Geeta Pandey

BBC News, Delhi

Las dotes son ilegales en India desde 1961, pero aún se espera que la familia de la novia regale dinero en efectivo, ropa y joyas a la familia del novio.

Una maestra de 27 años de Bhopal, una ciudad en el centro del país, inició una petición en la que le solicita a la policía que despliegue agentes en sitios donde se celebran bodas y realice redadas para poner fin a este “mal social”.

Gunjan Tiwari (no es su nombre real) le dijo a la BBC que su petición nació a partir de su propia experiencia de ser rechazada por decenas de hombres por cuestiones de dote.

El incidente más reciente tuvo lugar en febrero, cuando su padre invitó a su casa a un joven y su familia con la esperanza de encontrar una pareja para su hija.

Luego de que sus padres intercambiaran cumplidos con los invitados, Gunjan entró en la sala llevando una bandeja con tazas de té humeante y bocadillos para los invitados.

La joven describió el momento como “inquietante”.

“Todo el mundo te está mirando, todos te están evaluando”, me dijo por teléfono desde su casa.

La familia de Gunjan había planeado de forma meticulosa cuándo y cómo la joven aparecería ante los invitados. Su madre había elegido un atuendo verde para ella porque pensó que su hija se veía especialmente atractiva con él.

También le aconsejó a Gunjan que no se riera, ya que eso llamaría la atención sobre sus dientes irregulares.

Es un ejercicio con el que Gunjan está muy familiarizada, ya que lo ha hecho seis veces en la misma cantidad de años. Las preguntas que le hicieron también eran familiares: sobre su educación y trabajo, y si sabía cocinar.

Antes de entrar en la habitación, la joven había oído a sus padres preguntar al padre del futuro novio cuál era la dote que esperaba. “Querían de 5 a 6 millones de rupias (de US$61.000 a US$ 73.000)”, relató.

Además el padre del futuro novio dijo bromeando: “Si tu hija es hermosa, te haremos un descuento”.

A medida que avanzaba la conversación, Gunjan percibió que no se le iba a ofrecer un descuento: los visitantes le preguntaron sobre sus dientes irregulares y un lunar en la frente.

Después del té, cuando Gunjan tuvo unos minutos para hablar en privado con el futuro novio, ella le dijo que no se casaría si había una dote de por medio.

“Él estuvo de acuerdo en que la dote era un mal social”, me dijo, y agregó que la respuesta le hizo pensar que el joven era diferente a los otros que había conocido.

Pero los Tiwaris pronto se enteraron de que Gunjan había sido rechazada.

“Para mi madre, la negativa se debió a mi postura contra la dote. Estaba furiosa conmigo y no me habló durante más de dos semanas”.

Gunjan relató que en los últimos seis años su padre se ha puesto en contacto con “familias de 100 a 150 solteros elegibles” y conoció a más de 20 de ellos. La propia Gunjan fue presentada ante seis candidatos. Casi todas las tentativas, dice, fracasaron por la dote.

“Debido a estos rechazos he perdido toda mi confianza”, dice Gunjan, quien tiene una maestría en matemáticas y toma clases en línea.

“Cuando pienso racionalmente, sé que no soy yo a quien le falta algo, el problema es con las personas que quieren dotes. Pero a menudo siento que me he convertido en un lastre para mis padres”.

A pesar de que las dotes (tanto darlas como aceptarlas) han sido ilegales durante más de 60 años, se utilizan en el 90% de los matrimonios indios, según un estudio reciente. Los pagos entre 1950 y 1999 ascendieron a un cuarto de billón de dólares.

Se sabe que los padres de las novias toman grandes préstamos o incluso venden su tierra y su casa para cumplir con las exigencias de la dote. E incluso eso no garantiza necesariamente una vida feliz para la novia.

Según la Oficina Nacional de Registros Criminales, 35.493 novias fueron asesinadas en India entre 2017 y 2022, un promedio de 20 mujeres por día, por traer una dote insuficiente.

Los activistas señalan que la dote también es una de las razones detrás de la proporción de género sesgada de India.

Naciones Unidas estima que, tras tests prenatales de detección de sexo, casi 400.000 fetos femeninos son abortados cada año por familias preocupadas ante el costo de futuras dotes.

En su petición dirigida a Harinarayan Chari Mishra, el jefe de policía de Bhopal, Gunjan afirma que la única solución es allanar los lugares donde se celebran bodas y arrestar a los que son hallados entregando o recibiendo dotes.

El “miedo al castigo” ayudará a “poner fin a esta cruel práctica”, añade. La semana pasada, la joven se reunió con Mishra para solicitarle apoyo en su lucha.

“La dote es un mal social y estamos comprometidos a ponerle fin. He ordenado a todas las comisarías que brinden la ayuda adecuada a cualquier mujer que la solicite”, le dijo Mishra a la BBC.

Sin embargo, agregó el comisionado, “la policía tiene sus limitaciones, no puede estar presente en todos lados y necesitamos generar más conciencia sobre el tema, cambiar mentalidades”.

La activista por los derechos de las mujeres Kavita Srivastava cree que la policía definitivamente puede ayudar, aunque asegura que abordar la cuestión de la dote es un tema complejo.

“India no es un estado policial, pero existe una ley de prohibición de la dote y necesitamos una mejor implementación de esa ley”, señaló.

La dote, dijo Srivastava, a menudo no es un pago único. Cuando se trata de familias codiciosas éstas siguen exigiendo más y más incluso después del matrimonio ya que “es dinero fácil, una forma de enriquecerse rápidamente”.

La activista cita ejemplos de mujeres que enfrentan violencia doméstica de por vida e incluso son expulsadas de sus hogares matrimoniales por no cumplir con las exigencias recurrentes.

El flagelo de la dote, dice, solo se puede combatir si los hombres y mujeres jóvenes comienzan a tomar una posición y se niegan a dar o aceptar dotes.

Gunjan señaló que le gustaría casarse porque “la vida es larga y no puedo pasarla sola”, pero aseguró que no pagará una dote.

Con el pasar del tiempo, la desesperación de su familia por encontrar una pareja para la joven sigue creciendo.

“Entre mis parientes en mi aldea ancestral en el distrito de Etawah, en el estado vecino de Uttar Pradesh, una joven de 25 años es considerada una anciana en el mercado del matrimonio”.

El padre de Gunjan examina regularmente las columnas matrimoniales de los periódicos y pidió a varios parientes que mantengan abiertos sus ojos y oídos para hallar una pareja adecuada. El padre también se unió a un grupo de WhatsApp con más de 2.000 miembros de su casta donde familias como la suya comparten currículos de sus hijos.

“La mayoría quiere una boda lujosa que cueste 5 millones de rupias o más. Mi padre solo puede pagar la mitad de eso”, afirma Gunjan.

La joven agrega que su insistencia de no casarse con dote ha hecho más difícil la vida de sus padres.

“Mi padre dice que han pasado solo seis años desde que comenzó a buscarme un novio. Pero afirma que sin dote no me encontrará una pareja aunque busque durante 60 años“.

La recomendación, emitida por el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio y que circula en las redes sociales, pide también a los conductores que acepten mujeres en sus vehículos sólo si llevan “velo islámico”.

“Las mujeres que viajen más de 72 km no pueden realizar el viaje si no están acompañadas por un miembro cercano de la familia”, declaró a la AFP el portavoz del Ministerio, Sadeq Akif Muhajir, quien precisó que el acompañante debe ser un hombre.

Desde su llegada al poder en agosto, los talibanes impusieron diversas restricciones a las mujeres y niñas, a pesar de las promesas iniciales de que su régimen sería menos estricto que el primero que duró de 1996 al 2001.

Durante su primer gobierno, los talibanes obligaron a las mujeres a llevar el burka. Sólo podían salir de casa acompañadas por un hombre y no se les permitía trabajar ni estudiar.

Cuando regresaron al poder en agosto pasado, los talibanes, que necesitan el reconocimiento de la comunidad internacional y la ayuda humanitaria, habían declarado que serían más abiertos que durante su anterior etapa.

“Vemos cada día un poco más quiénes son de verdad los talibanes, cuáles son sus puntos de vista en materia de derechos de las mujeres, y es una imagen muy, muy oscura”, dijo a la AFP Heather Barr, de la ONG Human Rights Watch .

“Prisioneras”

“Esta nueva orden va sobre todo (…) más lejos en convertir a las mujeres en prisioneras”, añadió Heather Barr.

El Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio anunció otras medidas, por ejemplo, la prohibición de escuchar música en los vehículos.

No está claro de momento hasta qué punto estas recomendaciones se llevarán a la práctica, pero el sábado los talibanes habían levantado barreras en algunos puntos de la capital, Kabul, para informar a los automovilistas.

Esta directiva se produce unas semanas después de que el ministerio pidió a las televisiones afganas no difundir “telenovelas y culebrones con mujeres”, y que se aseguraran de que las periodistas llevaran “velo islámico” en pantalla.

Los talibanes no precisan tampoco qué entienden por “velo islámico”, si se trata de un pañuelo o si abarca también el rostro, ya que la mayoría de las mujeres afganas lucen prendas que cubren mucho más.

Al mismo tiempo, se han dado otros gestos de signo contrario. En varias provincias, las autoridades locales aceptaron abrir las escuelas a las niñas, aunque muchas de ellas siguen sin poder asistir.

A principios de diciembre, un decreto en nombre del líder supremo del movimiento, el mulá Hibatullah Akhundzada, pedía al gobierno que hiciera valer los derechos de las mujeres, aunque no mencionaba el derecho a la educación.

El respeto de los derechos de las mujeres es una de las condiciones impuestas por los donantes internacionales para que regrese la ayuda humanitaria a Afganistán.

Este país, uno de los más pobres del mundo, se encuentra en el borde del hundimiento económico. La ONU alertó de una cercana “avalancha de hambre”, ya que considera que 22 de los cerca de 40 millones de afganos pueden sufrir una ausencia “aguda” de alimento este invierno.

En total unas 80 mujeres y adolescentes fueron grabadas mientras orinaban en una calle lateral debido a la falta de instalaciones.

Las imágenes fueron captadas por cámaras ocultas en el festival local de A Maruxaina en localidad de Cervo, en Galicia, noroeste.

En muchos casos, las imágenes mostraban primeros planos de los genitales y de los rostros de las mujeres.

Los videos pudieron verse en webs de pornografía, algunas de las cuales requieren pago para acceder al material.

Al conocerse esta situación, muchas de las afectadas iniciaron acciones legales en 2020, pidiendo que las grabaciones, de las que se desconoce el autor, fueran investigadas por considerar que se había vulnerado su derecho a la intimidad.

“Entré en pánico”

Un juez local, Pablo Muñoz Vázquez, archivó el caso, lo que provocó un recurso de apelación liderado por la asociación Mujeres por la Igualdad Burela.

El mismo juez confirmó ahora su decisión inicial de no proceder debido a que como los videos fueron grabados en un lugar público, no pueden considerarse como delito.

Según documentos judiciales, el juez también resolvió que “no hubo intención de violar la resistencia física o moral” de las mujeres afectadas.

“Entré en pánico”, dijo Jenniffer, una de las mujeres filmadas durante el festival local en 2019 al recordar el momento en el que un amigo le dijo que se habían subido imágenes de ella a un sitio pornográfico.

“Y luego, cuando vi el video, lloré, estaba realmente avergonzada, no sabía qué hacer”.

Como muchas de las afectadas, Jenniffer necesitó terapia. El último fallo judicial se ha sumado al dolor.

“Me siento muy frustrada”, dijo.

“Básicamente están diciendo que si alguien te graba en la calle, lo publica en un sitio porno y gana dinero, eso está bien”.

Ana García, de la asociación Bumei, advierte que este caso podría sentar un precedente, porque da impunidad a quienes realicen tales grabaciones.

“Solo porque estás en un espacio público, eso no significa que filmar imágenes íntimas y luego distribuirlas no sea delito, porque se trata de derechos fundamentales”, dijo García.

La decisión de no continuar con el caso ha provocado protestas y una campaña online bajo el hashtag #XustizaMaruxaina (Justicia Maruxaina).

El caso también ha entrado en la arena política con unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

“Tomar fotografías de una mujer sin su consentimiento y distribuirlas es violencia sexual“, dijo.

Los derechos de género han sido objeto de un feroz debate entre la izquierda y la derecha en España en los últimos años y esta no es la primera vez que una decisión judicial ha provocado una reacción por parte de grupos de mujeres.

En 2018, la decisión de un juez de Pamplona desató protestas masivas al considerar que la agresión a una joven por parte de cinco hombres, apodados como “La Manada”, era abuso sexual en lugar de violación.

El Tribunal Supremo finalmente anuló el veredicto y declaró a los hombres culpables de violación y aumentó las sentencias de cárcel de nueve a 15 años.

Las mujeres afectadas por el caso A Maruxaina volverán a apelar con la esperanza de que finalmente se investigue el caso.

“Queremos igualdad de derechos, queremos mujeres en el gobierno”.

Esa es la frase que coreaban el miércoles decenas de mujeres mientras se manifestaban por una calle en Kabul.

Un día antes, los talibanes habían anunciado su gabinete interino de ministros.

No hay mujeres en él y también han eliminado el Ministerio de Asuntos de la Mujer.

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“No podemos aceptar esto, y por eso hemos salido a la calle”, le dijo Sara (nombre cambiado) a la BBC.

Era la segunda manifestación en la que participó la semana pasada.

“Estábamos marchando pacíficamente. Luego vi que nos seguían cuatro o cinco vehículos con unos 10 combatientes talibanes en cada uno de ellos”, dijo Jia (nombre cambiado), otro manifestante.

Las mujeres dicen que fueron detenidas, azotadas con látigos y golpeadas con porras que emiten descargas eléctricas.

“Me golpearon el hombro dos veces. Me dolía todo el cuerpo. Todavía me duele y no puedo mover el brazo”, dijo Jia.

“Nos llamaron de todo. Me da vergüenza repetir las cosas que nos dijeron”.

Los talibanes han dicho que están comprometidos con los derechos de las mujeres y no están en contra de que estudien o trabajen.

Pero desde que tomaron el control el 15 de agosto, les han pedido a todas las mujeres, excepto a las del sector de la salud pública, que se mantengan alejadas de de sus puestos hasta que la seguridad mejore.

La seguridad fue una de las razones que dio el grupo cuando estuvo en el poder en Afganistán en la década de 1990 para evitar que las mujeres trabajaran, y muchas, como Sara, temen que esta vez no sea diferente.

Solía trabajar como asesora en un departamento gubernamental y también dirigía su propio negocio.

Dice que su familia teme por su vida.

“Me dicen que no vaya a las protestas. ‘Te van a matar‘ [los talibanes, me advierten]”, cuenta.

“Me peleé con mi hermano para poder asistir a la marcha del miércoles, pero es importante que levantemos la voz”, prosigue.

“No tengo miedo. Seguiré yendo cada vez, hasta que nos maten. Es mejor morir de una vez que morir gradualmente”.

Jia está casada y tiene cuatro hijos, uno de ellos recién nacido.

A ella, en cambio, su familia la anima a protestar, dice.

“Los talibanes no estarán aquí por unos días. Van a quedarse. Necesitamos exigir nuestros derechos, no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones, para nuestros hijos”.

“Sabemos que los talibanes nos encontrarán y podrían atacarnos, pero no tenemos otra opción. Tenemos que continuar”.

Durante las protestas en la ciudad de Herat a principios de esta semana murieron tres personas.

Los talibanes dispararon al aire para dispersar la multitud.

Hay muchos videos de los combatientes azotando a los manifestantes con látigos.

اطلاعات روز: تقی دریابی و نعمت‌الله نقدی، دو گزارشگر روزنامه اطلاعات روز پس از بازداشت توسط طالبان، به شدت مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.
آثاری از شلاق و کیبل‌ بر سر، صورت و بدن این دو گزارشگر اطلاعات روز به چشم می‌خورد. pic.twitter.com/0vuEwYW28b

— اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 8, 2021

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Los reporteros que cubrían las manifestaciones también fueron atacados.

Y en los últimos días, los talibanes parecen haberse vuelto más brutales.

Etilaatroz, una organización de noticias afgana que publica un diario, dijo que cinco de sus periodistas habían sido detenidos el miércoles.

Dos de ellos fueron golpeados tan brutalmente con cables que tuvieron que ser tratados en el hospital.

Anelise Borges, corresponsal de Euronews, le dijo a la BBC que su colega afgano había sido detenido por los talibanes durante más de tres horas el miércoles, cuando fueron a pedirles permiso para filmar una protesta.

“Lo abofetearon en la cara varias veces. Está aturdido por eso. Además le confiscaron su teléfono y su billetera”, contó.

La BBC también habló con un periodista afgano que fue detenido mientras filmaba una protesta en Kabul el martes.

“Detuvieron a muchos manifestantes y periodistas. Me quitaron el teléfono, el micrófono y otros equipos. Me golpearon repetidamente, con las manos y los libros. Les dije que era periodista pero no me escucharon. Los vi golpeando a otros con armas. Borraron todos mis videos”, dijo.

“La foto de la pantalla de mi teléfono era de un hombre y una mujer abrazados. Esto realmente enfureció a un comandante talibán que me golpeó con fuerza en la cara”.

Dados estos ataques contra manifestantes y periodistas, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán dijo que “las autoridades de facto tienen la obligación de salvaguardar los derechos de todos los afganos sin violencia”.

Los talibanes han respondido prohibiendo efectivamente las protestas.

Han dicho que los manifestantes deben obtener el permiso del Ministerio de Justicia, y luego los servicios de seguridad deben recibir información sobre el lugar y la hora de la protesta, e incluso las pancartas y eslóganes que se utilizarán.

Para Jia y Sara, exigir sus derechos se ha vuelto aún más difícil.

El Tribunal Superior de Navarra (norte) ratificó así la condena contra los jóvenes sevillanos, quienes abusaron sucesivamente de su víctima -entonces de 18 años- en el portal de un edificio de Pamplona durante la fiesta de los Sanfermines en julio de 2016.

Los cinco jóvenes se grabaron a sí mismos con sus teléfonos móviles y alardearon de los hechos en un grupo de WhatsApp en el que se hacían llamar “La Manada”.

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En abril pasado, los jóvenes fueron sentenciados en primera instancia a nueve años de prisión cada uno por “un delito continuado de abuso sexual”. Los jueces descartaron la calificación de violación en los hechos al no observar intimidación.

Dicha decisión provocó indignación y una ola de manifestaciones en España, donde el movimiento feminista ha cobrado especial fuerza en los últimos años. Poco antes, el 8 de marzo, el país había vivido una inédita huelga en defensa de los derechos de las mujeres, en la que participaron millones de personas.

Tanto la acusación como los condenados, que habían quedado en junio en libertad provisional desatando nuevas protestas, apelaron la decisión de primera instancia.

Dos jueces discrepantes

Este miércoles, el Tribunal Superior de Navarra anunció que confirmaba la sentencia, al estimar que no hubo violencia en los hechos y de que era muy difícil discernir si hubo intimidación al no existir un manifiesto uso de la fuerza o amenazas hacia la víctima.

“La víctima adoptó una actitud de sometimiento y pasividad”, indicó la corte en un comunicado.

Según el Código Penal español, debe existir intimidación y violencia para que un hecho se considere violación.

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No obstante, dos de los cinco jueces, todos hombres, del tribunal, emitieron opiniones discrepantes.

Ambos jueces estimaron que se trató de “un acto de intimidación y coacción creado por todos ellos, tendiendo una encerrona a la víctima, teniendo en cuenta la prácticamente nula posibilidad de ésta de huir y/o escapar”, señaló el texto.

Añadieron que creían que se trató de una agresión sexual agravada (violación) a la luz de los actos “degradantes” que infligieron a la víctima y el hecho de que la dejaron “medio desnuda” y uno de los jóvenes le sacó las tarjetas de memoria al celular.

Los jueces discrepantes concluyeron que los cinco jóvenes debían haber sido condenados a más de catorce años de cárcel.

Los fiscales pedían una pena de 22 años y 10 meses.

Caso llegará al Tribunal Supremo

El abogado de los acusados, Agustín Martínez, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la nueva sentencia al considerar que “no es ajustada a los hechos que ocurrieron”, que estima fueron “relaciones sexuales consentidas entre seis adultos”.

La defensa de la víctima también recurrirá, al igual que el Ayuntamiento de Pamplona, cuyo alcalde, Joseba Asirón, manifestó su “decepción” al considerar que sí hubo agresión sexual.

Existe “una brecha (…) entre la sociedad y determinados sectores de la judicatura”, manifestó Asirón a periodistas.

Ante la polémica causada por las decisiones judiciales en este caso, el gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció en julio que promovería una reforma del Código Penal para introducir el concepto de consentimiento expreso en las relaciones sexuales y endurecer así los castigos.

“Sentencias que duelen. Las mujeres necesitan justicia”, tuiteó este miércoles el Partido Socialista.