Veinte personas originarias de Haití y cuatro de Guinea fueron localizadas y trasladadas a un albergue por agentes de la División de Protección de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Se desconoce por qué lugar ingresaron al país, aunque la policía presume que fue por algún punto de la frontera con Honduras. Las personas no confirman en qué parte ingresaron al país.

Algunos migrantes comentaron a Prensa Libre que previó a estar en Guatemala estuvieron en Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, pero se negaron a indicar a dónde se dirigían. Algunos de ellos comentaron que han sido víctimas de asaltos durante su viaje.

El grupo venía con mochilas y varios botes de plástico donde guardan utensilios con comida. Debido a esto las autoridades consideran que buscaban seguir con dirección a México y probablemente los Estados Unidos.

Pablo Castillo, vocero de la PNC, señaló que investigan si estas personas son trasladadas por una red internacional de tráfico de migrantes, esto porque algunos de ellos revelaron que pagaron entre US$5 mil y US$6 mil para transitar por Guatemala.

Los migrantes fueron trasladados a un albergue de la zona 5 capitalina, pero debido al proceso electoral se desconoce si serán atendidos por las autoridades este domingo 16 de junio o será hasta el lunes se solventará su situación. Tampoco se sabe si serán expulsados o si se tramitará algún tipo de estatus con ellos.

Los nuevos compromisos internacionales

Luego de los compromisos acordados por las autoridades guatemaltecas con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., a finales de mayo pasado, uno de los cambios fue la eliminación del salvoconducto para migrantes llamado “orden de abandono”, afirmaron uentes del INM.

Con este mecanismo los migrantes podían, por sus propios medios, salir del país en un periodo establecido y por la frontera que optaran, pero en lugar de esa medida, los migrantes serán expulsados de Guatemala, por el lugar donde entraron.

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Por Sergio Morales

El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García Sáenz, indicó que, debido a lo limitado de los recursos no ofrecen a los migrantes “ir a las cortes en cada caso de migración”, por lo cual se deben apoyar en abogados pro bono, que no cobran a los migrantes, y que son coordinados por los consulados.

Según García Sáenz, los abogados de los 19 consulados ofrecen asesoría legal a todo tipo de migrante, menor, adulto, o menor no acompañado; por ejemplo, para evitar que sean víctimas de estafas de parte de personas que les ofrecen solución a sus casos por cantidades muy elevadas.

El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares consideró que un migrante tiene menos posibilidades de obtener un beneficio migratorio cuando no es representado por un abogado idóneo.  Añadió que el ministerio de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto muy pequeño y que hay un trabajador consular por cada 20 mil guatemaltecos en EE. UU., por lo cual ofrecer asesoría legal por cada caso en estos momentos es “imposible”.

Solares añadió los casos judiciales de migración de guatemaltecos que están pendientes de resolverse pueden ser “miles”.

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“Solamente en menores se acaba de revelar que hay dos mil guatemaltecos pendientes en las cortes, aparte están los adultos que deben ser citados debido a lo saturado del sistema migratorio”, añadió el experto.

Trabajan en reunificación

Las autoridades guatemaltecas desconocen, de momento, la cantidad de menores de edad que fueron separados de sus familias y que están pendientes de ser reunificados, un día después de que venciera el plazo judicial impuesto al gobierno de EE. UU. para que regresara a los padres a los menores de 5 años.

García Sáenz expuso que hoy los embajadores en Washington, D. C.  de Guatemala, El Salvador y Honduras sostendrán una reunión con funcionarios estadounidenses donde cruzarán información con los consulados para verificar el estado de cada uno de los menores.

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De momento la información oficial es que las 11 familias que retornaron al país el pasado martes son las únicas que se han reunificado y que al menos 465 menores de edad que fueron separados durante el tiempo que estuvo vigente la política, serían guatemaltecos.

“La reunión de hoy servirá para ver cuántos son los menores que tiene Estados Unidos con los que nosotros hemos podido corroborar en las visitas a albergues”, añadió el funcionario, quien hizo el llamado a las familias que requieran asistencia en aquel país que se acerquen a alguno de los 19 consulados y si se encuentra en Guatemala que acuda a la Cancillería.

Según García, las familias que están por ser reunificadas no enfrentan un proceso judicial y sus casos no llegan a las cortes judiciales ya que el menor permanece en un albergue del Departamento de Salud a la espera de que se encuentre un familiar idóneo que pueda hacerse cargo de él.

Espera noticias de su hija

En Guatemala Nasario Jacinto, quien fue separada de su hija en EE. UU. espera en San Juan Ixcoy, Huehuetenango, noticias de su hija, Filomena, de 5 años, quien se encuentra en un albergue de Nueva York. Nasario fue deportado el pasado 21 de junio y su hija se encuentra sola en aquel país.

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Consultado vía telefónica sobre si ha averiguado cómo avanza el caso de su hija, indicó que lo último que le dijeron es que “va a tardar un poco”.  Añadió que cada semana se comunica con Filomena y ella le dice que “está triste y llorando”, pero que él le dice que están preocupados y que luchan por recuperarla.

“La verdad es que seguimos tristes, pero esperamos en Dios que la otra semana o unas dos semanas más se pueda averiguar. Yo quiero que mi niña se venga para Guatemala, no quiero que se quede por allá”, indicó Nasario.

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Pruebas de ADN

Y mientras el proceso de reunificación avanza lento, en EE. UU. un medio de comunicación publicó que autoridades estadounidenses pidieron a cuatro mujeres que fueron separadas de sus familiares que paguen el costo de las pruebas de ADN si quieren volver a ver a sus hijos.

El medio Daily Beast cita declaraciones del abogado Rubén García, director de un refugio para migrantes de El Paso, Texas, quien afirma que ninguna de las mujeres cuenta con recursos para costear ese examen.

El medio informó que se trata de tres madres y una mujer que quiere reunirse con su hermano de 3 años. Iliana Holguín, una abogada de migración en El Paso, también citada por el mismo medio, precisó que el costo de una prueba de ADN puede estar entre los US$700 y US$800.

El juez Dana Sabraw ordenó a finales de junio que para este martes 102 niños menores de cinco años fueran entregados a sus representantes y que para el 26 de julio los mayores de esa edad.

Pero en una audiencia este lunes en San Diego, Sarah Fabian, abogada del gobierno, dijo que solo 54 del primer grupo estarían de vuelta con sus familias en el plazo dado el 26 de junio.

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El gobierno ya había pedido el viernes extender la fecha límite bajo el argumento de que necesitaba más tiempo para verificar y confirmar sus identidades, incluso con pruebas de ADN.

Más de 2300 niños sigue separados de sus padres

Sabraw dijo el lunes que había visto “progreso real” y entendía que algunos casos requerían “tiempo adicional”.

“Soy optimista de que muchas de estas familias serán reunidas mañana y entonces tendremos una noción más clara de quién no ha sido reunido, por qué, y el tiempo que será necesario” para completar el proceso.

Más de 2.300 niños fueron separados de sus familias a lo largo de varias semanas y alojados en centros administrados por el Departamento de Salud (HHS), como parte de una política de “tolerancia cero” impuesta por el presidente Donald Trump, que obligaba a procesar en la justicia a cualquier persona que cruzara la frontera ilegalmente.

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Varias centenas de ellos ya se han reunido con sus padres. El HHS admitió estar realizando exámenes ADN para determinar la identidad de los restantes.

En total, unos 11.800 menores migrantes están actualmente retenidos por las autoridades estadounidenses tras haber atravesado ilegalmente la frontera. Cerca de 80% son adolescentes que llegaron solos al país.

Ante la indignación pública por la situación de los niños retenidos, el presidente Trump retrocedió el 20 de junio en la aplicación de su política de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal y frenó las separaciones entre padres e hijos.

Por Sergio Morales

Del total de menores, dentro de los cuales figuran 465 guatemaltecos, las autoridades estadounidenses afirman que han reunificado a unas 530 familias; no obstante, decenas de padres ni siquiera saben dónde se encuentran sus hijos.

De acuerdo con declaraciones de autoridades guatemaltecas, los menores que permanecen en refugios reciben buen trato. La canciller Sandra Jovel y una comitiva del Gobierno efectuaron un viaje la semana pasada en la que constataron la situación en algunos albergues de donde había denuncias.

Hasta el momento es incierto cómo se llevará a cabo la reunificación de familias. El martes pasado, un juez federal de San Diego, Texas, ordenó a la administración de Donald Trump reunificar en un plazo no mayor de 15 días a los menores de 5 años o menos, y en 30 días al resto.

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No obstante, la resolución judicial es incierto si el gobierno tendrá la capacidad de efectuar la reunificación en esos lapsos puesto que, en muchos casos, se desconoce dónde está el padre o la madre de los niños separados.

Abogados expertos en migración creen que muchos de estos, principalmente los bebés o aquellos niños que no hablan o tienen alguna discapacidad, podrían estar en riesgo de “perderse” dentro del sistema, por lo cual consideran que los padres de estos niños deben de contar con el acompañamiento legal de un abogado.

La prosperidad de su negocio depende de que haya personas que pierdan su libertad.

Mientras la opinión pública de Estados Unidos reaccionaba con indignación ante la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur del país, ellos veían mayores oportunidades.

Las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom.

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Solamente en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó casi US$3.000 millones para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada.

Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas.

“En torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria”, comenta Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención), con sede en Nueva York.

“En febrero de 2017, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que estaban aumentando el número de camas disponibles para ICE de 3.500 a 20.000, un incremento de 500%”, agregó la experta en una conversación con BBC Mundo.

Paradójicamente, con la reciente decisión de Trump de poner fin a la separación de los menores de sus padres, el volumen de negocio de estas compañías podría crecer en lugar de disminuir.

Auge

Pero ¿qué significa para este tipo de empresas el aumento de los cruces en la frontera suroeste en términos de una mayor ocupación en sus centros de detención y en el incremento de la probabilidad de obtener nuevos contratos con ICE?

Esa pregunta se la hicieron en abril pasado a un ejecutivo de Geo Group, una de las principales compañías de este sector, durante una presentación telefónica con los inversores que fue divulgada en su página web y reproducida por la emisora de radio NPR.

“Ha habido un incremento constante en los cruces fronterizos ilegales que creo que es similar al aumento sostenido en el número de personas en nuestros centros (de detención de inmigrantes) con ICE y esperamos que eso siga incrementando nuestra tasa de ocupación y ofrezca oportunidades para nuevos contratos de centros“, respondió el ejecutivo.

Geo Group es una empresa que presta servicios a los gobiernos en la gestión de cárceles y centros correccionales en varios países del mundo.

“Los centros de detención de inmigrantes son una pieza central del modelo de negocio de las empresas que se dedican a administrar cárceles privadas como CoreCivic y Geo Group”, explica Tylek.

Indica queCoreCivicreportó que en 2017 un 25% de sus ingresos procedieron de contratos con ICE que sumaron US$444,1 millones. Mientras que en el caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron 19% de sus ingresos para un total de US$429 millones.

La experta señala que estas dos empresas son las principales de un mercado en el que participan una docena de competidores en Estados Unidos.

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, el valor de sus acciones en bolsa creció de forma notable en anticipación a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyo discurso de mano dura contra la inmigración parecía dibujarles un panorama favorable para su negocio.

Sus esperanzas no se vieron defraudadas.

Geo Group firmó en enero de 2017 un acuerdo con ICE para gestionar un centro de procesamiento de inmigrantes con 780 camas en Georgia y, dos meses más tarde, anunció un nuevo contrato a 10 años para un centro de detención en Texas con capacidad para 1.000 personas.

“De hecho, en sus reportes anuales ellos señalan la reforma migratoria como un riesgo para su negocio, al igual que la legalización de la marihuana e, incluso, que la disminución de la tasa de delitos”, agrega.

La experta destaca que Geo Group señaló en un informe a sus inversionistas en junio de 2017 que estaba a la espera de una orden ejecutiva que pusiera fin a la llamada política de detención y liberación (catch and release) que aplicaban los gobiernos anteriores a Trump, en la cual los inmigrantes eran procesados y dejados en libertad mientras esperaban a ser juzgados.

Esto se materializó recientemente con la política de tolerancia cero ante la inmigración ilegal que anunció en abril el fiscal general, Jeff Sessions, y la cual es en parte causante de la actual crisis fronteriza.

Negocios asociados

La detención de inmigrantes no solo es una fuente de ingresos para las compañías que administran los centros que les dan alojamiento.

“Existe una red completa de negocios privados que está sacando ganancias de la crisis migratoria. En el sector del transporte, por ejemplo, están las compañías que trasladan a los inmigrantes desde la frontera hasta los centros de detención. En algunos casos, las empresas de transporte son propiedad de las mismas compañías dueñas de los centros de detención. Eso ocurre con Geo Group y CoreCivic, por ejemplo”, indica Tylek.

También hay importantes aerolíneas como American Airlines, Delta, Southwest, Frontier, Alaska Airlines y United que alquilan sus aviones para el traslado de los inmigrantes pero que esta semana se desmarcaron de la política oficial y anunciaron su negativa a transportar a niños inmigrantes que hayan sido separados de sus familias.

También hay otros negocios asociados como los proveedores de alimentación o de servicios de telefonía para las personas detenidas, entre otros. Todo suma.

Niños aparte

Las empresas como Geo Group o CoreCivic no se hacen cargo del alojamiento y la atención a niños inmigrantes, cuya custodia no está asignada a ICE sino al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) que en el año fiscal 2017 destinó unos US$958 millones, para el mantenimiento de los centros de acogida de menores.

Esta tarea está asignada principalmente a organizaciones no gubernamentales que gestionan unas instalaciones distintas a los centros de detención y que se parecen más a un colegio internado que a una prisión pues deben disponer de aulas de clase, servicios de salud física y mental, espacios de recreo y servicios de reunificación familiar.

Administrativamente estos lugares de acogida dependen de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que es la responsable de atender a los inmigrantes menores de edad que entran a Estados Unidos sin la compañía de un adulto y que, durante las últimas semanas, también recibieron a los 2.300 niños que fueron separados de sus familias.

Según cifras ofrecidas por Steve Wagner, vicesecretario de la Administración para Niños y Familias (una dependencia del HHS), la ORR está dando alojamiento en la actualidad a unos 12.000 niños, incluyendo aquellos que fueron separados de sus padres.

Las instituciones que acogen a los menores son organizaciones sin fines de lucro, con frecuencia de tipo religioso, que hasta hace poco solían ser vistas con buenos por hacerse cargo de lo que muchos consideran como una labor social.

En medio de esta crisis, sin embargo, no han escapado a la polémica.

Las miradas críticas se han centrado en Southwest Key, una ONG con sede en Texas que en los últimos años se ha convertido en una de las principales instituciones de acogida de menores de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2018, esta organización pasó de tener 10 albergues con capacidad para 500 menores a disponer de 26 centros en los que puede recibir hasta 5.000 niños.

Probablemente, el más llamativo de estos sea Casa Padre, construido en las instalaciones de lo que antes era un hipermercado de Walmart y que cuenta con unas 1.500 camas.

Los cuestionamientos, no obstante, no han surgido por el tamaño de sus centros sino de sus negocios con el gobierno.

En 2018, Southwest Key recibirá US$458.658.830 del HSS, lo que llevará hasta US$1.500 millones el monto recibido a través de contratos con el gobierno federal en la última década, de acuerdo con los registros del HHS.

“Nuestro crecimiento es una respuesta directa a la llegada de niños a la frontera”, explicó su vicepresidenta para servicios a los niños inmigrantes, Alexia Rodríguez, a The New York Times.

Sin embargo, sus críticos han hecho públicas copias de declaraciones de impuesto de la institución en las que se revela que el presidente y fundador de esa organización, Juan Sánchez, recibió en 2017 un salario anual de casi US$1,5 millones.

Según Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch, ese sueldo coloca a Sánchez como el quinto director mejor pagado de una institución sin fines de lucro en Estados Unidos.

“El jefe de la Cruz Roja de Estados Unidos recibe un salario de US$600.000. Y es una ONG que maneja miles de millones de dólares. Ellos controlan la mitad del suministro de sangre y son un proveedor líder en situación de desastres. El presupuesto de esta ONG (Southwest Key) es como un décimo del de la Cruz Roja”, dijo Borochoff a la cadena CNN.

BBC Mundo solicitó una entrevista con un portavoz de Southwest Key pero no obtuvo respuesta.

La crisis migratoria de este año también ha llevado al otorgamiento de algunos contratos de emergencia para albergar menores.

Eso, por ejemplo, ocurrió con la reactivación de un centro de acogida en Homestead (sur de Florida), administrado por la empresa Comprehensive Health Services (servicios de salud exhaustivos, en español), que en febrero recibió un contrato para albergar hasta 500 menores inmigrantes que a inicios de mayo fue ampliado para alcanzar hasta 1.000 niños.

Según la agencia Bloomberg, esta empresa recibirá por esta labor hasta US$31 millones.

Nuevas oportunidades

Pero el negocio de dar alojamiento a los inmigrantes detenidos aún puede crecer más en los próximos meses.

Tras revocar la medida de separación de menores, la prensa estadounidense ha informado que el gobierno quiere que las familias permanezcan juntas pero bajo un régimen de detención que aparentemente se extendería de forma indefinida hasta que los padres hayan sido procesados penalmente.

Esa idea es de difícil aplicación y se prevé que podrá ser impugnada ante la justicia. Sin embargo, en caso de que pueda ejecutarse podría traducirse en un incremento tanto del número de detenidos como del tiempo de alojamiento.

“No está claro cómo el gobierno piensa aplicar esto porque existe una sentencia judicial que establece que los menores inmigrantes no pueden permanecer más de 20 días detenidos“, señala a BBC Mundo Liz Willis, cofundadora del Asylum Seeker Advocacy Project (Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, en español) una iniciativa que busca evitar las deportaciones indebidas dando apoyo legal a las familias que buscan refugio.

Willis agrega que en la actualidad solamente hay un centro en Estados Unidos en el que se puede detener a los padres con los menores y otros dos centros que solo pueden albergar a las madres con sus hijos.

“No tienen un espacio en el que puedan albergar a las familias completas”, indica.

Así, de prosperar esta iniciativa se abriría la oportunidad para crear y cobrar por nuevos centros para alojar a las familias detenidas.