El diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, fue entrevistado el martes 8 de febrero sobre la solicitud que hizo la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) para que le retiren el derecho de antejuicio debido a que es señalado como jefe de la red que desfalcó por Q28 millones al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En el caso hay 27 personas vinculadas, entre ellas Jorge Eduardo García Monterroso y Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, hijo y esposa del diputado García Silva.

Además, el director del Insivumeh Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.

Según el MP, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana,  es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

La petición de retiro de inmunidad se presentó “en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 millones”, dice un comunicado del MP.

Postura del diputado

El diputado García Silva dijo que la vez pasada habían dicho que eran antejuicio, pero ahora supone que sí es real.

“Pues bueno, yo soy respetuoso de la ley y vamos a esperar el debido proceso”, dijo el funcionario al ser consultado sobre el tema.

Cuando se le preguntó sobre que el Ministerio Público lo señala como el líder de la estructura de un presunto desfalco en el Insivumeh, respondió que no sabe si ellos –el MP- lo está haciendo, porque ellos no podrían estarlo señalando, porque goza de derecho de antejuicio y que primero le tendrían que retirar la inmunidad, si procediera.

“Yo voy a respetar el debido proceso y a eso es lo que voy a dedicarme cuando corresponda”, afirmó el diputado.

Al cuestionarlo sobre que su esposa e hijo están ligados a proceso en el caso Insivumeh, García Silva respondió que ellos también están en su debido proceso.

Cuando le preguntó su opinión sobre que el MP lo señala como jefe de la estructura que desfalcó al Insivumeh, respondió: “¿Ya me señalaron? Qué bueno que me lo diga porque entonces voy a tener que ver qué procede allí, porque allí están violando mi derecho de antejuicio”.

Finalmente, se le preguntó si negaba los señalamientos que le hace el MP y dijo: No estoy al tanto de eso, porque no soy parte de eso”.

#CongresoGT | ¿Qué responde el diputado Jorge García Silva sobre la solicitud de antejuicio en su contra por el caso Insivumeh por un presunto desfalco por Q30 millones? @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/691qZ2uCxU

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) February 9, 2022

Vinculación de diputado

La petición de la fiscalía se da luego que el pasado 31 de enero, en la audiencia de primera declaración de 9 procesados por el caso el MP reveló mensajes extraídos de celulares confiscados en el caso Clima, corrupción y poder, que revelan cómo el diputado García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una casa de campo de la familia de García Silva.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), solicitó este martes 8 de febrero que se le retire la inmunidad al diputado Jorge García Silva, por su supuesta participación en el caso Clima, corrupción y poder por un desfalcó de Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según un comunicado del MP, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.

La petición de retiro de inmunidad se presentó “en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino,  posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 millones”, dice el comunicado.

Agrega que el caso involucra a otras personas que han sido ligadas a proceso por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.

“El Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional presentó la solicitud ante el órgano competente a efecto se determine si ha lugar o no a la formación de causa e investigar la posible comisión de actos constitutivos de delito”, se lee en el comunicado.

El caso involucra a 25 personas, entre ellas Jorge Eduardo García Monterrosoy Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, hijo y esposa del diputado García Silva, respectivamente.

También están vinculados el director del Insivumeh Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.

La petición de la Feci se da luego que el pasado 31 de enero, en la audiencia de primera declaración de 9 procesados por el caso el MP reveló mensajes extraídos de celulares confiscados en el caso Clima, corrupción y poder, que revelan cómo el diputado García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una casa de campo de la familia de García Silva

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

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La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

El Ministerio Público (MP) decidió no apelar la resolución el Juzgado Quinto Penal que dejó en libertad condicional a los familiares del diputado Jorge García Silva, así como a otras siete personas que estuvieron prófugas y quedaron vinculadas al caso de corrupción en el Insivumeh.

El caso se denomina Clima, Corrupción y Poder y en el que 25 personas están vinculadas a un caso de corrupción por Q28 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según el MP, en esta trama de corrupción participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

El pasado 1 de febrero, la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, ligó a proceso a nueve sindicados del caso, que estaban prófugos y se entregaron a las autoridades judiciales el 26 de enero pasado, entre ellas el hijo y la esposa del diputado Jorge García Silva, quien según la Fiscalía contra la Corrupción (Feci) del MP podría ser el jefe de la estructura que hizo el desfalco en el Insivumeh (aunque no está siendo investigado por gozar de derecho de antejuicio).

Ese día, la jueza ligó a proceso a:

1. Jorge Eduardo García Monterroso, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (hijo del diputado Jorge García Silva)
2. Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita (esposa del diputado Jorge García Silva).
3. Emilio Alfredo Barillas Padilla, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
4. Klaus Herbert Fleicher Kepfer, lavado de dinero u otros activos y por asociación ilícita
5. Silvia Patricia Martínez Bonilla fraude y lavado de dinero y asociación ilícita
6. Francisco Javier Juárez Cacao, fraude y asociación ilícita
7. Juan Carlos Véliz Castañeda, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
8. Sabrina María Veliz Castañeda de Berganza, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
9. Otilio Martín Morales Pancoj, fraude y asociación ilícita

Sin embargo, la jueza otorgó medidas a los nueve sindicados, entre ellas arresto domiciliario y no les fijó fianza.

Las medidas que les otorgaron son:

• Arresto domiciliarioArraigo
• Acudir a cada 15 a registrar huella dactilar
• Prohibición de comunicación con coimputados en el caso
• Sin caución económica (pago de fianza)

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El MP no apeló la resolución del Juzgado Quinto Penal y justificó que se trata de una “estrategia fiscal”.

Las nueve personas que fueron beneficiadas con esta medida estaban prófugas de la justicia desde el 5 de noviembre de 2021 cuando las autoridades capturaron a buena parte de los señalados en el caso y se entregaron a la justicia el 26 de enero pasado.

Vinculan a diputado

En la audiencia de primera declaración de los nueve procesados, el lunes 31 de enero, la Feci expuso mensajes extraídos de celulares confiscados en el Caso Clima, Corrupción y Poder y estos revelan cómo el diputado Jorge García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco en el Insivumeh.

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El legislador no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.

Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.

Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.

En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva.

Primeras capturas

El 5 de noviembre las autoridades efectuaron 36 allanamientos en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte de un operativo de la Feci por el caso Clima, corrupción y poder.

En los operativos fueron capturados:

1. Yeison Broderson Samayoa Velásquez, director del del Insivumeh
2. Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.
3. Jorge Porfirio Navichoque Sánchez
4. Manuel de Jesús Hernández Marroquín
5. Lesly España Torres
6. Adelso Antonio Marroquín Sandoval
7. Carlos Manuel Caal de La Cruz
8. Elmer Yasid Ramirez Hernández
9. Cindy Jerusalem Chicoj Hernández
10. Susana Carolina Catalán Pereira de Chicoj
11. Pedro Peña Alvarado
12. Elmer Jeovany Pinto Ramírez
13. Marleny Gessel Diaz
14. Toribio Alfonso Sequén Jocop
15. Mónica Danirla Tagre Ordóñez
16. Tracy Mishael Sánchez Rivera
17. Joel Andrés Villagrán Villagrán
18. Diego Alejandro García Villagrán

El 30 de noviembre de 2021 la jueza Judith Secaida ligó a proceso a 16 de los 18 capturados por el caso de corrupción en el Insivumeh.

Fueron ligados y enviados a prisión preventiva Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita y Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.
Los otros 12 implicados fueron ligados a proceso y enviados a arresto domicialiario.

Joel Andrés Villagrán Villagrán y Diego Alejandro García Villagrán no fueron ligados a proceso penal.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron este miércoles 26 de enero no conocer la solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra el diputado Jorge García Silva, enviada por el Juzgado Quinto Penal por su presunta implicación en el Caso Clima, Corrupción y Poder.

Los magistrados de la CSJ devolvieron la certificación inhibitoria al Juzgado, en momento en que la esposa y el hijo del diputado se entregaban a la justicia por su vinculación al Caso Clima, Corrupción y Poder.

Los familiares del legislador tenían una orden de detención emitida en diciembre por el caso denominado Clima, Corrupción y Poder, denunciado en 2020, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).

Los detenidos son Trinidad Monterroso Bonilla y Jorge Eduardo García Monterroso, esposa e hijo, respectivamente, del legislador Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, aliado al oficialismo.

Monterroso Bonilla y García Monterroso se encontraban prófugos desde diciembre pasado por un millonario caso de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ente estatal encargado de monitorear actividades atmosféricas.

Según la denuncia realizada en noviembre de 2020, el diputado, que goza de inmunidad, habría facilitado contratos de servicios de asesoría a través de una entidad mercantil vinculada a él y su esposa, así como de otras personas de su partido, por unos Q27 millones (unos 3,5 millones de dólares).

Una investigación del diario local La Hora precisó que la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado.

El caso se conoció públicamente hasta el 5 de noviembre del 2021 cuando el MP, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó varios allanamientos y capturó a 16 personas por estar implicadas en este caso de corrupción, entre ellos al director y subdirectora del Insivumeh, Yeison Samayoa y Astrid Amanda Montes, respectivamente.

Desde el 12 de enero la Interpol había activado una alerta roja internacional en contra de la esposa y el hijo del parlamentario para ser capturados.

Según las investigaciones del MP, los sindicados habrían participado en la compra irregular de un equipo para la institución científica.

El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, que tiene bajo su cargo el caso, decidió en noviembre pasado ligar a proceso penal a los 16 detenidos por la corrupción en el Insivumeh, bajo cargos de fraude, asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.

Con información de EFE