El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 17 de enero un comunicado en el que informa que el exministro de Energía y Minas de Guatemala, Alberto Pimentel Mata, fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky, por su papel en actos de corrupción.

El comunicado, atribuido a Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, señala que: “Pimentel utilizó su posición oficial para explotar el sector minero guatemalteco mediante esquemas de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales y licencias mineras”.

Se agrega que los actos corruptos y antidemocráticos socavan las instituciones públicas de Guatemala, amenazan la estabilidad regional y alimentan la migración desde la región norte de Centroamérica.

“Estados Unidos sigue comprometido a tomar medidas contra las actividades ilícitas llevadas a cabo por funcionarios que abusan de sus posiciones de poder para buscar beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, se lee en el comunicado.

En el comunicado de este 17 de enero, el Departamento de Estado dice que la acción del Departamento del Tesoro se tomó de conformidad con  la Orden Ejecutiva 13818 , que se basa e implementa “la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a los perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo”.

El 31 de octubre de 2023 Pimentel había sido sancionado por EE. UU., debido a que “sus acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Esa sanción se hizo bajo la Sección 7031(c) e incluía a Alberto Pimentel Mata, y sus familiares inmediatos que eran considerados “como generalmente no elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, arremetió este martes 12 de octubre contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, y rechazó “acciones intimidatorias” para amedrentar a ciudadanos guatemaltecos -en alusión al retiro de visas a más de 100 diputados y empresarios y sus familias anunciado por ese país.

En la carta publicada en las redes sociales del mandatario, señala que como presidente Constitucional de la República de Guatemala y en su calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hace saber:

“Expreso mi enérgico rechazo a las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos, las cuales atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado”.

Explica que debido a que Guatemala es una república democrática, “sus normas legales internas se rigen bajo el principio del debido proceso, la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto al Estado de Derecho”.

Giammattei agrega que es bajo ese marco jurídico por el cual deben ser dirimidos los asuntos propios de Guatemala.

“Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala”, escribe el presidente Giammattei.

Señala que los principios de Derecho Internacional Público demandan una diplomacia activa que promueva el respeto a la independencia y soberanía de los Estados, “que se abstenga de injerir en sus asuntos internos y que se respete el principio de igualdad entre Estados”.

Alternancia en el poder

“Mantengo la firme voluntad del Gobierno en preponderar el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas como haber culminado un proceso de transición ordenado, sistematizado y transparente de cara a la ceremonia de la transmisión de mando presidencial el 14 de enero de 2024, cuyos preparativos ya cuentan incluso con la confirmación de algunos jefes de Estado. En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, finalizó Giammattei.

Como Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en mi calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hago saber: pic.twitter.com/atpDDhQzu8

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 12, 2023

Sancionados

La publicación de Giammattei se da un día después de que el Departamento de Estado  de Estados Unidos informó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco.

En ese sentido, añadió que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.

El Departamento de Estado remarcó el anuncio por parte del Ministerio Público de las órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.

“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.

Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.

El Departamento de Estado informó este lunes 11 de diciembre que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco.

Añadió que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.

Anunció que Estados Unidos “seguirá tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala”.

Condenó “enérgicamente las actuales acciones antidemocráticas del Ministerio Público (MP) de Guatemala y otros actores malignos que socavan el Estado de derecho de Guatemala”.

Remarcó lo más recientemente, el anuncio por parte del MP de órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.

“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.

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Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.

Destacó que estas acciones refuerzan medidas anteriores del gobierno de Estados Unidos para promover la rendición de cuentas de “actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala y apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco”.

“El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, reiteró.

Recientemente, en conferencia de prensa, el MP anunció tres fases de investigación en el denominado “Caso Corrupción Semilla”.

Según la investigación, se registraron supuestas irregularidades en la formación del Movimiento Semilla y también durante la elaboración de actas electorales.

El Departamento de Estado informó este martes 31 de octubre que Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo.

Recordó que más recientemente, el Ministerio Público (MP) guatemalteco confiscó materiales electorales bajo la custodia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “pidió la destitución forzosa de manifestantes pacíficos, presionó para que se destituyera al ministro de Gobernación que protegía el derecho a la protesta pacífica”, como levantar la inmunidad de un integrante del Congreso que expresó públicamente su preocupación por estas medidas antidemocráticas.

Según EE. UU., estos actos se produjeron tras intentos anteriores de despojar a los funcionarios del TSE de su inmunidad, además de redadas en sus oficinas y en las instalaciones de almacenamiento que albergan los registros de resultados electorales.

Señaló que tal comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

“Nos sumamos a otras instituciones regionales e internacionales, incluidas la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al estado de derecho en Guatemala”, resaltó.

Destacó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.

Explicó que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, están imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho.

Afirmó que estas personas “incluyen funcionarios del Ministerio Público y otros actores de los sectores público y privado que participan en socavar la democracia o el estado de derecho en Guatemala”.

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“El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, pidió EE. UU.

El 20 de septiembre recién pasado, Estados Unidos informó que evaluaba imponer nuevas sanciones a Guatemala si las autoridades del país entorpecían o impedían la transición de poderes al presidente electo, Bernardo Arévalo.

“Nosotros estaríamos dispuestos a introducir sanciones a quienes de algún modo se interpongan en ese proceso democrático”, dijo en esa oportunidad a EFE la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. Kristina Rosales durante la Asamblea General de la ONU.

También el 19 de julio recién pasado, el Gobierno de Estados Unidos amplió la Lista Engel al incluir a otros 10 funcionarios y exresponsables de Gobierno de Guatemala, además de otros políticos de la región, a quienes señala de ser actores “corruptos y antidemocráticos”.

La publicación de la lista 2023 incluye a 10 personas de Guatemala, seis de El Salvador, 10 de Honduras y 13 de Nicaragua.

.@WHAAsstSecty: Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo… https://t.co/G2NAqsUKAt

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 31, 2023

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se pronunció por la decisión del Departamento de Estado.

En la red social X escribió: “Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este 19 de julio el listado de personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El el caso de Guatemala, el listado incluye a 10 personas entre las que destacan fiscales, jueces, el rector de la Usac y el sindicalista Joviel Acevedo.

1. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: “Actual fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
2. Edgar Humberto Navarro Castro: “expresidente del administrador del Mercado Mayorista de Energía de Guatemala, incurrió en una importante corrupción al brindar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilegales, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático”.
3. Fredy Raúl Orellana Letona:  “juez actual, socavó los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
4. Gendri Rocael Reyes Mazariegos:  “Exministro del interior, -Ministerio de Gobernación- involucrado en una importante corrupción.
5. Joviel Acevedo Ayala: “el actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), incurrió en una importante corrupción al brindar apoyo político a STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”.
6. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez:  “actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
7. Lesther Castellanos Rodas:, “exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
8. Melvin Quijivix Vega , el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, incurrió en una importante corrupción al usar su posición y conexiones para dirigir de manera indebida e ilegal contratos de contratación pública a empresas específicas, en varios casos a una empresa de su propiedad privada.
9. Omar Ricardo Barrios Osorio , actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis , Rector de la Universidad San Carlos, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento.

Las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso de EE. UU. generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada, según el Departamento de Estado.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este 22 de mayo que Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos viaja a Colombia y Guatemala en una gira que concluirá el 26 de mayo.

Según la información, durante este viaje, Zeya se reunirá con funcionarios gubernamentales para discutir “los objetivos compartidos de garantizar una gestión migratoria segura, ordenada y humana.

Además, para contrarrestar los narcóticos y promover la seguridad civil.

Se establece que la funcionaria colaborará con las organizaciones de la sociedad civil en temas que incluyen la justicia transicional, la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa.

Biografía

Zeya fue juramentada en su cargo el 14 de julio de 2021, por el secretario Antony Blinken,

Según la información pública del Departamento de Estado, el cargo de Zeya lidera los esfuerzos diplomáticos globales para fortalecer la democracia, promover los derechos humanos universales, apoyara a refugiados, la ayuda humanitaria y promover el gobierno de Derecho.

Además, lidera los esfuerzos y la cooperación antinarcóticos, combatir la corrupción y la intolerancia, prevenir conflictos armados y eliminar el tráfico de humanos.

“Durante su carrera de 27 años en el Servicio Exterior, Zeya se desempeñó como subjefa de misión y encargada de negocios en París; subsecretario interino y subsecretario adjunto principal en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; jefe de gabinete del subsecretario de Estado; ministro-consejero político en Nueva Delhi; y subsecretario ejecutivo de los secretarios de Estado Rice y Clinton. También sirvió en Siria, Egipto, Omán, Jamaica, y en varios roles políticos en el Departamento de Estado. Zeya habla árabe, francés y español”, se lee en la biografía de la subsecretaria Zeya.

Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado anunciaron el pasado 12 de abril, cambios para mejorar el programa de Menores Centroamericanos (Central American Minors, CAM), se informó en un comunicado de prensa.

Según el documento, los cambios “se basan en los esfuerzos continuos de la Administración Biden-Harris por ofrecer alternativas a la migración peligrosa e irregular hacia la frontera”.

Se explica que el CAM permite a determinadas personas, que se encuentren en Estados Unidos, “solicitar el acceso al Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP) para un posible reasentamiento en Estados Unidos en representación de hijos suyos que cumplan los requisitos y se encuentren en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

El documento hace referencia a que las modificaciones anunciadas en la Notificaciones del Boletín Federal (Federal Register Notice, FRN) “amplían el acceso al programa y agilizan ciertos procesos, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14010 del presidente Biden, que tuvo por objeto reinstaurar y mejorar el programa CAM”.

“El programa de Menores Centroamericanos ofrece a menores de edad en situación vulnerable una forma segura y ordenada de acceder a la protección humanitaria en Estados Unidos”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Ampliación

“Mediante la ampliación de este importante programa que se dispuso en el día de hoy, estamos reforzando las vías legales de migración para que las personas no pongan sus vidas en peligro en manos de contrabandistas despiadados”, explicó.

“Estados Unidos asumió el compromiso de promover una migración segura y ordenada en nuestro hemisferio, como dejamos en claro nosotros y nuestros socios de la región en la Declaración de Los Ángeles. Más allá de los miles de casos que hemos procesado desde el relanzamiento en 2021, seguimos decididos a buscar nuevas formas de mejorar las vías legales como el programa de Menores Centroamericanos”, comentó el secretario de Estado Antony J. Blinken.

Según el documento, entre las mejoras anunciadas incluyen las siguientes destinadas a solicitantes del programa CAM que no sean considerados elegibles para el reasentamiento como refugiados y para quienes se recomiende la permanencia temporal (parole) en Estados Unidos por otras razones humanitarias:

*Solicitantes del programa CAM que fueron entrevistados entre el 16 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 que no calificaron para acceder al estatus de refugiado y no fueron elegibles para la permanencia temporal (parole) después de que se haya dado por concluida en 2017 esa posibilidad en el marco del programa CAM ahora serán elegibles para solicitar la permanencia temporal.

*Se permitirá que las personas que brindan patrocinio económico a los solicitantes presenten una declaración jurada para aquellos casos del programa CAM que requieran dicha prueba, en lugar de exigir a los solicitantes que completen el Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico, como prueba de dicho patrocinio económico.

El comunicado señala que el 15 de junio de 2021, el Departamento de Estado y el DHS relanzaron el programa CAM y ampliaron la elegibilidad para presentar una Declaración Jurada de Parentesco (Affidavit of Relationship) por parte de padres radicados en Estados Unidos que soliciten el acceso al USRAP, que ahora incluye a los tutores legales, así como a los padres y tutores legales que tengan solicitudes de asilo pendientes, o pedidos pendientes de estatus de no inmigrante U presentados antes del 15 de mayo de 2021.

Agrega que la fecha límite se ampliará a quienes hayan presentado la solicitud al 11 de abril de 2023. Asimismo, la elegibilidad ahora también se extiende a los padres o tutores legales que tengan solicitudes pendientes de estatus de no inmigrante T (visado T) presentadas el 11 de abril de 2023 o previamente a esa fecha.

El comunicado también detalla que el programa CAM se implementó en 2014 para permitir a ciertos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvieran familiares con presencia legal en Estados Unidos que reunieran los requisitos, su admisión en Estados Unidos con carácter de refugiados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) estudió caso por caso la posibilidad de conceder la permanencia temporal por motivos humanitarios (parole) a quienes no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado. En agosto de 2017, el DHS puso fin al componente de permiso temporal (parole) del programa CAM, y el Departamento de Estado dejó de aceptar nuevas solicitudes en noviembre de 2017.

Se añade que hasta la fecha en que cesaron las entrevistas del programa CAM el 31 de enero de 2018, casi 1 mil 800 solicitantes de dicho programa habían llegado a Estados Unidos como refugiados, y otros 1 mil 450 como personas con permiso temporal (parole).

El Gobierno de EE. UU. criticó este viernes 16 de diciembre la condena que obtuvo la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien fue procesada en un caso ampliamente criticado por sectores sociales y de derechos humanos.

Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad durante su mandato en 2018 y la decisión fue emitida por la jueza Oly González, a cargo del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, pese a la insistencia en la liberación de la abogada desde hace varios meses por parte de organizaciones humanitarias locales y extranjeras.

Esa condena generó la reacción de Washington, desde donde se indicó que “el enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala”.

“Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia @amnesty, x su labor anticorrupción”, escribió en su cuenta de Twitter Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., mensaje que fue replicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

El veredicto de González obliga a Laparra a pagar una multa de Q10 diarios por cuatro años para no ingresar a prisión, aunque la exfiscal pasó tras las rejas desde su detención en febrero pasado.

El Ministerio Público (MP) había pedido ocho años de prisión para su extrabajadora.

La abogada enfrentó este proceso porque en 2018 denunció administrativamente en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cayendo en un “abuso de poder” porque a criterio del acusador Laparra actuó “por motivación particular”.

La exfiscal anticorrupción dijo a EFE el jueves pasado que el juicio era “una venganza política” por la lucha anticorrupción y “alguien debía pagar” y me eligieron a mí”.

.@StateDeptSpox: Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia @amnesty, x su labor anticorrupción. La persecución selectiva de actores de justicia y periodistas socava el #EstadoDeDerecho #Democracia y #Prosperidad en #GUA https://t.co/6jWOo1iZHi

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 17, 2022

Según añadió, la “venganza” es en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 50 estructuras de corrupción vinculadas a presidentes, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial.

La Cicig fue cerrada en 2019 por orden del presidente en aquel momento, Jimmy Morales.

Al menos 24 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales y jueces que investigaron o juzgaron a personajes implicados en corrupción, salieron al exilio en medio de persecución penal en su contra durante los últimos cuatro años.

La persecución en contra de los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala ha sido encabezada por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), cuyos líderes han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.

Varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional exigieron al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presentaba serias falencias.

EE. UU. volvió a mostrar preocupación por lo que define como un “patrón continuo” de acciones en contra de jueces y fiscales anticorrupción de Guatemala, muchos de los cuales salieron del país al denunciar persecución judicial.

El sitio de noticias Infobae publicó este martes 8 de noviembre información de la agencia Reuters, que recoge declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, en las que señala la preocupación de Washington por las acciones legales encaminadas contra varios jueces y fiscales que conocieron casos de corrupción en Guatemala.

“El Departamento de Estado estadounidense dijo el lunes que Washington está preocupado por lo que describe como un patrón de acciones contra jueces y fiscales guatemaltecos que manejan casos de corrupción y derechos humanos”, señala la publicación de Infobae.

Agrega que Price dijo durante una sesión informativa que “Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos”.

La publicación agrega que Price dijo que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos los jueces, fiscales y periodistas, busca la confianza en las instituciones judiciales.

25 salen del país

Al menos 25 operadores de Justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales que tuvieron a su cargo casos de corrupción, han salido del país, luego de que el Ministerio Público (MP) iniciara procesos penales en su contra.

El último caso fue el de Miguel Ángel Gálvez, el juez anticorrupción de Guatemala que procesó a un expresidente en 2015, y quien salió el viernes pasado del país en medio de una persecución penal en su contra.

Previo a su salida, Miguel Ángel Gálvez, presidente del juzgado de mayor riesgo “B”, se encontraba defendiéndose de un proceso de antejuicio en su contra.

Ese viernes, el abogado Herberth Pérez, defensor del juez Gálvez, presentó las pruebas de descargo ante el juzgado que evaluaba si era pertinente retirarle su inmunidad por un caso de supuestas “detenciones ilegales”, denuncia interpuesta en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo.

Previo a la oficialización de su salida de Guatemala, Gálvez había denunciado ante medios internacionales y organizaciones sociales que existían “amenazas y persecución” en su contra para evitar que siguiera impartiendo Justicia.

La persecución penal contra el juez Gálvez inició a mediados de 2022, cuando este decidió enviar a juicio a 10 militares de alto rango retirados, y acusados del asesinato de 183 personas, durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996).

Gálvez, de 64 años, se convierte en el segundo juez de mayor riesgo de Guatemala que abandona el país durante el 2022.

En marzo de este año, la jueza Erika Aifán, quien tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos, decidió exiliarse en Estados Unidos.

En 2015, el juez Gálvez fue el encargado de enviar a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molia y a unos 20 exfuncionarios públicos más por un caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.

En octubre pasado, el juez Gálvez había presentado un memorial ante el Supremo de Guatemala, recordando que poseía medidas cautelares a su favor emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, varios exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) han sido capturados y otros optaron por salir del país, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa unidad de investigación.

En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que estaba “profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora general (fiscal general) de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”.

En esa oportunidad, EE. UU. hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para “que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”.

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.

La fiscal general Consuelo Porras, a quien Washington acusa de interferir en la investigación de actos de corrupción, tiene prohibido entrar en territorio estadounidense.

“Las continuas acciones para enjuiciar a los actuales y pasados actores de la justicia están debilitando a Guatemala”, advirtió Price.
“La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y periodistas, es vital para que los ciudadanos confíen en sus instituciones judiciales”, insistió.

La Policía de Guatemala detuvo hace unos meses a la directiva del diario opositor El Periódico, cuyo responsable José Rubén Zamora está acusado de lavado de dinero tras denunciar corrupción en el gobierno.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones de los derechos humanos, de la que también forman parte Cuba, Venezuela y Nicaragua. Giammattei rechaza las acusaciones.

Posturas

Referente a lo dicho por el Departamento de Estado, el MP dijo que “el mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”.

Por lo anterior refirió que “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del Departamento de Estado”.

Además, se solicitó postura a Presidencia de la República, pero aún no han respondido.

Por su parte el Ejecutivo señaló que en un comunicado que “el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza enérgicamente las declaraciones manifestadas hoy por el portavoz de Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.

Además, refirió que “Guatemala, como un país soberano y respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia judicial rechaza cualquier injerencia en los procesos internos y reafirma su compromiso de velar para que prevalezca la separación de poderes, tal y como promulga la Constitución de la República”.

“Guatemala, como Estado libre, independiente y soberano recalca que de la Constitución Política de la República confiere exclusividad absoluta a los jueces respecto de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, lo cual hace honor al principio de separación de poderes e implica negativamente la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas”, dice el documento.

Concluye: “el Gobierno de Guatemala reafirma el compromiso de brindar a la población acceso a la justicia y recalca que todos los guatemaltecos son iguales ante la ley y nadie es superior a la misma”.

Envían carta

El pasado viernes, el congresista estadounidense Albio Sires lamentó la situación a la que se enfrenta el juez Gálvez y escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter; sin embargo, sus comentarios generaron reacciones de la embajada de Guatemala en EE. UU.

“Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez y obstruir justicia por las víctimas de la violencia patrocinado por el Estado”, escribió Sires.

Agrega que el “juez Gálvez ha sido comendado por múltiples organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, incluyendo el de los Estados Unidos, por su trabajo como defensor de la justicia y de la responsabilidad del gobierno”, dice otro mensaje del congresista.

https://twitter.com/RepSires/status/1588573752140632064?s=20&t=kyZLvrOSS0Vykl5C-ldjMg

Por lo anterior, la embajada de Guatemala en EE. UU. envió una carta al congresista en la que rechazan sus publicaciones.

“Quiero referirme a su tuit del viernes 4 de noviembre sobre la situación del juez Miguel Ángel Gálvez. Rechazamos firmemente la declaración expresada en tal tuit de que el Gobierno guatemalteco está tratando de silenciar al juez y obstruir la justicia. Esta afirmación no tiene ningún fundamento. Supongo que dicha declaración es probablemente el resultado de información inexacta compartida con usted o con su oficial”, dice el documento enviado.

Agrega que “en Guatemala hay una separación de poderes y, en base a esto, el Poder Ejecutivo respeta la independencia judicial y el estado de derecho. Los procedimientos judiciales corresponden exclusivamente al Poder Judicial y el enjuiciamiento penal a la Fiscalía, que también es una entidad independiente, y que por ley está obligada a investigar todas las quejas que se le presenten”.

Con información de EFE y AFP

El Ministerio Público (MP) efectuó este lunes 20 de junio una publicación en su cuenta de Twitter en la que afirmó que el Departamento de Estado y Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado protegen a prófugos de la justicia señalados de lavar dinero, entre otros delitos.

Sin embargo, el ente investigador borró la publicación y afirmó que se trató de un hackeo de su cuenta.

En la publicación en Twitter, el MP compartió la imagen de un artículo de la Red América, el cual hace mención de  un primer informe que recibió comunicación del Departamento de Estado.

El comunicado enviado por un portavoz del Departamento de Estado fue para responder preguntas enviadas al embajador Todd Robinson para un reportaje, incluyendo denuncias de supuestas intervenciones del embajador Todd Robinson en asuntos internos de la justicia en Guatemala, añadió Red América.

Qué dice el comunicado

“Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción y la impunidad, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas”.

El comunicado añade que la corrupción en Guatemala tiene un impacto significativo en Estados Unidos ya que contribuye a la migración irregular y expande la influencia del crimen organizado en un país importante de la región.

“Estados unidos está con todos los guatemaltecos en apoyo de la democracia y el estado de derecho y en contra de quienes socavan estos principios”, añadió.

Agregó que las acciones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos en apoyo del estado de derecho son consistentes con la práctica diplomática y con el apoyo al pueblo guatemalteco.

También que el gobierno de los Estados Unidos seguirá expresando su preocupación por la corrupción y la impunidad en Guatemala. 

Hemos expresado nuestra profunda preocupación por el enjuiciamiento, encarcelamiento y hostigamiento de jueces independientes y fiscales anticorrupción que han luchado contra la impunidad, así como de periodistas que informan sobre corrupción de alto nivel, resaltó el comunicado.

Señaló que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, durante su mandato habría obstruido y socavado las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos.

Según el comunicado, el patrón de obstrucción reportado de Porras incluye ordenar a los fiscales del MP de Guatemala que ignoren los casos por consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción

Nos unimos a una amplia gama de otros actores internacionales para expresar su preocupación por el retroceso democrático en Guatemala, indicó.

Recordó que el Parlamento Europeo expresó el 7 de abril su preocupación por el deterioro del estado de derecho en Guatemala e instó a las autoridades guatemaltecas a defender el estado de derecho y realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas y hostigamientos contra funcionarios judiciales y actores de la sociedad civil.

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Además, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron declaraciones de preocupación similares en febrero.

Qué dice el MP

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron al MP acerca de lo publicado en la referida red social y respondió que “respecto a una publicación supuestamente realizada en las redes sociales de la institución, el Ministerio Público aclara que está información es falsa por lo que invitamos a la población guatemalteca a no dejarse sorprender”.

Añadió: “En ese sentido, es importante mencionar que el sitio web y redes sociales del Ministerio Público han sido objeto de constantes ataques cibernéticos. Incluso algunas cuentas lo han manifestado públicamente”.

Respecto a una publicación supuestamente realizada en las redes sociales de la institución, el Ministerio Público aclara que está información es falsa por lo que invitamos a la población guatemalteca a no dejarse sorprender. pic.twitter.com/2lLO9wkwxP

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 20, 2022