El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, resolvió este miércoles 3 de enero que se suspenda la persecución penal contra el militar en situación de retiro Manuel Antonio Callejas y Callejas, vinculado al caso Genocidio; además, determinó que Benedicto Lucas García siga en prisión preventiva a la espera de juicio por el mismo proceso.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Exfiscales y exjueces guatemaltecos exiliados expusieron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “deterioro” de la Justicia y la democracia en Guatemala, un proceso del que acusan a la fiscal general, Consuelo Porras.

Desde hace semanas se han sucedido protestas en Guatemala que exigen la dimisión de Porras, sancionada por Estados Unidos, por los supuestos intentos del Ministerio Público (MP) de intervenir los resultados de las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo de León, quien debe suceder en enero a Alejandro Giammattei.

Durante una audiencia pública de la CIDH, en Washington, la exmagistrada Claudia Escobar Mejía denunció en nombre de una cuarentena de exiliados “el deterioro” del sistema de justicia de Guatemala” y la “persecución” de los funcionarios de justicia que han denunciado la corrupción del poder político.

Acusó a Porras de haber “cooptado” el MP, haber desmantelado la lucha anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y haber utilizado el sistema penal en contra de “operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos”.

Durante la audiencia se citaron los casos de la abogada Claudia López y del periodista Jose Rubén Zamora, ambos encarcelados en casos que organizaciones de derechos humanos consideran “fabricados” por la Fiscalía.

También denunciaron que el MP ha puesto “en riesgo el proceso electoral” con una “persecución sistemática” de las autoridades electorales y del partido Movimiento Semilla con el objetivo de “impedir a cualquier costo” que Arévalo de León tome posesión en enero próximo.

Por todo ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval solicitó a la CIDH que inste a Guatemala a “cesar de forma inmediata la persecución” de opositores y que la Comisión mantenga al país en el Capítulo IV.B de su informe anual, junto con Cuba, Venezuela y Nicaragua, por “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

En representación del Estado guatemalteco, Alejandro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, abrió la puerta al “diálogo” pero negó que en Guatemala exista “criminalización y hostigamiento” de exfuncionarios de justicia, periodistas ni defensores de derechos humanos.

Contreras descartó que el Estado tenga responsabilidad en la salida de los exfiscales y exjueces del país porque, afirmó, Guatemala respeta los derechos humanos “de todos sus habitantes”.

Asimismo, reivindicó que las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo “de manera exitosa” y que la transición de poderes se está desarrollando “sin novedad”.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, fue crítica con esa intervención al señalar una “disociación” entre el relato expuesto por el Estado guatemalteco y el “debilitamiento de las instituciones” que la Comisión ha visto en Guatemala.

El presidente electo Arévalo de León, quien ha denunciado un “golpe de Estado” de la Fiscalía, se encuentra en Washington para “analizar la situación” en Guatemala con miembros del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos.

La CorteIDH, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sesionó en Bogotá por invitación del Gobierno colombiano hasta este viernes y abordó en audiencias públicas casos en los que se discutió la eventual responsabilidad internacional de Chile, Guatemala y Brasil por supuestas violaciones de derechos fundamentales de esos Estados contra civiles.

“Los derechos humanos en la región están en una situación en algunos aspectos complicados. En otros aspectos vemos que hay reacciones que permiten verificar que algunos niveles de respeto derechos están mejorando”, asegura el presidente del organismo regional.

La razón de ser

En más de 40 años de existencia, según explica Pérez, la función esencial de la Corte es juzgar casos en los cuales se denuncia a un Estado por eventuales incumplimientos a derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque también tiene otras competencias que las expresa a través de opiniones consultivas y de dictar medidas provisionales.

“Hemos manifestado nuestra preocupación por algunos aspectos que tienen que ver con el deterioro de algunos sistemas democráticos, con afectaciones en algunos casos a independencia judicial y a la libertad de expresión. Eso a partir de elementos puntuales que la Corte ve a través de sus casos”, explica.

En ese sentido dice que el tribunal internacional ha revisado casos que tienen que ver con derechos civiles y libertad de expresión; independencia judicial, y otros vinculados con el derecho de igualdad.

Sobre este último tema remarca que “siguen existiendo conductas discriminatorias contra personas en función de su pensamiento político, de su condición sexual, su pertenencia étnica, de su edad, de su de su género, entonces ahí vemos que hay procesos discriminatorios que lamentablemente siguen apareciendo”.

Crisis climática

En un mundo cambiante, dice Pérez, también aparecen nuevas problemáticas que están vinculadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen que ver también con asuntos vinculados con la igualdad, pobreza, acceso a la salud, trabajo y que por sus persistencia siguen sin resolverse pese al paso del tiempo.

“Encontramos que esas causas (las que originan la vulneración de derechos) siguen manteniéndose a lo largo del tiempo y que todavía es posible adoptar medidas, sobre todo de no restitución para que los estados adopten decisiones que permitan de alguna forma intentar evitar que la violación del derecho se mantenga”, puntualiza.

Ahora, otro punto de atención mundial es “toda la preocupación sobre medio ambiente y efectos del cambio climático”.

Por ello dice que la Corte está trabajando en una Opinión Consultiva en la que se analiza la situación del cambio climático y de qué manera afecta la región, zona en la que las desigualdades son mayores.

Lo que se busca es construir una serie de recomendaciones “de cuál debería ser una línea de coherencia en cuanto a preservar a la región y a nuestra ciudadanía de la mejor manera contra los efectos negativos del cambio climático”.

Pérez Manrique recordó que la región es muy vulnerable al cambio climático, a la deforestación que, sin duda, afecta a la gente y sus derechos fundamentales porque los que más lo sufren son los menos favorecidos.

Ni de derecha ni de izquierda

La CorteIDH ha sido señalada por algunos sectores de ser parcializada e incluso de tener una postura que favorece a la izquierda a lo que Pérez señala que no hay nada de eso.

“Los derechos humanos no le pertenecen ni a ningún sector político, ni a ningún sector social, no son de izquierda ni de derecha, son de los de cada uno de nosotros”, puntualiza.

El presidente del tribunal explica que los derechos humanos están fundados en la dignidad humana y “la dignidad humana es algo que nace con la propia persona (…) y nos une a todos como integrantes de una misma categoría de seres que somos los seres humanos”.

Pérez Manrique, que termina su período como presidente de la CorteIDH al final de este año, espera que se le recuerde como la persona que trabajó para abrir la entidad a las personas y que como cabeza de la institución luchó por los derechos civiles y políticos, la independencia judicial y la libertad de expresión.

El diario elPeriódico anunció este viernes 12 de mayo su cierre luego de casi 10 meses de la captura de su fundador y presidente, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde julio pasado, en un proceso que ha sido calificado por sectores nacionales e internacionales como un ataque a la democracia.

“Tras 287 días de resistencia, es tiempo de decir hasta luego”, dijo el medio de comunicación en un comunicado en el que señalan que el 15 de mayo será su última edición.

De esa cuenta, este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que afirma que el cierre de elPeriódico constituye “un retroceso para la democracia” en Guatemala.

Ante ese caso, la SIP denunció la continuación del acoso judicial contra periodistas.

“Toda vez que cierra un medio se produce un serio retroceso para la democracia”, dijo Michael Greenspon, El presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Greenspon añadió: “Es tarea esencial de la prensa independiente fiscalizar a los poderes públicos. Por ello, lamentamos profundamente que Guatemala pierda a un medio que ha ejercido su papel esencial por muchos años, debido a la presión legal, judicial y económica a la que estuvo expuesto”.

La publicación de la SIP destaca que elPeriódico anunció que dejará de publicarse definitivamente este lunes próximo y que el 18 de noviembre de 2022 había dejado de circular en formato impreso, luego de la captura de Zamora, el 29 de julio del año pasado, acusado de supuesto lavado de dinero.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, señaló que se había advertido la difícil situación de la prensa en Guatemala.

“Creíamos que se podría revertir lo que identificamos en Guatemala como uno de los principales problemas de la libertad de prensa, el acoso judicial. Sin embargo, vemos con consternación que la persecución continúa y aumenta, si consideramos que varios periodistas han salido del país para evitar ser procesados por obstrucción de la justicia, un delito que se les achaca por el solo hecho de escribir, hablar y opinar sobre el proceso en contra de Zamora”, comentó Jornet.

Una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala en diciembre pasado y luego de haber visitado a Zamora en la cárcel, presenciar una jornada en tribunales y mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, la SIP concluyó que “la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos”.

Otras posturas

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que promueve el respeto de los derechos humanos en las Américas, condenó la situación por la que atraviesa la prensa guatemalteca.

“WOLA lamenta el cierre de elPeriódico y condena la persecución judicial y financiera contra medios independientes”, dice la entidad.

Además, WOLA dijo que los “ataques contra la libertad de expresión y los derechos humanos son propios de gobiernos autoritarios, como El Salvador y Nicaragua. Reiteramos apoyo a sociedad civil y prensa”.

Christophe Deloire, secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras, publicó en su cuenta de Twitter que el cierre de elPeriódico se debió a la presión gubernamental.

Además, Deloire enfatiza en que el cierre de diario “advierte sobre el peligroso declive de la libertad de prensa en la región”.

La organización Impunity Watch publicó en redes sociales que el cierre de elPeriódico constituye un “duro golpe a la libertad de expresión en Guatemala” y lamentó que se pusiera fin a las publicaciones de “uno de los medios más reconocidos del país”.

“Nuestra solidaridad con José Rubén Zamora y todo el equipo de El Periódico, perseguidos por denunciar la corrupción y los abusos del poder”, señala Impunity Watch.

La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (Ricig) escribió en su cuenta de Twitter: “Un golpe para la libertad de expresión en Guatemala. Consuelo Porras lo hizo una vez más, primero fue @CICIGgt, luego @JSandoval1982, @AifanErika, @JordanRodas y ahora es el turno de cerrar medios @el_Periodico @ChepeZamora. Había un plan y lo ejecutaron. A pesar de todo, seguimos”.

La Fundación Internacional de Seattle (SIF) lamentó el cierre de elPeriódico y lo califica de ser “uno de los bastiones del periodismo en Centroamérica” y un “referente de investigación, fiscalización y denuncia a lo largo de casi 27 años de existencia”.

“El cierre de elPeriódico de Guatemala es motivo de preocupación no solo por la pérdida para el periodismo y la ciudadanía, sino porque representa un golpe a la democracia. Este caso es un ejemplo de la persecución que se ha emprendido contra periodistas por informar y ejercer su derecho de expresión”, señala SIF.

La Red Rompe El Miedo GT señaló que “a pesar de los diferentes mecanismos, recomendaciones y acciones que se han realizado para que el estado de Guatemala cumpla su obligación y responsabilidad de proteger el derecho a la libertad de expresión y de prensa, nos preocupa la cooptación de instituciones públicas, y el visible incremento en discursos ideológicos que promueven todas las formas de odio, incitación a la violencia, represión y discriminación”.

“La tendencia autoritaria y de silenciamiento que se viene observando en Guatemala y la autocensura que se apodera de la prensa señala a un declive del estado democrático. Expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas y personal de elPeriódico, y llamamos al Estado guatemalteco a cumplir con su deber en materia de protección, respeto y garantías a la libertad de prensa y el cese a la criminalización de José Rubén Zamora, de acuerdo con los estándares internacionales y leyes guatemaltecas”, agregó la Red.

Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch Americas, escribió en su cuenta de Twitter que el cierre de elPeriódico es “producto de la persecución” y representa “un golpe duro para la lucha por la democracia y la libertad de prensa en Centroamérica”.

“Nuestra solidaridad con los periodistas del @el_Periodico y todos los que sufren acoso y censura en la región”, concluye el tuit de Pappier.

Detalles

ElPeriódico nació en 1996 de la mano de Zamora Marroquín y durante sus casi 30 años de vida se publicaron miles de casos de corrupción estatal, incluidos los escándalos que dieron paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.

Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra en medio del juicio en su contra, pero ha advertido en reiteradas ocasiones que es un “preso político” y que será condenado por ser incómodo por sus publicaciones.

ElPeriódico recordó en el comunicado que el caso contra Zamora Marroquín fue creado “en menos de 72 horas” y que han sido imputados cuatro abogados del periodista, además de que se realizan investigaciones contra seis comunicadores y tres columnistas de elPeriódico.

La detención de Zamora Marroquín ha sido ampliamente criticada a nivel internacional por diversas organizaciones y entidades sociales.

De acuerdo con diversas fuentes, el periodista tiene una sola hora de sol al día en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra detenido desde julio pasado.

“Seguiremos creyendo en una Guatemala justa y con libertad de expresión, una Guatemala donde la democracia pueda florecer. ¡Hasta siempre!”, se despidió el medio, cuna de docenas de periodistas.

Las acusaciones del Ministerio Público en contra de Zamora Marroquín han sido lideradas por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo acusaciones de corrupción.

Al menos cuatro de los siete abogados que han defendido al periodista han sido acusados por supuestamente conspirar con Zamora Marroquín, mientras que otros tres han renunciado por diversos motivos.

Es por ello que Zamora Marroquín indicó esta semana que requiere de un abogado público, ya que anteriormente había indicado que se defendería solo por el riesgo que corren quienes lo defiendan.

Entre 2018 y 2023, al menos 30 funcionarios del sistema de Justicia, fiscales, activistas y periodistas de Guatemala han tenido que salir al exilio denunciando persecución política en su contra.

Con información de EFE

Las cifras de muertes violentas y el deterioro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante 2022 reflejan la vulnerabilidad en la que se encuentra ese sector de la población, de acuerdo con la percepción de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), que señala que en Guatemala a cada dos días se atenta contra la vida de un menor.

Otto Rivera, secretario ejecutivo de Ciprodeni, calificó de preocupante la situación a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Guatemala, donde hasta septiembre del año pasado se habían reportado 453 asesinatos de menores.

“Lamentablemente no es con el cambio de calendario que la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cambie positivamente, comentó Rivera.

Además, detalló que “cerramos el 2022 con un nuevo boletín de análisis sobre los indicadores de sus derechos y nos atrevemos a decir que la deuda del Estado con las niñas, niños y adolescentes en relación con sus derechos sigue siendo total, cuales quiera de los derechos que se quiera abordar la deuda sigue siendo completa”.

También dijo que “hasta septiembre del año pasado y principios de octubre eran 453 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”.

Destacó que “en este país cada dos días se asesina a una niña, un niño o un adolescente” y reiteró que “las principales vías por las cuales se les quita la vida son con arma de fuego, que afecta primordialmente a los adolescentes hombres, estrangulamiento, ahorcadura y arma blanca”.

Rivera señaló que también hay lesiones compatibles con el tema de maltrato como “violencia intrafamiliar y violencia comunitaria”.

También enfatizó que “el 60 por ciento de los casos del año pasado se ejercieron en contra de niñas y adolescentes”.

El activista también dio que de acuerdo con el análisis del sistema de Alerta Alba Keneth, hasta principios de octubre se había registrado seis mil cinco activaciones, lo que “nos preocupa porque antes de la pandemia la alerta se activaba 15 veces al días, durante la pandemia 17 veces diarias, pero en 2022 fueron 20 veces diarias.

“De cada 10 casos de desapariciones siete eran adolescentes mujeres y niñas”, refirió Rivera.

Agregó que, en 2022, el 65 % de las activaciones de desaparición las niñas, niños y adolescentes aparecieron con vida, “pero hay un porcentaje importante que siguen sin aparecer y otros aparecieron sin vida”.

Embarazos

Otro aspecto que le causa preocupación a Rivera es la alta incidencia de embarazos en menores.

“En 2022 hubo seis embarazados infantiles (de 10 a 14 años) al día y 12 embarazos adolescentes (de 15 a menos de 18 años) cada hora.

“La preocupación es que no es que de un año a otro vaya a cambiar la situación si no hay una acción políticamente intencionada para que esto mejore”, dijo Rivera, quien hace las siguientes propuestas para proteger los derechos de la niñez y adolescencia.

• El país necesita urgente un verdadero sistema nacional de protección y garantía de derechos
• Necesitamos sistemas municipales de prevención de la violencia
• Verdaderos entornos protectores
• Abrir espacios de participación para niños con voz y voto

Qatar, país sede el Mundial, ha abierto una investigación este 8 de diciembre con respecto a la muerte de un trabajador durante la celebración del torneo más grande de fútbol.

Recientemente el presidente del comité organizador del Mundial de Qatar, Nasser Al Khater, confirmó a los medios la muerte del trabajador de 40 años y originario de Filipinas, y le restó importancia al suceso cuando dijo que “la muerte es parte natural de la vida”.

“Estamos en medio de un Mundial. Y tenemos un Mundial exitoso. ¿Y ahora quieren hablar de esto?, La muerte es una parte natural de la vida, ya sea en el trabajo o mientras duermes“, dijo Al Khater a las interrogantes hechas por los periodistas.

El presidente del Mundial de Qatar expresó condolencias para los familiares del trabajador fallecido, pero calificó de “extraña” la intención de los periodistas de comenzar las preguntas con respecto al suceso.

“Mandamos nuestras condolencias a sus familiares. Sin embargo es extraño que su primera pregunta sea enfocado a este tema“, expresó Al Khater.

La respuesta del presidente del Mundial generó polémica tanto en los medios como en las redes sociales, debido a la controversia que gira entorno al país árabe, debido al registro de personas fallecidas en la elaboración del torneo en Qatar.

“Death is a natural part of life, whether it’s at work, whether it’s in your sleep. Of course, a worker died. Our condolences go to his family.”

Qatar World Cup CEO Nasser Al Khater asked today about a migrant worker dying at Saudi Arabia’s training base https://t.co/8VbBXovjpX pic.twitter.com/EFgYgpy0Oo

— Dan Roan (@danroan) December 8, 2022

De acuerdo a la información publicada por el medio deportivo digital The Athletic, el hombre de 40 años trabajaba en una empresa contratada por los organizadores del Mundial para reparar el sistema de iluminación de un estacionamiento en Sealine Resort, lugar de entrenamiento de la selección qatarí.

El medio asegura que el trabajador falleció al resbalarse en una carretilla elevadora y golpearse la cabeza con el pavimento.

Señalaron también que el incidente ocurrió en medio de la competición mundialista, pero no especificaron la fecha de cuándo sucedió.

FIFA general secretary Fatma Samoura has refused to answer questions on the death of a migrant worker during the World Cup in Qatar.

@Mockneyrebel pic.twitter.com/XNYzARu7Gq

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 8, 2022

Muchas fuentes que recopiló The Athletic aseguraron que el trabajador no llevaba equipo de seguridad como un arnés.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas informó que el accidente ocurrió en un complejo turístico al sur de la capital de Qatar, Doha y que la embajada filipina “trabaja con las autoridades legales para obtener mayores detalles acerca del fallecimiento”.

Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

“No hay pena de prisión por asesinato [en Irán]. O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

“106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas. 

Foto principal: Estas 6 mujeres se encuentran entre las 200 que han sido ejecutadas en Irán desde el inicio del siglo XXI. ABDORRAHMAN BOROUMAND CENTER

Esta semana completó su visita una delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.) encabezada por el legislador demócrata Lou Correa. Además de temas económicos, también conversaron con organizaciones de sociedad civil sobre la libertad de expresión y derechos humanos, informó la Embajada de EE. UU en Guatemala.

Los representantes del Congreso arribaron a Guatemala el 3 de agosto “para fortalecer la relación bilateral entre los Estados Unidos y Guatemala”, aseguró la embajada.

La comitiva se integró también por John Katko, republicano de Nueva York; Jimmy Panetta, demócrata de California; Abigail Spanberger, demócrata de Virginia; y Tony Gonzales republicano de Texas.

Aunque uno de los objetivos principales era afianzar la cooperación entre los dos países en el área económica, de inversión y seguridad para reducir la migración irregular, también se abordaron otros temas.

La delegación bipartidista de #EEUU, integrada por @RepLouCorrea, @RepJohnKatko, @RepJimmyPanetta, @RepSpanberger, @TonyGonzales4TX, participó en una reunión con representantes #SociedadCivil, donde abordaron importancia de #ParticipaciónCiudadana para impulsar #Prosperidad. pic.twitter.com/ZDpoHJtJgn

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 4, 2022

“La delegación discutió con líderes del sector privado el fomento del comercio justo y la cooperación económica y empresarial entre los Estados Unidos y Guatemala, para aumentar la inversión e impulsar el crecimiento económico en Guatemala”, informó la embajada de EE. UU. en un comunicado.

Adicionalmente, los congresistas hablaron con representantes de la sociedad civil sobre la migración irregular, la importancia de los derechos humanos, la libertad de prensa, la participación ciudadana y la protección del medioambiente.

Asimismo, se destacaron visitas a compañías estadounidenses que operan en Guatemala, como PepsiCo, PriceSmart y Texwin.

“Estas tres empresas apoyan cerca de 21 mil empleos directos e indirectos y planifican invertir $379 millones, apoyar a 500 emprendedores y generar 5 mil empleos adicionales en el norte de Centroamérica hasta 2025 como parte del “Llamado a la Acción” anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris el año pasado”, se detalló en un comunicado de prensa.

El 27 de mayo de 2021, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris,  anunció el Llamado a la Acción  para que las empresas y empresas sociales asuman compromisos nuevos y significativos para ayudar a enviar una señal de esperanza para la gente de la región del Triángulo Norte de Centro América y abordar así, de manera sostenible, las causas profundas de la migración mediante la promoción de oportunidades económicas.

La Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) se reunió este martes 5 de julio para integrar la terna de aspirantes al cargo de procurador de los Derechos Humano y que será trasladada al pleno el plano del Congreso.

Los diputados no aprobaron por mayoría utilizar el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación para conformar la terna de aspirantes, que señala votar de forma descendente y finalizar el proceso una vez esta se conforme.

Cuando se sometía a votación al aspirante número 9, el diputado Aníbal Rojas propuso que se diera un receso de cinco minutos, a lo cual se opusieron otros diputados al considerar que restaba transparencia a la votación.

El diputado Bernardo Arévalo, integrante de la Comisión de DD.HH. calificó de “irregular” el receso que se aprobó en plena votación para buscar consensos en los votos.

Dijo que según la ley, cuando se comienza un proceso de votación, este no puede ser suspendido y también aplica para las comisiones.

“Sin embargo se pidió un receso que desafortunadamente a la hora de ser votado se decidió que sí iba a tener lugar. Consideramos que esto es, primero es irregular, claramente a luces del reglamento, pero además la razón por la que están haciendo es porque evidentemente no están obteniendo los votos que esperaban para los candidatos del oficialismo y lo que están haciendo es generando el espacio para la negociación bajo la mesa, para las presiones, para todo tipo de discusiones turbias y coercitivas que son a las que recurren para resolver estos temas”, señaló el legislador.

#CongresoGT | El diputado Bernardo Arévalo, integrante de la Comisión de DD.HH. califica de “irregular” el receso que se aprobó en plena votación para buscar consensos en los votos. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/4BCWpi4IhD

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 5, 2022

Terna de aspirantes

Luego, la Comisión integró la terna de aspirantes al cargo, la cual la integran: José Alejandro Córdova Herrera (90.42 puntos), Giovanni Francisco Soto Santos (86.11 puntos) y Melvin Giovanni Portillo Arévalo (87.00).

¿De qué hablaron en el receso?

Al ser cuestionado el respecto, el diputado Rojas respondió que “este es un proceso eminentemente político, ya, y vemos a grupos de izquierda trabajar arduamente para que lograran meter a alguien que fuera en la línea de ellos, nosotros no estábamos de acuerdo en esto y estábamos de acuerdo, la mayoría, como se pudo ver, en que fueran profesionales que fueran independientes con pensamientos independientes, no ideológicos, eso es lo que queríamos elegir y eso es lo que se eligió al final, por eso se hizo el receso y se llegó al acuerdo que al final se tomó en el pleno”.

Luego indicó que se necesitaban los 11 votos para elegir a la terna y se tiene el resultado aunque fueron momentos “un poquitos complicados”.

Lo que prosigue es que se envía a la Comisión Permanente la terna, se publica, y la referida Comisión define cuándo pasa al pleno para su votación final y según Rojas, esto no puede pasar del 20 de julio y elegir al nuevo procurador.

Afirmó que cada quien emitió su voto en la Comisión de Derechos Humanos. “Hubieron ahí algunos diputados de izquierda para variar que se oponían a que se hiciera como se hizo, al final esto es democrático, se gana por votos, se tuvieron los 11 votos necesarios para uno de los postulantes de los que ganaron, otro tuvo 12 y otro tuvo 16, entonces estábamos en ley, un proceso democrático, se cumplió con él y este es el resultado”, manifestó el funcionario.

#CongresoGT | ¿De qué hablaron los diputados durante el receso de 5 minutos que se otorgó en plena votación? Esto responde el diputado Aníbal Rojas, miembro de la comisión. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/7WvCJ1c8jH

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) July 5, 2022

Organizaciones religiosas entregaron este jueves 30 de junio un manifiesto a la fiscal general, Consuelo Porras, en el marco de la Campaña “Si a la dignidad, No a la corrupción”.

Mayra Rodríguez, de la agrupación Centinelas, dijo a La Red que este plantón frente al Ministerio Público (MP) es en rechazo a la corrupción que vive actualmente Guatemala y que entregaron un petitorio firmado por más de 6 mil personas.

Añadió que en el marco del Día de la Dignidad y la Memoria de los Mártires, elevaron la voz para hacer un llamado a combatir la corrupción y a “cesar la persecución de las y los justos y a entregar un petitorio aquí al Ministerio Público”.

También se refirió recientes palabras del presidente Alejandro Giammattei en rechazo a las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y mencionó que es importante la observación de entes internacionales ante los actos de corrupción y persecución en Guatemala.

“Nos parece que es una posición que no refleja lo que estamos viviendo en nuestro país. Nuestro país está sufriendo serios retrocesos democráticos, la corrupción y la impunidad están abarcando cada día más instituciones”, manifestó.

Rodríguez señaló: “El ataque a jueces, a fiscales que combatieron a las mafias de la corrupción, está presente, entonces como población, como parte de la ciudadanía, sí necesitamos en este momento presencia de observación internacional porque las instituciones que velan por los derechos humanos están cooptadas, están tomadas por estas mafias que representan intereses particulares y que están lejos de velar por el bien común”.

Mientras que Sor Lidia Juárez, de la caridad San Vicente de Paul, expresó que esta campaña se hace desde el evangelio y la fe en la que se busca alzar la voz ante la situación actual de Guatemala.

Para leer más: Giammattei critica en la OEA el informe de la CIDH y la señala de “extorsión” y cuestiona su “sesgo ideológico”

“Cómo se puede hablar de derechos humanos cuando se está pisoteando la dignidad de la Usac”, manifestó.

Agregó que en Guatemala los derechos humanos están pisoteados.

Mayra Rodríguez, de la agrupación Centinelas