La condena a muerte que Estados Unidos prevé aplicar este jueves 25 de enero contra el reo Kenneth Eugene Smith pondrá a prueba un método inédito, el gas nitrógeno, que está en el punto de mira porque sus detractores denuncian que puede provocar dolor excesivo en el proceso e incluso suponer una tortura.

Alabama es, junto con Oklahoma y Mississippi, uno de los tres estados del país que permite su uso en sentencias de muerte ante la creciente dificultad de conseguir los fármacos de las inyecciones letales debido a la negativa de las farmacéuticas a que sean usados con ese propósito.

A Smith, de 58 años y condenado en 1989 por el asesinato a sueldo de una mujer, le ha tocado ser el “conejillo de indias”, según denuncia él mismo en una infructuosa batalla legal para intentar evitarlo.

Un protocolo milimetrado pero sin antecedentes.

Cómo funcionará el nitrógeno

La hipoxia por nitrógeno es un procedimiento en el cual nitrógeno puro o en una concentración lo suficientemente elevada como para resultar letal se inhala hasta provocar asfixia. El preso lo recibe a través de una mascarilla hermética.

El protocolo para su aplicación redactado por el Departamento Correccional de Alabama en agosto del año pasado exige a sus técnicos comprobar que el volumen de gas en el cilindro supera el umbral mínimo de aceptación.

Ese documento especifica que cuando se utilice nitrógeno en las ejecuciones no se permitirá la presencia de un asesor espiritual en la llamada “cámara de la muerte” a menos que este último haya firmado un consentimiento frente a posibles riesgos.

La recta final de cara a ese momento, que Smith tiene fijado este jueves, empezó siete días antes. Durante al menos dos días, los miembros del equipo de ejecución deben revisar un proceso que incluye ensayar el traslado del reo desde su celda hasta la cámara letal.

Alabama ha ocultado algunos detalles en ese protocolo público, pero la coreografía estipulada detalla que los funcionarios designados deben extraer la mascarilla, conectarla al tubo de respiración y colocar el material en el lugar fijado dentro de la sala.

En la pared habrá medidores de oxígeno que se habrán verificado varias veces para garantizar que están cargados y que la alarma sonora funciona.

A Smith, según esa hoja de ruta, se le colocará un oxímetro de pulso que muestra el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Tendrá la oportunidad de pronunciar un último discurso de no más de dos minutos de duración y la administración del nitrógeno en sí no se prolongará más de 15.

Antes de que el personal entre a la sala para declarar su muerte, se ventilará la sala.

Smith, según indicó el miércoles la cadena CNN, no tendrá permitido comer desde sus 10 de la mañana para minimizar el riesgo de vómitos y de que pueda ahogarse al inhalar o tragar sus propias expulsiones a través de la mascarilla.

Críticas unánimes

Amnistía Internacional recordó que en noviembre de 2022 se le intentó ejecutar con una inyección letal pero hubo problemas a la hora de introducirle las vías intravenosas.

Una corte federal describió ese episodio como “espantoso”, según la ONG, y tres jueces del Supremo lo calificaron de tortura, haciéndole padecer “enormes dolores y sufrimientos” que le provocaron un trastorno de estrés postraumático.

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Aunque el estado de Alabama alega que la hipoxia por oxígeno es el método de ejecución “más indoloro y humano conocido por el hombre” y sostiene que resulta en una rápida inconsciencia, las alertas al respecto han llegado incluso desde la ONU.

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha expresado su profunda preocupación y ha pedido al estado de Alabama no solo que detenga la ejecución de Smith, sino que se abstenga de llevar a cabo otras de ese tipo en el futuro.

El preso estadounidense será ejecutado con gas nitrógeno, un método que se utiliza “para matar cerdos” y que provoca un gran sufrimiento al reo, denunció desde Roma Mario Marazziti, cofundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

Smith es el segundo preso estadounidense que ha salido vivo de la cámara de ejecuciones, ya que el verdugo estuvo “más de 4 horas intentado” encontrar la vena correcta para administrarle la inyección letal, sin éxito.

A Montgomery, de 52 años y encarcelada en la prisión de Terre-Haute, en el estado de Indiana, se le debía administrar una inyección letal el martes por la noche, 16 años después de matar a una mujer embarazada para robarle su feto.

Pero el juez James Hanlon del distrito sur de Indiana ordenó el lunes la suspensión de la ejecución a petición de los abogados de la mujer.

Los letrados justifican su pedido por la salud mental de su clienta, incompatible con la ejecución.

“Las informaciones presentadas (…) contienen muchas pruebas de que el estado mental actual de Montgomery se aleja tanto de la realidad que le impide comprender racionalmente el motivo del gobierno para su ejecución”, justificó el juez.

El magistrado indicó que el tribunal fijará una fecha para otra audiencia destinada a evaluar su salud mental.

En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima, una criadora de perros, en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.

En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.

Sin negar la gravedad de su crimen, sus defensores pidieron la semana pasada clemencia al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

Lisa Montgomery padece trastornos mentales fruto de violaciones en grupo durante su infancia, según los abogados, que pidieron al mandatario conmutar la pena capital por cadena perpetua.

Trump, un firme partidario de la pena de muerte, no respondió por el momento a la petición de la mujer, que debía convertirse en la primera ejecutada por las autoridades federales desde 1953.

10 hombres ejecutados

Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, a diez hombres se les ha aplicado la pena capital en la prisión federal de Terre-Haute, donde cumple condena Montgomery.

“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció en la radio NPR el lunes el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.

Antiguos guardias de la penitenciaría de Terre-Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el covid-19”.

Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados estadounidenses han suspendido las ejecuciones durante meses.

El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.

“Olor del sudor”

La justicia ya había suspendido la ejecución de Montgomery en noviembre 2020 porque sus abogados habían dado positivo al covid-19.

En un caso de rapidez inusitada, la administración fijó que la ejecución se podría realizar a partir del 12 de enero.

Un juez consideró apresurada la decisión y canceló esa fecha, pero el Departamento de Justicia apeló y ganó.

Helen Prejean, una monja católica conocida por su lucha contra la pena de muerte, se dirigió este fin de semana a los abogados que han “trabajado día y noche” en los últimos meses contra las apelaciones de los convictos federales.

“Puede que no huelan el sudor en la cámara de ejecución” pero son responsables de su muerte al igual que los verdugos, les escribió, pidiéndoles que “digan no” a la ejecución de una mujer y dos hombres una semana antes de que Joe Biden asuma la presidencia del país.

El demócrata, que será investido el 20 de enero, se opone a la pena de muerte y ha prometido trabajar con el Congreso, ahora controlado por su partido, para tratar de acabar con esta práctica a nivel federal.

A Ochoa, de 47 años y nacido en Vicente Guerrero (Durango), lo declararon muerto a las 18.48 hora local (00.48 del viernes GMT) tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville, cerca de Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).

Sus últimas palabras fueron: “Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme”.

El 4 de agosto de 2002, Ochoa, que había consumido crack, salió de su habitación con pistola en mano y mató a tiros a su esposa, Cecilia, a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses), a su cuñada Jaqueline y a su suegro, Bartolo.

Además, dejó herida de bala a otra cuñada, Alma, también hermana de su esposa, que logró escapar y avisar a la Policía, que lo detuvo minutos después.

Según reconoció durante el juicio, Ochoa empezó a consumir crack dos años antes de los crímenes y con el tiempo se volvió un adicto. Gastaba el dinero del hogar y también sacaba préstamos para comprar la droga.

Consciente de su problema, Ochoa había aceptado la ayuda de su familia para superar la adicción y ese 4 de agosto, un domingo, ya llevaba 10 días sin crack.

Sin embargo, después de ir a la iglesia, su esposa accedió a darle US$10 para que comprara y fumara algo de droga y mitigase así su síndrome de abstinencia.

Ochoa consumió la droga en el jardín trasero del hogar familiar en Dallas (Texas) mientras su esposa, hijas, cuñadas y suegro departían y jugaban en el interior. Después fue a su habitación y se acostó un rato en la cama.

Fue entonces cuando salió pistola en mano, según confesó después: “La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá”.

A la pequeña Crystal la mató de cuatro tiros por la espalda mientras corría hacia la cocina tratando de escapar.

Las autoridades detuvieron a Ochoa minutos después en un cajero automático gracias al aviso de su cuñada Alma, tratando de sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.

Su defensa esgrimió durante el juicio que Ochoa sufrió un delirio inducido por las drogas, argumento que no convenció al jurado, que alcanzó un veredicto de culpabilidad tras deliberar durante menos de 10 minutos.

La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en EE. UU. en una sentencia conocida como “Fallo Avena”.

A los presos beneficiados por el “Fallo Avena” se les violó según la CIJ su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.

Ochoa, sin embargo, quedó fuera de los beneficios del fallo al ser también ciudadano estadounidense y haberse personado como tal durante el proceso penal.

En un comunicado este jueves tras la ejecución, el Consulado de México en Houston sostuvo que su Gobierno “ha manifestado consistentemente su oposición a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.

“En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”, añadió.

La diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que fue rechazada por ese organismo días atrás.

La de Ochoa fue la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en EE.UU., de ellos 569 en el estado de Texas.

Este miércoles John William King fue ejecutado con una inyección letal en la Prisión Estatal de Huntsville (Texas) por el asesinato en 1998 de James Byrd, un afroestadounidense al que, junto a otros dos hombres, golpeó brutalmente, encadenó a una camioneta y arrastró durante kilómetros sobre el pavimento.

El caso tuvo un enorme impacto en la sociedad y poco más de una década después fue uno de los motivos por los que el Congreso estadounidense aprobó una ley contra los delitos de odio.

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William, un racista confeso de 44 años de edad, fue el primer hombre blanco en ser condenado a la pena de muerte por el asesinato de unafroestadounidense en la historia moderna del estado de Texas, según informó The New York Times.

Su condena se produjo a finales de 1998, tras un proceso en el que los fiscales le señalaron como el líder del grupo que atacó a Byrd.

Sus cómplices

Otro de los condenados por el caso, Lawrence Russell Brewer, fue ejecutado en 2011.

El tercer atacante, Shawn Allen Berry, fue condenado a cadena perpetua y no a pena de muerte debido a que en el proceso se demostró que él no compartía la ideología de supremacismo blanco de Brewer y King.

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Según ha señalado la prensa estadounidense, podría salir en libertad condicional en el año 2038.

King intentó apelar su sentencia numerosas veces, lo que le había permitido postergar su ejecución.

Pero en los últimos meses se quedó sin más opciones, luego que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. rechazara una petición para revisar su caso.

La familia

Louvon Harris, una de las hermanas de la víctima, presenció la ejecución de este miércoles, tal como había hecho 8 años antes con la de Brewer en 2011.

En declaraciones al diario estadounidense The Washington Post Harris dijo que que ambos hombres trataron a Byrd “como un animal”: “Eran un peligro para la sociedad. Ahí es cuando empezamos a cambiar nuestra opinión sobre la pena de muerte”.

Sin embargo, otra de las hermanas, Betty Boatner, dijo en 2011 a la cadena de noticias CNN que había perdonado a King.

Y Renee Mullins, hija de la víctima, declaró que hubiese preferido cadena perpetua a la ejecución.

La solicitud de auditoría es para saber si el proyecto remozamiento de la Plazuela, entregado hace más de un año después de ejecución está sobrevalorado.

El proyecto mencionado costó Q999 mil 554, los trabajos de mejoramiento iniciaron el 12 de diciembre de 2017, luego de dos suspensiones por trámites administrativos y actividades de cuaresma. Las autoridades auxiliares estiman que debe verificarse el monto del proyecto.

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La obra consistió en el cambio del piso antiguo por empedrado colonial, construcción de jardineras, bancas de hierro forjado, luminarias y bolardos de protección.

En una de las jardineras se sembró un vástago del esquisuchil, que sembró el Santo Hermano Pedro en el calvario de la ciudad colonial.

El gobierno de México intenta evitar que su ciudadano Roberto Moreno Ramos sea ejecutado en Estados Unidos este 14 de noviembre.

Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa en Texas.

Pero la Cancillería mexicana pidió este lunes que se detuviera su ejecución, planeada para este miércoles a las seis de la tarde locales a través de la inyección letal.

Y el asesor jurídico de esta entidad, Alejandro Alday, aseguró en una rueda de prensa que el de Moreno Ramos es un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”, pues Moreno forma parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ).

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La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno ni recomendar posponer su ejecución.

Ahora, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, el único que puede interceder por el preso y suspender la ejecución durante 30 días.

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El crimen

A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de 7 y Jonathan, de 3, en la pequeña localidad tejana de Progreso.

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.

GETTY IMAGES / La ciudad tejana de Progreso está al lado del Río Grande.

Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa, en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesó haber matado a Leticia. Los tres cuerpos, sin embargo, tenían heridas similares en las cabezas.

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Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.

Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades debe informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con su consulado en ese país, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.

De hecho, la captura de Moreno no fue notificado a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.

Algo que “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”, según Alday.

Pocas esperanzas

Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.

Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso es “bastante estrecha”, dijo en la misma rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP), Greg Kuykendall.

MCLAP, sin embargo, está intentando ahora que se tenga en cuenta que el primer defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte, según el recuento de la conferencia de prensa que hace el periódico mexicano El Universal.

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Parlamento todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.

Ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos desde que este país reactivara la pena de muerte en 1976, según afirmó el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado, también presente en la rueda de prensa del lunes.

De estos, cinco estaban formaban parte del caso Avenay todos estaban presos en Texas. La pena capital logró ser revertida para otros 14 prisioneros.

Huehuetenango tiene asignados 143 millones con estos deben cubrir la deuda de arrastre. Es decir los 50 millones que no pudieron ejecutar el año pasado, el resto se debe invertir en nuevas obras, de las cuales aún no se presentan los expedientes completos.

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Alcaldes defienden su posición

La forma de medir el impacto es sencilla y según las mismas autoridades se reflejan por el abandono de algunas comunidades.

De los 33 municipios pocos son los que ya ejecutan obras, pues de los 143 millones asignados del Ministerio de Finanzas se han recibido 13 millones.