cargo de ministro de Comunicaciones, los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la Feci fueron adjudicados a lo largo del primer año de gobierno de Giammattei, con un presupuesto de US$83 millones.

Agrega que estas empresas son consideradas afines a Benito y entre estas destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), cuyo propietario es Alejandro Matheu Escamilla.

Gobierno rechaza señalamiento

Según El Faro, al solicitar una respuesta de Giammattei sobre los señalamientos, y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia – Kevin López Oliva- respondió en un escrito en el que “rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que pretenda vincular al gobernante con exministros”.

Agrega que todo lo relacionado con el manejo financiero de la agrupación política Vamos -que llevó a la presidencia a Giammattei- corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña.

Al consultarle sobre el acuerdo del que habla el testigo de la Feci y la funte de El Faro, el funcionario respondió que “ningún exministro del gobierno anterior ha sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de trabajo del presidente Alejandro Giammattei”, y que este “no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza”.

Según El Faro, se trató de comunicar con Giorgio Bruni a su teléfono personal, pero no obtuvo respuesta, aunque los mensajes aparecen como leídos. Además, que por una persona cercana al exministro José Luis Benito, este dijo que no puede responder sobre el caso de las maletas con dinero, pues el caso está en reserva y tiene prohibido hablar.

En cuanto al ministro Romero, este aceptó que apoyó la campaña de Giammattei, pero negó haber participado en una reunión, como lo refiere el Testigo A.

El exministro Enrique Antonio Degenhart Asturias también negó los señalamientos y desvirtuó las declaraciones del Testigo A.

Miguel Martínez también fue consultado por El Faro, pero no respondió llamadas telefónicas y ni mensajes.

A Alejandro Matheu Escamilla, ese medio de comunicación le llamó y se le enviaron mensajes a su teléfono personal y, aunque fueron leídos, no se obtuvo respuesta. Añade que también se consultó en las oficinas de SCM, pero tampoco obtuvieron respuesta.

Según El Faro, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el FBI tienen desde hace meses copia de la declaración del Testigo A y aclara que ese medio de comunicación obtuvo la grabación completa a través de una persona ajena al Ministerio Público y al Tribunal.

Aclara que la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, pero que ese medio de comunicación sometió el audio a otro proceso de distorsión de voz antes de difundirlo.

El medio de comunicación afirma que ellos conocen la identidad del Testigo A y comprobó su relación con Giammattei y que tres fuentes confirmaron la autenticidad de la grabación.

El papel del MP

El Faro hace referencia a que octubre de 2021 el New York Times hizo referencia a la existencia del Testigo A, en una publicación que reveló que otro testigo dijo que a la Feci que entregó en la casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada que estaba repleta de dinero, supuestamente parte de un soborno de una minera respaldada por Rusia para que el presidente les otorgara la operacón en un puerto.

También menciona que no se sabe si esa declaración o la del Testigo A fue la que tomó en cuenta la fiscal general Consuel Porras, para destituir del cargo a Juan Francisco Sandoval, quien era el jefe de la Feci y fue removido del cargo el 23 de julio de 2021.

Recuerdan también, que en una entrevista exclusiva con El Faro, Sandoval dijo que uno de los motivos de su destitución fue que la investigación del dinero decomisado en Antigua Guatemala apuntaba al presidente Giammattei.

La publicación de El Faro también menciona que luego de la destitución de Sandoval, la fiscal Porras desarticuló por completo el equipo de fiscales que tenían esos casos y ha procurado obstaculizarlas.

El nuevo jefe de la Feci nombrado por Porras, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras, según El Faro, un memorandum dirigido a los agentes fiscales de la Feci para pedir que informaran si en la agencia a su cargo se había instruido o realizado diligencias de investigación relacionada con la entrega de dinero al presidente de la República, pero los fiscales se ampararon en la reserva de los casos para no responder.

La publicación de El Faro también revela que en noviembre, el MP le pidió formalmente a la jueza Erika Aifán que entregara a los nuevos fiscales encargados del caso, un sobre cerrado con la identidad del Testigo A, pues aparentemente los investigadores originales se habían negado a revelarla pues estaban amparados en la reserva del caso.

También se menciona que Aifán se negó a revelar la identidad y en un escrito mencionó que el testimonio y la identidad del Testigo A ya formaba parte de una etapa procesal e la que la fiscal ya no tenía control y que ya era pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción.

Señala que el 13 de enero, la fiscala Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le retirara la inmunidad a la juez Aifán, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Ese medio de comunicación pidó una entrevista con la fiscal Porras, pero el MP respondió que la reserva del caso impide ahondar en detalles del caso en mención y cuestionó a los fiscales que abrieron la investigación de los sobornos pues dicen que uno de los testigos denunció ser objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones que no le constaban, según afirmó el jefe de la Feci, Curruchiche.