Luego de los incidentes registrados la noche del miércoles pasado frente al Congreso de la República, al finalizar la sesión en la que diputados eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un proceso conminado por la Corte de Constitucionalidad después de cuatro años de retraso, algunos parlamentarios denunciaron haber sido víctimas de agresión y rechazaron el comportamiento de los manifestantes.

La diputada Evelyn Morataya dijo en una entrevista en el programa “Con Criterio” que uno de los manifestantes le provocó lesiones en varias partes del cuerpo y que incluso ella quedó contra la pared durante el zafarrancho.

La parlamentaria dijo que identificó a un activista de apellido Morataya como el responsable de haberle jalado el pelo y causarle lesiones en la espalda.

“Uno de apellido como el mío, Morataya, es el que más se me abalanzaba y me jaló mucho el pelo y me golpeó mucho la espalda y después sale haciendo publicaciones victimizándose de lo que él fue a provocar”, dijo Morataya.

“Cuando lo quitan de encima de mí (…) me quedo en una pared gritando porque me asustó muchísimo, me golpeó la mano, me golpeó la espalda”, agregó la parlamentaria.

Además, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, jefa de la bancada Valor, dijo que “fuimos objeto de agresión y fuimos objeto realmente de una antidemocracia de este país. Anoche no había grupos de manifestantes pasivos, anoche tuvimos frente al Congreso hordas de delincuentes (…) y no venían solos”.

De acuerdo con Marroquín, los manifestantes “tristemente” venían dirigidos por algunos diputados del Congreso.

“Escuchamos cómo una diputada exigía a un guardia que abriera la puerta roja para que entraran los manifestantes. Hace tres años incendiaron las instalaciones del Congreso”, dijo Marroquín.

Además, dijo que no se puede permitir que esos “grupos de choque”, a los que comparó con los que, según ella, hay en Venezuela, Chile, Colombia y Nicaragua.

“Como Bancada Valor y como partido Valor vamos a hacer una denuncia ante el procurador de los Derechos Humanos y ante el MP, porque tenemos las pruebas, tenemos el video de quiénes golpearon a nuestros diputados, quiénes tienen cara y tienen nombre, y esperamos que estas personas sean investigadas, y si son responsables que sean también puestas en prisión”, dijo la diputada.

Por su parte, Francisco Zamora, diputado de Valor, dijo que le llama la atención que antes de que empezaran las agresiones saliera otro parlamentario, que no identificó, a dialogar con los inconformes.

Agregó que como consecuencias de las agresiones resultó herido en la cabeza, donde fue necesario que le colocaron suturas. “Tengo unos puntos acá (en la cabeza), me hicieron cuatro puntos. Creo que si hacen manifestaciones tienen que ser pacíficas”.

Mencionó el caso de la diputada Sofía Hernández, a quien los manifestantes lanzaron piedras y agua, según Zamora.

“Eso es un hecho vandálico”, concluyó.

El parlamentario Geraldin Díaz, también de Valor, es uno de los diputados más afectados, pues durante los incidentes fue tumbado al piso.

“Ayer solo cumplíamos con una labor legislativa ya que recibimos una orden de la Corte de Constitucionalidad para elegir a las cortes y ayer simplemente cumplimos ese mandato”, dijo Díaz.

Asegura que en la elección de magistrado “no hubo nada de por medio. Aquí no hubo un acto de corrupción”.

Rechazó los actos de violencia e instó a los guatemaltecos a mantener el diálogo.

“Cualquier guatemalteco tiene toda la libertad de expresarse, de hablar en contra de los diputados (…) pero no es la forma como nos trataron anoche, como si hubiéramos sido unos delincuentes, asesinos, cuando realmente solo cumplíamos”, dijo Díaz.

A un Día de la Revolución, exmilitares destruyeron y vandalizaron oficinas e inmobiliario del Palacio Legislativo, e incluso incendiaron algunas zonas del parqueo. También ha quedado documentado el violento momento en que exmilitares entraron al Congreso de la República.

Fotogalería: llamas, piedras, carros incendiados y gases lacrimógenos durante disturbios de militares veteranos en el Congreso

¿Cuál fue el enojo de los manifestantes? Exigían una indemnización económica por los servicios prestados en el marco del conflicto armado interno, una protesta que inició desde la mañana, pero fue hasta la tarde que se marcó por un revuelo de disturbios en el centro de la ciudad de Guatemala.

Además, en los alrededores del Congreso, los veteranos militares participantes en las protestas han lanzado piedras hacia el edificio, a lo que grupos antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno.

¿Qué opinan los expertos de estos hechos violentos?

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Luego de los incidentes en el Congreso de la República que se saldó con varias personas heridas, vehículos quemados, detenidos y daños en el edificio del Legislativo, los veteranos militares que protagonizaron los disturbios lanzaron una advertencia a los diputados para que agilicen la aprobación de una ley de resarcimiento que los beneficiaría con Q120 mil, pues aseguran que las negociaciones pacíficas se terminaron.

Son 15 las asociaciones de militares retirados las que desde hace varios meses hacen presión por medio de protestas y bloqueos de carretera para que el Congreso de luz verde a una ley con las que cada uno de ellos recibiría Q120 mil por haber prestado servicio militar durante el conflicto armado interno.

Sin embargo, de acuerdo con dirigentes, para este martes 19 de octubre fueron citados al Congreso para conocer los avances del proyecto de ley, pero no fueron atendidos por diputados y la manifestación se tornó violenta.

Los inconformes dañaron un portón del Congreso e ingresaron por la fuerza hasta el parqueo, donde incendiaron varios vehículos. También destruyeron algunos sectores de oficinas.

“Esto es un inicio, porque como dijo el -dirigente- de Petén, es solo de apachar un botón y dar el mando y ya se va. Yo les dije no a la violencia, pero otro -dirigente- dijo que trabajó 20 años en túneles (…) y ellos en cualquier momento pueden destruir una calle, porque solo es de levantar una tapadera”, señaló Francisco González, integrante de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala (Anasoregua).

Agregó que “esto comienza. Se le va a volver un caos al presidente. Hemos estado con mucha paciencia y ahora dice el presidente del Congreso -Allan Rodríguez- que no hay un listado cuando se le pidió -al Ministerio de la Defensa- a través de ellos el 24 de septiembre”.

“Aquí hay kaibiles, hombres completamente entrenados, soldados de montaña completamente entrenados para sobrepasar a los antimotines, están completamente entrenados para morir”, dijo con respecto a que están preparados para tomar acciones más fuertes en los próximos días.

Con respecto a los incidentes de este martes en el Congreso de la República, el dirigente dijo que “esto solo es una lección” y  lo que querían era pasar sobre la Policía “y si capturaron a algunos van a regresar por ellos”.

Agregó que los diputados los han engañado al ofrecerles agilizar el proceso, por lo que este día a los dirigentes les fue imposible controlar la ira de los manifestantes  y dijo que tienen preparadas más acciones, pero que por estrategia no las pueden revelar por completo. 

“La otra semana hay posibilidades de que todos los veteranos salgan, los han dicho ellos, se terminó ya pacíficamente, entonces van a apostarse en las carreteras, no se sabe si aquí en la ciudad o en dónde. Se va a bloquear todas las entradas y salidas. La furia es tremenda, el engaño es muy fuerte porque les dijeron a los encargados que hoy los iban a atender a las 11.30 y no salió nadie”, comentó.

“No han programado nada, porque pueden atacar de un momento a otro. La fecha no se va a revelar, cuando sientan está tapada la ciudad, cuando sientan están tapadas las carreteras”, añadió González, quien reiteró que el tiempo se le terminó al Congreso.

La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de Q120 mil (US$15 mil 500 aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales. 

La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.

La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250 mil muertos y desaparecidos, que en más del 90 % de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.

Con información de EFE

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este martes por la tarde la captura de las primeras dos personas por los disturbios en el Congreso. 

Se trata de Teléforo Ramírez López, de 68 años, Mynor De Jesús Barrientos (55), Juan Parachico Sanchéz (50) y Ernesto Martínez Agustín (47), quienes son señalados de haber causado daños en el edificio legislativo así como a “equipo de particulares”.

Además, según información de la PNC, están resguardados otros dos presuntos responsables en el Hospital General San Juan de Dios.

Un grupo de veteranos militares que exigen el pago de Q120 mil por los servicios prestados durante el conflicto armado ingresaron en el Congreso y retuvieron a varios empleados, periodistas y diputados dentro del edificio. 

Además, rompieron vidrios y otros objetos e incendiaron vehículos en en un parque contiguo al Hemiciclo.

Los descontentos, armados con machetes palos y piedras arremetieron luego contra agentes y periodistas. 

Edwin Monroy, vocero de la PNC, informó a Prensa Libre y Guatevisión que unos cinco agentes resultaron heridos. 

Así mismo se tiene el informe de varios comunicadores heridos en el lugar cuando efectuaban la cobertura. 

Detenido tenía orden de captura

Monroy informó que uno de los detenidos, Barrientos, tenía orden de captura por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. 

Fue emitida por un juzgado de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, el 26 de junio de 2018.

Agregó que ahora está señalado por su presunta participación en la destrucción parcial del Congreso de la República, “así como otras propiedades privadas y públicas”.

Gobernación da detalles

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, dijo en conferencia de prensa que se tienen más de 10 asociaciones identificadas que participaron en los disturbios, así como 15 líderes.

Agregó que no podía revelar nombres porque aún se está corroborando la información, que se trasladará al Ministerio Público.

Dijo que, en realidad, se trata de estructuras que se disfrazan de asociaciones para cometer ilícitos. 

Allan Rodríguez se pronuncia

El presidente de la Junta Directiva del Congreso, Allan Rodríguez, llegó tras los disturbios al edificio legislativo y dijo que se repudia todo hecho de violencia.

“Esto ya no es una manifestación, estos son actos delincuenciales. Realmente es un abuso y yo solicito, de verdad, al Ministerio Público una investigación exhaustiva y profunda para dar con los responsables”, dijo el diputado.

Agregó que saben los nombres de las personas que están al frente de esa organización “que con estas acciones se torna en una organización criminal” y que todo el peso de la ley debe caer “sobre estos delincuentes”.

Dijo que el Congreso estaba resguardado pero no se esperaban los disturbios porque se suponía que era una manifestación pacífica, pero se lamenta que se haya convertido en gente portando machetes y con consignas de “Aquí va a correr sangre”.

1odríguez dijo que rechazan también las declaraciones de algunos diputados que han hecho señalamientos en medios de comunicación y en las redes sociales.

“Crea suspicacia el ver este tipo de declaraciones: un diputado diciendo que le quemaron la oficina cuando ni nosotros hemos podido ingresar (…) y me parece que este diputado tiene mucha información”, expresó, por lo que pidió a las autoridades que investiguen “cualquier vinculación”.

Explicó que hay muchas personas que dicen ser veteranos militares, “pero dentro de esos grupos ha aparecido cualquier cantidad de gente, incluso que no tienen la edad para decir que estuvieron en ese momento de la historia”, por lo que el Ministerio de la Defensa está estableciendo quiénes realmente son, por lo que es necesario emitir un dictamen antes de hacer cualquier pago.

Criticó que los líderes de esas asociaciones se presten para hacer cobros indebidos.

“No es falta de voluntad del Congreso, hay una mesa de diálogo”, agregó, y señaló a Boris Lemus como responsable de “manipular políticamente a estos grupos”; sin embargo, aclaró que hay otro grupo con el que se está avanzando en el diálogo.

Advirtió de que la iniciativa que pretenden que se apruebe ni siquiera tiene el dictamen favorable, y que no podrá tenerlo hasta que no esté el listado o estado de fuerza. Agregó que el diálogo seguirá.