Estados Unidos acusó este domingo al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” con su petición de que se retire la inmunidad de la jueza guatemalteca Erika Aifán.

El pasado jueves, el Ministerio Público de Guatemala anunció que había solicitado un retiro de inmunidad contra Aifán, en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020.

Dicha solicitud “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

“La independencia de los jueces para revisar los casos y emitir sentencias libres de la amenaza de represalias o de influencias externas es fundamental para el Estado de derecho”, subrayó Price.

“Esta acción contra una jueza independiente e internacionalmente reconocida debilita un pilar vital de la democracia y el sistema judicial de Guatemala”, añadió.

El portavoz recordó que el año pasado, Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.

La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de fase intermedia, denunció el año pasado que ha sido víctima de procesos espurios en su contra, con casos sin base legal y que han permanecido vigentes pero inmóviles en diversas agencias fiscales durante al menos nueve años.

Junto a otros jueces, Aifán pidió a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que desestime las denuncias en su contra, que son usadas como pretexto de hostigamientos y acoso cibernético, aunados a seguimientos en la vía pública y persecuciones, dentro y fuera de las instituciones estatales.

Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca precisamente por acusarla de obstruir la justicia en casos de alto impacto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó ni a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.

La semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.

Postura de Presidencia

Sobre el tema, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin Lopez, dijo que: “Aclaramos enfáticamente que no hay señalamiento ni acusación hacia el Organismo Ejecutivo”.

López aseguró que el Ejecutivo “mantiene una buena relación de cooperación con el gobierno de los EE.UU. a través  de sus distintas agencias y programas”.

Además señaló que el Ejecutivo “es totalmente respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y del derecho a la defensa y sobre todo la independencia de poderes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala”.

El secretario también aseguró que el Ejecutivo no interviene en asuntos relacionados al sistema de justicia ni de los órganos encargados de la investigación criminal.

“Cualquier pronunciamiento corresponde al Ministerio Público y al Organismo Judicial”, dijo López.

Postura del MP

Prensa Libre consultó al Ministerio Público sobre el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y respondió:

“Al Ministerio Público, conforme a su mandato constitucional, le corresponde la investigación y persecución penal, la cual desarrolla siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. En el caso de la solicitud de retiro de antejuicio, esta se realiza de conformidad con la ley en la materia, para que sea el órgano competente quien resuelva si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito e iniciar la investigación, ya que nadie es superior a la ley.”

“Confiamos en que prevaleceremos en este caso, porque los hechos están de nuestro lado”, dijo el fiscal general Jeff Sessions en una declaración en la que anunciaba la demanda.

Las reglas que rigen el acceso en línea han sufrido numerosos desafíos judiciales y medidas reguladoras durante la última década, y en diciembre la Comisión Federal de Comunicaciones votó por 3 a 2 revertir una normativa de 2015 que estableció la neutralidad de la red.

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El domingo el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, firmó una ley que restableció la neutralidad de la red en su estado, el más grande y más rico del país.

La ley también marca el último desafío entre la administración de Brown y los republicanos del presidente Donald Trump, quienes ya se han enfrentado varias veces por las regulaciones ambientales y de inmigración.

“Según la Constitución, los estados no regulan el comercio interestatal, el gobierno federal lo hace. Una vez más, la legislatura de California ha promulgado una ley estatal extrema e ilegal que intenta frustrar la política federal”, argumentó el fiscal general Sessions.

Entre otras cosas, la neutralidad de la red apunta a prohibir el bloqueo de sitios o servicios por razones competitivas, y prohíbe los carriles “rápidos” y “lentos” para diferentes tipos de tráfico en línea.

Los gigantes de Internet Amazon, Facebook y Google están entre los partidarios de la neutralidad de la red.