Dos exministros y un viceministro del gobierno del presidente Alejandro Giammattei fueron sancionado este martes 31 de octubre por EE. UU., debido a que “sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La sanción impuesta por Washington señala que los exfuncionarios y sus familias son considerados “como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

“Estados Unidos designa a Gendri Rocael Reyes Mazariegos (“Reyes”) , ex Ministro del Interior,  a Alberto Pimentel Mata (“Pimentel”) , ex Ministro de Energía y Minas (MEM), y a Óscar Rafael Pérez Ramírez (“Pérez”) , Viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, generalmente no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, debido a su participación en corrupción significativa”.

Añade que “Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos. Sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”.

El documento detalla que “Estados Unidos apoya a los guatemaltecos que trabajan para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos”.

“También reafirmamos nuestro compromiso de contrarrestar la corrupción a nivel mundial, que perjudica el interés público, debilita el estado de derecho y las instituciones democráticas, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos”, refiere el documento.

Según el Departamento de Estado, “la corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones”, por lo que “Estados Unidos sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto”.

“Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Operaciones Extranjeras y del Departamento de Estado de 2023, según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Continuas”, detalla la nota.

Además, dice que “el Departamento -de Estado- también está designando a la hija adulta de Reyes, Melanny Elizabeth Reyes Argueta, a los hijos menores de Reyes, a la esposa de Pimentel, Ana Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, a los hijos menores de Pimentel y a la esposa de Pérez, Elbia Carolina Cruz Muralles, como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

Postura

El viceministro Óscar Rafael Pérez Ramírez dijo sobre la sanción que le impuso EE. UU. que “estoy seguro que las investigaciones a fondo, sobre cualquier acción u omisión de mi parte, concluirán que se han conducido de acuerdo al marco legal vigente.   Eventualmente, cualquier señalamiento será resuelto”.

Sobre si se le ha notificado por qué caso específico se emite esa decisión el funcionario dijo que “hasta el momento no he sido notificado, me he enterado de las restricciones por medio de redes sociales”.

Además, dijo que, de momento no tomará acciones para evitar la sanción. “Estoy a la espera de más información sobre los motivos de la sanción, y de momento, no tomaré acción alguna al respecto”.

Una embajadora

Entre las personas que fueron sancionadas por EE. UU. figura una embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de Ana Isabel Carrillo Fabián de Pimentel, quién es designada como no elegible para entrar a Estados Unidos por ser esposa del exministro de Energía y Minas Alberto Pimentel.

Carrillo Fabián se desempeña como directora general de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

En sus redes sociales, Carrillo Fabián se denomina embajadora, pues dada la naturaleza de su cargo debe coordinar acciones con organismo internacionales sobre política multilateral, integración, cooperación, derechos humanos, pueblos indígenas y derecho internacional humanitario.

Al respecto Presidencia de la República señaló que “en el caso de María Isabel Carrillo, se realizó la consulta respectiva ante la embajada de Estados Unidos, que se pronunció en el sentido que debido al puesto que desempeña, no debería tener inconvenientes en viajes oficiales relacionados con sus atribuciones”.

Otras sanciones

Estados Unidos restringió visas a una docena de funcionarios y particulares de Guatemala por contribuir a “socavar la democracia” en el país, informó este martes el Departamento de Estado.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden “rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder” al presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

“Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala”, donde la tensión ha ido en aumento con protestas tras allanamientos al tribunal electoral y acciones judiciales para suspender al partido de Arévalo, Semilla, añade.

El presidente electo estima que las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana forman parte de un “golpe de Estado en curso”.

Washington lleva semanas pidiendo una transición política pacífica.

Destacó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.

Explicó que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, están imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho.

https://x.com/StateDeptSpox/status/1719462146306679085

El Departamento de Estado de EE. UU. publicó este jueves 1 de julio una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, 20 de ellos guatemaltecos, a los que señala por corrupción, entre los que destacan los magistrados Manuel Duarte Barrera y Nester Mauricio Vásquez Pimentel.

El listado incluye a personas que, según EE. UU., son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, donde la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular.

De acuerdo con el Gobierno de EE. UU., el registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la “Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel. Esa normativa establece la creación de la denominada “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, explicó en conferencia de prensa telefónica que esta lista es la primera y anticipó que habrá más registros y más nombres en el futuro y que esta es solo una de tantas herramientas que su país tiene para luchar contra la corrupción y la impunidad “que tanto daño le hacen a las democracias”.

“Nosotros pensamos que tenemos información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista”, refirió.

Además, dijo que el Gobierno estadounidense no descarta “aplicar otras medidas si son pertinentes”, como sanciones contra actos de cleptocracia o por el uso del sistema financiero de EE. UU. con fines ilícitos, pero aclaró que no tiene por qué haber un “vínculo automático” entre los actos de corrupción en Centroamérica y la violación de leyes estadounidenses.

Respecto a si además del retiro de las visas a quienes figuran en la lista se les aplicará otras sanciones como Ley Magnitsky, señaló que esta lista es una de tantas herramientas que EE. UU. tiene para combatir la corrupción y la impunidad y que si en algunos de los casos amerita otra sanción puede aplicar.

“Esta es la primera lista que cabe dentro del requisito legal de nuestro Congreso, es una herramienta de tantas, hay acciones del Departamento de Estado que incluye el retiro de visa a los señalados y a todos los familiares, esta es nueva que se está aplicando por primera vez y se requiere una lista por lo menos una vez por año, donde señalamos casos donde tenemos información clara. Tampoco quiere decir que cualquier persona que este en esta lista esté excluida a otras sanciones”.

Con referencia a que en la lista hay algunos administradores de justicia de Guatemala dijo que les preocupa que haya personas que trabajan en el sector público como el sistema judicial, el organismo Ejecutivo o en el Congreso “donde hay acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que no están trabajando de una forma consecuente con sus requisitos como servidores públicos”, pues esas acciones minan la confianza de la población.

También dijo que países como Guatemala son socios importantes de EE. UU.  “Es importante tener socios confiables, hay muchos en el Gobierno, sector privado y sociedad civil, pero hay personas que actúan contra los intereses del mismo pueblo y eso crea preocupación y por eso es que estamos comprometidos a trabajar con quienes luchan contra la corrupción y en favor de la transparencia”.

Zúñiga insistió en que la corrupción y la impunidad impiden el desarrollo de Centroamérica, donde cuentan con el apoyo de la población que busca que los gobierno sean transparentes.

“La lista es en cumplimiento con la ley de EE. UU., claramente hemos utilizado información y en cada país se indica que los actos de corrupción o actos para impedir el proceso democrático se han llevado allá, entonces, si existen elementos, obviamente les pertenecen a las autoridades de cada país darle seguimiento”, refirió.

Guatemaltecos en la “lista Engel”

Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia de Guatemala, participó en actos significativos de corrupción al facilitar pagos a diputados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que influyeran indebidamente en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, a fin de asegurar su futura excarcelación y la desestimación de los cargos por corrupción en su contra.

Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, ha participado en actos significativos de corrupción. Mientras se desempeñó en su función, Alejos estuvo implicado en actos corruptos con el fin de enriquecerse, al tiempo que también perjudicó sustancialmente la actividad económica internacional de empresas estadounidenses.

Delia Bac Alvarado, exdiputada, participó en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio.

Florencio Carrascoza Gámez, actual alcalde de Joyabaj, Quiché, actuó contra instituciones o procesos democráticos al intimidar y encarcelar indebidamente a opositores políticos.

Álvaro Colom Caballeros, expresidente, participó en actos de corrupción significativa al estar implicado en fraude y malversación relacionados con un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, denominado Transurbano.

Manuel Duarte Barrera, quien actualmente integra la Corte Suprema de Justicia, ha debilitado instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Boris Roberto España Cáceres, actual diputado en el Congreso de Guatemala, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.

Mario Amílcar Estrada Orellana, exdiputado, participó en actos significativos de corrupción y fue condenado por la justicia de EE. UU. por haber solicitado fondos al Cartel de Sinaloa en México con el fin de financiar campañas políticas.

Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la oenegé Fundación Contra el Terrorismo (FCT), procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la oenegé FCT, procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario, ha actuado contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.

Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la oenegé FCT, intentó demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental.

Mynor Mauricio Moto Morataya, elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable.

Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como el blanqueo del producto de la corrupción para beneficio propio.

Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en mecanismos de soborno, incluida su intervención en una estructura delictiva que exigió, cobró y depositó sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficios personales.

Blanca Aida Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema, estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial.

Élder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura, estuvo implicado en actos significativos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias en beneficio propio.

Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado, participó en hechos significativos de corrupción y actuó para debilitar instituciones o procesos democráticos al participar en sobornos, coerción y tráfico de influencias.

Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien actualmente integra la Corte de Constitucionalidad, ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales.