Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron cuatro amparos en la Corte de Constitucionalidad (CC) que buscan suspender el proceso de retiro del derecho de antejuicio que fue promovido en su contra por el Ministerio Público (MP).

Según se informó, los amparos pretenden suspender la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se trasladó al Congreso de la República el trámite de los antejuicios contra ocho magistrados del TSE por la compra del Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y por lo que el MP quiere investigarlos.

Los amparos fueron presentados por los magistrados titulares del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y uno más planteado en conjunto por los magistrados suplentes Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón Paredes.

A los cuatro amparos ya se les dio trámite y la CC solicitó informes circunstanciados a la CSJ, previo a resolver las acciones legales.

El caso es el antejuicio 255-2023 que fue planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.

También en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

El MP señala a los magistrados del TSE de los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

En el amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, se lee que el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de la ciudad de Guatemala, un escrito y documentos adjuntos dirigido al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cual, contenía la solicitud de antejuicio.

Agrega que el juez ante quien se presentó el escrito, y a quien no iba dirigido documento, “al ver que se trataba de una solicitud de antejuicio nueva, debió limitarse a remitir al Centro de Gestión Penal la solicitud de antejuicio relacionada para que dicho Centro lo distribuyera al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala que correspondiera y que es a quien iba dirigido el mismo; empero, dicho juez de paz, sin tener competencia y sin que la solicitud de antejuicio nueva fuera dirigida a dicha judicatura, procedió a dictar resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, en el expediente identificado como “DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO SGT 01141-2023-02164/Secretario, indicando que se inhibía de conocer de las diligencias de antejuicio presentada y ordenó remitir todo lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta resolviera lo que en derecho correspondiera”.

Además, señala que no se agotaron otros procesos y de eso no fue informada.

La resolución de la CSJ

El pasado 7 de noviembre se informó que por mayoría, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite (formación de causa) al antejuicio contra los magistrados del TSE que fue planteado por el MP y ordenó trasladar el expediente al Congreso de la República para que este organismo concluya con el proceso.

Según la resolución de la CJS, el MP señala que  hubo “anomalías” en la forma en que se llevó a cabo la contratación de la empresa Datasys, para llevar a cabo los trabajos informáticos durante el periodo electoral del 2023.

“El Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio sostuvo que dichos magistrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023 con la entidad, la Datasys Guatemala Asociada Anónimo (…) y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma entidad, Datasys Guatemala, Sociedad Anónima, recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, Sociedad Anónima, para realizar dicha supervisión”, señaló la CSJ.

Por lo que, a criterio del MP, “los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado Guatemala”.

En el Congreso

El pasado 9 de noviembre, Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, informó que ya fueron notificados sobre el proceso que se sigue para retirarles el derecho de antejuicio a los magistrados del TSE y afirmó que en la próxima sesión plenaria podrían integrar la comisión pesquisidora que determinará si es factible quitarles la inmunidad.

Según la Ley de Amparo y Antejuicios, el Congreso debe conocer el proceso y formar la mencionada pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar el derecho de antejuicio contra los magistrados del TSE.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por mayoría sin lugar la solicitud de retiro de antejuicio de cuatro diputados acusados de cohecho pasivo en el caso Subordinación del poder Legislativo.

Los diputados que no podrán seguir siendo investigados por el Ministerio Público son Haroldo Quej, Marco Antonio Orozco Arriola, Gustavo Medrano y Juan José Porras.

Los legisladores fueron acusados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de haber recibido dádivas mensuales a cambio de no oponerse en la aprobación de leyes que eran de interés de la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.

Los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2016. El caso fue presentado en julio de este año, pero con la resolución del pleno de magistrados, el Ministerio Público no podrá seguir investigando a los legisladores.

El pleno de magistrados resolvió también este día una querella que el Congreso de la República presentó contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

La denuncia fue contra Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Matta Vela por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

La Junta Directiva del Congreso presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, pretendía que se retirara el derecho de antejuicio de los magistrados por haber otorgado un amparo provisional que suspendió las sesiones de la comisión anti Cicig.

El pleno de la CSj rechazó in inlímine esta solicitud.