Los “dreamers” (soñadores) son los jóvenes indocumentados cuyos padres los llevaron a Estados Unidos siendo niños y que están en un limbo jurídico desde que Trump -que llegó al poder con un discurso antiinmigración- eliminó en 2017 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que les permite trabajar, estudiar y conducir. Este martes la Corte Suprema entra en el debate.

Cuando en 2012 el gobierno de Barack Obama creó un plan para los “dreamers”, Angélica – que llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 11 años – sintió un gran alivio, pero ahora vive en la incertidumbre.

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“Vivir en las sombras”

“El DACA me dio alas, antes estaba restringida a vivir en las sombras. Me sentí aliviada”, contó a la AFP Angélica, que ahora tiene 34 años y vive en Oklahoma.

Según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) hay registrados 660.000 beneficiarios de este programa, de los cuales 529.760 (casi un 80%) llegaron desde México, pero también hay jóvenes arribados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros.

Los padres de Angélica le dijeron que era indocumentada cuando cumplió 18 años y quería sacar su licencia de conducir.

“A pesar de que me lo dijeron, no comprendí cabalmente lo que significaba”, contó, hasta que un día no pudo retirar una receta de la farmacia para su hija que estaba enferma.

Para conseguir los más de 1.000 dólares necesarios para obtener su estatuto DACA, Angélica vendió su auto.

Un permiso como el suyo debe ser renovado cada dos años y estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a legislar.

Pero los legisladores nunca llegaron a un acuerdo y en 2017 Trump canceló el programa, una decisión que fue recurrida ante varios tribunales en todo Estados Unidos, por lo que DACA sigue vigente.

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los “dreamers” señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria”.

La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que en junio aceptó pronunciarse sobre la forma del caso y donde el martes se expondrán los argumentos orales. De los nueve miembros del tribunal, cinco son jueces conservadores, dos de ellos nombrados por Trump.

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El representante del gobierno ante la Corte Suprema Noel Francisco argumentó que el caso es muy “complicado”.

“Pensamos que explicamos nuestra decisión de forma adecuada”, dijo el funcionario que calificó el procedimiento como “legal” y “racional”.

La decisión de la Corte no se conocerá antes de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos.

“Podría perder todo”

En San Marco, Texas, vive Daniel Briones, un “dreamer” de 30 años que llegó a Estados Unidos desde México cuando era niño porque sufrió una enfermedad de retina que requería operaciones complejas.

“Antes de DACA vivía bajo mucha incertidumbre, porque estaba en la universidad y no estaba seguro de qué iba a hacer después de que terminara, porque no tenía permiso de trabajo”, contó a la AFP Daniel, que ahora trabaja en servicios financieros.

Cuando se enteró de que Trump terminó el programa, sintió miedo. “Pensé que podría perder todo lo que he conseguido con tanto esfuerzo”, dijo.

 “Moneda de cambio”

El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.

Trump ofreció dar protección temporal a los “dreamers” a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.

“Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio”, dijo Daniel. “Él quiere usarnos para construir el muro”, agregó.

Si la Corte le da la razón a Trump, los “dreamers” no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con todo lo que esto implica.

Para Angelina, que es madre de cinco hijos y está casada con un “dreamer”, la espera es como “una montaña rusa”, pero sin importar el resultado en la Corte Suprema, no tiene dudas. “Mi hogar está aquí”, concluyó.

Al grito de “esta es nuestra casa”, dos centenares de jóvenes “dreamers” y activistas proinmigración iniciaron este sábado una marcha de 370 kilómetros y 18 días desde Nueva York hasta Washington, donde el 12 de noviembre comienza un juicio decisivo sobre el programa DACA, que evita sus deportaciones.

El mensaje principal es comunicar en redes sociales las amenazas a que están expuestos los dreamers, un grupo de indocumentados que ingresan a estados Unidos. El cantautor expresó que estas personas han decidido vivir en el país norteamericano, para poder “salir de la sombra”.

“Todos tenemos sueños y cada uno de nosotros deberíamos tener el derecho de poder soñar libremente… pero los sueños de los Dreamers están siendo seriamente amenazados. Como sabéis, los Dreamers son niños y jóvenes que ingresaron en Estados Unidos de manera irregular acompañando a sus padres, en la mayoría de los casos, y que sin saber su condición migratoria han crecido y vivido en ese país al que consideran su hogar y en el que sueñan con salir de la sombra”,

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Han sido varios los artistas que se han unido a esta causa. Tal es el caso de Leo Messi y su esposa Antonella Roccuzzo.

Sanz espera reunir a más celebridades, para reunir recursos a través de la venta de una playera.

Los detalles te los contamos en este video de Viva La Noticia.

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Otras estrellas de la música, cine o televisión ya han compartido su fotografías con la playera, por la lucha de un trato digno para todos los inmigrantes.

El máximo tribunal de justicia no incluyó en su calendario de este período, que finaliza a mediados de año, la revisión de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), una iniciativa del gobierno de Barack Obama que permite residir y trabajar de manera temporal a los llamados “dreamers” (soñadores), la mayoría latinoamericanos. Esto supone que probablemente no fallará sobre el DACA este año.

La Corte volverá a reunirse el 15 de febrero para discutir la posibilidad de examinar el tema durante el próximo período, que comienza en octubre. Pero aún si lo hiciera, recién tomaría una decisión en 2020.

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El gobierno de Trump busca que la Corte Suprema de nueve miembros, de mayoría conservadora tras el ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh, apoye su decisión de acabar con el DACA, el cual considera inconstitucional.

El 5 de noviembre pasado, el Departamento de Justicia urgió al alto tribunal pronunciarse en este periodo sobre la legalidad del DACA, pasando por encima de cortes inferiores que bloquearon los planes del gobierno de terminarlo.

El DACA se coló este fin de semana en las negociaciones para reabrir el gobierno, parcialmente paralizado desde hace un mes por falta de fondos, con una oferta de Trump a la oposición demócrata de extender temporalmente el programa a cambio de los 5 mil 700 millones de dólares para construir su muro fronterizo.  El planteo fue rechazado.

Trump anunció en septiembre de 2017 la cancelación del DACA creado por Obama en 2012, al cual están acogidos unos 700 mil “dreamers” de los 1.8 millones que se estima hay en el país.

El presidente dio al Congreso hasta marzo de 2018 para encontrar a una solución definitiva para estos jóvenes. Pero los legisladores no lograron un acuerdo.

Entretanto, tres cortes federales, en California, Nueva York y el Distrito de Columbia, consideraron ilegal la rescisión del DACA y lo restituyeron.

El 8 de noviembre pasado, al pronunciarse sobre el caso de California, una corte federal de apelaciones dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa. Otra corte de apelaciones debe escuchar los argumentos en el caso de Nueva York el próximo 25 de enero.

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El caso que podría evaluar la Corte Suprema en relación al DACA es el que enfrenta a los regentes de la Universidad de California con el Departamento de Seguridad Interior (DHS) del gobierno de Trump.

La demanda, presentada por la Universidad de California y su presidenta Janet Napolitano, exsecretaria del DHS de Obama, alega que finalizar el DACA viola leyes administrativas, así como el derecho al debido proceso consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución.

“Dada la importancia para el gobierno del refuerzo de las leyes de inmigración y los asuntos presentados en este caso, le pedimos respetuosamente a esta Corte que resuelva el recurso del gobierno para el 31 de octubre de 2018”, dijo Mark B. Stern, abogado del Departamento de Justicia en una carta enviada a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, ubicada en San Francisco.

Los “dreamers” o soñadores son unos 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos con sus padres, y que están amparados por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creada por el presidente Barack Obama en 2012 y que los protege de ser deportados.

La mayoría de ellos son de origen latinoamericano.

El presidente Donald Trump anunció el fin del programa en septiembre de 2017, pero la medida fue bloqueada por la justicia.

Stern señaló que vencido el plazo sin una respuesta, el gobierno pedirá “a la Corte Suprema un recurso de ‘certiorari'”, el proceso mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.

La Corte Suprema rechazó en febrero una petición presentada por el gobierno para rever las decisiones adoptadas en dos tribunales de menor instancia.

Pero en su carta, el funcionario destacó que la Corte Suprema había rechazado la petición asumiendo que este tribunal “iba a proceder de forma expedita con este caso”.

Más de nueve meses

Stern indicó además que la corte californiana  “entró en un mandato nacional que demanda que el Departamento de Seguridad Nacional mantenga en vigor una política discrecional”.

“La orden de la corte del distrito demanda al gobierno que tolere indefinidamente, y de hecho, que sancione afirmativamente, una violación de la ley federal cometida por cerca de 700.000 extranjeros”, dijo la misiva. 

El funcionario destacó que la excepción que supone el recurso en trámite se ha mantenido más de nueve meses.

“Salvo que intervengan esta Corte o la Corte Suprema de forma rápida, esto podría permanecer en vigor al menos durante otro año, dado el calendario de la Corte Suprema”, indicó el funcionario. 

La nueva apelación se introduciría poco después de la entrada a la Corte Suprema del magistrado conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento que inclina hacia la derecha a la máxima jurisdicción de Estados Unidos.

Con Kavanaugh, esta Corte quedó formada por cuatro jueces progresistas y cinco conservadores.

Los nueve magistrados arbitran los temas más delicados que enfrenta la sociedad estadounidense como el derecho al aborto, la pena de muerte, la reglamentación de las armas de fuego y los derechos de las minorías.