La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, resolvió este lunes 28 de noviembre en el Caso Diario Militar, otorgar arresto domiciliario a Toribio Acevedo.  

El sindicado estaba en prisión preventiva y procesado por delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

El 23 de mayo recién pasado Acevedo fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en los crímenes registrados en el llamado Diario Militar.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, afirmó el MP en esa oportunidad.

El documento registra a 195 personas entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

En este caso, nueve militares y policías retirados son señalados de supuestamente haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres.

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Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Acevedo Ramírez es abogado y fue capturado en Panamá. Fungió como miembro del Estado Mayor Presidencial.

Los abogados defensores de Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, este lunes 22 de agosto plantearon un recurso de actividad procesal defectuosa por la inclusión del psicólogo Jorge de La Peña Martí, porque él ha participado en peritajes de otros procesados en el mismo caso y ha emitido opinión.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.

El 17 de agosto último, De La Peña Martí se presentó al penal de Mariscal Zavala con aval del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para practicar un análisis psicológico a Acevedo, pero este se negó a salir de su celda.

En la audiencia el juez rechazó el recurso de la defensa de Acevedo, pero la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público aceptó la participación del psicólogo que fue propuesto por querellantes y justificó su inclusión en el proceso “porque para el Ministerio Público es útil, pertinente, no era abundante ni ilegal”.

Gálvez resolvió que había discrepancia entre las partes procesales por la participación de De La Peña Martí y que se cambiara al psicólogo que analizará a Acevedo, ese peritaje es propuesto por querellantes y recabar una prueba científica de la actitud e ideas del sindicado.

El Ministerio Público (MP) informó que el 23 de mayo pasado fue ligado a proceso Acevedo Ramírez por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

El documento registra a 195 personas, entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

Varios militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 23 de mayo fue ligado a proceso Toribio Acevedo Ramírez dentro del caso Diario Militar.

El MP dijo que los delitos por los que fue ligado son contra los deberes de la humanidad, de desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa. 

La Fiscalía agregó que Acevedo Ramírez fue enviado a prisión preventiva.  

“El sindicado está vinculado a hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que se registraron en un documento de inteligencia denominado Diario Militar”, dice el MP.

El documento registra a 195 personas entre sindicalistas, estudiantes de nivel medio, universitario, docente y niños.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Acevedo Ramírez es abogado y fue capturado en Panamá. Fungió como miembro del Estado Mayor Presidencial.

El caso lo lleva Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo. 

Haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), le habría costado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, enfrentarse a algún tipo de intimidaciones y transcurridos los días señala pasividad de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para atender el tema, pues ninguno ha hecho algún pronunciamiento oficial al respecto, lo que a su criterio es el reflejo de la pérdida de credibilidad y confianza hacia el Organismo Judicial (OJ).

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el juez Gálvez dejó claro que lo que con esas acciones lo que se busca es sacarlo de la jugada, como lo han hecho con otros administradores de justicia independientes que, incluso, han tenido que exiliarse en otras naciones.

Agregó que, aunque tiene cierto temor, no se doblegará y continuará trabajando con apegó la ley, aunque asegura que, de acuerdo con los antecedentes de la persecución de sus colegas, ahora el tueno es suyo.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve exmilitares y expolicías por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Los crímenes documentados en el caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

Hay un documento que se ha enviado a la CSJ y este tiene una razón de ser, cuéntenos cómo surge esa petición

“El tema que se está discutiendo es lo que corresponde a la independencia judicial. A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez, si sale una persona de una audiencia y no da la conferencia de prensa y les indica que él se va a encargar del juez, eso significa que es como consecuencia de una resolución, y se supone que las autoridades máximas son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo que se pretendía era que al ponerles en conocimiento -a los magistrado- los problemas que se estaban dando, ellos se tenían que haber pronunciado, pero lamentablemente no lo hicieron, o sea ellos adujeron que lo que yo necesitaba era más seguridad, pero el fondo de lo que se pretendía era un pronunciamiento de ellos con relación a que se estaba restringiendo, se estaba limitando el ejercicio constitucional del Organismo Judicial y de la independencia que le corresponde a un juez”.

¿Cómo ve la carencia de pronunciamiento o la falta de tomar una postura de parte de la CSJ?

“Eso da la pauta a -ver- cómo están las instituciones y el problema es ese precisamente, el que no haya un pronunciamiento, pero el problema que se da es que lamentablemente se pierde más la confianza y la credibilidad que le tenemos que dar a un organismo que se encarga de administrar justicia, entonces allí es donde se da no solo el irrespeto a la población, sino que a los mismos sujetos procesal, porque se dan cuenta que pueden amenazar, que pueden gritar, que pueden ofender y eso se va replicando y hace perder el fundamento de un estado de derecho”.

“Se deja en riesgo a toda la comunidad que está esperanzada en que haya jueces imparciales, que haya jueces probos, entonces ese es el problema. Lo que está pasando es que se está perdiendo la credibilidad y la confianza del OJ”.

Debido a su cargo está expuesto a denuncias y presiones, ¿cree que estas han parado?

“Como jueces estamos conscientes de que no quedamos bien con todas las partes. Amenazas siempre han surgido, es más, hasta la libertad de expresión que se manifieste eso no es problema, el problema es que a esas manifestaciones cuando se les va encontrando sentido que no solo es una institución, sino que son varias eso ya preocupa. Si lo que dijo el personaje ese pues está en su derecho y no hay problema, pero cuando miramos que las instituciones se están acoplando a esos intereses como el Ministerio Público y el Organismo Judicial, entonces ahí es donde ya es preocupante, porque uno se da cuenta que los niveles de reconfiguración son muy altos, el caso, por ejemplo, decir ´ya saqué a Juan Francisco, ya saqué a Thelma, ya saqué a Erika, ahora me queda…´, eso es lo que uno va entendiendo que sí lleva una secuencia”.

¿Podría ser algo más estructurado y pensar que el siguiente es el juez Gálvez?

“Claro. Es más, si buscan en las redes -sociales-, ellos ponían unos cartoncitos como que fueran de lotería y ponían las fotos de varias personas y allí están; por ejemplo, Juan Francisco -Sandoval- tiene una X, Thelma -Aldana- tiene otra X, Pablo -Xitumul- tiene otra X , ya casi llenaron con X el cartoncito, Erika -Aifán- es la última y si ustedes miran después voy yo y luego va Jazmín -Barrios- ahí se llena el cartoncito y eso es lo que se está anunciado, lo que quieren es poner otra X para quedarse solo con la última persona, esa es la tendencia.

“Esas son las personas que nos encontramos más vulnerables, ahora me pregunto ¿cuántos periodistas van a seguir?, ¿cuántos defensores de Derechos Humanos van a seguir? y así sucesivamente, eso quiere decir que las poblaciones, que las comunidades, que los periodistas, que los reporteros o los columnistas independientes que hagan una crítica sobre cómo se está desarrollando el Gobierno va a significar que se vuelvan enemigos”.

¿Ante esta situación piensa seguir adelante?

“La profesión de abogado para mí es algo apasionado, los procesos son un libro más, considero que la justicia es sagrada, es una bendición y cómo no quisieras seguir haciendo lo que tengo ya casi 23 años de estarlo haciendo, entonces me quiero quedar, pues soy guatemalteco y quisiera ver un país en condiciones completamente diferentes”.

¿Ha pensado salir de Guatemala?

“De momento no. Considero que este es mi país y aquí es donde tengo que desarrollarme y que desenvolverme”.

¿Va a influir mucho este contexto en su trabajo?

“Por supuesto. Cada día los niveles son muy altos y soy consciente y se asume la responsabilidad, pero considero que no es justo y que no se vale, consideró que las mismas instituciones tiene que reparar en que si no se hace nada nos vamos a meter en problema en el que va a ser difícil que salgamos. Lo que tenemos que hacer con la sociedad civil y con toda la gente es dar pasos para consolidar un estado de derecho”.

“Por qué razón se me está limitando ese ejercicio a la independencia judicial, porque lo que quieren es decirme que es lo que tengo, se puede imaginar cómo se va a impartir justicia atendiendo a esos requerimientos, porque si hubiera dictado una resolución que le hubiera gustado a este personaje hubiera sido diferente. Entonces eso es lo que les perjudica, eso es lo que les daña, esa independencia que no se le puede decir al juez qué es lo que tiene que hacer, como me da la impresión de que hay algunos otros -jueces- que si les dicen que lo que tiene que hacer”.

¿Cómo ve el surgimiento de grupos en su apoyo?

“Esto es natural con todos los acontecimientos que están pasando y la mayoría de estas manifestaciones, el caso de los 48 cantones, el caso del tema de la canasta básica, la gasolina y toda la cuestión es una forma de expresarse, la inconformidad es algo normal y por supuesto que tienen que existir manifestaciones, ahora el problema delicado, y yo de este tema desconozco qué fue lo que pasó, pero se supone que el día martes atentaron en contra de una persona, independientemente de quién era o qué andaba haciendo consideró que el elemento fuerte es que se haga una investigación y que se establezca qué fue lo que pasó porque no se vale el atentar contra la vida de nadie, mucho menos de una persona que se estaba desenvolviendo en cierto ámbito”.

¿Ese crimen le causa alguna preocupación tomando en cuenta que la personas era parte de un movimiento que lo apoya?

“Por supuesto, sería mentirle y tampoco lo van a creer, pero en las condiciones que está el país es lógico que cualquier persona inmediatamente relacione una cosa con la otra y por eso las autoridades están en la obligación de esclarecer qué fue lo que pasó para evitar esas formulaciones, yo soy ajeno completamente a ese tema, pero tengo entendido que llevaba algunos stickers y que estaba entregando a diversos grupos esa papelería, pero eso a mí no me consta e indistintamente qué haya pasado, el Estado tiene la obligación de esclarecer el asesinato.

“Yo sigo trabajando, un poco preocupado, pero indistintamente quiero seguir y voy a seguir trabajando”.

Posturas

Ante los señalamientos del juez Gálvez sobre la falta de pronunciamiento de las autoridades, la CSJ informó que “en relación al memorial presentado por el Juez Gálvez, fue conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se instruyó a la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial se realice un análisis de riesgo de manera urgente del esquema de seguridad. Asimismo, se ofició al ministro de Gobernación que se cumpla con las medidas de protección, considerando que el juzgador tiene medidas otorgadas por la CIDH”.

Al respecto el Ministerio Público Refirió que se “ha actuado siempre con objetividad, imparcialidad y apegado a su mandato legal y constitucional”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar todas las denuncias que se presentan, pues nadie es superior a la ley y esta es su función, según lo establece la Constitución Política de la República, y es a través de la investigación que se determina si existe la comisión de un hecho ilícito o no.

Referente al caso de los Jueces, la Fiscalía señala que “ellos gozan del derecho de antejuicio, por lo que se debe agotar todo el procedimiento y si el órgano competente resuelve levantar la inmunidad, el Ministerio Público inicia con la investigación”.

Agregó que “la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas se apersonó al juzgado, previa coordinación telefónica con el juez para tomar la denuncia; sin embargo, manifestó que él iba a presentar la denuncia en el transcurso de esta semana. Ayer -jueves- se presentó nuevamente personal de la Fiscalía e indicó de nuevo que él la estaría presentando”.

Agrega que “por los hechos que manifiesta, la Fiscalía considera que es un delito de acción pública dependiente de instancia particular, por lo que es necesario contar con la colaboración de la parte denunciante. En ese sentido, el personal de la Fiscalía se ha apersonado varias veces al juzgado para que realice su denuncia; sin embargo, el juez ha manifestado que lo hará posteriormente.

Albio Sires, representante de Nueva Jersey en el Congreso de EE. UU., mostró preocupación por las amenazas que ha sufrido el juez Miguel Ángel Gálvez e instó al Gobierno de Guatemala que garantice su protección para que pueda continuar con su labor.

“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.

El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.

El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el Caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

https://twitter.com/RepSires/status/1525152976607772672?s=20&t=IBXRwDurKyMSu–Q6DN_uA

Con información de EFE

Las fuerzas de seguridad de Guatemala recibieron este miércoles 11 de mayo, entregado por Panamá, a un exmilitar acusado de crímenes de guerra supuestamente cometidos durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.

La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca detalló en un comunicado que el detenido es Toribio Acevedo Ramírez, de 68 años, quien fue capturado el martes en Panamá a través de una alerta roja internacional que tenía en su contra, por lo que fue remitido a Guatemala.

Acevedo Ramírez, explicaron las autoridades, fue arrestado por la policía guatemalteca este miércoles en la sede del Instituto Guatemalteco de Migración, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala, a su arribo en un vuelo procedente de Panamá.

Caso Diario Militar

De acuerdo con las autoridades, el guatemalteco era buscado por su presunta participación en los asesinatos, desapariciones forzadas y delitos contra deberes de la humanidad que están contenidos en el caso denominado “Diario Militar”, que fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1999.

En el documento, también llamado “Dossier de la Muerte” y elaborado por inteligencia militar, están descritos los casos de al menos 183 de personas que fueron considerados como “enemigos del Estado” y que fueron desaparecidos o asesinatos en la década de 1980.

Precisamente el pasado viernes un tribunal guatemalteco de alto riesgo envió a juicio 9 expolicías y exmilitares por su vinculación al caso, y por tanto en el asesinato de casi 200 personas.

El conflicto armado interno en Guatemala, que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó al menos 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 183 hombres y mujeres, según el “Diario Militar”.

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De acuerdo con diversas fuentes, Acevedo Ramírez pretendía volar a España cuando fue arrestado en Panamá. EFE

Toribio Acevedo fue localizado en un aeropuerto de Panamá , se realizaron las coordinaciones con la orden de aprehensión internacional para retornarlo hacia Guatemala

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 11, 2022

Trasladado a Mariscal Zavala

El militar Acevedo Ramírez fue trasladado este miércoles a la cárcel de Mariscal Zavala después de que un Juzgado de turno le notificó las razones de su detención.

La audiencia de primera declaración será en el juzgado Mayor Riesgo B.

Unidades de @INTERPOL_HQ Panamá retienen en @ATocumen, al ciudadano guatemalteco Toribio Acevedo Ramírez, quien mantiene notificación roja por su país, por los delitos de Desaparición Forzada, Asesinato y Contra los Deberes de la Humanidad. #ContraElDelito pic.twitter.com/K1gH9CPmUw

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 11, 2022

El recién pasado 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados señalados en el caso Diario Militar.

Interpol localiza en Panamá a presunto responsable de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad

Por medio de una alerta Roja Internacional agentes de la #INTERPOL, ubicaron en Panamá a Toribio Acevedo, de 68 años. pic.twitter.com/3tm1Di9ICa

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 11, 2022

El pasado viernes 6 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

El juez Gálvez recibió este 9 de mayo la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dijo que las amenazas de procesarlo comenzaron luego de decidir enviar a juicio a los involucrados en el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte.  

El juez Gálvez dijo sentirse muy satisfecho por la presencia de Rodas en el juzgado y afirmó que son momentos difíciles y que la situación en Guatemala está bastante sensible, pero que ya se animen a amenazar a un juez después de una resolución es más preocupante. 

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez. 

Señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se le está haciendo. 

“Una amenaza directa que conlleva en determinado momento y a participación de otras de otras instituciones como el Ministerio Público”, comentó Gálvez.  

Dijo que en las amenazas indican que ahora le toca a él y eso podría decir e la persona que las está efectuando ya hecho cosas similares en el pasado.  

Gálvez agradeció a Rodas y le reiteró que las resoluciones se han dictado apegadas a derecho y después de un análisis, de un estudio para garantizar la legítima defensa.  

Expresa su solidaridad 

Jordán Rodas, acudió al juzgado de Gálvez para manifestarle su solidaridad por las amenazas que ha recibido luego de su resolución en el caso Diario Militar.  

Recordó que el juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que era necesario actualizar a los organismos lo que está pasando en el país. 

“La justicia es un derecho humano y se tiene que tener una justicia independiente. Los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman tribunales, las salas de apelaciones, los propios magistrados de la Suprema todos son independientes y no pueden estar siendo sujeto de intimidación y amenazas y eso es preocupante. 

Dijo que es importante recordar que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que una resolución no está apegada a derecho tiene los recursos legales para impugnar, pero que no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia. 

El @PDHgt @JordanRodas realiza visita a Juez @Miguelgalvezag ante actitudes intimidatorias y amenazantes después de fallo en #CasoDiarioMilitar pic.twitter.com/OnB4Frn1kG

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 9, 2022

 Qué amenazas son y de dónde vienen 

Consultado el procurador Jordán Rodas sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.  

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana. 

Hernández fue noticia en abril del 2020, cuando fue encontrada en una vivienda de Sumpango Sacatepéquez, en donde se suponía estaba el exdiputado Estuardo Galdámez, en ese tiempo prófugo de la justicia por varios hechos de corrupción.  

Méndez Ruiz publicó hace unos días, en su cuenta de Twitter, una foto blanco y negro del juez Gálvez en la que decía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo haría pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura. 

“Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”, citaba en mensaje.  

La foto de Gálvez tenía su nombre y el texto “se busca por prevaricador”. 

Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista.
Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán.
Empeño mi palabra en eso. pic.twitter.com/by86uiB0Mz

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 8, 2022

Es el turno de Miguel Ángel Gálvez.
La @FCTGuatemala se hace cargo. pic.twitter.com/L37qxj0LO7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 7, 2022

Este 9 de mayo, luego del encuentro entre Gálvez y Rodas, Méndez Ruiz publicó otro mensaje con el siguiente texto “Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto. Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso”, y abajo el video el encuentro entre Rodas y Gálvez.  

Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto.
Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso. https://t.co/lqIjGhLxa7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 9, 2022

Hernández, por su parte ha publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes y fotografía en alusión al juez Gálvez.  

“Ni perdón ni olvido. Víctimas de la prisión provisional, cuyo diseñador es el delincuente terrorista judicial Miguel Ángel Gálvez”, acompañada de una fotografía con imputados que murieron cuando eran procesados.  

También hace mención, en otros mensajes, que la prisión provisional debería ser considerada un delito de lesa humanidad y las acompaña con una etiqueta en la que pide cárcel para el juez Gálvez.  

El Diario Militar 

El pasado 6 de mayo, el juez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país. 

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas. 

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa. 

El juez Gálvez explicó ese día que la resolución es con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), y porque “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público. 

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1982 y 1986. 

El juez Miguel Ángel Gálvez decidió este viernes 6 de mayo, luego de tres días de argumentar su resolución, enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados.

Gálvez dijo que, con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público.

Pese a que la Fiscalía intentó, sin éxito, retrasar la presentación de las pruebas bajo el argumento de que son más de 8 mil medios de investigación, el juez fijó esa audiencia para el próximo 18 de mayo.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”.

Los hechos, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

La mayoría de las víctimas que aparecen en el documento de inteligencia militar eran dirigentes políticos, sindicales y estudiantes que eran consideradas enemigos del Gobierno.

El Juzgado de Alto Riesgo B que preside Gálvez comenzó esta primera fase del caso el 28 de marzo de 2022 y luego de recibir las pruebas del MP y de los abogados de los defensores, deberá decidir cuáles se admiten para el juicio oral y público que lo debe realizar un tribunal.

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país.

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas.

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa.

Los nueve militares y policías retirados que fueron enviados a juicio fueron detenido en mayo de 2021 en diferentes puntos del territorio guatemalteco.

El Diario Militar, que consta de 73 páginas, fue elaborado entre 1983 y 1986 y desclasificado en 1999 por el National Security Archivo.

Los dos militares procesados son el exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, y el coronel de infantería y excomandante de la zona militar del departamento central de Chimaltenango, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolvió vincularlos al proceso que engloba a al menos 12 militares y policías retirados, por su presunta participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

Gálvez consideró que existen indicios racionales sobre la participación de Oliva Blanco en la desaparición forzada de cuatro personas y en delitos contra los deberes de humanidad contra 13 personas.

Además, advirtió que, en el caso de Vásquez Echeverría, fue imputado por la desaparición forzada de ocho personas, seis de las cuales han sido identificadas mediante sus restos recuperados de una de las fosas comunes halladas en el destacamento militar de Comalapa, del departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Ambos podrán permanecer en el hospital del Centro Médico Militar, en la Ciudad de Guatemala, bajo prisión preventiva, debido a su estado delicado de salud.

Por este mismo proceso, Gálvez ordenó prisión preventiva contra otros seis militares retirados y expolicías, sindicados de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

La estructura criminal que supuestamente integraron los procesados, presuntamente cometió tales delitos contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.

En la audiencia de primera declaración del caso Diario Militar la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público señaló al exministro de la Defensa Nacional, Marco Antonio González Taracena, de dirigir de 1983 a 1985 un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a personas consideradas “enemigo interno”.

El militar retirado compareció ante Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo “B”, en el Centro Médico militar en donde permanece bajo cuidados médicos desde el 28 de mayo pasado cuando se le infirmó de una orden de aprehensión por el caso Dossier de la Muerte.