Estados Unidos restringió visas este sábado a cien funcionarios del mandatario nicaragüense Daniel Ortega por “ataques” a las libertades civiles, como la confiscación de bienes de una universidad jesuita y la detención del obispo Rolando Álvarez, anunció el jefe de la diplomacia, Antony Blinken.

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por Estados Unidos y la Unión Europea.

El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, afirma Blinken en un comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.

Washington impone “restricciones de visa a cien funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, añade, sin detallar los nombres de los sancionados.

El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia Católica.

El caso de Álvarez, detenido hace un año, es uno de los temas de fricción, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano.

Álvarez fue condenado en febrero a más de 26 años de cárcel tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.

En un mensaje en X (antes Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó este sábado que Ortega y Murillo lo detuvieron “arbitrariamente” por “predicar justicia y paz para Nicaragua”.

La Universidad Centroamericana, una institución de los jesuitas, también sufrió un duro golpe esta semana, al suspender todas sus actividades después de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

Blinken le advierte al gobierno de Ortega de que Estados Unidos seguirá trabajando “con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia” y apoyar “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado este viernes 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, y fue despojado de su nacionalidad.

El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos.

Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció anoche que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

El obispo fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

“Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria”, según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Rothschuh Andino.

De qué delitos lo acusan

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

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Además, el obispo nicaragüense fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.

“Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, según el fallo.

Asimismo, la judicial declaró “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense al sancionado Rolando José Álvarez Lagos”.

Detalles de la sentencia

Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el religioso fue condenado a 15 años de prisión, a 5 años por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años y 4 meses por el delito de obstrucción de funciones agravada y 1 año por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Además, fue sancionado con 800 días multa (uno 1 mil 555 dólares).

“Las penas de prisión impuestas serán cumplidas de forma sucesiva: 26 años y 4 meses de prisión”, según la sentencia, en la que se establece que el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049.

El obispo tenía previsto enfrentar el juicio el próximo 15 de febrero, sin embargo fue adelantado después que el jerarca se negara a subir a un avión con otros 222 prisioneros.

Ortega tildó a Álvarez de tener un “comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa” Francisco, por negarse a irse a EE.UU.

“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno”, lanzó anoche Ortega. EFE

A sus 82 años, Vilma Núñez asegura que la única forma en que podrían silenciar su lucha por los derechos humanos en Nicaragua sería encerrándola o matándola.

Esta fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cree que la actual ola de arrestos de precandidatos y políticos opositores en su país marca una situación inédita en América Latina al menos desde los regímenes militares de la década de 1970.

Núñez responsabiliza por eso al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar los ideales de la revolución sandinista tras derrocar al régimen de Anastasio Somoza, una revolución en la que ella misma depositó esperanzas en su momento.

“Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país”, dice Núñez en una entrevista con BBC Mundo desde Managua.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta abogada reconocida internacionalmente por una tarea que dice llevar adelante en medio de hostigamientos y dificultades como la cancelación de la personería jurídica de la Cenidh en 2018 y la destrucción de instrumentos de trabajo.

¿Cómo es el trabajo día a día de una defensora de los derechos humanos como usted en la Nicaragua actual?

Es difícil explicarlo y sobre todo que se lo imaginen incluso colegas defensores de los derechos humanos en otros países donde existen institucionalidad y políticas para apoyar el trabajo de derechos humanos.

Aquí prácticamente estamos criminalizados, se nos considera prácticamente enemigos del régimen, que trata de ignorar cuál es el rol de fiscalización que debe impulsar un organismo de derechos humanos frente a las acciones y abusos que los gobiernos dictatoriales como el que tenemos aquí en Nicaragua cometen en contra de la población.

 

Trabajamos como podemos. No podemos hacer nada frente a las instancias jurisdiccionales nacionales, porque allí tampoco funcionan los mecanismos de prevención para derechos humanos.

Aquí, aparte de que el Poder Judicial no tiene independencia, se ha convertido o lo ha convertido Daniel Ortega en un instrumento de represión más. En este momento prácticamente es el que lleva la delantera en la represión que se impulsa en este momento.

Estamos documentando y acompañando a las víctimas con limitaciones, porque muchas veces las víctimas no quieren que se dé a conocer su nombre y se transmita a los organismos internacionales. Y una denuncia sin un nombre limita la credibilidad y la posibilidad de que los organismos internacionales reaccionen.

Es una situación emocionalmente difícil, con un costo muy grande, asumiendo los riesgos que significa estar prácticamente enfrentados a un poder que está dispuesto a cualquier cosa en este país.

¿Han podido establecer cuántos precandidatos, políticos opositores y personas que trabajaban para ellos fueron detenidos este mes?

Sí. En este momento estamos enfocados en dar acompañamiento directo incluso a muchos de los que están encarcelados.

Ya ni siquiera estamos seguros de que estén encarcelados, porque no hay información cierta del lugar donde se encuentran.

En este momento son 20 personas, cinco de ellas que eran precandidatos a la presidencia de la República y participarían en las elecciones que se realizarían el 7 de noviembre. Con esta acción consideramos que cada día se aleja la posibilidad de que éstas se realicen.

Están prácticamente detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de lucha en la revolución como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller.

Están detenidos dos funcionarios empleados de Cristiana Chamorro, que era la candidata que tenía como la mayor aceptación a nivel de las encuestas [y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario]. Incluso tienen detenido y prácticamente desaparecido, porque es del que tenemos menos información, a su chofer particular.

 

Esas son las personas que en este momento, dando un voto de credibilidad, están en el centro de Auxilio Judicial, que es donde la policía investiga centralizadamente, pero que se ha convertido prácticamente en un centro de tortura.

Los dos funcionarios de la fundación Violeta Barrios de Chamorro están presos desde el 28 de mayo y sus familiares no los han podido ver, ni sus abogados se han podido entrevistar con ellos. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo.

Es realmente doloroso. Cada día los familiares peregrinan hacia las cárceles a dejar comida y resulta que no se las reciben. Desde hace dos días sólo están recibiendo agua. Y hay señales, por algunas medicinas que han solicitado algunos parientes, de que hay un deterioro de salud en algunos de ellos, porque casi todos son personas de edad con enfermedades crónicas.

Los tienen encerrados, como metidos en una caja, y no sabemos en qué condiciones están adentro. No se sabe nada.

De esos 20 detenidos, ¿de cuántos ustedes no han podido determinar su paradero y estado de salud?

De los únicos que tenemos seguridad dónde están son Cristiana Chamorro, porque está en su casa por cárcel, incomunicada, y María Fernanda Flores porque también está en su casa.

De los otros 18, sólo lo que nos dicen: que se los llevaron porque están siendo investigados.

Están juzgándolos de manera antojadiza por delitos que no existen y que sobre todo no han cometido. Les están aplicando una ley que crearon específicamente para ellos. Prolongaron hasta por 90 días la detención preventiva.

No sabemos qué está pasando.

Los familiares los declaran como desaparecidos mientras no los muestren y den pruebas claras de que están allí.

Nosotros, como organismo de derechos humanos, los consideramos rehenes de la dictadura.

¿Cómo se vive a nivel de la población todo esto?

No podría valorar en términos absolutos cómo vive la población de Nicaragua. Sin embargo, hay una realidad: un 70% de la población ha rechazado al actual régimen.

Esa gente vive en una situación de incertidumbre e inseguridad porque prácticamente se ha establecido un estado de sitio de hecho. Tienen militarizadas prácticamente las ciudades con patrullajes permanentes de policías, fuerzas especiales y grupos armados con comportamiento paramilitar.

 

Además han organizado a las fuerzas políticas que ellos tienen y los han convertido en órganos de espionaje. Todos convivimos y ya no sabemos cuál de nuestros vecinos… Todo el mundo camina viendo al lado porque se ha establecido que detrás de una denuncia de uno de estos señores del Consejo del Poder Ciudadano viene la captura y agresión policial.

Cada día la situación económica se agrava, con las limitaciones además que impone una pandemia mal manejada por el gobierno.

La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista.

¿Es posible en este contexto que vuelvan las protestas antigubernamentales que hubo en Nicaragua en 2018?

Sería lo ideal que la gente tuviera la posibilidad de manifestarse. Sin dudas, si encierran a esas fuerzas represivas y se deja que la gente se manifieste, las calles de Nicaragua se volverán a llenar. Pero ahora no se puede.

El gobierno trata de encubrir esta represión, que tiene como objetivo buscar cómo eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral, de elecciones libres y transparentes, porque sabe que perdería.

Está aferrado al poder y quiere perpetuarse en el mismo, lo que significa no solamente concentrar el poder político sino que prácticamente seguir usufructuando los millones que se han prácticamente sustraído del erario público y de la cooperación internacional, específicamente de la cooperación venezolana.

Usted comparaba la situación actual de derechos humanos con lo que ocurría durante el régimen de Somoza. Algunos se preguntan cómo se compara este momento que vive Nicaragua con la represión que hubo en el pasado en otros países de América Latina. ¿Puede responder esto?

Son situaciones diferentes y escenarios distintos, pero la repercusión que está teniendo esta acción criminal de la dictadura en contra de una población de apenas seis millones de habitantes, le aseguro que tiene los mismos niveles y las repercusiones de las acciones de Pinochet, de las juntas militares de Argentina, Uruguay y Brasil.

Aquí Daniel Ortega tiene un odio personal contra dirigentes políticos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. Por ejemplo, el general retirado Hugo Torres, vicepresidente de un partido disidente del Frente Sandinista, prácticamente expuso su vida en un operativo en 1974 para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. A ellos los está tratando con una saña perversa.

¿Usted dice que esta situación que se vive en Nicaragua es algo inédito para América Latina por lo menos desde los regímenes militares de los años ’70?

Efectivamente: según mi conocimiento, y espero no equivocarme, es una situación verdaderamente inédita.

Además, el presidente Daniel Ortega y su esposa se dan el lujo de convocar (el miércoles 23 de junio) a un evento en una plaza y se dedican prácticamente a amenazar, dando como una respuesta a la comunidad internacional que les está pidiendo la liberación inmediata de los presos políticos, que cese la represión, que se haya elecciones libres.

 

Dijo: a mí no me van a presionar, lo que estamos juzgando no son ni candidatos a la presidencia ni dirigentes políticos, aquí estamos juzgando a criminales y vamos a ir hasta el final.

Entonces imagínese al ambiente de terror que había cuando este señor terminó de hablar frente a una cadena de radio y televisión.

En ese discurso Ortega también dijo que quienes gritan son “los enemigos de la revolución”. ¿Cómo toma esto?

Es el discurso que maneja hacia afuera. El dice que todo esto es una estrategia del gobierno norteamericano y del colonialismo europeo para destruir a su gobierno y a Nicaragua, que todos estos dirigentes políticos, con todas sus calidades y posibilidades, son títeres y agentes del imperialismo, usando el lenguaje trasnochado de la época de la Guerra Fría.

La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega para que detenga esta ola de arrestos y libere a las personas detenidas. ¿Podría hacerse algo más desde el exterior para defender los derechos humanos en Nicaragua?

En el acompañamiento de la comunidad internacional considero que ha habido altos y bajos.

Hubo una primera reacción cuando aparecieron los 328 asesinados en 2018. Y como la represión nunca terminó, pero cambió de modalidad, también cambió y bajó el tono de la comunidad internacional.

La gente de Nicaragua ha decidido lograr el cambio. Un verdadero cambio pasa por la finalización del gobierno dictatorial de Daniel Ortega.

Hemos optado por la vía cívica, buscar cómo hacer uso del derecho a la protesta y concluir de la única forma en los gobiernos democráticos: el proceso electoral. Ese es el instrumento que ahora está siendo bombardeado.

Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país.

Ante esta arremetida brutal se volvió a alarmar la comunidad internacional, que estaba apostando incluso a proponer cooperación técnica para intentar un proceso electoral democrático.

Usted fue parte de la lucha contra el régimen de Somoza y estuvo presa por eso, ¿verdad?

Sí, soy una luchadora por los derechos humanos desde 1958. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la universidad fue integrarme al movimiento estudiantil y fundamos el primer comité pro-libertad de reos políticos universitarios, entre los cuales estaba Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista.

Contra todo eso luchamos. Después de avanzar esa lucha, me involucré con el Frente Sandinista, convencida de que estábamos impulsando una transformación donde las libertades públicas fueran el sustento para desarrollar las transformaciones sociales y económicas que un país necesita.

Sin embargo, vimos que pronto eso se empezó a desdibujar y se empezó a erigir un gobierno completamente autoritario.

Yo pensaba sinceramente que la lucha había que darla adentro, que la falta de democracia que ya sentíamos dentro del Frente Sandinista había que combatirla adentro. Y aquí nos quedamos hasta que esa situación se vuelve insostenible.

 

Me separo prácticamente del Frente Sandinista en 1998 cuando Zoilamérica Narváez, la hija adoptiva de Daniel Ortega, denuncia la violación a ella por Daniel Ortega desde que tenía 11 años. Fui yo la abogada, en el Cenidh asumimos su representación legal y llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos. Por haber creído y haber sido parte, cargamos con culpas que no tuvimos directamente.

Todo esto permanece en la impunidad. Nosotros esperamos que haya justicia algún día. Si no se puede lograr justicia en los tribunales de Nicaragua, que sean los tribunales internacionales los que se encarguen de juzgar estos crímenes para que no queden en la impunidad.

No puede haber borrón y cuenta nueva. Si se vuelven a hacer arreglos, si se recurre a amnistías generales y todo eso, el ciclo de violencia vuelve a repetirse. Es lo que dice la historia.

A sus 82 años, ¿teme que a usted también la arresten?

Defender derechos humanos tiene que llevar implícita la decisión de enfrentar al poder y asumir los riesgos que eso implica, sobre todo cuando enfrentas regímenes dictatoriales.

La promesa que le hicimos al pueblo de Nicaragua el día que nos arrebataron la personería jurídica del Cenidh fue que no nos vamos a callar.

Vamos a seguir luchando hasta que podamos, hasta el momento en que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo se les ocurra callarme. Callarme significaría capturarme y encerrarme, o matarme.

Los chilenos decidieron este domingo por una aplastante mayoría del 77,9 % reemplazar su actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se ha escrutado más del 60 % de los votos en el histórico plebiscito surgido de las protestas de octubre 2019.

Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación, se impone con un 79,06 % la opción de la convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, según los últimos datos ofrecidos, que se presumen irreversibles, informados por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

La opción del rechazo al cambio constitucional recibió un 22,03 % de los votos, mientras que la opción de que la nueva Carta Magna la elabore una convención mixta formada por parlamentarios y ciudadanos electos obtuvo el 20,94 % de los votos.

Las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de nueves meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el texto de la nueva Carta Magna.

El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum, ya en 2022, que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o rechazan.

“Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente, por primera vez con plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una nueva Constitución para Chile”, dijo el presidente del país, Sebastián Piñera, en una intervención pública desde la sede del Gobierno, dando la victoria a la opción del cambio de Carta Magna cuando apenas se había escrutado el 20 % de los votos.

El plebiscito fue fruto de un acuerdo político entre el oficialismo y casi todas las fuerzas de oposición para descomprimir la grave ola de protestas desatadas el año pasado contra la desigualdad y en favor de mejores servicios básicos, que entre masivas manifestaciones pacíficas produjo también episodios de extrema violencia y represión policial, y causó al menos 30 muertos y miles de heridos.

La consulta, que en un primer momento se programó para abril de este año, se pospuso hasta esta jornada debido a la pandemia y se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias y de distancia física.

La oposición de izquierdas se mostró partidaria del cambio en todo momento mientras que los cuatro partidos de derechas que integran la coalición gubernamental se mostraron divididos, entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y quienes apoyaban elaborar un nuevo Texto Fundamental.

Piñera no se pronunció públicamente sobre el sentido de su voto y se limitó a alentar la participación, al tiempo que pidió a su gabinete no participar en actos públicos en apoyo a ninguna de las opciones.

Desde el comienzo de la tarde, la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile se llenó de miles de personas para esperar el resultado del conteo de votos y celebrar desde muy pronto la tendencia que daba la victoria al cambio constitucional, festejos que continúan a estas horas y se reproducen en otras ciudades del país.

Según las cifras oficiales, ningún país latinoamericano tiene menos casos de covid-19 que Nicaragua.

El país centroamericano había incluso mantenido la cifra de casos confirmados en dos dígitos -únicamente 25- hasta este martes, cuando el total subió repentinamente a 254, con 17 muertos.

Pero sigue siendo una estadística baja particularmente para un país donde el gobierno sigue sin ordenar mayores medidas de aislamiento e incluso promueve actividades masivas, como la ya célebre marcha “Amor en tiempos del covid-19”.

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¿Cómo se explica esta paradoja en un país que tiene además uno de los sistemas de salud peor financiados de toda América Latina?

¿Y qué hay detrás de los reportes de un dramático aumento en el número de nicaragüenses acudiendo a los hospitales con graves afecciones respiratorias o muriendo por “neumonías atípicas“, como pareció reconocer involuntariamente el propio presidente Daniel Ortega en su última comparecencia pública?

BBC Mundo se puso en contacto en diferentes oportunidades con el Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) para solicitar una entrevista al respecto, pero no obtuvo respuesta.

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Así que para tratar de arrojar algo de luz al respecto recurrimos a uno de sus antiguos directores de vigilancia epidemiológica, el Dr. Álvaro Ramírez, quien ofreció una sencilla respuesta: que las cifras oficiales están muy lejos de la realidad.

Ramírez, quien tiene una maestría en epidemiología por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, reside actualmente en Irlanda pero se mantiene en estrecho contacto con sus colegas y se desempeña como asesor de epidemiología de la Asociación Médica Nicaragüense.

“Tengo semanas viviendo en horario nicaragüense”, le dice a BBC Mundo, para luego advertir que la inacción del gobierno que preside Daniel Ortega podría tener consecuencias catastróficas para el segundo país más pobre de América Latina.

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A continuación, un extracto de la conversación con el epidemiólogo nicaragüense.

Si Nicaragua ha estado en las noticias ha sido porque el gobierno no ha ordenado ninguna medida de aislamiento para frenar la pandemia. Y sin embargo las cifras oficiales reportan poquísimos casos, el menor número en toda América Latina. ¿Cómo se explica?

El problema con las estadísticas del MINSA tiene que ver con su definición de caso, que inicialmente era “paciente proveniente del extranjero, o con contacto con personas provenientes del extranjero, que presenta síntomas severos de coronavirus”.

Por lo tanto, si el paciente no tenía contacto con el extranjero, no se les hacía el test (para confirmar o descartar la presencia del coronavirus). Esa política se mantuvo durante los primeros meses e incluso ahorita, en mayo.

Y los números reflejan esa definición de caso. De hecho, a mucha gente que estaba con síntomas, pero no había estado en el extranjero, se les ponía en cuarentena y se les trataba como sospechosos, pero no se los incluía en los datos.

¿A usted le parece un protocolo adecuado?

No. Nosotros hemos enfrentado epidemias en Nicaragua antes, y en el caso del dengue, por ejemplo, definimos como caso sospechoso a cualquier persona que tuviese fiebre.

Y hacíamos los tests, independientemente de si había otras posibles razones para la fiebre, para confirmar o no dengue. Cuando el cólera entró a Nicaragua en los años 90, nosotros definimos que cualquier proceso diarreico profuso podía ser sospechoso de cólera mientras no se demostrara lo contrario.

Entonces empezamos a hacer muestreos por todo el país para identificar si había circulación de cólera o no. Pero en esta epidemia el gobierno decidió hacerle la prueba solamente a la gente que reuniera ese criterio.

El último reporte del MINSA sugiere sin embargo que eso podría estar cambiando…

Sí, en su último comunicado ya incluyen “casos confirmados y probables de covid”. Eso es lo que dicen. Es decir, a decidieron incluir no solo a los que tengan tests, sino los que tienen la sintomatología, los que son clínicamente probables de covid.

¿Cómo explica usted ese cambio?

Primero, por la realidad y el nivel de presión social que existe.

Segundo, porque se dieron cuenta que su manejo ya estaba afectando el comercio internacional (con el cierre de la frontera con Costa Rica).

Y tercero, que como la tasa de letalidad estaba en 32%, la más alta del mundo, necesitaban bajarla. Y la única forma es a costa de un incremento exponencial del número de casos.

Al momento ellos doblan el número de muertos a 17; es decir, reconocen un crecimiento de la mortalidad del 112%, pero hay un crecimiento de la casuística de un 916%.

¿Le parecen creíbles las nuevas cifras?

No, no son creíbles. Esas cifras solo son la punta del iceberg, para tratar de reducir la tasa de mortalidad del 32% al 6,7% y salir así del listado de la tasa de letalidad más alta del mundo.

Se dieron cuenta del error matemático que estaban cometiendo. Pero los datos publicados son otra parte de la manipulación, porque solo ese número -los 229 casos nuevos que reportan, que se suman a los 25 que reconocían antes para llegar a – son los que ahorita están hospitalizados en el Hospital Alemán, para decirte algo.

Lo importante, sí, es que con este último comunicado el MINSA confirma el crecimiento exponencial (de los casos de covid-19 en Nicaragua). Porque eso es lo que se llama crecimiento exponencial: pasar de golpe de números pequeños a números cien o mil veces más.

Con esta última declaración, el MINSA está conociendo que hay crecimiento exponencial del coronavirus en Nicaragua, aunque sea con datos maquillados. Y si hay crecimiento a ese nivel eso debería obligar a las autoridades a mantener una comunicación constante, a informes diarios.

Los reportes no deberían ser semanales, porque el crecimiento es alarmante: 916% en una semana. Y si el gobierno no reacciona y deja que el crecimiento sea exponencial, ¿qué va a pasar en el país? Pues que la mortalidad va a aumentar.

Todos los gobiernos del mundo han reaccionado, pero en Nicaragua hay numerosas actividades convocadas por el gobierno, el (campeonato de) béisbol no se ha suspendido…

El gobierno debería parar todo ese tipo de actividades de aglomeración y decretar el estado de emergencia, pero ya confirmaron que no lo van a hacer.

¿Cuál puede ser la razón?

Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se hace: por qué el gobierno decidió ocultar la realidad. Porque ha habido un proceso de negación absoluta.

Por un lado, el gobierno nicaragüense asume que ellos tienen el mejor sistema de salud del mundo y apostaron a una política de prevención que fue útil en los 80 y 90 de visitas domiciliares para disminuir el efecto de la pandemia.

Y creo que también asumieron que la pandemia no iba a entrar a Nicaragua.

Pero la decisión también se puede explicar por una serie de intereses políticos, económicos y familiares, muy vinculados a los conflictos internos generados luego de las protestas de abril de 2018.

Para empezar, el gobierno podría estar queriendo utilizar la pandemia para negociar el levantamiento de las sanciones a la familia de (el presidente) Ortega y funcionarios de gobierno.

Y también parece esperar que a raíz de la crisis creada por la pandemia entren fondos internacionales para tratar de rehabilitar la economía.

Pero además, tampoco le conviene paralizar la economía ni declarar el estado de emergencia, porque esto le generaría importantes costos financieros. Y sin ayuda internacional, ¿de dónde van a sacar el dinero? Se lo tendrían que reducir a la policía, el ejército y los paramilitares que los sostienen. Y eso no lo van a hacer.

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Lo que yo más creo, si, es que el gobierno se está manejando con base en creencias anacrónicas.

La vicepresidenta (Rosario Murillo, quien también es la esposa de Ortega) es de las personas que creen en espiritualidades y en comunicación con los espíritus, y cree que Nicaragua va a estar protegida del coronavirus porque ella habla con Rubén Darío, con Sandino, con Hugo Chávez y otra gente que le recomienda qué hacer.

Yo conozco a muchos de los profesionales que están al frente del MINSA y cuando trabajábamos juntos seguíamos un método científico, pero en Nicaragua no se ha seguido un método científico de abordaje a la pandemia.

Todo está basado en las decisiones de la vicepresidenta, la verdad proviene de la pareja presidencial.

¿Significa eso que los profesionales del sistema público de salud de Nicaragua están dejando de hacer lo que saben que tendrían que hacer?

Lo que pasa es que cualquier técnico que diga lo contrario a lo que quiere la pareja presidencial es despedido o sancionado.

Por eso fue que suspendieron a la ministra Carolina Dávila. Ella iba a decir los números reales, que en ese momento eran 15, y no quería limitarse a repetir el comunicado que venía de la presidencia.

Eso generó una crisis con la OPS y ella fue suspendida de inmediato.

Pero si el gobierno realmente quiere utilizar la crisis para que le levanten las sanciones, ¿por qué minimizar la gravedad de la situación? Lo lógico sería hacer lo contrario.

Porque es el argumento que necesitan para rechazar todas las medidas recomendadas por la OMS y así agravar la crisis sanitaria.

Ahora, también hay otra hipótesis, que es que estén buscando la inmunidad de rebaño, como en Suecia.

Esa es otra posible explicación, porque si no te preocupás por identificar por dónde anda circulando el virus, por hacer los controles epidemiológicos, y más bien promovés la propagación del virus manteniendo las escuelas abiertas, manteniendo actividades culturales y deportivas, organizando manifestaciones políticas y promoviendo el turismo, la lógica puede ser acelerar el proceso de inmunidad de rebaño: lograr que el 60%, 70%, 80% de la población nicaragüense se infecte rápidamente para que el impacto también sea rápido y no se mire mucho en el tiempo.

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El riesgo de eso es que nosotros no tenemos ni el sistema de salud de Suecia ni el nivel educativo de la población sueca para tomar medidas preventivas apropiadamente.

Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que dado que el sistema no tiene capacidad y no se hacen prevenciones, la tasa de letalidad nuestra puede ser extremadamente alta, de entre el 30% y el 50%.

¿Y qué evidencia hay para afirmar que la situación es mucho más grave que lo que dicen las cifras oficiales?

Que los hospitales están llenos. Todos los hospitales de Managua ya están llenos con sospechosos de covid.

Y ya están abriendo las casas de campaña en el Hospital Militar y habilitando otras áreas, también en el (hospital) Vivian Pellas, para que ahí estén los respiratorios y que no entren al hospital.

También están los entierros exprés, los entierros en horas de la noche. Y en sus últimos comunicados el gobierno ya admite que hay “casos en brotes”. Esos “casos en brotes” ya es transmisión comunitaria y eso es lo que provoca el ascenso exponencial de la epidemia.

Más evidencias de los entierros nocturnos en Nicaragua pic.twitter.com/6OpxRLDkni

— Ismael López (@lopezismael) May 11, 2020

¿Qué presupone eso para un país con un sistema de salud como el de Nicaragua?

El Imperial College de Londres ya estimó que si se contagia el 79% de la población, que serían unos 5 millones de afectados, con un 15% de letalidad estaríamos hablando de 20.000 muertos.

Eso es si la tasa de letalidad se mantiene en el 15%. Pero, ¿y si colapsa el sistema de salud? Ahí la cosa sería incluso peor que en Guayaquil, porque el problema de Nicaragua es que el colapso del sistema sería a nivel nacional, porque los brotes se van a presentar simultáneamente en todo el territorio nacional como resultado de la estrategia que se está siguiendo.

En estos momentos Managua, Chinandega y Masaya son los lugares con mayor número de pacientes, pero hay en todo el territorio.

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¿Se está a tiempo de evitar una gran mortandad o ya es demasiado tarde?

Yo creo que ya está llegando a ser bastante tarde, porque los casos que estamos viendo ahora son gente que se contaminó hace cuatro a seis semanas.

Estamos hablando de gente que se contagió a principios de abril o en marzo, porque eso es lo que tarda un paciente en llegar al hospital: primero está el período de incubación, luego vienen los primeros síntomas, los síntomas más severos y luego la necesidad de hospitalización.

Pero toda la propagación que ha habido en esta semana, toda la propagación que ha habido con los nuevos muertos, es una propagación que va a producir casos dentro de cuatro a seis semanas.

Y luego está el problema de que es el inicio de la estación lluviosa que en Nicaragua incremente el riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas, de la malaria, el dengue y todas las enfermedades endémicas que se incrementan naturalmente a partir del mes de mayo.

¿Hay forma de tener una mejor idea del número real de casos y muertes?

Se han creado mecanismos alternativos y hay reportes como el del Observatorio Ciudadano que hablan de que al 9 de mayo ya había más de 1.000 casos sospechosos y más de cien muertos.

No son datos oficiales, sino que es lo reportado por informantes en las diferentes comunidades. Pero de acuerdo a los datos de crecimiento epidemiológico podría estar bastante acercado a la realidad.

Y podríamos esperar que si en la semana del 9 de mayo se produjeron 100 muertes, en esta semana se van a producir unas 300, 400 muertes.

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¿Qué le dicen sus colegas en Nicaragua?

Están aterrorizados. La gente dice que nunca ha visto algo como esto.

En Nicaragua ha habido dos grandes fenómenos que han dejado muchos muertos. El primero es el terremoto del 23 de diciembre de 1972, donde murieron 10.000 personas, y el otro es la guerra de los 80, que se estima dejó 50.000 muertos.

En esa guerra yo participé, yo era el jefe de servicios médicos del ejército, pero ahí no se miraban los muertos en las ciudades. Y la diferencia entre los muertos de los 80 y los muertos de esta epidemia es que estos muertos se van a ver en las ciudades, como pasó en Guayaquil, como está pasando en Brasil y pasó en Italia o en Madrid.

Pero si la cosa está tan mala como la pintan los críticos del gobierno, ¿por qué no se han visto todos esos muertos?

Es una cuestión del tiempo, porque las mentiras tienen patas cortas. Porque el gobierno de Nicaragua está tratando de esconder los muertos, por eso se están haciendo entierros exprés, a medianoche, ahorita que tienen la capacidad de hacerlo.

Pero cuando los casos sigan aumentando y los muertos sigan aumentando se les va a hacer más difícil. Además la mayoría de los primeros casos también han sido entre gente cercana al gobierno: los que andaban en las manifestaciones, militantes del partido, etc., y eso les ha permitido coaccionar y obligar a la gente a que no divulgue el caso y los entierren en silencio.

Pero en la medida en que esta epidemia empiece a afectar a gente que no es adepta al gobierno, esta gente va a desenmascarar las mentiras del gobierno.

¿Entonces qué cabe esperar?

La epidemia va a empezar a llegar a sus máximos aproximadamente a mediados de junio, y cuidado se prolonga en crecimiento porque el gobierno sigue promoviendo actividades.

Pero en junio va a haber un nivel de resentimiento social, e incluso de pérdida de apoyo entre los simpatizantes del gobierno, que va a complicar la estabilidad política del país.

Ahorita estamos viendo las repercusiones de las acciones no tomadas en abril y marzo. Pero la repercusión de lo que no se está haciendo ahora todavía está por verse.

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