Un desalojo se tornó violento la mañana de este miércoles 25 de enero, luego que fracasó el diálogo entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María en Tucurú, Alta Verapaz, en la que se reporta ya la muerte de un agente de la PNC.

El reporte inicial detalla que la madrugada de este miércoles las unidades de la PNC y los fiscales llegaron a la finca con el objetivo de cumplir una orden judicial de desalojo, pero las personas que ocupan esos terrenos se oponían.

Las autoridades intentaron dialogar con las personas pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los agentes ingresaron al inmueble, pero fueron atacados por supuestos invasores de la finca.

Según se reporta, los ocupantes de la finca estaban armados y dispararon contra las fuerzas de seguridad.

Testigos comentaron que hubo un intercambio de disparos y varios agentes de la PNC resultaron heridos.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a varios agentes de la PNC, pero seis de ellos tenían heridas más graves y fueron llevados al Centro de Atención Permanente (CAP), en donde uno de los policías murió.

Los otros cinco agentes fueron estabilizados en el CAP y fueron llevados a la emergencia del Hospital de Cobán.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Mynor Anibal Morales Calat, de 28 años, originario de Zacapa y con siete años de servicio en la PNC.

Según se informó, Morales llegó al CAP con una herida de bala en lado derecho del tórax.

El reporte preliminar explica que hay varios pobladores heridos por el incidente.

Imágenes del momento en el que inció el enfrentamiento entre agentes de la PNC y los ocupantes de la finca. (Video Guatevisión: Esilal Sa Aatinob’aal Q’eqchi’)

El diálogo fracasó entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María, Tucurú, Alta Verapaz, que resultó con un enfrentamiento. (Video Prensa Libre: Colaboración)

Así fue la evacuación de los agentes de la PNC de la zona en donde ocurrió el enfrentamiento.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos cuando un contingente fue atacado a tiros la mañana de este 21 de noviembre, al desarrollarse un operativo en la finca San Rafael en la comunidad de Pancoc, en Purulhá, Baja Verapaz.

“Fueron atacados a balazos por varios individuos armados que se encuentran en lugar”, señala el reporte policial que detalla que el enfrentamiento se dio a eso de las 7:30 horas de este lunes.

En redes sociales circula un video que muestra a los agentes tratando de resguardarse del ataque, recostados a los lados de un camino de terracería. La PNC confirmó la veracidad del video y confirmó que se trata de un dispositivo de seguridad en el valle de Polochic, en una área boscosa.

En la grabación se ve a varios agentes a la espera, mientras de fondo se escuchan las detonaciones de arma de fuego.

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Agentes procedían a un desalojo

El despliegue policial comenzó a eso de las tres de la madrugada en el lugar en cumplimiento a una orden de desalojo de la finca cuyo propietario es un ciudadano alemán, informaron las autoridades.

No obstante, los supuestos invasores abrieron fuego al notar la presencia de los agentes. El inspector y portavoz de la PNC, César Mateo, confirmó que dos agentes resultaron heridos al no poder repeler el ataque.

Según el informe, el conflicto en la finca se originó cuando vecinos de varias comunidades queqchíes se asentaron en ese terreno.

De acuerdo con las autoridades, los supuestos invasores pertenecen a las comunidades Pancoc, Monjon, Tamaxaque, Los Encinos, Calijá, Balamché, Dos Fuentes y Washington, que, según la denuncia, reclaman ser propietarios “históricos de esas tierras”.

Uno de los policías heridos es Omner Geovany López de 30 años, quien fue herido en una pierna y se encuentra estable.

El otro agente, Gerson Lisandro Chonay, de 33 años, fue herido de bala en el tórax y su diagnóstico es reservado. Ambos pertenecen a la División de las Fuerzas Especiales, confirmó la fuente.

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Hasta ahora no se ha reportado ninguna captura por el operativo que sigue en desarrollo, confirmó el portavoz.

Los agentes ingresaron al Hospital Nacional de Salamá, auxiliados por sus compañeros y trasladados en las autopatrullas de la PNC.

Incidente similar en El Estor

Recientemente, el 16 de noviembre recién pasado, se registró un enfrentamiento entre los policías y pobladores que manifestaban en El Estor, Izabal.

El choque tuvo lugar cuando se coordinaba la captura de cuatro personas. La población protestó y acusó al Gobierno local de velar únicamente por la aprobación de licencias para exploración minera y siembra de monocultivos, pero no atender su demanda de tierras.

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El Manzanote, Palencia, ha sido noticia en los últimos días por una grieta que afecta a varias viviendas y calles, incluso, algunos pobladores han desalojado sus casas.

Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión ha documentado cómo esta situación ha empeorado y ha cambiado la vida de decenas de familias.

Un recorrido por la aldea evidencia la incertidumbre que viven los vecinos.

En las calles, una señalización improvisada alerta de la grieta que cada día se extiende; mientras que en las viviendas dañadas, pobladores miran cómo poco a poco se derrumba la casa que les costó años de trabajo.

Las esquinas de las calles se han convertido en puntos de reunión, donde vecinos hablan acerca del problema y la incertidumbre flota en el ambiente.

No todos han decido dejar sus casas, pese al peligro que representa, pues sus recursos no son suficientes y otras necesidades los obligan a permanecer en el lugar.

Una de estas familias que se niega a desalojar es la de Antonio Pineda, quien narró que él, su esposa y su hijo no se piensan irse de la casa; además, una su hija sufre de problemas mentales y no tienen dónde ir.

Resaltó que la condición de su hija también los obliga a no desalojar, pues requiere de cuidados especiales.

“Cuando mire que la tierra se abrió y ya no puedo, tengo que ver qué hago, pero hasta aquí estoy esperando la voluntad de Dios y le pido a Dios que no pasemos a más”, manifestó.

Mientras señalaba su vivienda, Pineda afirmó que no puede alquilar y recordó que tiene 22 años de cuidar a su hija por su padecimiento; además, necesita medicamentos y atención médica.

Según Pineda, en algunas viviendas el alquiler mensual es de Q2 mil, lo que ha afectado a otros vecinos de escasos recursos.

“Mientras tanto yo no puedo salir de aquí”, externó.

Pese al peligro duerme en su casa y a decir de él, en Guatemala no hay aparatos para saber qué sucede en el suelo.

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“Yo soy el guardián”, dijo Pineda al referirse a que solo su familia vive en el área, pues el resto de las personas desalojó.

“Quisiera yo que unas patrullas anduvieran en la noche, porque les están robando sus cosas a la gente”, alertó el vecino.

Agregó: “Ya a las 9 de la noche no hay ninguna persona viviendo aquí, ‘te recomendamos’ me dicen, cómo voy a estar cuidando casas ajenas”.

Mientras narra su situación, Pineda enfatizó que a su hija que está enferma le tiene un cuarto y sanitario aparte, por lo que debe permanecer en la vivienda, ya que en ocasiones la paciente es agresiva.

Por ahora su casa no tiene daños y de ser afectada, indicó que debe salir, pero le causa incertidumbre la condición de su hija.

Desintegración familiar

Carmen Albizures, otra vecina de El Manzanote, externó que este problema de la grieta ha representado la desintegración familiar, porque su familia ha alquilado distintas viviendas para vivir.

Su casa permanece deshabitada por precaución porque están “en medio del desastre” afirmó la entrevistada.

Antonio Pineda 

Añadió que aunque algunos inmuebles no están dañados, temen por estar en medio del diámetro de la grieta.

“Aparentamos ser fuertes, pero por dentro nosotros estamos solos, estamos quebrados y tristes porque es donde crecimos como familia, de alguna manera nos da nostalgia, nos sentimos tristes”, externó.

Añadió que la aldea es un lugar tranquilo “donde el vecino es la familia, es el apoyo”, por lo que es difícil abandonar sus casas.

Afirmó que algunas familias no desalojan porque no tienen a dónde ir y desconocen qué va a pasar, pues no saben si tienen esperanza de regresar.

Albizures recordó el esfuerzo que hizo su padre para construir la vivienda, donde crecieron junto a otros parientes.

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Luego indicó que ha tenido dos trabajos para construir su casa y sostener económicamente a su familia.

“Soñar y empezar de cero y poder hacer otra vivienda o alquilar en otro lugar”, expresó.

Carmen Albizures

El vecino Raúl Pineda Huertas, de 66 años, por sus propios medios trató de medir la profundidad de la grieta, luego mostró su asombro por los daños que tiene el terreno de un su sobrino.

Recordó que nunca había vivido una situación igual y que no tienen a dónde ir, por lo que hizo un llamado al gobierno para que los ayude.

Recuento de daños

• Tres familias se niegan a desalojar
• 36 casas evacuadas
• 10 viviendas con daño severo e inhabitables
• 1 iglesia con daño severo e inhabitable
• La grieta ya mide unos cuatro metros de profundidad y 55 centímetros de ancho

Tres civiles y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos este miércoles 27 de abril en un intento de desalojo que terminó en enfrentamientos en Purulhá, Baja Verapaz.

Desde las 5 horas se registró fuerte presencia de la PNC y camiones del Ejército de Guatemala en una de las entradas de Purulhá, sobre la ruta Las Verapaces.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que previó a la acción judicial se sostuvo reunión con jefes de las entidades que ejecutarían el desalojo.

El objetivo de la reunión fue para conocer de los protocolos que usarían para evitar la violación a los derechos humanos de las personas; sin embargo, ya no se amplió información del resultado de esta.

La Unidad Verapacense de Organizaciones Campesinas –(UVOC) indicó a través de sus redes sociales que se realizaría un posible desalojo en las comunidades Pancoc, Los Encinos, Tamaxaque y Pampa que corresponden a Purulhá.

La referida organización añadió que aproximadamente 150 familias poqomchi’ viven en el área donde se realizaría el desalojo.

Enfrentamiento

Durante el intento de desalojo hubo un cruce de disparos entre ambos bandos y resultaron heridos tres pobladores, según la UVOC.

También resultó herido el agente de la PNC César Rolando Pop Siquic, de 25 años.

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Con la intención de detener el enfrentamiento se registró el uso de bombas lacrimógenas.

La PDH emitió un comunicado en el que informó que se registró un enfrentamiento entre PNC y comunitarios cuando autoridades policiales se disponían a ingresar a la finca San Rafael para efectuar la orden judicial. Añadió que hombres y mujeres resultaron heridos con proyectil de arma de fuego y bombas caseras.

Añadieron que la oficina de la PDH en Baja Verapaz dará seguimiento a las actuaciones en este caso.

Andrés Lemus, vocero de la Cruz Roja Guatemalteca, informó en Twitter que se registraron disturbios en la aldea Pancoc del municipio de Purulhá.

Se trató de saber el número de heridos que atendieron, pero no se obtuvo una respuesta.

Los bloqueos en carreteras a escala nacional continúan este martes 25 de enero y han afectado a miles de personas en su economía.

Las protestas comenzaron el lunes por parte de grupos de transportistas que se oponen al pago de un seguro y exigen que el gobierno derogue el acuerdo 17-2020.

En varias de las manifestaciones se hallan agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) para dialogar con los inconformes y tratar de persuadirlos para que despejen la vía.

En el bloqueo en el puente Castillo Armas en el kilómetro 178 de la ruta al suroccidente, Retalhuleu, fue habilitado un carril luego de que agentes de la PNC movilizaran los vehículos que impedían el paso y estos fueron abandonados por sus propietarios.

La PNC informó que se reporta la captura de una persona y que los manifestantes no mostraron resistencia para habilitar el carril.

En videos compartidos por noticieros locales se evidencia las consignas que gritan los manifestantes contra las autoridades para evitar ser desalojados.

Agentes de la Policía Nacional Civil movilizaron los vehículos que fueron colocados en el puente Castillo Armas, que impedían el paso vehícular en ese sector. Se habilitó un carril ya que los propietarios abandonaron sus vehículos. pic.twitter.com/H9mTDo3Ptd

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 25, 2022

En las imágenes se observa cuando grupos de agentes se unen para movilizar los automotores y permitir el paso del transporte pesado por el puente.

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Reunión con transportistas

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, informó a La Red que se tiene una reunión con transportistas con relación a los bloqueos que han durado los últimos dos días y esperan llegar a acuerdos para dejar libres las carreteras en las próximas horas.

Añadió que rechazan “rotundamente” cualquier acción que vaya en contra de los derechos constitucionales de la libertad de locomoción.

Dijo que por los bloqueos se han puesto denuncias penales en las instancias competentes para manifestar la desaprobación a estas medidas.

Con el apoyo del DRON-PNC se puede observar la movilización del trasporte pesado en puente Castillo Armas, La Policía Nacional Civil sigue brindando seguridad en el lugar. pic.twitter.com/3vzpiFWIsi

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 25, 2022

La situación en una ruta hacia una mina en El Estor, Izabal, continúa tensa este sábado 23 de octubre, por enfrentamientos de agentes policiales y manifestantes.

Según la Policía Nacional Civil, desde hace unos 17 días un grupo de personas que se opone al funcionamiento de una empresa minera bloquea el paso de vehículos, lo cual, aseguran, ha causado el desabastecimiento en algunos comercios e impiden la libre locomoción de particulares.

El viernes 22, fue enviado un contingente antimotines para intentar desalojar el lugar, pero se registraron enfrentamientos con los manifestantes.

Videos en redes sociales muestran que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes; mientras, la PNC asegura que no utilizaron la violencia y que fueron recibidos con ataques de piedras y palos.

Este sábado, la PNC retomó el desalojo y acompañados del gobernador departamental intentaron liberar la ruta, pero los manifestantes se opusieron.

La PNC compartió información y videos en los que aseguran que un agente resultó herido de bala por un disparo que habría sido efectuado por uno de los manifestantes.

https://twitter.com/PNCdeGuatemala/status/1451955322801823745?s=20

El medio informativo Prensa Comunitaria indicó que los agentes lanzaron gases hacia las personas que bloqueaban la ruta, pero también a viviendas ubicadas en los alrededores del área ocupada por manifestantes.

#URGENTE | decenas de familias salen huyendo de sus casas por los gases lacrimógenos que esta lanzando la Policía Nacional Civil y el Ejercito de Guatemala en la entrada del municipio de El Estor, Izabal.

Vía Radio Victoria pic.twitter.com/L4EsXvMoo6

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 23, 2021

Además, en los videos de la PNC se hace mención que no estaban acompañados por otras instituciones estatales, por lo que pidieron apoyo para “velar por los derechos de los policías”.

Origen del conflicto

Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni con la autorización de operaciones al no haberse realizado (la consulta libre al pueblo).

Este ejercicio de consulta fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, en junio de 2020 y no fue hasta hace unas semanas que el Ministerio de Energía y Minas comenzó con el proceso de reuniones.

Estos primeros acercamientos, sin embargo, han sido con el alcalde de El Estor y con algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo “afines” a la firma rusa, según clama la resistencia indígena q’eqchi’ y no ha tomado en cuenta a la comunidad, que reclama la contaminación ocasionada por la operación minera.

La tensión en El Estor por las operaciones de la CGN en la mina Fénix iniciaron en 2017, con enfrentamientos entre pescadores de El Estor y la seguridad de la extractora, situación que se agudizó con posteriores intimidaciones y amenazas contra periodistas como Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria. *Con información de EFE

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó este miércoles 13 de enero el Acuerdo Ministerial 289-2020, en el que se aprueba la Norma para la Prevención de COVID-19 en Procedimientos de Desalojos.

Según Salud, mediante Acuerdo Gubernativo 150-2020 el presidente de la República y el Consejo de Ministros declaró, a partir del 1 de octubre de 2020, la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la epidemia covid-19 generado por el virus SARS-CoV-2, recomendando a todos los habitantes asumir su máxima responsabilidad y colaboración en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de salud pública, en especial en la actual situación provocada por la relacionada epidemia COVID-19, ordenando a cada uno de los Ministerios de Estado que, en el marco de su función y servicios públicos, deberán emitir las normas que permitan el desarrollo de las disposiciones reglamentarias contenidas en dicho Acuerdo Gubernativo.

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Agrega que en el territorio de la República, como parte de la aplicación de las leyes y órdenes judiciales, se ejecutan frecuentemente desalojos de espacios físicos o propiedades que requieren la movilización de personas por parte de las autoridades y por eso estas acciones deben llevarse a cabo siguiendo los protocolos para la prevención de la transmisión del covid-19, tanto para los operadores de justicia y agentes de seguridad, como para las personas desalojadas o movilizadas, por lo que resulta necesario dictar la presente disposición legal.

El acuerdo 289-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, aprueba en el artículo 1 la Norma para la Prevención de COVID-19 en Procedimientos de Desalojos Judiciales o Movilizaciones, contenidas en el documento Anexo a este Acuerdo y en el artículo 2 detalla que este entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

El documento está firmado por la doctora María Amelia Flores González, ministra de Salud Pública y Asistencia Social.

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En el acuerdo se justifica que la epidemia en Guatemala provocada por el virus SARS-CoV-2 continúa causando un número importante de casos y un exceso de muertes en la población y que la prevención del covid-19 está basada en los siguientes principios básicos:

• a) Uso de mascarilla o tapabocas constante y adecuadamente

• b) Respeto al distanciamiento social de 1.5 metros regulado

• c) Lavado correcto de manos con agua y jabón o alcohol en gel

• d) Prevención de aglomeración de personas que favorecen el contacto

Agrega que los desalojos y movilizaciones deben llevarse a cabo siguiendo los protocolos para la prevención de la transmisión del covid-19 tanto para los agentes de seguridad y justicia como para las personas desalojadas o movilizadas.

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Así deben ser los desalojos

Las fuerzas de seguridad y oficiales judiciales que participen en el desalojo deben cumplir los siguientes procedimientos:

• a) Uso de guantes, mascarillas N95 o KN95, careta facial o anteojos protectores

• b) Disponibilidad de alcohol en gel en concentración igual o mayor al 70% para su utilización de ser necesario.

• c) Evitar las aglomeraciones de personas y mantener la distancia física de 1.5 metros entre los delegados durante su traslado.

• d) Evitar el contacto físico dentro de lo posible con las personas que sean desalojadas.

• e) Desinfectar el equipo e insumos requeridos antes y después de la actuación judicial referida.

Los jueces que ordenan un desalojo o movilización, y las autoridades encargadas de ejecutar la orden judicial, deberán revisar el Tablero de Alertas Sanitarias publicado para el municipio donde se desarrollará el proceso y la quincena correspondiente para determinar el riesgo de contagio de covid-19 en dicha localidad y tiempo.

Los oficiales a cargo de la ejecución de la orden judicial deberán consultar y coordinar con el Distrito de Salud Municipal para determinar el riesgo de infección y cualquier medida adicional sanitaria que fuere necesaria.

En el acuerdo se incluye una nota en la que se establece que esta norma ha sido preparada utilizando las buenas prácticas disponibles hasta la fecha de su publicación. Conforme nueva evidencia sea publicada, podrá sufrir revisiones importantes que informaran las recomendaciones de uso y las limitaciones de estas pruebas durante la epidemia de covid-19.

Fuerzas de seguridad de Guatemala resguardaban este lunes 17 de agosto a una comunidad indígena establecida en tierras ocupadas en el centro del país, luego del ataque de un grupo armado que desalojó y quemó las casas de unas 40 familias el fin de semana, informó la Policía.

Según las autoridades, varias personas ingresaron fuertemente armadas en Balbatzul, un poblado de Cubilguitz habitado por miembros de la la etnia maya q´eqchi´s, unos 120 kilómetros al norte de la capital del país.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), denunció el ataque de un grupo armado que quemó las casas de familias campesinas del caserío después de desalojarlas violentamente, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 16 de agosto.

“Relacionado al conflicto de Cubilguitz, se mantiene seguridad perimetral con el fin de velar por el orden público con la prioridad de proteger la integridad de las personas que residen en el lugar”, indicó en un comunicado la fuerza policial. Una veintena de agentes toman parte en el operativo.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se movilizaron al lugar para investigar los hechos.

“La violencia no es aceptable entre hermanos. Con preocupación vemos los hechos ocurridos en la comunidad Cubilguitz, Cobán, Alta Verapaz, y se ha coordinado con distintas instituciones para garantizar la seguridad y vida de los pobladores”, publicó en su cuenta de Twitter

La familia Dieseldorff, propietaria de las tierras donde se produjeron los hechos de violencia, señaló en un comunicado que lo ocurrido es un conflicto entre dos grupos que ocuparon el lugar desde marzo de 2019.

En Guatemala, los indígenas representan el 42% de los casi 17 millones de habitantes, y viven condiciones de pobreza, sin acceso a tierras. El gobierno ha registrado más de 1 mil conflictos agrarios en el país centroamericano.

El operativo fue llevado a cabo por un contingente de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de la cabecera de Zacapa.

Las autoridades utilizaron maquinaria para destruir construcciones no autorizadas en el lugar y lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los comerciantes inconformes.

Varias personas que se oponían a ser desalojadas resultaron intoxicadas por los gases y fueron auxiliadas por socorristas.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, al menos 30 personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa, la mayoría por síntomas de intoxicación por lo gases lacrimógenos y algunos por heridas leves.

René Juárez, secretario del sindicato de vendedores del mercado, indicó que la autoridad municipal no respetó un amparo que se había presentado y que vencía este sábado a las tres de la tarde y que aprovecharon la noche para quitar los puestos; además, señala que había personal encapuchado para arremeter contra los comerciantes.

“No existió buena socialización con los vendedores para el traslado al nuevo mercado. Varios comerciantes afines a la autoridad recibieron un número para ser reubicados por lo que muchos quedaron sin espacio”, agregó.

Consultadas autoridades municipales indicaron que cumplieron con el plazo establecido y que para este día se debía tener la libre locomoción en avenidas ocupadas por comercios informales.

Agregaron que todos los vendedores fueron notificados para el retiro de sus ventas y que muchos ya cuentan con su número para ubicar sus ventas en el nuevo mercado de Santa María de la zona 4 de Zacapa.

Decenas de familias fueron desalojadas de unos terrenos en la colonia Alameda en la zona 18, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

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La orden judicial fue aprobada por el juez Mynor Moto, quien se encontraba en el lugar del desalojo. Incluso varias mujeres le reclamaron por las acciones hechas.

“Me cayó el expediente de desalojo y ya está completado”, dijo Moto. “El imperio de la ley debe prevalecer y si el MP está acreditando que es propiedad del Estado y se debe retomar el inmueble porque es inhabitable”, explicó.

Los terrenos le pertenecen a la Municipalidad de Guatemala y debería estar en uso de Empagua, describió el juez.