Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) dieron audiencia por 24 horas al togado Neftaly Aldana, quien se encuentra suspendido por quebrantos de salud y cuya familia exige la cesantía de su cargo.

Gloria Porra, presidenta de la CC, comentó que se determinó ese procedimiento, debido a que no tienen claro si Aldana está imposibilitado, pues en una exhibición personal respondió las preguntas del juez.

“Del informe médico que se nos presentó no se desprende que el magistrado adolezca de ningún problema de salud mental, únicamente refiere que tiene una imposibilidad física para trasladarse y algunos problemas para comunicarse y nos ha creado la duda el hecho de que en una exhibición personal un juez le dirige preguntas y el magistrado responde, lo que nos da la preocupación de que no tenga él ese derecho y por eso se decidido correrle la audiencia para que se pueda manifestar ”, señaló Porras

En tanto, un comunicado de la CC detalla: “luego de un amplia discusión, por unanimidad, el Tribunal acordó que, en decreto emitido por presidencia se confiere audiencia por 24 horas al Magistrado Neftaly Aldana Herrera, para que, con anuncia del Médico tratante, siempre en resguardo de su salud y de su vida, haga uso del derecho de audiencia que le asiste, respecto de la petición planteada”, señala el comunicado, el cual fue modificado, pues en una primera versión se incluía los nombres de los magistrados asistentes.

Sin embargo, la magistrada titular, Dina Ochoa, refirió que citar a Aldana a una audiencia no es lo más prudente debido a su estado de salud.

“Derivado de las condiciones graves de salud acreditadas mediante certificado médico del Magistrado Neftaly Aldana considero cruel, inhumano y egradante citarlo a una audiencia. Aclaro a la población que conforme mi criterio legal, lo que procede en el presente caso es declarar la cesantía en el ejercicio del cargo del Magistrado Aldana Herrera”, escribió en un comunicado la magistrada Ochoa.

Este jueves 8 de octubre estaba programada la sesión plenaria de la Corte de Constitucionalidad (CC), en la que se analizaba la solicitud de suspensión del magistrado Neftaly Aldana, un pedido hecho por la familia del togado, quienes argumentan quebrantos de salud.

En un comunicado de la CC, se asegura que la sesión fue suspendida debido a la inasistencia de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá, por lo cual la cita se reprogramó para el viernes 9 de octubre.

En una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, la magistrada Ochoa se refiere a esa situación y a la crisis que hay en la CC.

En relación al comunicado de la Corte de Constitucionalidad que afirma que no se logró sesionar para conocer el caso del magistrado Neftaly Aldana, porque usted no compareció, ¿qué dice al respecto?

Rechazo ese comunicado y lo rechazo y manifestarle al pueblo de Guatemala que la Corte está en una Crisis institucional, precisamente por esa falta de integración establecida en la Constitución -Política de Guatemala.

Nosotros en reuniones previas acordamos que se iba a declarar la cesantía de nuestro colega y amigo Neftaly Aldana. Hemos venido pasando algunas circunstancias, pero dentro de los comunicados siempre se dice mentiras, que es lamentable.

Me solicitaron mis colegas reforzar un proyecto de acuerdo de cesantía, es una cuestión de tipo administrativo, y a pesar de ser muy claros los hechos que está pasando el magistrado Aldana, ayer recibimos un certificado muy contundente, muy contundente en relación a la situación de él.

No declarar la cesantía, que es la figura que obliga a los magistrados de la Corte conocer. El artículo 161 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en su último párrafo dice que será la Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que requiera la suspensión del magistrado. Pero habla sobre las causas de cesantía.

El verbo es que hay que cesarlo y como consecuencia suspender al magistrado en el ejercicio.

¿Por qué no se presentó a la reunión?

El día de hoy, con indignación, después de haber estado todas estas semanas hablando de la situación y las circunstancias -de Aldana-, recibo un correo distinto en donde se deniega la cesantía. Es un proyecto de acuerdo donde se deniega la cesantía.

Ellos -los otros magistrados -presentaron un proyecto, pero ayer habíamos acordado otra cosa, se suponía que sí lo íbamos a cesar.

Entonces les mando yo un chat, tenemos un chat, y con respecto les digo miren verdaderamente que con indignación había recibido este documento en donde dice que vamos a declarar la cesantía, lo cual ya lo habíamos hecho. Solo estábamos esperando el informe médico para que esto fuera contundente y todos estuvimos de acuerdo.

Yo mandé un chat y me respondieron el chat. La magistrada presidenta -Gloria Patricia Porras Escobar- me respondió el chat. Me dijo el espacio para discutir en sesión, es en el pleno, pero eso ya fue discutido. Ya todos habíamos acordado y discutir de nuevo ya no.

Acordamos que se insertaría a nueva cuenta, la información vertida en el nuevo certificado médico, para tener un asidero legal y para declarar la cesantía.

La figura para lo cual se me ha convocado no es una figura establecida en la Constitución, ni en la Ley de Amparo. La Ley de Amparo dice que yo puedo conocer cesantía, que trae como consecuencia, suspensión, pero no puedo conocer una suspensión que se le quiera dar otro carácter, eso sería función exclusiva de la presidenta, si quiere conocer, porque ella es la encargada, en este momento, de resolver los temas administrativos.

Otra situación, pues yo no podría ni firmar ni integrar, ni dada. Esto es contra la Ley. Yo esperaba que hoy se resolviera esto -el tema del magistrado Aldana- precisamente para darle cumplimiento a las obligaciones constitucionales.

Este proyecto de acuerdo para no otorgar la cesantía ¿quién lo presenta?

Quien envió es proyecto fue la presidenta -Gloria Patricia Porras Escobar-. Ayer habíamos acordado otro proyecto de acuerdo, no este, que es con una figura no legal, con una figura ilegal entonces a la ciudadanía hay que hablarle con claridad y con la verdad.

Yo creo que en este momento no hay discusión. ¿Qué vamos a discutir?, si el informe -médico- es evidente. ¿Qué otra figura podríamos discutir?

Si declaramos sin lugar la cesantía, tendría que regresar el magistrado Aldana. Es inhumano.

¿Qué consecuencias tiene para la Corte de Constitucionalidad retrasar tanto esta decisión del magistrado Aldana?

Paraliza. Se está paralizando la justicia constitucional, pero cambiar las figuras no se puede y es una manifestación de ilegalidad.

A nadie nos pueden obligar a hacer actos que van en contra de la Ley y menos a un magistrado o magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

¿Realmente no se pude integrar la Corte sin resolver el tema del magistrado Aldana?

No se podría. La ciudadanía necesita certeza, hay principios que son muy importantes y que la ciudadanía reclama, como lo son transparencia, certeza jurídica y rendición de cuentas. Son principios éticos que se tienen que cumplir, son principios que manda la Constitución y no se pueden cambiar.

Estamos obligados a dar esa certeza jurídica. La Constitución establece la integración de cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, designados por cada órgano del Estado. Vivimos en una República. Ahorita tenemos cuórum, pero no hay integración real.

¿Hay alguna lucha de poder al interior de la CC para no definir la situación del magistrado?

Yo no tengo ninguna lucha. Mi lucha es el respeto a la Constitución, con lo cual juré cumplir, y el respeto a los derechos humanos del magistrado Neftaly Aldana y de la familia. Esos son derechos humanos que son inherentes, que no podemos cambiar.

Yo no sé si los demás colegas tengan alguna lucha, política, yo no la tengo. Mi obligación es el cumplimiento de la Constitución y de las demás leyes de la República.

¿Cómo visualiza ahora el futuro en la CC con el nuevo proyecto que quieren implementar para no otorgar la cesantía?

Imagínese, si hemos pasado una semana en esta situación. ¿Qué podría esperar el pueblo si eso se lo está haciendo a un magistrado, en donde acreditaron su situación? ¿Qué podemos esperar?

¿Qué puedo esperar yo? Que se decidan diciendo mentiras en la información que se está dando.

Creo que debería de haberse hecho la sesión públicamente para que el pueblo conociera la verdad.

A las 18 horas del domingo la CC notificó los autos emitidos por la Corte al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; una mandataria de la CICIG, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, donde les otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la cancelación de visas de 11 investigadores de la Comisión donde les daban 12 horas para regresar visas.

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Este lunes 24 de diciembre a las 6 de la mañana venció el plazo para que las autoridades del gobierno de Guatemala, cumplieran con le ordenado por la máxima Corte del país.

“Vencido el plazo de las 12 horas fijado por la Corte de Constitucionalidad para dar cumplimiento al amparo provisional de otorgamiento de las visas, no tenemos ninguna novedad al respecto”, señaló el Portavoz de CICIG, Matías Ponce.

Instituciones en asueto

Los magistrados indicaron que luego de notificadas las partes, el gobierno tenía un plazo de 12 horas para regresarle las visas a los 11 funcionarios de CICIG, sin embargo las instituciones públicas se encuentran en asueto por las fiestas de Navidad.

Según lo señalado por algunos expertos en materia jurídica aunque todos los días y horas sean hábiles para realizar las resoluciones de la CC, en las instituciones públicas no pasa lo mismo ya que ellos se rigen en horarios hábiles.

Visas debieron ser emitidas

Oswaldo Samoyoa, abogado por Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), indicó que el gobierno debió emitir las visas este mismo 24 de diciembre ya que por ley el asueto empieza a correr desde las 12:00 horas.

“Independientemente de las vacaciones o del descanso que represente el 24 de diciembre, debemos recordar que el asueto comienza a partir del mediodía conforme al Código de Trabajo y las leyes especiales laborales,  entonces esto no debería limitar a que la Cancillería y Migración den inmediatamente y cumplan con los ordenado por la Corte de Constitucionalidad“. Señaló Samayoa

Además indicó que “independientemente del descanso o de los plazos de descanso que hay para estas fechas es una orden de la CC, es un plazo que debe cumplir que deforma inmediata por lo que sea que quién sea que esté a cargo de esto debe dar instrucciones a su personal para que se presenta hoy, emita las visas  y con esto cumplir con lo que la CC le ha ordenado”.

Podrían incurrir en delito

Samayoa también indicó que si el gobierno no cumple con lo demandado por la máxima Corte estaría cometiendo un delito.

 ” De no emitirlas incumplen y CC debería de certificar lo conducente por incumplimientos  a su resolución para que Ministerio Público en casa el funcionario con antejuicio para que el MP, solicite el retiro de antejuicio o inicie el proceso en contra de estas personas“, enfatizó Samayoa.

Además también se ordenó a Cancillería que en lo sucesivo resuelva favorablemente las solicitudes de visa que estén pendientes de extender, y que se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y el tránsito de los funcionarios del ente internacional.

Gobierno no responde

Noticiero Guatevisión trato de comunicarse con Cancillería, pero las llamadas no fueron atendidas, mientras que Alfredo Brito el Secretario  de Comunicación de la Presidencia señaló que se encontraba de descanso y no tenía detalles sobre la recepción del expediente de la CC.

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Los trabajadores afectados son:

La decisión del máximo tribunal se dio por mayoría, con los votos de los magistrados Neftaly Aldana, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Boanerge Mejía, y tuvo el voto disidente de la magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escribá. 

• Coriolando Marcelo Umpierrez Osorio
• John Washington Giménez Robayna
• Vicenzo Caruso
• María Martín Quintana
• Fernando Robles Reyes
• Yilen Osorio Zuluaga
• Roque Marcelo Veliz López
• Horacio Roberto Piccardo Candia
• Luis Fernando Orozco Álvarez
• Fernando Washington Dos Santos Oliveira
• César Augusto Rincón Sabogal

Casos en los que participan

Vicenzo Caruso dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, FCN-Nación. Aunque recibió la visa de cortesía el pasado 18 septiembre, le fue revocada luego de exponer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que da seguimiento al antejuicio contra Jimmy Morales.

César Rincón es un abogado que representaba a la comisión en los casos IGSS-Pisa y Botín Registro de la Propiedad, en el cual están involucrados Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente.

A Luis Fernando Orozco, investigador responsable del caso La Línea y mandatario de Cicig en el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN-Nación.

Yilen Osorio estuvo a cargo de la investigación del caso Traficantes de influencias, en la que se señala al diputado Felipe Alejos.

Roque Veliz participa en el caso contra Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia separada del cargo.

Según lo resuelto por los magistrados luego de notificadas las partes, el gobierno tiene un plazo de 12 horas para regresarle las visas a los 11 funcionarios, pero la notificación no ha llegado debido a que falta el razonamiento de los votos de la magistrada presidenta de la CC, Dina Ochoa.

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El viernes por la noche y después de una sesión de al menos 4 horas la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; una mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, otorgandoles el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último.

Un plazo de 12 horas

La resolución de la máxima Corte da un plazo de 12 horas al Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones, a partir de la notificación, para que extienda las visas de cortesía que fueron revocadas y las solicitadas por la Cicig.

Además también se ordenó a Cancillería que en lo sucesivo resuelva favorablemente las solicitudes de visa que estén pendientes de extender, y que se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y el tránsito de los funcionarios del ente internacional.

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La decisión del máximo tribunal se dio por mayoría, con los votos de los magistrados Neftaly Aldana, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Boanerge Mejía, y tuvo el voto disidente de la magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escribá, pero ella aún no ha presentado sus votos razonados por lo que aún no se ha podido enviar la notificación. 

Notificación debe ser al día siguiente

Según la Ley de Amparo en su artículo 5 ordena que debe notificarse una resolución al siguiente día de haberse realizado.

Por su parte el artículo 181 de la misma ley establece que si en alguna resolución alguno de los magistrados disiente de la mayoría, “deberá razonar su voto en el propio acto”.

Es decir que si Ochoa no cumple con los tiempos para elaborar su voto, podría incurrir en desobediencia y ser destituida, tal como lo regula el artículo 78 de la Ley de Amparo.

De acuerdo con lo que confirmó la propia Corte, esta no ha notificado el auto de ampliación porque el documento debe entregarse con los votos razonados y en este caso, se presentaron dos: Uno del magistrado Neftalí Aldana (quien ya lo entregó a la corte) y el otro de la magistrada presidenta Dina Ochoa, quien aún no entrega el documento con su razonamiento, por lo que no se ha podido notificar esta aclaración.

Ejecutivo espera a la CC

Mientras no sea notificado, el Ejecutivo puede mantener su decisión de impedir el ingreso de Iván Velásquez al país, ya que esa fue la interpretación que le dieron al fallo emitido por la máxima corte el 16 de septiembre. Dina Ochoa, electa por el mandatario para el cargo, no explica por qué su tardanza.

El Procurador de los Derechos Humanos, como tercero interesado llegó a la Corte de Constitucionalidad a verificar el por qué del retraso y la Corte le dio esa explicación, Jordán Rodas, dijo a la prensa que espera que el Ejecutivo actúe de buena fe en acatar la resolución de la Corte.

“La CC está obligada a notificar a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva resolución [Art. 5º. Inciso c) de la Ley de Amparos]. No hay obligación de adjuntar los votos razonados, debe notificarse la resolución sin el voto si no está listo. Por ley, si la Presidenta de la CC no hizo su voto en tiempo, la resolución se considerará votada en el mismo sentido que la mayoría, sin que sea necesario ningún pronunciamiento al respecto.  La Presidenta al impedir la notificación de la resolución porque no hizo su voto en tiempo, está obstruyendo la justicia, con lo cual es legalmente responsable”, dijo el abogado Alfonso Carrillo quien ganó el fallo y la ampliación pero aún no ha sido notificado.