La Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió a aprobar este jueves 18 de marzo un proyecto de ley migratorio que busca regularizar a millones de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” y a cientos de miles de beneficiarios de los programas TPS (Estatus de Protección Temporal).

El proyecto de ley fue aprobado con 228 votos a favor (todos los demócratas y 9 republicanos) y 197 en contra.

Según estimaciones de sus promotores, unos 2.5 millones de jóvenes que fueron traídos al país cuando eran menores por sus padres y a los que se conoce como “dreamers” o “soñadores” podrían beneficiarse de esta reforma que establece una vía hacia la naturalización.

El expresidente Barack Obama (2009-2017) aprobó por primera vez en 2012 una regularización temporal para estos jóvenes, pero los republicanos la llevaron a los tribunales y desde entonces ha estado sometida a una larga batalla legal.

Además de los “dreamers”, el proyecto de ley también prevé una vía hacia la ciudadanía para los TPS, unos programas de los que se benefician unas 400 mil personas, en su mayoría centroamericanos y haitianos afectados por desastres naturales o conflictos civiles.

El documento aprobado este jueves es una versión muy parecida a un proyecto que la Cámara Baja ya aprobó en 2019 pero que no pasó del Senado, en ese entonces bajo control republicano.

Ahora los demócratas sí dominan el Senado, pero para su eventual aprobación es necesario que al menos 10 republicanos también la apoyen, algo incierto en estos momentos.

Este proyecto es un pedazo de la gran reforma migratoria que la Casa Blanca está impulsando en el Congreso que prevé la regularización de 11 millones de inmigrantes sin papeles pero que carece del apoyo necesario de parte de la oposición.

También forma parte de esta reforma un segundo proyecto que la Cámara Baja prevé votar hoy mismo y que busca regularizar a trabajadores agrícolas.

Los demócratas han apostado por presentar la reforma desmenuzada ya que consideran que con esta estrategia pueden recibir más apoyo de la oposición.

Sin embargo, el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, aludió a la actual situación en la frontera con la llegada de decenas de miles de menores de edad no acompañados y familias migrantes para justificar su oposición a la medida.

“Con lo que está sucediendo hoy en la frontera es probablemente el peor momento que los demócratas podrían ofrecer para hacer esto”, señaló McCarthy.

Un juez ordenó este viernes 4 de diciembre al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restaure en su totalidad la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que él quiso suspender y que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes.

La orden del juez federal Nicholas Garaufis, de la corte del distrito Este de Nueva York, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reabrir el programa para nuevas solicitudes, posibilidad que la Administración Trump eliminó al fracasar en su intento por derogar el programa creado por la Administración del presidente Barack Obama en 2012.

En su fallo del caso “Batalla Vidal v. Wolf”, el tribunal determinó además que DACA debe volver a ser como era antes del intento del Gobierno Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017, fecha desde la cual el programa no recibe nuevas solicitudes, de acuerdo con una de las abogadas defensoras de los soñadores, Karen Tumliun, del National Immigration Law Center.

El juez les ordenó además que, a más tardar el lunes, deben publicar en todos sus sitios web que está aceptando solicitudes iniciales de DACA, peticiones de renovación y el permiso de viaje (“advance parole”) que permite salir del país y regresar de forma legal en los términos que existían antes del infructuoso intento gubernamental.

Este mismo aviso debe dejar en claro que las cerca de 66 mil peticiones de renovación de DACA de un año emitidas después del memorando de DHS de este verano en el que se modificaba el programa se extenderán automáticamente a dos años.

En resumen, el programa DACA, que ha protegido a miles de jóvenes de ser deportados desde que fue creado en 2012 y les ha permitido estudiar, trabajar y viajar, debe volver a ser restaurado a nivel nacional a como era antes de septiembre de 2017, cuando el Gobierno Trump anunció su cierre.

Garaufis determinó el pasado noviembre que el secretario interino de DHS, Chad Wolf, asumió ese cargo de manera ilegal, por lo que invalidó todas las disposiciones del memorando firmado por él este verano.

El juez ya había advertido a la Administración Trump que no podía crear sus propias leyes y dijo que sus ataques a este programa eran un “uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos”.

Luego de que Trump derogara DACA, varios beneficiarios del programa junto con la organización “Se Hace Camino Nueva York” impugnaron la decisión, caso que fue asignado al juez Garaufis y que luego llegó a la Corte Suprema, que también había ordenado restaurar el programa.

Pero todavía sigue vivo un litigio presentado por fiscales generales de estados gobernados por republicanos en contra de DACA, por lo que se espera que pueda haber futuras novedades judiciales.

Ante este panorama, el presidente electo, Joe Biden, ha prometido que una de las primeras cosas que hará tras llegar a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 es promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los “soñadores”.

El hambre y un muro de soldados acabaron con el sueño americano de al menos dos mil hondureños que cruzaron Guatemala en busca de llegar en caravana a Estados Unidos, mientras otros de sus compatriotas se resisten a rendirse.

El final del viaje para muchos de los hondureños llegó el sábado por la mañana, tras varias horas de tensión en el departamento de Petén, 400 kilómetros al norte del país.

La caravana migrante había ingresado el jueves por la mañana a Guatemala de manera ilegal en el oeste del territorio y se dispersó por varios puntos del norte del mismo, pero uno de sus grupos más nutridos se topó el viernes con las fuerzas de seguridad locales después de haber recorrido 250 kilómetros.

El bloqueo ordenado por el Gobierno de Guatemala se concretó desde el viernes en una carretera en Petén (norte) con agentes de la Policía Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala, impidiendo la continuidad de los hondureños.

Los migrantes intentaron convencer a las autoridades de dejarlos avanzar, pero fue en vano, especialmente tras el estado de Prevención -que limita ciertas libertades- impuesto el pasado jueves por la tarde en seis departamentos -incluido Petén- por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

La medida del estado de Prevención fue decretada tras el ingreso masivo de la caravana el jueves en la frontera de El Corinto, donde rebasaron la capacidad de las autoridades para detenerlos y solicitarles los documentos de ingreso a Guatemala.

Bajo el calor húmedo de Petén, un departamento nutrido de selva, los hondureños esperaron en la noche del viernes sin agua ni comida. La mayoría de ellos confirmaron a la agencia EFE su agotamiento físico, especialmente tras dormir a la orilla de la carretera porque los albergues de migrantes no pudieron recibirlos ante la pandemia.

La ruta rumbo a México también les jugó en contra a los migrantes. A diferencia de caravanas anteriores, esta vez muchos hondureños se encaminaron por la biósfera maya petenera, al norte del territorio, donde encontraron menos apoyo humanitario de los locales tanto por la menor densidad de población -en comparación con la ruta al sur de Guatemala- como por el Covid-19.

Los migrantes están pagando además el precio de ser la primera caravana pospandemia. A diferencia de las anteriores, que iniciaron en 2018, la actual caravana no encontró ayuda de organizaciones internacionales y de personas individuales que habitualmente los proveen de comida, agua, insumos de limpieza y en muchos casos un techo.

En la noche del viernes también cayó una copiosa lluvia, de la que no se pudieron resguardar los migrantes, y finalmente en las primeras horas del sábado la mayoría decidió aceptar los buses que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil ofrecían para devolverlos a la frontera hondureña.

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, al menos dos mil hondureños de la caravana migrante han retornado a su país. Otro millar más continúa rumbo a México, pero en pequeños grupos, sin grandes concentraciones de gente.

El dilema de los rezagados

Marcos y Keisy entraron a Guatemala el jueves por la mañana con la caravana, entusiasmados con llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Pero la pareja hondureña no iba sola: avanzan también con ellos Ezequil y Génesis, sus hijos de 11 y 6 años.

“Cuando tengo trabajo (en Honduras) ayudo en albañilería”, contó Marcos mientras caminaba el sábado en una carretera del departamento de Petén en ruta a México, 400 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala.

“Pero llevo meses sin trabajo. Y mis hijos necesitan comer”, añadió con preocupación al referirse a la situación de su país natal.

La familia se retrasó el viernes de la multitud, durmió esparcida a la orilla de la carretera, y este sábado se toparon con la sorpresa de que muchos de sus compatriotas emprendieron el regreso a Honduras.

Confundido en medio de la carretera, Marcos no sabía si seguir en la ruta a Estados Unidos o dar por terminado el intento.

El mismo caso ocurrió con Jhonny y Olvy, otros dos hondureños rezagados con el mismo dilema de continuar el viaje o volver a Honduras después de tres días de caminar bajo el sol.

Ambos no rebasan los 25 años y saben que en su país las oportunidades son pocas, además de que huyen de una de las 15 naciones más violentas del planeta según datos de organismos internacionales.

Después de pensarlo un poco, finalmente los dos jóvenes toman una decisión: “Primero Dios llegaremos. En Honduras no hay nada para nosotros. Primero Dios llegaremos a los Estados Unidos”.