El juez Miguel Ángel Gálvez decidió este viernes 6 de mayo, luego de tres días de argumentar su resolución, enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados.

Gálvez dijo que, con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público.

Pese a que la Fiscalía intentó, sin éxito, retrasar la presentación de las pruebas bajo el argumento de que son más de 8 mil medios de investigación, el juez fijó esa audiencia para el próximo 18 de mayo.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

La mayoría de las víctimas que aparecen en el documento de inteligencia militar eran dirigentes políticos, sindicales y estudiantes que eran consideradas enemigos del Gobierno.

El Juzgado de Alto Riesgo B que preside Gálvez comenzó esta primera fase del caso el 28 de marzo de 2022 y luego de recibir las pruebas del MP y de los abogados de los defensores, deberá decidir cuáles se admiten para el juicio oral y público que lo debe realizar un tribunal.

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país.

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas.

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa.

Los nueve militares y policías retirados que fueron enviados a juicio fueron detenido en mayo de 2021 en diferentes puntos del territorio guatemalteco.

El Diario Militar, que consta de 73 páginas, fue elaborado entre 1983 y 1986 y desclasificado en 1999 por el National Security Archivo.

En la audiencia de primera declaración del caso Diario Militar la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público señaló al exministro de la Defensa Nacional, Marco Antonio González Taracena, de dirigir de 1983 a 1985 un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a personas consideradas “enemigo interno”.

El militar retirado compareció ante Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo “B”, en el Centro Médico militar en donde permanece bajo cuidados médicos desde el 28 de mayo pasado cuando se le infirmó de una orden de aprehensión por el caso Dossier de la Muerte.