En su primer día al frente del gobierno en Estados Unidos, Joe Biden envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada como “la más progresista en la historia” de ese país.

El ambicioso plan, llamado U.S. Citizenship Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense), no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes sino que en el Senado requiere al menos 60 de 100 votos.

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Aunque la iniciativa de este miércoles no supone acciones inmediatas, es vista como un paso crucial e importante para regularizar el estatus migratorio de más de 10 millones de indocumentados en el país.

Y un revés de 180 grados a las políticas migratorias implementadas por su predecesor, Donald Trump.

Varios legisladores de la oposición ya han expresado su inconformidad con la propuesta, que promete generar acalorados debates.

Te contamos algunos de los aspectos principales de la propuesta de ley, resaltados en un documento difundido por el nuevo gobierno.

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Un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados

Bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en EE.UU. desde antes del 1 de enero de este año podrían solicitar una residencia temporal que podría volverse permanente (también conocida como green card) al cabo de cinco años.

A partir de allí, en tres años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desearan.

Los solicitantes deberán ser sometidos a chequeos de antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos, indicó el diario The New York Times.

En Estados Unidos, hay al menos 10,5 millones de indocumentados, según una estimación hecha en 2017 por el Centro Pew de Investigaciones.

Ese número representa el 23% de la población nacida en el extranjero que reside en el país.

Los inmigrantes indocumentados de EE.UU. llevan en el país un promedio alrededor de 15 años, de acuerdo a estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal de investigación.

A su vez, estas personas tienen más de 10 millones de miembros en sus familias que no son indocumentados.

Reglas especiales para los ‘dreamers’ y otras comunidades

A diferencia de los arriba mencionados, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y trabajadores agrícolas “que cumplan requisitos específicos” inmediatamente calificarían para la residencia permanente.

Al cabo de tres años, podrían también solicitar la naturalización.

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Los beneficiarios de DACA, también llamados dreamers, son alrededor de 700.000 jóvenes, más del 75% de ellos mexicanos, que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.

El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger de la deportación a los jóvenes luego de que el expresidente Donald Trump rescindiera el programa en 2017.

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“Estas no son ideas nuevas, pero el hecho de que están proponiendo un programa de legalización para quienes estén en el país desde el 1 de enero de este año es algo grande y más directo que iniciativas que hemos visto en el pasado reciente”, explica Julia Gelatt, analista sobre políticas migratorias del Migration Policy Institute (MPI).

Visados y consideraciones de reunificación familiar

La propuesta de ley también aborda una reforma del sistema de inmigración para las familias, al “eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender” y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen.

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En este marco, contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con sus familiares en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan al emisión de sus residencias permanentes.

El plan establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad (que se sortean entre personas d epaíses cuya tasa de migración a EE.UU. es baja).

El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGBTQ+ y a inmigrantes según sus creencias religiosas.

Un enfoque diferente en cuanto a seguridad fronteriza

Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas similares anteriores.

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En lugar de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el “despliegue de tecnología que expedite el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando” especialmente en puertos de entrada.

Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de “mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo” y prevenir la entrada de narcóticos al país.

Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores, indican expertos.

Inversión en Centroamérica y las “causas raíz” de la inmigración desde la región

Durante la campaña, Biden prometió destinar US$4.000 millones a lo largo de cuatro años para “abordar las causas subyacentes” que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a “huir de sus países”.

El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan “la corrupción endémica, la violencia y la pobreza”.

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Aunque Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, pidió en días recientes a los inmigrantes que no se aventuren hacia el norte porque las políticas no cambiarán inmediatamente.

Las declaraciones llegaron a propósito de una caravana, conformada en su mayoría por hondureños, que fue duramente reprimida mientras atravesaba Guatemala en ruta hacia Estados Unidos.

El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de “canales legales y seguros” para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados.

“El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo”, dice la analista Julia Gelatt, del MPI.

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Biden, añade Gelatt, tiene el poder ejecutivo para terminar con programas impulsados por Trump, como el Protocolo de Protección a Migrantes, bajo el cual miles de solicitantes de asilo deben esperar en México mientras sus casos son procesados.

Asimismo, algunas de las consideraciones en la ley, como la creación de un programa para reunir más rápidamente a familias centroamericanas en Estados Unidos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas, también pueden implementarse bajo la autoridad ejecutiva de Biden, según el Centro para el Progreso Estadounidense.

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Los desafíos

Si bien los demócratas controlan ambas cámaras, el proyecto de ley requiere de 60 votos del Senado, donde el Patido Demócrata cuenta con 50 de los 100 escaños y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris.

Hay que recordar que en 2013, y con un plan que ha sido señalado como menos progresista que este, el gobierno de Obama no consiguió que su propuesta superase la Cámara de Representantes, entonces dominada por los republicanos.

“El plan envía un mensaje claro de que la inmigración de una fuente de crecimiento y solidez del país”, destaca Gelatt.

“Pero es poco probable que el Congreso lo apruebe porque el plan no propone concesiones a cambio del sistema de legalización masiva”, agrega, y eso podría producir rechazo entre republicanos y escépticos de políticas progresistas de inmigración.

La última vez que el Congreso, entonces de control demócrata, aprobó una reforma migratoria significativa que estableciera un camino a la ciudadanía fue en 1986, bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan.

No permita, sin embargo, que ese dato le lleve a sacar conclusiones erróneas.

Durante el actual gobierno ha habido una reducción significativa de la inmigración en Estados Unidos, aunque esta no ha sido conseguida gracias a la barrera fronteriza sino a lo que expertos y medios estadounidenses han bautizado como “el muro invisible de Trump”.

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¿A qué se refieren? Al incesante y cuidadoso cambio en las normas migratorias impulsado por el ejecutivo que ha hecho más cuesta arriba el camino que deben recorrer los extranjeros que desean establecerse siguiendo los cauces legales en Estados Unidos.

Así, esta nueva línea de defensa fronteriza afecta más a quienes aspiran a inmigrar legalmente que a los llamados “sin papeles”.

Pero ¿cuánto realmente se ha reducido la inmigración legal?

Menos residentes y menos refugiados

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), entre 2016 -último año de gobierno de Barack Obama- y 2018 se produjo un descenso tanto en el otorgamiento de permisos de residencia permanente como en la acogida de refugiados.

Entre ambas fechas, la entrega de las conocidas greencards (permisos de residencia) pasó de 1.183.505 a 1.096.611; mientras que la admisión de refugiados se redujo casi 75% al pasar de 84.988 a 22.405.

En el caso de las solicitudes de asilo, sí hubo un incremento notable pues pasaron de 20.362 a 38.687. Ssin embargo, este aumento no alcanza ni remotamente para compensar las caídas en las otras dos categorías. Entre las tres acumulan un descenso de 131.152, equivalente a una caída de 10% entre 2016 y 2018.

El otorgamiento de visas de inmigrantes también registra una disminución significativa al pasar de 617.752 en 2016 a 462.422, una diferencia de 155.330 (25% menos).

Un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés) calcula que las políticas adoptadas por la Casa Blanca pueden llevar en el largo plazo a una reducciónde un 30% en el ingreso de inmigrantes legales en comparación con los niveles de 2016, lo que repercutiría negativamente en el tamaño de la fuerza laboral disponible y, en consecuencia, en el crecimiento económico.

Mismas leyes, ¿nueva interpretación?

Uno de los elementos más llamativos de cómo el gobierno de Trump ha logrado reducir la inmigración en Estados Unidos radica en el hecho de que no solamente no ha sido a través del muro fronterizo, sino que además tampoco ha requerido cambiar las leyes migratorias existentes (para lo cual hace falta la aprobación del Congreso).

Entonces, ¿cómo lo ha hecho?

Básicamente usando sus facultades presidenciales, a través de la firma de decretos, y por medio de una reinterpretación más estricta de los requisitos previstos en las leyes para el otorgamiento de beneficios migratorios.

Así, por ejemplo, poco después de tomar posesión de su cargo, el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohibía el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

El entonces llamado veto migratorio fue duramente cuestionado, catalogado como discriminatorio y su aplicación fue suspendida por los tribunales.

Ante ello, la Casa Blanca optó por aprobar una segunda orden modificada -que excluía a Irak y eliminaba un prohibición indefinida para refugiados sirios- que también fue criticada e impugnada legalmente.

Pero eso no disuadió al gobierno, que terminó emitiendo en septiembre de 2017 una tercera medida en la que incluía en la prohibición el ingreso de autoridades de Venezuela y sus familiares, así como ciudadanos de Corea del Norte y Chad.

Con las nuevas inclusiones la orden ya no podía ser considerada como “antimusulmana” y obtuvo el visto bueno de los tribunales.

El viernes pasado entró en vigor una ampliación del llamado “veto migratorio” para incluir a Eritrea, Kirguistán, Myanmar y -muy importante- Nigeria, el país más poblado de África.

La medida también prohíbe que los ciudadanos de Sudán y Tanzania participen en el programa de visas de diversidad -conocido como la “lotería” de visas-, mediante el cual cada año se otorgan permisos de residencia permanente a unos 50.000 extranjeros.

¿Una carga para el Estado?

De acuerdo con los expertos, una norma que significará una restricción importante a partir de ahora será la nueva regla final de “Carga pública“, que entró en vigor este lunes y que prevé la posibilidad de negar la residencia permanente o una extensión de visado a aquellos extranjeros que las autoridades migratorias consideren que no son capaces de mantenerse por sí mismos y, por tanto, pueden convertirse en una carga económica para el Estado.

Hasta la semana pasada, solamente aquellos inmigrantes que se encontraban muy próximos o por debajo de la línea oficial de pobreza o que habían requerido ayuda financiera sostenida durante largo plazo eran rechazados, lo que ocurría en menos del 1% de los casos.

A partir de ahora, los funcionarios de migración tomarán en cuenta no solo los ingresos sino también otro conjunto de elementos como la edad, la salud y la educación del solicitante.

Otro elemento fundamental es que la persona no haya usado beneficios sociales como subsidios a la vivienda o ayudas para la alimentación durante 12 de los últimos 36 meses.

En agosto pasado, cuando la norma fue aprobada, el director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Kenneth T. Cuccinelli II, defendió la nueva regla argumentando que servirá para garantizar que los inmigrantes que lleguen al país sean autosuficientes y no se conviertan en una carga para la sociedad.

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“El presidente Trump sigue cumpliendo con su promesa con el pueblo estadounidense de aplicar las leyes migratorias de nuestra nación”, escribió Cuccinelli en un artículo aparecido en The Hill, a propósito de la entrada en vigor de la nueva regla sobre “Carga pública”.

El cambio, sin embargo, ha sido duramente cuestionado y muchos argumentan que no se trata de una simple reinterpretación de las normas existentes.

“Esta es una reescritura fundamental de nuestras leyes migratorias a través de las órdenes ejecutivas“, le dijo al diario The New York Times Kamal Essaheb, subdirector del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés).

Por su parte, un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) estima que la nueva norma “tendrá un profundo efecto en el ingreso legal en EE.UU. y en el uso de beneficios públicos por parte de millones de extranjeros en situación legal y de los ciudadanos estadounidenses con quienes ellos viven”.

De acuerdo con cálculos de esa institución, la polémica regla puede llevar a que una parte significativa de los casi 23 millones de extranjeros y de estadounidenses que forman parte de familias inmigrantes decidan dejar de utilizar los beneficios públicos que les corresponden.